La Alcaldía de Barranquilla, en colaboración con el Sena Regional Atlántico, inició la capacitación de 300 taxistas del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz para convertirlos en promotores turísticos de la ciudad. El primer grupo de 50 conductores ya comenzó su formación en información turística, atención al visitante y hospitalidad, con el objetivo de mejorar la experiencia de los pasajeros que llegan a Barranquilla por vía aérea. La gerente de Ciudad, Ana María Aljure, destacó que los taxistas son el primer contacto de los turistas con la ciudad y que esta formación representa una oportunidad para que amplíen sus conocimientos y asuman un papel activo en la promoción turística. El programa busca fortalecer las competencias de los conductores para que puedan orientar a los visitantes sobre los atractivos culturales, gastronómicos, patrimoniales y recreativos de Barranquilla. Además, la Alcaldía asume la administración del aeropuerto tras un convenio con el Gobierno Nacional por un periodo inicial de un año y ocho meses, con un aporte de 250 millones de pesos para mejorar infraestructura como baños, zonas de equipaje y la zona internacional para turistas. El presidente Abelardo de la Espriella destacó que esta medida es clave para que el aeropuerto refleje el progreso de la ciudad y facilite la conexión con el Caribe y el mundo. Los taxistas participantes, como Édgar Rocha, consideran que esta capacitación permitirá mejorar el servicio y contribuir al crecimiento del turismo en la región. La iniciativa se enmarca en un esfuerzo conjunto para transformar el aeropuerto en un espacio que refleje la identidad y potencial turístico de Barranquilla.

Durante el viernes 9 de octubre, la Policía Metropolitana de Ibagué llevó a cabo una serie de operativos de seguridad en las comunas 6, 8 y 9 de la ciudad. Según el reporte publicado por El Nuevo Día, las autoridades lograron incautar 300 dosis de estupefacientes y realizar más de 350 registros individuales a personas durante estas acciones. Además, se impusieron 10 comparendos por el porte de armas cortopunzantes, que son objetos con filo o punta que pueden causar lesiones, como cuchillos o navajas. La alcaldesa Johana Aranda participó activamente en las labores, destacando la importancia de la presencia institucional para fortalecer la seguridad ciudadana. Los operativos incluyeron controles puntuales como la requisa de ciudadanos, consulta de antecedentes judiciales y revisión detallada de motocicletas para verificar la legalidad de sus documentos y sistemas de identificación. El coronel Jeison Giraldo Pineda, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que la intervención se enfocó en identificar irregularidades en motocicletas y verificar información de las personas requeridas. Estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para mantener el orden público y la tranquilidad en Ibagué, siempre bajo supervisión de instancias oficiales y reportes verificados. El balance final incluye la incautación de sustancias ilícitas, controles de identidad y documentos, así como medidas correctivas aplicadas a quienes infringieron las normativas, especialmente por el porte de armas blancas y cortopunzantes en dichas comunas. Estos operativos reflejan un compromiso continuo de las autoridades con la prevención del delito y la protección de la comunidad.

Han transcurrido dos meses desde que un devastador terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia, dejando profundas huellas tanto en las estructuras como en el tejido social del país. El sismo, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó, ocurrió a las 7:34 de la mañana el 10 de agosto de 2026 y, de acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal, terminó con la vida de 335 personas. Las repercusiones de este desastre natural se han sentido especialmente en los 500 municipios distribuidos en 16 departamentos que resultaron afectados, según información divulgada por la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado reciente. La Defensoría del Pueblo aprovechó la ocasión para reiterar que, más allá de las pérdidas humanas y materiales, el terremoto agudizó las desigualdades ya presentes en la sociedad colombiana. La entidad enfatizó que el suceso no solo ha golpeado a familias en zonas rurales y urbanas, sino que representa un dolor compartido a nivel nacional. En su pronunciamiento, la Defensoría recordó que, en marzo de este año, durante la campaña presidencial, ya había invitado a los aspirantes a la presidencia a asumir "decisiones impostergables en Derechos Humanos". Una de estas decisiones era el fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres y la respuesta ante el cambio climático como compromisos fundamentales en derechos humanos. El comunicado advirtió que la tragedia evidenció la falta de preparación estatal frente a este tipo de emergencias y reclamó fortalecer la coordinación institucional y garantizar recursos suficientes. Además, subrayó la importancia de incluir la participación comunitaria, transparencia y mecanismos efectivos en la recuperación, entendida como un proceso integral que contemple soluciones de vivienda, salud, educación y medios de vida, según lo expresó la Defensoría del Pueblo. La entidad hizo también un llamado específico a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para reabrir el registro de afectados y ampliar la atención en los municipios donde se sintieron más los estragos del sismo. Por otro lado, la Defensoría fue enfática en la necesidad de incorporar la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial y en políticas de desarrollo municipal, identificando zonas de mayor amenaza y disminuyendo la exposición de la población a futuras catástrofes. Finalmente, instó al Gobierno Nacional a proteger a quienes vieron afectada su movilidad, impulsando protocolos claros para evacuación, alojamiento temporal y reubicación, siempre con un enfoque diferencial que asegure acceso a servicios básicos. El pronunciamiento culminó recordando que la protección de la vida implica anticiparse a los riesgos y evitar exposiciones repetidas a la vulnerabilidad.

El presidente Abelardo De la Espriella anunció una investigación exhaustiva en la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) tras las denuncias sobre los presuntos viajes de Verónica Alcocer a Venezuela en aviones oficiales, en los que se habrían transportado drogas y millones de dólares. La información fue revelada por Eva Ferrer, exasesora de la exprimera dama, en la revista Semana. Según las denuncias, Alcocer realizó un viaje a Venezuela en enero de 2023 con 2,5 millones de dólares, recursos que se habrían destinado a financiar la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama, para la Gobernación de Sucre en las elecciones regionales de 2023. Además, se mencionó un viaje a Venezuela el 31 de enero de 2023 en un avión señalado como Legacy FAC 1218. El mandatario ordenó al comandante de la Fuerza Aérea que esclarezca los hechos denunciados por Semana y determine si hubo funcionarios involucrados en posibles irregularidades. La investigación será llevada a cabo por la Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea, revisando las actuaciones del personal actual y anterior de los equipos involucrados en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM). De la Espriella advirtió que, si se comprueba la implicación de miembros de la Fuerza Aérea, estos serán llamados a calificar servicios de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes. Además, solicitó a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría y a las autoridades de Estados Unidos que examinen la información periodística dentro de sus competencias. Es importante destacar que la investigación no significa que las acusaciones estén comprobadas ni que ya se haya establecido responsabilidad disciplinaria o penal contra algún integrante de la institución. Los registros de vuelo reportados por Semana indican 149 desplazamientos entre agosto de 2022 y julio de 2026, de los cuales 137 se habrían realizado en aeronaves estatales, pero no demuestran por sí solos que se transportaran dólares de manera ilegal o sustancias ilícitas.

Barrio Abajo, un sector emblemático de Barranquilla reconocido por su riqueza cultural y su identidad como 'museo a cielo abierto', ha estrenado una innovadora obra artística que transforma sus calles. La instalación, compuesta por 756 piezas tejidas a mano en crochet, fue creada por 61 mujeres pertenecientes a los Clubes de Tejedoras de Barranquilla, una iniciativa que reúne a 1.280 mujeres en el aprendizaje del crochet y el emprendimiento artesanal. Cada hexágono, elaborado con materiales resistentes a la intemperie como polipropileno, pesa aproximadamente 103 gramos, sumando un total de 77,9 kilogramos para la obra completa. El proyecto, bajo el lema 'Ser, tejer, emprender', busca fortalecer el turismo cultural y creativo del barrio, integrándose a su identidad como espacio de expresión artística, gastronomía y tradición histórica. La dirección artística estuvo a cargo de Martha Pérez, mientras que María Mercedes Botero lideró el proyecto, destacando que 'tejer es identidad y pertenencia', y que las mujeres están construyendo historias y vínculos a través de esta actividad. La instalación, que se extiende sobre la calle permitiendo que los visitantes observen una composición de colores al levantar la mirada, incluye una placa con código QR para acceder a detalles del proceso y las mujeres que participaron. Este proyecto no solo representa una innovación artística, sino que también abre oportunidades de emprendimiento para las mujeres que forman parte de los Clubes de Tejedoras, demostrando cómo el trabajo artesanal puede convertirse en una creación colectiva que refleja el amor por la ciudad y su cultura.

Hermes García Martínez, campesino dedicado al cultivo de café en Rioblanco, Tolima, recuperó su libertad después de haber pasado casi 19 meses en prisión. La detención preventiva, impuesta por error de identidad, se levantó el 9 de octubre de 2025 tras descubrirse que su nombre coincidía con el de otra persona conocida como 'Hitler', quien sí estaba involucrado en delitos graves como homicidio, tentativa de homicidio y concierto para delinquir agravado. García fue capturado el 22 de marzo de 2025 mientras esperaba transporte para regresar a su finca, durante una verificación rutinaria de documentos. Las autoridades encontraron una orden judicial contra un hombre con el mismo nombre y apodo, sin que García ni su entorno supieran de investigaciones previas en su contra. Durante su detención, García insistió en su inocencia, alegando que su única actividad era el cultivo de café y que nunca había tenido vínculos con organizaciones criminales. La prisión lo alejó de su esposa y sus tres hijos, interrumpió su trabajo como caficultor y su rol como líder comunitario en Rioblanco. El caso resalta la importancia de verificar identidades en procesos judiciales, ya que un error en la identificación generó una grave injusticia. Aunque García ha recuperado su libertad, persisten preguntas sobre los mecanismos que permitieron esta confusión y las consecuencias para las partes involucradas en el proceso. El incidente, reportado por El Nuevo Día, evidencia los riesgos de errores judiciales en la aplicación de la ley.

