La Corte Constitucional confirmó que las corridas de toros en Colombia terminarán en julio de 2027, según la ley 'No más Olé' aprobada en 2024. Sin embargo, el decreto 0703 de julio de 2026, firmado por el expresidente Gustavo Petro, ha generado una nueva disputa legal. Este decreto prohíbe el uso de elementos puntiagudos como banderillas, picas y puyas durante las corridas, además de obligar a retirar al toro si presenta lesiones evidentes. Los taurinos argumentan que estas medidas imposibilitan la realización de las corridas, incluso antes de la fecha establecida por la ley. Germán Darío Aguirre, un defensor de la tauromaquia, explicó que el decreto 'mata la fiesta brava antes de lo que se había establecido por ley', y que no es posible cumplir con el reglamento taurino bajo estas condiciones. Los taurinos están pidiendo que el Gobierno derogue el decreto, ya que consideran que afecta la tradición cultural y económica de ciudades como Manizales, donde las corridas son parte fundamental de las festividades. Además, señalan que no hay presupuesto ni planes de reconversión para los trabajadores del sector, como toreros, rejoneadores y monosabios, ni para convertir las plazas de toros en espacios culturales. Aguirre sugiere posponer la prohibición hasta 2030 para permitir una adecuada reconversión del sector. Por otro lado, los animalistas han celebrado las medidas que terminarán con las corridas de toros, considerando que estas prácticas son crueldad animal. La disputa legal continúa, con los taurinos buscando una solución rápida para evitar que se suspendan las actividades en las próximas temporadas, especialmente en Manizales, donde se espera el festival 'Toros y Ciudad' en octubre.

En el municipio de Sevilla, en el departamento del Valle del Cauca, se registró una masacre el 30 de septiembre de 2026 que cobró la vida de tres personas: los hermanos Joaquín y Duván Osorio Gómez, y el patrullero Óscar Daza Tutistar. El hecho ocurrió en el bar Nebraska, ubicado en el barrio El Carmen, frente a la plaza de mercado. Según las autoridades, los sicarios armados en moto irrumpieron en el