La noticia analiza cómo la inteligencia artificial está acelerando los descubrimientos científicos, especialmente en el campo de la biología y la medicina, pero también plantea importantes cuestiones sobre la replicabilidad y el control de estos avances. El artículo se centra en el reciente descubrimiento realizado por Anthropic mediante su sistema Claude, que identificó una nueva estructura genética denominada ART (array-associated RTs) en un virus que infecta bacterias, similar a los sistemas Crispr. Este hallazgo, logrado por 950 agentes de IA trabajando durante 21 horas, demostró la capacidad de la IA para procesar grandes volúmenes de información biológica de manera mucho más rápida que los equipos humanos convencionales. Sin embargo, el artículo señala que este descubrimiento no es replicable, ya que al repetir el mismo proceso con el mismo modelo y datos, no se obtuvieron resultados similares. El autor, Luis Antonio Orozco Castro, profesor de la Universidad del Rosario y presidente de AvanCiencia, advierte que si bien el riesgo de una IA decidida a exterminar a la humanidad es exagerado, existe un peligro más realista: que sistemas de IA altamente potentes aceleren descubrimientos biológicos que puedan generar patógenos sofisticados cuyos efectos finales no sean previsibles ni controlables. El artículo también menciona que este tema debe ser debatido por una Comisión permanente de ciencia, tecnología, innovación y estudios de futuro en el Congreso, en el contexto de nuevas formas de gobernanza para las instituciones científicas, regulatorias y políticas. El autor compara este riesgo con otros avances tecnológicos como la geoingeniería atmosférica para combatir el calentamiento global, donde un error de cálculo podría tener consecuencias catastróficas. La noticia concluye que, aunque hablar de extinción humana por IA es exagerado, la preocupación por los riesgos de descubrimientos biológicos no controlados es fundada y requiere una regulación adecuada.

El 10 de octubre, un hombre fue hallado sin vida en el interior del conjunto residencial Caracolí, ubicado en la calle 38 con carrera séptima de Ibagué. Según testimonios de residentes, la víctima ingresó al lugar para retirar escombros de una vivienda, pero se desplomó repentinamente. Una vecina que salió a sacar la basura encontró el cuerpo, que presentaba manchas de sangre y cuya identidad no pudo ser reconocida. Las autoridades, específicamente el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, se trasladaron al sitio para realizar actos urgentes, incluyendo inspección técnica, recopilación de testimonios y evidencia. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para determinar la identidad y las circunstancias de la muerte. Hasta el momento, no se han confirmado oficialmente los motivos del ingreso del hombre ni las causas del fallecimiento, aunque se menciona que podría haber estado retirando escombros. La comunidad se encuentra preocupada por el misterio que rodea el caso, ya que no hay familiares identificados que hayan acudido al conjunto residencial. Las investigaciones continúan en curso, con la Fiscalía trabajando para esclarecer los hechos y proporcionar respuestas a los residentes.

El senador Iván Cepeda anunció en su cuenta de X que convocará a su primer debate de control político en este periodo legislativo, citando al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero. El debate está programado para el martes 13 de octubre a las 3 de la tarde y se centrará en cuestiones relacionadas con la gestión del ministro y su cargo. Cepeda expresó que espera que el gobierno cumpla con su deber de atender el control político y no eluda responsabilidades. Este debate marca el retorno del Congreso a sus actividades tras una semana de receso. Cepeda, conocido por liderar debates en su carrera legislativa, se estrena en una oposición en la que el Pacto Histórico, su partido, se declara en oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella. El Pacto Histórico es el único partido que ejerce el rol de oposición en un Congreso con mayorías absolutas para el gobierno. Entre los temas que se abordarán en el debate se encuentran las políticas agrícolas del ministro, especialmente la derogatoria de las resoluciones que declaraban las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) en varias regiones. Estas Appa son zonas priorizadas por el Estado para la producción de alimentos y restringen otros usos del suelo, como en Antioquia, La Guajira y Santander. La decisión de derogar las Appa en el sur de La Guajira fue criticada por sectores de izquierda, incluido el propio presidente Gustavo Petro, quien señaló que esta medida favorece a la minería y pone en riesgo la seguridad alimentaria. Además, Dangond ha acumulado varias polémicas desde su llegada al cargo, como la auditoría ordenada a Fedearroz, el gremio arrocero que maneja más de $20.000 millones anuales, sin haberse reunido con la federación. También, el ministro propuso sustituir el término 'campesinos' por 'pequeños empresarios del campo', lo que generó una orden judicial para que se disculpara y rectificara públicamente. Funcionarios del Ministerio denunciaron una visita sin aviso y pidieron explicaciones por posibles retiros de información, a lo que Dangond respondió que buscaba verificar la seguridad y funcionamiento de las instalaciones. Este debate de control político representa un hito en la relación entre el gobierno y la oposición en el Congreso, destacando la importancia de la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.

La Policía Nacional de Colombia informó sobre la captura de Antonio Márquez Gómez, conocido como alias "el Descuartizador", en el municipio de La Pintada, Antioquia. Márquez Gómez era buscado por Francia mediante una circular roja de Interpol por su presunta responsabilidad en el asesinato de Corinne Di Dio, ocurrido en 1995. La detención se logró tras meses de inteligencia policial y cooperación con agencias europeas. Las autoridades señalaron que Márquez Gómez utilizó documentos falsos y alteró sus huellas dactilares para evadir la justicia. Además de homicidio, se le vincula con redes de narcotráfico de alcance latinoamericano y europeo, colaborando con organizaciones en España y Marruecos. La justicia francesa había avanzado en julio de 2026 con la condena a 25 años de Marie-Thérèse García, de 75 años, quien participó en el crimen. Las investigaciones se reactivaron en 2012 gracias a intervenciones telefónicas que revelaron detalles clave sobre el asesinato y desmembramiento de Corinne Di Dio, ocurrido el 19 de junio de 1995 en París. El cuerpo fue encontrado el 28 de junio en una maleta flotando en el río Sena. La identificación de la víctima solo fue posible en 1997 debido al estado del cuerpo. La Policía destacó la importancia de la cooperación internacional para localizar y capturar a personas requeridas por la justicia, evitando que las fronteras dificulten el castigo de crímenes graves. Este caso refleja el compromiso de las autoridades colombianas y europeas en combatir la impunidad internacional.

Este sábado 10 de octubre se llevará a cabo la gala de elección y coronación de Miss Universo Colombia 2026 en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla. Veinte candidatas provenientes de diferentes regiones del país competirán por la corona nacional que les permitirá representar a Colombia en la edición 75 de Miss Universo, que se celebrará el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. Las participantes incluyen a Susana del Portillo Olivo (Valle), Alejandra López Castilla (Córdoba), Lina Urrego Vargas (Cundinamarca), Cristina Isabel Vega (Atlántico), Andrea Aguilera (Antioquia), Karen Dayana Palomino (Bogotá), Fabiana Molano (Caldas), María Calderón (Cesar), Ángela Rodríguez (Nariño), Kelly Silva (Cali), Lauren Salazar (región Andina), María López (Risaralda) y Yuliana Pérez (Sucre), entre otras. La transmisión oficial comenzará a las 8:00 p.m. y podrá seguirse a través de las plataformas oficiales de la organización y su canal de YouTube. Colombia no gana el concurso internacional desde 2014, cuando Paulina Vega se coronó como ganadora, por lo que la nueva representante buscará poner fin a una racha de 12 años sin obtener la corona.

La autora, Melissa Franco García, abogada especialista en Derecho Penal y Derecho Minero-Energético, analiza la necesidad de avanzar en la medición de políticas públicas hacia indicadores de resultado e impacto, más allá de los tradicionales de gestión y producto. Enfoca su análisis en cómo las políticas de seguridad territorial y de apoyo a mujeres deben considerar no solo el número de operaciones o capacitaciones, sino los cambios reales en las condiciones de vida de las comunidades, especialmente de las mujeres. Destaca que los indicadores tradicionales como operaciones, capturas o hectáreas erradicadas miden la actividad estatal, pero no necesariamente el impacto en la seguridad territorial. Sugiere que para el control territorial, además de resultados operacionales, se deba analizar si disminuyó la capacidad de las organizaciones criminales para ejercer control, si se redujeron la extorsión, reclutamiento y desplazamiento, y si mejoró la confianza en el Estado. En políticas dirigidas a mujeres, no basta con contar cuántas fueron capacitadas, sino cuántas accedieron a empleo, incrementaron ingresos o redujeron dependencia de economías ilícitas. En acceso a justicia, no basta con puntos de atención, sino el tiempo y distancia que debe recorrer una mujer rural para acceder a ellos, y la respuesta institucional. Insiste en la necesidad de incorporar indicadores con enfoque territorial y diferencial, ya que los promedios nacionales pueden ocultar transformaciones importantes y situaciones críticas. Concluye que la consolidación de la recuperación territorial solo será sostenible si se traduce en mayor acceso a justicia, reducción de vulnerabilidades, oportunidades económicas legales, fortalecimiento institucional y menor capacidad de organizaciones criminales para controlar la vida cotidiana.

La investigadora comunitaria Isamar Julio analiza los impactos del turismo masivo en las ciudades caribeñas, especialmente en Cartagena, destacando cómo la transformación urbana para satisfacer a los visitantes está generando desplazamientos, aumento del costo de vida y precarización laboral para los residentes, especialmente jóvenes. Según el Plan Sectorial de Turismo de Cartagena 2024-2027, los turistas permanecen en promedio diez días en la ciudad, mientras que en Santa Marta la estancia es de cuatro días y tres noches durante la temporada alta. Este fenómeno ha llevado al desplazamiento de comunidades históricas como el barrio Chambacú en Cartagena, hoy convertido en un complejo deportivo, lo que refleja una dinámica de gentrificación. Julio señala que la turistificación transforma el territorio para la demanda visitante, generando dificultades para acceder a vivienda, aumento del costo de vida, empleos concentrados en servicios y desplazamiento de actividades culturales comunitarias. Aunque algunas juventudes participan en la economía turística, la mayoría enfrenta una fuga de talento al no poder estudiar, trabajar, crear o alquilar vivienda en su propia ciudad. La autora plantea una paradoja: las ciudades patrimonio de la humanidad deben ser habitables para quienes las construyeron, no solo atractivas para turistas. El verdadero desafío es construir ciudades que reciban visitantes sin desplazar a sus habitantes, que conviertan su patrimonio en oportunidades sin mercantilizar su cultura, y que crezcan económicamente sin hacer imposible permanecer en ellas. La investigación subraya que la cultura, cuando se vuelve turística, corre el riesgo de transformarse en producto, perdiendo su esencia comunitaria y convirtiéndose en una imagen de consumo.

La Policía Nacional otorgó de manera póstuma el grado de subcomisario a Fredy Francisco Leal Briceño, un uniformado que perdió la vida al intervenir para frustrar un robo a una joyería en el centro comercial Cuarta Etapa, ubicado en Bucaramanga. El hecho ocurrió el 29 de noviembre de 2025, cuando Leal Briceño, quien se encontraba de civil, advirtió el asalto y decidió actuar para impedir el robo. Durante la intervención, fue herido de gravedad y posteriormente falleció a pesar de los esfuerzos médicos. El caso generó gran impacto en la comunidad debido a que varios videos captaron los momentos de tensión y la valiente actuación del policía, los cuales circularon ampliamente en redes sociales. Meses después de su fallecimiento, la Policía Nacional decidió honrar su memoria mediante el ascenso póstumo al grado de subcomisario, un reconocimiento reservado para destacar la vocación de servicio y el compromiso de quienes dejan huella en la institución. La ceremonia, realizada en la capital santandereana, estuvo marcada por el reconocimiento a la trayectoria y el servicio del policía, cuya actuación fue recordada como un ejemplo de valentía y compromiso con la seguridad ciudadana. Los mandos policiales destacaron que la actuación de Leal Briceño reflejó los principios de honor, disciplina y entrega que caracterizan la función policial. La familia del subcomisario recibió la distinción en medio de un emotivo acto, y la institución señaló que el legado del uniformado permanecerá como un ejemplo para las nuevas generaciones de policías. El homenaje también se convirtió en un reconocimiento a la familia del subcomisario, que acompañó durante meses el proceso tras la tragedia para la Policía Nacional.

El senador Agmeth Escaf, miembro del Pacto Histórico, ha sido señalado por la exconsejera para la Reconciliación, Eva Ferrer, de pertenecer a una supuesta red de corrupción que involucraría a la entonces primera dama, Verónica Alcocer, y su primo Mario Fernández Alcocer. Estas acusaciones, publicadas en Revista Semana, mencionan que Escaf habría participado en una estructura liderada por Alcocer y Fernández, relacionada con el tráfico de drogas hacia Venezuela y movimientos irregulares de dinero. Ferrer también señaló que durante un viaje oficial de Alcocer en enero de 2023, se habrían transportado más de 2,5 millones de pesos destinados a la campaña electoral de ese año. Además, Ferrer afirmó que Escaf y Alcocer habrían tenido desacuerdos económicos, con la frase 'Agmeth le roba a Verónica'. El senador rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas de calumnias sin pruebas, y anunció que está llevando a cabo una demanda civil y una denuncia penal por injuria y calumnia contra Ferrer. Escaf también reclamó un derecho de réplica en condiciones de igualdad para defenderse públicamente. En su respuesta, Escaf destacó que es un hombre honrado que ha construido su vida con trabajo y esfuerzo, negando cualquier vínculo con narcotraficantes o traficantes de armas. Además, Ferrer mencionó que Escaf habría tenido injerencia en entidades públicas como el ICBF, Procolombia y el Icetex durante la administración de Gustavo Petro, aunque sin el aval del presidente. Escaf no ha confirmado ni negado específicamente estos puntos, pero ha enfatizado que su defensa ante la justicia se basará en la verdad. La noticia refleja una tensión interna dentro del Pacto Histórico, ya que las declaraciones de Ferrer surgieron tras una serie de conflictos internos y viajes oficiales recientes. El caso ha generado un debate sobre la transparencia y la integridad de los funcionarios públicos en Colombia, especialmente en un contexto político marcado por escándalos y acusaciones de corrupción.

El expresidente estadounidense Donald Trump expresó su descontento en redes sociales por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, que fue otorgado a la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la Corte Penal Internacional (CPI). En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó haber terminado ocho guerras, logrado la liberación de cientos de rehenes y estar cerca de finalizar otras dos conflictos, destacando que 'a pesar de todo eso, ni yo ni los Estados Unidos de América recibimos el Premio Nobel de la Paz. ¡INCREÍBLE!'. El viernes, tras el anuncio del premio, Trump también cuestionó la elección, calificando a Pillay como 'una persona de ideas liberales que trabaja en las Naciones Unidas y de la que nadie ha oído hablar jamás'. Este no es el primer intento de Trump por obtener el galardón; en 2025, tras el anuncio del Nobel a María Corina Machado, mostró interés en ganarlo, y posteriormente Machado le regaló su medalla tras la captura de Nicolás Maduro. Además, el gobierno estadounidense anunció sanciones contra la CPI, que bloqueará transacciones, cortará recursos y buscará paralizar su funcionamiento, según el secretario de Estado Marco Rubio, quien declaró: 'No la necesitamos. Y no la queremos'. La CPI respondió que las sanciones buscan frenar su trabajo e intimidar a quienes colaboran con el tribunal, advirtiendo que 'la historia juzgará este momento'. Trump ha sido criticado por sus afirmaciones sobre haber terminado guerras, ya que expertos como Medea Benjamin de Code Pink señalan que lo que él llama 'paz' son 'pausas temporales, acuerdos de normalización o victorias mediáticas que ignoran las causas fundamentales del conflicto'. Pillay, ganadora del Nobel, presidió una comisión de la ONU que concluyó que Israel cometió 'genocidio' en Gaza y ha sido reconocida por su labor en llevar ante la justicia a responsables de 'crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio'. Nació en 1941 en Sudáfrica bajo el apartheid, se convirtió en la primera mujer no blanca en abrir un bufete de abogados en 1967 y defendió a presos políticos, incluido Nelson Mandela. También fue jueza del Tribunal para Ruanda, donde logró que la violación fuera reconocida como acto de genocidio. Tras recibir el premio, Pillay bromeó: 'Si aplauden más fuerte, quizá comparta el premio con Trump', en referencia al gesto de Machado. El anuncio del Nobel y la reacción de Trump han generado un debate sobre el reconocimiento de logros en paz y la relación entre Estados Unidos y la CPI.

Medellín enfrenta las consecuencias de una emergencia climática provocada por fuertes lluvias que afectaron a 228 familias distribuidas en cinco comunas (Popular, Manrique, Robledo, San Javier y Guayabal) y en los corregimientos San Cristóbal y Altavista, sumando un total de 596 personas. Según el balance presentado por la Alcaldía de Medellín, la quebrada La Iguaná registró los niveles más críticos, siendo el sector más afectado con 195 familias impactadas. Los daños incluyeron desbordamientos de quebradas, caída de árboles y postes sobre vías, así como la acumulación de residuos y lodo en las calles. En total, se reportaron 32 incidentes derivados de la emergencia, lo que generó cierres viales, caos vehicular y afectó a aproximadamente 200 viviendas. La administración distrital ha desplegado un operativo de acompañamiento a las familias afectadas, con 53 familias en autoalbergue con familiares, tres hospedadas en hoteles, cuatro en arriendos propios y 168 permaneciendo en sus viviendas bajo seguimiento. El alcalde encargado, Manuel Villa Mejía, destacó que 'detrás de cada cifra hay personas, hogares y proyectos de vida que merecen nuestro acompañamiento', y anunció la disposición de ayudas humanitarias que incluyen alimentos, kits de aseo, colchonetas, cobijas, sábanas, elementos de cocina y prendas de vestir. Además, se habilitó un punto de acopio en el Equipo de Personas Mayores - Amautta (carrera 45 # 54-55) para recibir donaciones de enseres de hogar y otros implementos, excluyendo medicamentos, ropa y productos perecederos. La Alcaldía también informó que los operarios han retirado más de 110 metros cúbicos de residuos voluminosos y más de 60 metros cúbicos de lodo en el sector de La Iguaná. Este evento refleja la vulnerabilidad de la ciudad ante fenómenos climáticos extremos, evidenciando la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y respuesta ante emergencias climáticas en el territorio metropolitano.

La exconsejera de la ex primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, Eva Ferrer, ha denunciado en una entrevista con La Silla Vacía la existencia de un 'grupo de criminales' alrededor de Alcocer, involucrado en supuesto tráfico de drogas y armas, así como en el desvío de recursos públicos. Ferrer, quien fue nacionalizada colombiana de manera exprés en 2022 y trabajó en el gobierno de Gustavo Petro como consejera para la Niñez y luego para la Reconciliación, rompió relaciones con Alcocer en septiembre de 2023. En una entrevista reciente, Ferrer reveló que en los audios publicados por La Silla Vacía el 1 de agosto, mencionó una 'banda de criminales', testaferros y recursos públicos desaparecidos en torno a Alcocer. Alcocer negó estas acusaciones en una carta a la Fiscalía, afirmando que carecen de sustento y no corresponden a la realidad. Las denuncias de Ferrer se suman a una serie de escándalos que han rodeado a Alcocer y al presidente Gustavo Petro. Entre ellos, se encuentran los vínculos de amigos cercanos de la pareja presidencial, como Manuel 'Manel' Grau y Xavier Vendrell, con negocios petroleros en Venezuela bajo el chavismo. Grau y Vendrell, ambos ciudadanos catalanes, recibieron la nacionalidad colombiana de manera exprés por decisión presidencial. Ferrer también señaló que Alcocer usó su poder para financiar un séquito con fondos públicos, cuyos integrantes aparecen mencionados en los audios revelados por La Silla Vacía. El presidente Petro defendió a su exesposa tras los audios, afirmando que 'no es cierta la calumnia de Semana, que debe ser respondida con acción penal'. Estas acusaciones se producen a dos meses de las elecciones presidenciales en Colombia, lo que añade un contexto político sensible a las denuncias. La noticia destaca la complejidad de las relaciones políticas y personales en el gobierno de Petro, así como las implicaciones de los vínculos internacionales en el contexto de la política colombiana.

Baranoa, Atlántico, celebra desde este sábado 10 de octubre la edición XXIII del Festival del Chicharrón, que se extenderá hasta el lunes festivo 12 de octubre. El evento se desarrollará en el corredor gastronómico del sector 20 de Julio, donde 28 restaurantes y hacedores del municipio ofrecerán el plato tradicional a 25.000 pesos, desde las 6:30 de la mañana hasta las 2:00 de la madrugada. El festival, organizado por la Asociación de Hacedores del Chicharrón de Baranoa y el Atlántico junto con la Alcaldía municipal y respaldado por la Ruta 23 de la Gobernación del Atlántico, busca resaltar la tradición culinaria que nació en los paraderos de la vía Barranquilla-Cartagena a mediados del siglo pasado. El chicharrón baranoero, preparado con piel, tocino y carne, se sirve con yuca cocida, bollo limpio y limón, manteniendo una receta casi intacta que se transmite de generación en generación. Además de la propuesta tradicional, los restaurantes han innovado con platos como el Tríada de Chicharrón, el Cevicharrón de Cerdo Sabrosón y el Chicharrón Bipolar, buscando atraer a los visitantes para que prueben nuevas versiones del clásico. El domingo 11 de octubre se presentarán grupos musicales locales como Son Arcade, Infinity y Elisium, además de una feria artesanal. Esta edición rinde homenaje a Jaime Jurado, 'El Cachaco', fundador de Los Arrieros de Jaime, reconocido como pionero de la chuleta cocida. Para facilitar el acceso, el alcalde Edinson Palma anunció un plan de contingencia con zonas de parqueo y apoyo del Tránsito Departamental, la Policía e Invías para garantizar la movilidad durante el evento.

La mototaxista Luz Edenis Méndez Ramírez, conocida como 'Lucy', de 40 años, fue encontrada sin vida en el corregimiento de La Marina, en Chaparral, Tolima, tras desaparecer el domingo 4 de octubre. Según informes, la mujer, quien trabajaba como mototaxista, fue vista por última vez mientras realizaba un servicio de transporte en su motocicleta, en una vía que comunica el casco urbano de Chaparral con el sector de Tuluní. Sus familiares reportaron su desaparición, lo que generó una búsqueda activa con apoyo de organismos de emergencia. Tres días después, el cuerpo de Lucy fue localizado en una zona rural del municipio, presentando signos de violencia y en avanzado estado de descomposición. Las autoridades judiciales, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, realizaron la inspección técnica del cadáver y adelantaron los procedimientos judiciales correspondientes. Los resultados de Medicina Legal serán fundamentales para determinar la causa de la muerte y esclarecer si la muerte estuvo relacionada con un hecho criminal. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y el alcalde de Chaparral, Helver González, pidieron a las autoridades judiciales que avancen en las investigaciones para identificar a los responsables, si se confirma un delito. La comunidad de Chaparral convocó una velatón en el Parque de Los Presidentes para honrar la memoria de Lucy y reclamar respuestas sobre su muerte. El caso ha generado preocupación entre los trabajadores del transporte informal y otros habitantes del municipio, quienes esperan conocer qué ocurrió durante los días en los que la mujer estuvo desaparecida. Las autoridades continúan recopilando información sobre sus últimos movimientos y analizando los elementos disponibles para reconstruir los hechos. La investigación sigue en curso, y los resultados forenses y las pruebas judiciales serán clave para establecer las circunstancias de su muerte.

La autora analiza la presencia de mujeres en el rock colombiano, destacando cómo han utilizado la música como forma de resistencia y expresión frente a la censura y los prejuicios. A través de ejemplos como el documental Censuradas, que reúne agrupaciones lideradas por mujeres, y la historia de Bertha Quintero en Rock al Parque, se evidencia que las mujeres siempre han estado presentes en el movimiento musical, aunque históricamente se las haya excluido de la narrativa. El artículo también aborda cómo el rock extremo hecho por mujeres en Colombia trasciende la música, convirtiéndose en una herramienta para tomar la palabra y desafiar silencios impuestos. La autora conecta esta resistencia con la figura histórica de las brujas, que representaban una amenaza colectiva por su capacidad de conspirar y desafiar el orden establecido. El texto concluye con una reflexión sobre la importancia de reconocer la autonomía de las mujeres en el ámbito artístico y musical, y cómo la programación de Rock al Parque 2026, con bandas como Burning Witches, refleja esta lucha por visibilidad y voz.

La noticia analiza el impacto de la guerra en Gaza tres años después de su inicio, centrándose en la generación de niños que han crecido en medio del conflicto. El artículo, escrito por Luis Gabriel Galán Guerrero, profesor de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de Oxford, compara la situación actual en Gaza con el Holocausto, aunque reconoce que las circunstancias son diferentes. El autor se basa en el libro de la historiadora Kathryn Clifford sobre el trauma y la supervivencia tras el Holocausto para reflexionar sobre el futuro de los niños palestinos. Según el artículo, más de 100.000 niños palestinos han sido afectados por la guerra, con miles de muertos, heridos y desplazados. El conflicto ha dejado un legado de trauma psicológico y social que afecta a toda una generación. El artículo señala que el apoyo a la creación de dos Estados se ha debilitado entre israelíes y palestinos, mientras que algunas corrientes antisionistas y sectores de la derecha internacional que apoyan al gobierno de Netanyahu continúan alimentándose mutuamente. El autor advierte que, aunque es prematuro dar por perdido el futuro de los niños palestinos, el contexto actual es complejo y requiere un enfoque cuidadoso. El artículo concluye que, al igual que hubo vida después del horror del Holocausto, aunque no fuera la que sus sobrevivientes soñaron, también es posible que los niños palestinos reconstruyan sus vidas en medio de un conflicto cuya solución política sigue siendo incierta. El texto refleja una preocupación profunda por el futuro de los niños palestinos y llama a la prudencia y a la comprensión de los desafíos que enfrentan.

Las autoridades aeronáuticas colombianas y la Alcaldía de Barranquilla han activado un plan de contingencia y protocolos de atención integral tras el terremoto de magnitud 7,7 ocurrido en Panamá. El Ministerio de Aviación Civil (Aerocivil) habilitó terminales alternas en San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Cali, Rionegro y Montería para recibir aeronaves en tránsito, ya que el espacio aéreo panameño sufrió alteraciones por los movimientos telúricos. En el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, 16 vuelos que originalmente se dirigían a Ciudad de Panamá fueron reorientados a esta terminal. De estos, 8 aeronaves lograron despegar posteriormente hacia su destino original, mientras que otros 8 tuvieron que ser cancelados definitivamente. En otras ciudades del Caribe, como Cartagena y San Andrés, las aeronaves desviadas ya completaron sus despegues, mientras que el vuelo desde Santa Marta se prepara para aterrizar en Panamá. La contingencia generó la permanencia prolongada de más de 1.280 pasajeros en el terminal aéreo de Barranquilla. Para atender a los viajeros, la administración distrital y Aerocivil coordinaron con las aerolíneas Copa Airlines y Wingo para garantizar la seguridad operacional y la atención de los usuarios. Se proporcionaron más de 600 unidades de agua, jugos y snacks a los pasajeros y tripulaciones, complementados con entregas adicionales de alimentos a través del operador de servicios. Además, las aerolíneas iniciaron los trámites para reubicar a los afectados por las cancelaciones y los itinerarios en pernocta. Las autoridades locales y el personal aeroportuario continuarán supervisando el desarrollo de las operaciones hasta lograr la normalización total de los itinerarios y la asistencia completa a los usuarios perjudicados por el fenómeno natural en Panamá.

Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer, ha manifestado públicamente su temor por su seguridad y ha solicitado protección a Abelardo de la Espriella, secretario de la Presidencia, y a la Fiscalía General de la Nación. En una entrevista con la periodista Vicky Dávila para la revista Semana, Ferrer explicó que lleva dos meses escondida debido a las amenazas que ha recibido tras revelar supuestas irregularidades en el entorno cercano al gobierno de Gustavo Petro. La española aseguró que su situación de vulnerabilidad comenzó en septiembre de 2022, cuando inició una serie de denuncias sobre movimientos de dinero y actividades sospechosas relacionadas con personas cercanas a la entonces primera dama y al presidente. Durante la entrevista, Ferrer relató que tras la divulgación de audios que involucraban a figuras del círculo de Petro, recibió una llamada en la que le advirtieron sobre los riesgos de enfrentarse a personas vinculadas con actividades ilegales, incluyendo tráfico de armas y drogas. "Estás hablando con gente que hace tráfico de armas y tráfico de drogas", expresó según su versión. Ferrer también manifestó su disposición a colaborar con las autoridades, destacando que su solicitud de protección no es reciente, sino que se remonta a hace más de dos años. La exasesora indicó que su situación no se limita a un solo círculo de personas, sino que abarca a figuras del gobierno, incluyendo a Gustavo Petro y Verónica Alcocer. Este caso ha generado un nuevo debate sobre las denuncias de corrupción en el entorno del gobierno de Petro, que ya ha enfrentado múltiples escándalos en los últimos años, como los casos relacionados con la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia y Armando Benedetti. Ferrer, quien ha sido una figura central en las denuncias sobre supuestos lavados de dinero y movimientos financieros sospechosos, ha reiterado su compromiso con la transparencia y la justicia, pidiendo a las autoridades que actúen para garantizar su seguridad y la de otros posibles testigos.

John Milton Rodríguez, liquidador del Ministerio de la Igualdad, ha denunciado la existencia de deudas pendientes con trabajadores y contratos vencidos en la entidad, que según su relato, fueron abandonadas por el gobierno anterior de Gustavo Petro. En un video publicado en las redes sociales del ministerio, Rodríguez explicó que al asumir el cargo el 19 de agosto, encontró una institución 'completamente abandonada', con trabajadores adeudados dos meses de salario, sin seguridad social ni ARL. Además, señaló que el gobierno anterior no había asegurado el presupuesto para finalizar el año 2026 ni para el 2027. Por orden del presidente Abelardo de la Espriella, Rodríguez informó que se han recuperado 100 mil millones de pesos para cubrir las obligaciones pendientes. La estrategia Salvia, que atiende casos de violencia basada en género, y la Línea 155, serán transferidas al Ministerio del Interior como parte de la liquidación del MinIgualdad. Este proceso se enmarca en una directiva presidencial que distribuye los programas y recursos del ministerio entre otras carteras como Hacienda, Justicia y el DPS. La liquidación del MinIgualdad se oficializó el 22 de junio mediante el decreto 0626, y Rodríguez fue nombrado liquidador el 14 de agosto con el decreto 1219. El pastor caleño tiene un año para completar la liquidación y busca recuperar 200 mil millones de pesos. Es importante destacar que el MinIgualdad, durante su existencia, tuvo tres ministros en un año y medio: Carlos Rosero, Juan Carlos Florián y Lucho Acosta, y en 2024 solo ejecutó el 1,6% de su presupuesto, lo que refleja una baja eficiencia en la gestión. La liquidación del ministerio representa una de las derrotas políticas de Gustavo Petro, ya que fue una de las carteras con menor ejecución presupuestal. Rodríguez, quien forma parte del gabinete de la fe, ha destacado su compromiso con el rescate de las estrategias Salvia y Línea 155, que habían sido abandonadas por el gobierno anterior.

El artículo aborda la importancia de reconocer y procesar las emociones tras una tragedia como un terremoto, destacando que no todo depende de nosotros. Se enfoca en acciones individuales, familiares y comunitarias, así como en responsabilidades institucionales. La esperanza se presenta como un valor ético que nos invita a no ser indiferentes ante el sufrimiento ajeno y a cuidar los vínculos mientras construimos un futuro posible. El texto explica que acompañar a otra persona no significa resolver su dolor, sino escuchar, estar disponibles y ayudar a encontrar apoyo. También destaca que la esperanza no depende de expectativas concretas, sino de conservar la posibilidad de encontrar caminos y actuar con sentido. El artículo incluye preguntas para reflexionar sobre emociones evitadas, necesidades de seguridad, recursos disponibles, lo que importa cuidar y acciones concretas. Se subraya que atender la salud mental después de una tragedia implica dar lugar a lo que sentimos, escuchar señales y buscar apoyo profesional cuando es necesario. La esperanza no nos pide desconocer la realidad, sino mirarla de frente y cuidar la vida, los vínculos y lo que valoramos. El autor, José Luis Cardona E., es psicólogo y psicoterapeuta integrativo transpersonal, con especialización en resolución de conflictos y trabajo social familiar. El artículo forma parte de una serie de expertos en La Silla Vacía, una plataforma de periodismo independiente en Colombia.

La política colombiana enfrenta una nueva controversia tras las declaraciones de Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer, expareja del presidente Gustavo Petro. En una entrevista con Vicky Dávila publicada por SEMANA el 10 de octubre de 2026, Ferrer calificó a Alcocer como 'la jefe de la banda' y señaló que en enero de 2023 se movieron alrededor de 2,5 millones de dólares en un viaje a Venezuela, vinculado a supuestos tráficos de drogas. Ferrer mencionó a personajes como Manel Grau, Mario Fernández Alcocer, Agmeth Escaf y Carolina Plata, quienes, según su testimonio, estarían involucrados en irregularidades y movimientos de dinero en entidades públicas. Además, afirmó que el presidente Petro habría tenido conocimiento de estas situaciones. Las acusaciones, basadas únicamente en testimonios sin pruebas concluyentes, han generado preocupación sobre la transparencia en el entorno cercano al gobierno. Ferrer también reveló haber recibido amenazas por su cercanía al caso. La noticia destaca la compleja trama de nombres y responsabilidades dentro del círculo político que rodea al mandato de Petro, aunque las afirmaciones aún no han sido verificadas oficialmente. Este escándalo se suma a otros temas de controversia que han marcado el primer gobierno de izquierda en Colombia, incluyendo reformas sociales y económicas, así como otros casos de corrupción denunciados en el pasado.

Durante la madrugada del sábado 10 de octubre de 2026, un sismo de magnitud 3,8 sacudió el municipio de Filadelfia, Caldas, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico, registrado exactamente a las 12:46 a. m., tuvo una profundidad de 106 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo de foco profundo. Este tipo de sismos, al liberar energía a mayor profundidad, suelen ser menos intensos en la superficie y afectan una zona más amplia. El epicentro del evento se localizó en Filadelfia, Caldas, y el temblor fue percibido en varias localidades del Eje Cafetero y Antioquia, incluyendo Manizales, Supía, Anserma (Caldas), Dosquebradas (Risaralda), Medellín, Armenia (Quindío), El Cairo (Valle del Cauca) y Caldas (Antioquia). La información oficial no reporta daños materiales ni afectaciones personales, aunque el SGC invita a los ciudadanos a reportar su experiencia a través de la plataforma '¿Sintió este sismo?' para mejorar el monitoreo sísmico. La profundidad del sismo, de 106 kilómetros, explica por qué el movimiento no generó impactos significativos en la superficie, a pesar de ser percibido en múltiples municipios. Este evento sísmico, aunque no causó daños, refuerza la importancia de la vigilancia constante en una región geológicamente activa como el Eje Cafetero. El Servicio Geológico Colombiano continúa monitoreando la actividad sísmica en la zona para garantizar la seguridad de la población.

La Fiscalía de Colombia está buscando a cuatro personas, entre ellas dos mujeres, por la instalación de cilindros y banderas alusivas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Barranquilla y Soledad. Según la información proporcionada, Cleiver Jesús Pérez Sánchez, un ciudadano venezolano de 25 años, fue capturado por su presunta participación en los hechos y no aceptó los cargos imputados. Las autoridades están investigando la posible existencia de una estructura urbana del ELN en la zona, con el objetivo de generar temor entre los habitantes. El vehículo BMW, que fue utilizado para transportar los elementos, se convirtió en una pieza central de la investigación. Las cámaras de seguridad de un lavadero de vehículos en el barrio Nuevo Milenio registraron la llegada de varias personas que transportaban los cilindros y la bandera. Según la Fiscalía, Pérez Sánchez habría dejado el vehículo en el lugar para consumir licor con quienes lo acompañaban, aprovechando esa circunstancia para abandonar los elementos. Los investigadores también están analizando si existía una reunión previa entre el capturado y otras personas para conformar un frente urbano del ELN. El ente acusador imputó a Pérez Sánchez los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y porte de explosivos agravado. La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento está programada para el próximo jueves 15 de octubre. La Fiscalía busca determinar la responsabilidad de las otras personas que aparecen en los registros de seguridad y establecer quiénes habrían organizado la instalación de los elementos. Un investigador de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, señaló que la aparición de estos símbolos tiene una lectura que va más allá de los hechos investigados, representando un desafío directo al Gobierno nacional, que ha elegido a Barranquilla como sede alterna de gobierno. Sin embargo, advirtió que esta propaganda no implica control territorial o presencia militar de la guerrilla en la ciudad.

La ex primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, ha sido señalada por Eva Ferrer, ex asesora de Alcocer durante el gobierno de Gustavo Petro, de liderar actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas y armas. Según la entrevista publicada por la revista Semana, Ferrer afirmó que recibió información sobre un viaje a Venezuela en enero de 2023 en el que se trasladaron 2,5 millones de dólares desde ese país hacia Colombia, con parte de ese dinero destinado a financiar la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama. Ferrer también mencionó que habría referencias a fotografías de Alcocer bajando de una aeronave con maletas que presuntamente contenían estupefacientes. Además, la exfuncionaria señaló que el empresario catalán Manel Grau le habría confirmado que había movimiento de drogas y capital entre Venezuela y Colombia. Ferrer también vinculó a personas cercanas a Alcocer con el tráfico de armas, mencionando al italiano Enrico Romagnoli y al empresario Manel Grau. La exasesora explicó que decidió contar lo que conoce por temor a su seguridad, tras la divulgación de audios sobre conversaciones relacionadas con el círculo cercano a Alcocer. Ferrer aseguró que Gustavo Petro conocía parte de las dinámicas que se movían alrededor de su entonces esposa y de personas cercanas a ambos, aunque esto no constituye una prueba judicial. La entrevista no equivale a una decisión judicial que establezca responsabilidades penales, sino que corresponde al testimonio de Ferrer en la entrevista publicada por Semana. Ferrer también mencionó que lleva un tiempo escondida y pidió protección, explicando que su preocupación aumentó después de la divulgación de los audios y de una llamada en la que le advirtieron que podía estar en peligro. La exfuncionaria sostuvo que inicialmente fue contactada para trabajar en asuntos relacionados con las mujeres y la prevención de violencias, pero con el tiempo observó disputas por influencia y recursos entre integrantes del círculo cercano a Alcocer. Además, afirmó que le ofrecieron beneficios personales que rechazó y que posteriormente conoció versiones sobre el supuesto cobro de comisiones. Ferrer señaló a Mario Fernández Alcocer y al representante Agmeth Escaf por su presunta influencia en entidades públicas como el ICBF, ProColombia y la UNGRD, mencionando cuestionamientos sobre nombramientos, presiones a funcionarios y decisiones administrativas. La entrevista abordó el papel que, según Ferrer, desempeñaron personas cercanas a Alcocer durante la campaña presidencial de 2022 y después de la llegada de Petro a la Casa de Nariño. Ferrer insistió en que necesita protección y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades, explicando que su decisión de hablar responde tanto a su situación personal como a su intención de contar lo que afirma haber conocido durante su paso por el Gobierno.

El país se prepara para una nueva jornada de movilizaciones ciudadanas programada para el 14 de octubre, impulsadas principalmente por la izquierda política y sindicatos afines. Según el artículo, estas protestas se producen tras dos meses de gestión del presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo recientemente. La convocatoria busca consolidar la presencia de la izquierda en el debate público y preparar el terreno para las elecciones regionales de 2027, con el objetivo de pavimentar un posible regreso al poder. El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda han mostrado su respaldo a estas movilizaciones, que cuentan con una intensa difusión en redes sociales. El Gobierno, por su parte, ha iniciado un proceso para fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante posibles episodios de violencia en las protestas. El mandatario anunció hace aproximadamente un mes que se encontraba elaborando un nuevo protocolo que otorgaría mayores facultades a la Policía para actuar ante desmanes. Aunque los detalles específicos de este protocolo aún no han sido revelados, su creación refleja la preocupación del gobierno por manejar adecuadamente las tensiones sociales. Esta coyuntura recuerda las dinámicas políticas de años recientes, donde la interacción entre movilización social y respuestas oficiales ha definido en gran medida el rumbo de las discusiones políticas nacionales. Los factores que rodean las próximas jornadas podrían ser determinantes en la construcción de la narrativa para las elecciones regionales de 2027 y en la consolidación de los proyectos de ambos espectros ideológicos para mantener o reconquistar espacios de poder. La noticia destaca la polarización política creciente en el país y la estrategia de la izquierda para capitalizar el inconformismo ciudadano a través de movilizaciones organizadas.

Durante la madrugada del sábado 10 de octubre, Colombia fue azotado por varios temblores en diferentes regiones del país. El Servicio Geológico Colombiano reportó varios eventos sísmicos en zonas rurales y departamentos, con magnitudes que alcanzaron hasta 4.0. A las 5:16 a.m., se registró un movimiento telúrico de magnitud 3.4 en Istmina, Chocó, a una profundidad de 43 kilómetros. Este departamento fue uno de los más afectados por el terremoto del 10 de agosto. A las 12:47 a.m., otro sismo de magnitud 3.4 y profundidad superficial se reportó en Uribe, Meta. Un minuto antes, en Filadelfia, Caldas, se registró un temblor de magnitud 3.8 con una profundidad de 106 kilómetros. El sismo de mayor magnitud, de 4.0, se sintió en Dosquebradas, Risaralda; Villamaría y Supía, en Caldas; Manizales y Medellín. Estos movimientos sísmicos se producen en un contexto de alerta tras el terremoto de magnitud 7.7 en Panamá ocurrido el viernes 9 de octubre, que también afectó a varias ciudades colombianas como Bogotá y Medellín. Las autoridades mantienen alertas sobre sismos, especialmente considerando que el pasado 10 de agosto se reportaron afectaciones en departamentos como Pereira, Chocó, Manizales, Cali y Valle del Cauca. Los ciudadanos son recomendados a seguir las indicaciones de Protección Civil para prevenir riesgos durante estos eventos sísmicos. La noticia se publica en el contexto del puente festivo por la conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación, lo que podría afectar los planes de viaje de muchos colombianos que se preparaban para salir de viaje.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá ha habilitado el Plan Éxodo para facilitar la salida de la ciudad durante el puente festivo del sábado 10 al lunes 12 de octubre. Este plan operará en la carrera Séptima entre las calles 193 y 245, con horario de 07:30 a.m. a 01:00 p.m., en sentido único para salir de la ciudad. Según el Ideam, se prevén lluvias moderadas a fuertes en amplios sectores del país, especialmente en la región Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquia y Amazonia. Los departamentos más afectados incluyen La Guajira, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Tolima, Huila, Boyacá, Vichada, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés y Caquetá. Durante la madrugada del sábado, se registraron condiciones de cielo nublado con lluvias en las regiones Pacífica y Caribe, centro y norte de la Andina, oriente de la Orinoquia y nororiente de la Amazonia. El pronóstico para el día de hoy indica acumulados de precipitación en amplios sectores del territorio nacional. Los viajeros deben planificar sus desplazamientos considerando tanto el estado del clima como los cierres viales y manifestaciones reportados en las principales vías del país. El portal de El Tiempo ofrece actualizaciones minuto a minuto sobre la movilidad y el clima para ayudar a los ciudadanos a planificar sus viajes de manera segura y eficiente durante este puente festivo.

La Alcaldía de Valledupar ha generado controversia al adjudicar un lote de 33 activos públicos, incluyendo maquinaria pesada, vehículos y motocicletas, por un total de 31 millones de pesos al contratista Deimer Cárdenas Castillo. Este precio, que representa el mínimo permitido, se fijó tras declarar los bienes en estado de obsolescencia y deterioro, permitiendo aplicar un valor de salvamento equivalente al 1% del valor de referencia de cada bien. La transacción, realizada sin competencia debido a que Cárdenas Castillo fue el único oferente habilitado, ha sido cuestionada por el abogado Jhon Díaz Carpio, quien cuestiona la decisión del equipo evaluador. Según los documentos analizados por El Pilón, la maquinaria pesada incluyó una excavadora John Deere por 5.155.000 pesos, una motoniveladora por 5.022.000 pesos y una retroexcavadora por 3.850.000 pesos, entre otros. En el parque automotor, se vendieron trece vehículos livianos, con valores que oscilaron entre 240.000 y 3.000.000 pesos, mientras que las nueve motocicletas Kawasaki se vendieron a 215.000 pesos cada una. La administración municipal defendió el procedimiento argumentando que los bienes estaban en estado inoperativo y que mantenerlos generaría costos económicos adicionales. Paralelamente, la Fiscalía investiga la trazabilidad del proceso para determinar si existen indicios de irregularidades que puedan derivar en un proceso penal. Este caso ha generado debate sobre la transparencia en la gestión de activos públicos y la aplicación de criterios técnicos en la valoración de bienes municipales.

Autoridades de Nariño lograron interceptar un vehículo que transportaba más de 83 kilogramos de explosivos en calles de Pasto, al detectar una placa falsa en el automotor. Durante la operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército, se incautaron dos cilindros de 100 libras con material explosivo de alto poder, 23 artefactos improvisados conocidos como 'tatucos', detonadores eléctricos, una batería de 12 voltios y aproximadamente 20 metros de cable. Los dos hombres capturados, vinculados al frente 'Franco Benavides' de las disidencias de las Farc, tenían antecedentes por rebelión, amenazas, lesiones y tráfico de armas. El alcalde de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, destacó que la operación evitó un atentado terrorista contra la Fuerza Pública y la población civil, al frustrar la intención de utilizar los explosivos en sedes de seguridad en la ciudad. La comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, coronel Andrea Carolina Cáceres, explicó que los cilindros estaban acondicionados con modernos sistemas de propulsión y activación, listos para ser colocados en lugares estratégicos y luego detonados. El comandante del Departamento de Policía Nariño, coronel José Urrego Baquero, señaló que este es el noveno atentado frustrado en el departamento durante el año, gracias a acciones coordinadas entre las fuerzas armadas. Las autoridades resaltaron la importancia de la inteligencia y la coordinación institucional para neutralizar el riesgo y garantizar la seguridad ciudadana. Los capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar las investigaciones.

La noticia analiza la contradicción fundamental de los movimientos anti-globalistas, quienes denuncian el globalismo como una conspiración de élites transnacionales, pero al mismo tiempo construyen redes internacionales para promover su visión del mundo. El artículo señala que estos movimientos, especialmente la extrema derecha, han logrado presentar al globalismo como una amenaza, convirtiendo instituciones como la ONU, el Foro Económico Mundial, la Unión Europea, el FMI y el Banco Mundial en piezas de una misma conspiración. La narrativa anti-globalista presenta el feminismo, los derechos LGBTIQ+ y la migración como amenazas a Occidente, y la teoría del 'Gran Reemplazo' sostiene sin pruebas que la migración responde a un plan para sustituir a la población blanca y cristiana. La gran paradoja es que estos movimientos son profundamente globales: se reúnen en eventos internacionales como la CPAC, intercambian estrategias electorales y utilizan redes sociales para difundir consignas que se replican en Estados Unidos, Europa y América Latina. El artículo critica la incoherencia de quienes denuncian una élite globalista mientras justifican el intervencionismo estadounidense y la influencia de Washington en América Latina. En el caso de Colombia, se señala que ciertos sectores políticos están confundiendo los intereses de Estados Unidos con los de Colombia, reduciendo la política exterior a simpatías ideológicas en lugar de defender los intereses nacionales. La diplomacia, según el artículo, debe evaluarse por la defensa de los intereses nacionales, la construcción de alianzas y la ampliación de los márgenes de autonomía, no por provocar titulares. El debate no consiste en escoger entre globalismo y nacionalismo, sino en decidir qué lugar quiere ocupar Colombia en el mundo y con qué principios defenderá sus intereses. Los anti-globalistas no quieren un mundo menos globalizado, sino un mundo globalizado a su imagen y semejanza.

La Dirección General Marítima (Dimar) confirmó oficialmente que no existe amenaza de tsunami para la costa pacífica colombiana tras el sismo de magnitud 6,0 registrado en Panamá cerca de Las Tablas, el viernes 9 de octubre a las 23:14 horas. Según informó la entidad, el movimiento telúrico, localizado a 50 kilómetros de Las Tablas, Panamá, no representa riesgo para el litoral colombiano. La Dimar, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), realizó una evaluación exhaustiva de las condiciones costeras y descartó cualquier peligro de tsunami. El sismo en Panamá, de magnitud 6,0, provocó daños materiales en edificios públicos, viviendas, iglesias, hoteles y carreteras, según el balance preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional. Se reportaron 15 estudiantes con lesiones menores y una persona rescatada en el mercado municipal de Aguadulce, sin embargo, no se confirmaron víctimas mortales en los primeros reportes. Entre las afectaciones más destacadas se mencionó el colapso del Hotel Dos Continentes en la provincia de Coclé, además de daños en instalaciones de salud, centros educativos y estaciones de bomberos. Las autoridades colombianas mantuvieron un seguimiento constante a las condiciones costeras tras el evento, asegurando que no existía riesgo para la población. El Servicio Geológico Colombiano también confirmó la magnitud del sismo y su ubicación, proporcionando información actualizada a través de sus canales oficiales. La noticia se difundió a través de medios locales y redes sociales, destacando la labor de las entidades gubernamentales en la gestión de emergencias y la transparencia en la comunicación con la ciudadanía.

La exasesora de Verónica Alcocer, Eva Ferrer, reveló en una entrevista con Semana detalles sobre los problemas que atravesó la relación entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer antes de su separación. Según Ferrer, la pareja enfrentó varias crisis durante la campaña presidencial de 2022 y en los primeros meses de gobierno, marcadas por una dinámica de celos, discusiones y conflictos familiares. Ferrer explicó que Petro y Alcocer permanecieron juntos durante la campaña y al inicio del gobierno, pero no estaban libres de dificultades. La exasesora señaló que las tensiones venían de tiempo atrás y que la relación era compleja, con reacciones de celos por parte de Alcocer cuando Petro hacía su vida, lo que llevaba a amenazas de separación. Además, Ferrer mencionó que Petro le había reprochado a ella haber atentado contra "la madre de mis hijos" después de la publicación de audios, lo que reflejaba la importancia que el mandatario daba al vínculo familiar. La exasesora también destacó que Alcocer había chantajeado a Petro con sus hijas, según su interpretación. Estas declaraciones ofrecen una visión interna de los conflictos privados de la pareja, aunque no establecen las causas definitivas de la separación. Petro, por su parte, en octubre de 2025, había reconocido que Alcocer se encargaba del cuidado de sus hijas y agradeció su rol como madre. La noticia se enmarca en el contexto de las relaciones personales del presidente y sus implicaciones en su mandato, reflejando la complejidad de su vida privada y pública.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un temblor de magnitud 3,8 en la madrugada del sábado 10 de octubre de 2026, con epicentro en el municipio de Filadelfia, departamento de Caldas. El movimiento sísmico ocurrió a las 12:46 a.m. y tuvo una profundidad de 106 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo de foco profundo. Según el boletín oficial, este tipo de sismos suelen tener efectos menos intensos en la superficie debido a su gran profundidad, aunque pueden ser percibidos en varias localidades cercanas. Los reportes de percepción indican que el temblor fue sentido en ciudades como Medellín, Dosquebradas, Manizales, Armenia, Quindío, El Cairo (Valle del Cauca) y Supía y Anserma (Caldas). El SGC invita a las personas que percibieron el movimiento a reportarlo a través de su plataforma en sismosentido.sgc.gov.co, lo que ayuda a complementar el monitoreo sísmico oficial. Aunque el sismo no generó daños significativos, su profundidad y ubicación son importantes para el análisis geológico y la prevención de futuros eventos. El Servicio Geológico Colombiano continúa monitoreando la actividad sísmica en la región, asegurando que no hay riesgo de tsunami para Colombia tras este evento. Este reporte se suma a otros sismos recientes en la zona, incluyendo uno en Panamá que generó preocupación en la región. La información proporcionada por el SGC es clave para entender la actividad tectónica en Colombia y para orientar a la población sobre cómo actuar ante futuros movimientos sísmicos.

El artículo critica al director del Instituto Caro y Cuervo, Vélez, por su enfoque superficial de la literatura, reemplazando el análisis riguroso por afirmaciones preconcebidas. Se señala que la literatura debe analizarse con maestría desde diversas perspectivas, como lo hicieron T.S. Eliot, Michel de Certeau o Paul Ricoeur, en lugar de reducirla a ideas decorativas. El autor, Gabriel Rudas, director de Programas Académicos de Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana, destaca que el Instituto ha mantenido rigor académico desde sus inicios, independientemente de los ideales políticos de sus directores. Vélez, antes de su nombramiento, había acusado al Instituto de ser un 'fortín de propaganda comunista', sin aportar evidencia ni descripción de lo que sería ese 'marxismo cultural'. El artículo subraya que el director de un instituto debe informarse sobre lo que ocurre en el lugar donde trabaja, especialmente cuando se trata de un centro de investigación literaria. Se critica la falta de rigor intelectual de Vélez, quien prioriza posturas ideológicas sobre el análisis académico.

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde del viernes 9 de octubre provocaron múltiples emergencias en Medellín, Colombia. Según el Sistema de Alerta Temprana (Siata), la quebrada La Iguaná alcanzó el nivel de riesgo naranja en el sector de Los Colores, lo que generó inundaciones en vías y afectaciones en varias viviendas. Los habitantes de la parte baja de la cuenca realizaron una autoevacuación preventiva hacia zonas seguras ante la activación de la alarma comunitaria. Las unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín se trasladaron al lugar para evaluar las condiciones y establecer posibles afectaciones. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) reportó que el Sistema de Emergencias 123 recibió 420 llamados relacionados con las precipitaciones. Entre las emergencias atendidas se encontraron diez casos de caída de árboles, cuatro reportes por deterioro estructural y daños en techos, además de inundaciones puntuales en vías públicas. Hasta el momento del informe, no se reportaron personas lesionadas. El alcalde Federico Gutiérrez indicó que más de 200 personas estaban desplegadas en los puntos críticos de la ciudad y que la comisión social fue activada para evaluar la situación de las familias afectadas. En materia de movilidad, se habilitó el paso en la glorieta de Monterrey y en la avenida 80 con la loma de Los Bernal, donde continuaban las labores de limpieza con maquinaria y equipos vactor. En la avenida Guayabal con la calle 2 Sur se atendían caídas de árboles y postes, mientras EPM trabajaba para restablecer el servicio de energía. En la parte alta del corregimiento Altavista también se reportaron deslizamientos sobre vías públicas. La Alcaldía confirmó que el DAGRD y los organismos de socorro mantienen el monitoreo de las zonas de riesgo y recomendaron a la ciudadanía reportar cualquier emergencia a través de la línea 123. El artículo incluye videos que muestran el desborde de la quebrada La Iguaná y el caos generado por las intensas lluvias en la ciudad.

El artículo analiza las preocupaciones sobre un proyecto de estatuto antiterrorista en Colombia, destacando que el gobierno no debería aprovechar un miedo legítimo para aprobar un régimen que no está respaldado por evidencia y cuyos costos han sido documentados por más de 20 años. El autor, Sebastián Escobar Uribe, abogado y presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, señala que en un país donde ya se han llamado terroristas a sindicalistas, campesinos y defensores, una definición amplia de terrorismo es una invitación a repetir historias pasadas de abuso. El artículo menciona que el gobierno ya cuenta con un escenario para enfrentar a las organizaciones detrás de la violencia: la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el Acuerdo de Paz, que tiene a su cargo la política de desmantelamiento de organizaciones criminales que atentan contra defensores, movimientos sociales y firmantes de paz. El autor argumenta que lo mínimo es que la pertinencia del estatuto se discuta en esta comisión antes de avanzar, para que la respuesta a los grupos armados se construya con quienes han sido sus víctimas y no termine dirigida contra ellos. El artículo concluye que el proyecto no solo es una respuesta desproporcionada a una problemática real, sino que representa un riesgo para la democracia y la ciudadanía, al desdibujar la frontera entre el delito y el ejercicio legítimo de derechos, con una definición que convierte a todos en potenciales terroristas, una lista que sanciona sin posibilidad de defensa previa y restricciones judiciales y penitenciarias que afectan las garantías del debido proceso. El autor advierte que el estatuto antiterrorista podría ser una herramienta para perpetuar abusos históricos en lugar de abordar la violencia de manera justa y efectiva.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un movimiento telúrico de magnitud 5.1 en Tonosí, Panamá, durante la noche del viernes 9 de octubre de 2026. Este evento sísmico ocurrió a las 9:26 p. m. hora local, con una profundidad superficial, según el boletín publicado por la entidad. El epicentro del sismo fue ubicado en Tonosí, provincia de Los Santos, en Panamá, ubicación que coincide con la zona afectada por un terremoto principal de magnitud 7.7 que sacudió el país anteriormente ese mismo día a las 12:56 p. m. El movimiento sísmico de magnitud 5.1 se registra como una réplica del terremoto principal, que provocó daños en viviendas, infraestructura y edificios históricos en Panamá. Entre las afectaciones reportadas se menciona el colapso del Hotel Dos Continentes en Coclé, daños en iglesias y construcciones históricas, así como lesiones menores en estudiantes y una persona rescatada en Aguadulce. Aunque el SGC no confirmó afectaciones directas en la población, las reacciones en redes sociales reflejaron la preocupación de los ciudadanos, quienes expresaron su estrés ante la continuidad de los temblores. La noticia destaca que el registro del sismo de magnitud 5.1 corresponde a un evento sísmico internacional incluido en los reportes del SGC, lo que indica que Panamá, aunque no es parte del sistema de monitoreo colombiano, es incluido en los reportes internacionales por su cercanía geográfica. Los datos proporcionados por el SGC permiten identificar la hora, magnitud y ubicación del movimiento, pero no confirman los efectos en las poblaciones cercanas. La información se complementa con el contexto del terremoto principal de magnitud 7.7 que ocurrió en la mañana del mismo día, el cual dejó un balance preliminar de daños en infraestructura y afectó a varias zonas del país. Las autoridades han anunciado medidas de emergencia, incluyendo subsidios de arriendo, albergues y revisiones estructurales para las viviendas afectadas, así como un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m. y la suspensión de clases durante la semana. El SGC continúa monitoreando la situación y actualizando los reportes, mientras la población mantiene una actitud de alerta ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Luego de que un vuelo de Avianca que salió de Rionegro con destino a Nueva York sufriera turbulencias severas, una pasajera, María Alejandra Mesa Munévar, relató los momentos críticos que vivieron los pasajeros. El avión, que despegó a las 8:40 p.m. del jueves, debió aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Miami a las 3:30 a.m. debido a las intensas turbulencias. Durante el vuelo, una mujer que se encontraba en el baño resultó gravemente herida al ser desplazada por el pasillo central debido a los movimientos bruscos del avión. La pasajera destacó que la mujer, quien permaneció inmóvil tras el incidente, decía 'mi cuello, mi cuello' mientras otros pasajeros presentaban heridas, como un joven con una herida en la cabeza. El Departamento de Bomberos de Miami-Dade confirmó que ocho personas fueron trasladadas a centros asistenciales. La tripulación actuó con rapidez, proporcionando hielo para los golpes mientras el avión se estabilizaba. Aunque la pasajera expresó que el episodio la dejó marcada, logró continuar su viaje y reunirse con su esposo en Nueva York. La información fue proporcionada por María Alejandra Mesa Munévar, quien destacó que la tripulación no ofreció explicaciones durante los momentos críticos, limitándose a informar que debían aterrizar en Miami por 'quemar gasolina'.

El 9 de octubre de 2026, Colombia anunció su adhesión al Consenso de Ginebra, una coalición de más de 40 Estados que sostiene que no existe un derecho internacional al aborto. El embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, explicó que esta adhesión no tiene efectos jurídicos, sino políticos, por lo que no modifica la sentencia C-055 de 2022 que despenalizó el aborto hasta las 24 semanas. Además, Colombia se desmarcó del concepto 'derechos sexuales y reproductivos' en la ONU. En otro tema, la Corte Suprema de Justicia liberó a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y de la Cámara, por vencimiento de términos en el caso de la Ungrd, donde enfrentaban cargos por cohecho impropio y peculado por apropiación. Los investigadores Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes recibieron $4.000 millones en sobornos en octubre de 2023, fueron trasladados a La Picota por el Inpec. Asimismo, el exsenador Juan Carlos Vélez Uribe será nombrado embajador de Colombia en Ecuador, tras haber sido director de la Aerocivil con Álvaro Uribe y apoyar a Abelardo de la Espriella en las elecciones de 2026. La Cancillería también prepara el nombramiento de Juan Carlos Gossaín como embajador en Francia. En el ámbito internacional, la jurista sudafricana Navi Pillay, de 85 años, ganó el Premio Nobel de Paz 2026 por su labor en la persecución judicial de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Fue jueza de la Corte Penal Internacional y Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, visitando Colombia en 2008 y 2013. Por otro lado, el gobierno radicó una urgencia en el Congreso para adicionar $2,7 billones al Presupuesto de 2026, provenientes de alivios tributarios del decreto 1419, destinados al Fondo Milagro para atender el terremoto y a la Superintendencia de Servicios Públicos para cubrir deudas de Air-e con generadoras. El Fondo arranca con $1 billón y su gerente será Jaime Uribe. Estos acontecimientos marcan un día clave en la agenda política y diplomática de Colombia en 2026.

Medellín, Antioquia, sufrió este viernes 9 de octubre un impacto significativo por fuertes precipitaciones que provocaron el desbordamiento de tres quebradas, afectando al menos 200 viviendas y generando caos vehicular en la ciudad. Según el reporte preliminar, la quebrada La Iguaná registró los niveles más críticos, obligando a los habitantes del sector a autoevacuarse debido al crecimiento del nivel del caudal y las inundaciones en varias viviendas. Un hombre de 62 años fue rescatado tras ser arrastrado por la corriente de La Iguaná. Además, se reportaron al menos 10 árboles caídos en diferentes puntos de la ciudad, lo que provocó colapsos en la movilidad, especialmente en avenidas como Las Vegas y Guayabal. El alcalde encargado de Medellín, junto con el secretario de Seguridad Manuel Villa Mejía, informó que más de 200 personas trabajaban de manera coordinada en los puntos críticos para atender la emergencia. Las labores incluían la rehabilitación de la movilidad, el restablecimiento del servicio de energía en sectores afectados por la caída de postes de luz y la remoción de restos y material derivado de las lluvias. Se espera que en la mañana del sábado 10 de octubre se emita un balance consolidado sobre las afectaciones y lesionados. Las autoridades destacaron que el nivel de la quebrada La Iguaná había bajado, pero que las labores de acompañamiento y recuperación continuarían durante toda la noche. El evento climático, que se suma a otros reportes de lluvias intensas en la región, ha generado preocupación por la infraestructura y la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas en la ciudad.

El gobierno de Colombia, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, ha presentado un borrador de 116 páginas del estatuto antiterrorista, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra grupos armados y organizaciones terroristas. Este documento propone la creación de nuevos delitos, la ampliación de penas existentes y la implementación de un registro nacional de grupos señalados como terroristas. Una de las medidas más relevantes aborda la minería ilegal, vinculándola directamente con el financiamiento de actividades terroristas. El texto señala que los ingresos generados por la explotación ilegal de minerales, especialmente oro, podrían estar siendo utilizados por organizaciones terroristas, lo que justifica la necesidad de un sistema de trazabilidad para identificar el origen y recorrido de estos recursos. Según cifras del Ejército, la minería ilegal de oro generó en 2025 ingresos superiores a 22.000 millones de dólares, lo que evidencia la magnitud del problema. El borrador también contempla sancionar a quienes facilitan la minería ilegal mediante la provisión de maquinaria, insumos, transporte y comercio de minerales. Sin embargo, expertos advierten que estas medidas podrían afectar negativamente a personas en proceso de formalización minera, quienes podrían ser injustamente incluidas en las sanciones. El gobierno defiende que esta legislación es necesaria para cortar las fuentes de financiación ilícita que alimentan a los grupos criminales, pero se requiere un cuidadoso análisis para evitar impactos colaterales en la economía formal y en la población afectada por la minería ilegal. La propuesta se enmarca en una política de 'mano dura' que busca consolidar la seguridad nacional y combatir la violencia en el país.

Un ataque contra unidades de la Policía y el Ejército se registró durante la noche del viernes 9 de octubre en el sector Mi Bohío, sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Timbío, en el departamento del Cauca. Según reportes de Caracol Radio, el hecho ocurrió en el momento en que se presentó una fuerte balacera contra integrantes de la Fuerza Pública. Las primeras informaciones indican que tres uniformados resultaron heridos, aunque no se han precisado detalles sobre su estado de salud ni se han confirmado las identidades de las personas lesionadas. Además, se mencionó en un boletín inicial la posible muerte de un integrante del Gaula Militar, dos policías heridos y la captura de al menos siete presuntos responsables, pero estos datos aún requieren confirmación por parte de las autoridades. Las autoridades están neutralizando explosivos y evacuando a decenas de personas en la zona tras el ataque. Hasta el momento, no hay elementos suficientes para atribuir el ataque a una organización armada específica ni para establecer con certeza cómo se desarrollaron los hechos. El incidente se produce en un contexto de persistente riesgo en zonas de conflicto en Colombia, donde las mujeres líderes y las comunidades locales enfrentan amenazas constantes. La noticia se desarrolla en un momento en que el gobierno está presentando un borrador de estatuto antiterrorista con medidas más estrictas contra la minería ilegal en el país. El atentado en Cauca refleja la complejidad de la situación de seguridad en la región, donde la presencia de grupos armados ilegales continúa siendo un desafío para las fuerzas de seguridad. Los detalles sobre el ataque, incluyendo el uso de explosivos y la posible participación de un taxi bomba, están siendo investigados por las autoridades. El incidente ha generado preocupación en la comunidad local y en el gobierno, que ha reforzado la seguridad en las carreteras del Cauca y otras zonas críticas. La información sobre el ataque sigue en desarrollo, y se espera que las autoridades proporcionen más detalles en las próximas horas.

Durante el fin de semana previsto para el retorno masivo de viajeros tras la semana de receso escolar, las autoridades del Tolima han implementado un operativo especial de tránsito que incluye la presencia de cerca de 60 unidades en 15 puntos estratégicos del departamento. Este operativo, que se extenderá hasta el domingo, busca reducir los siniestros viales y controlar la movilidad en zonas identificadas por alta incidencia de accidentes. Los puntos críticos incluyen Cajamarca, así como los municipios del sur del departamento como Natagaima, Saldaña, Guamo y Purificación, y en la región norte los municipios de Armero-Guayabal, Lérida y Cambao, además del corredor entre Murillo y Manizales. Las autoridades utilizarán radares móviles para monitorear la velocidad de los vehículos, señalización temporal con conos y balizas para guiar a los conductores, y mantendrán presencia permanente en zonas de alto riesgo. La Secretaría de Tránsito del Tolima ha alertado sobre el impacto de las lluvias en la circulación vehicular, señalando que las precipitaciones pueden causar pérdida de adherencia en la vía y disminuir la visibilidad, aumentando el riesgo de accidentes. Por esta razón, instan a los conductores a reducir la velocidad en condiciones climáticas adversas, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones de los agentes. Quienes no acaten las normas podrán recibir comparendos. El operativo se enmarca en la necesidad de garantizar la seguridad de los viajeros durante una temporada de alto flujo vehicular, característica de los retornos escolares. Las autoridades han enfatizado que la colaboración ciudadana es clave para prevenir accidentes y facilitar el flujo de tráfico en las vías del Tolima.

El Gran Fondo Nairo Quintana Fest, evento ciclístico que se llevará a cabo en Cartagena de Indias del 8 al 12 de octubre de 2026, generará importantes modificaciones en la movilidad de la ciudad. La Alcaldía de Cartagena y la organización del evento han anunciado un Plan de Manejo de Tránsito para ordenar el tránsito ante la llegada de 10.600 participantes provenientes de 21 países. Entre los participantes se encuentran 6.900 ciclistas de ruta, 3.100 atletas a pie y 300 deportistas de ciclismo de montaña (MTB). El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (DATT) ha establecido una serie de cierres viales y desvíos que comenzarán el jueves 8 de octubre a las 6:00 a.m. y finalizarán el lunes 12 de octubre a las 12:00 p.m. Los principales cierres incluyen el Corredor Histórico, que permanecerá cerrado durante todo el período del evento. Para el sábado 10 de octubre, se programarán restricciones en la Carrera 1A de Bocagrande, Diagonal 1ª desde la carrera 3 hasta el Club Cartagena, y calles 4 y 5 del barrio Castillogrande. Además, se habilitará un carril para residentes en el barrio El Laguito entre la calle 4 y la carrera 3. El domingo 11 de octubre se implementará un contraflujo en la avenida Santander desde las 4:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., extendiéndose hasta el retorno de Las Ramblas. Para quienes necesiten desplazarse desde Crespo hacia Bocagrande, se ofrecerán dos alternativas: tomar el contraflujo a la altura del puente de Marbella o desplazarse por el puente Romero Aguirre hacia la carrera 17 de Canapote, luego a la carrera 14 de Torices, continuando por la calle de la Media Luna y tomando la avenida Blas de Lezo en dirección a Bocagrande. Estas medidas buscan garantizar la seguridad y fluidez del tráfico durante el evento, que atraerá a miles de participantes y espectadores a la ciudad costera.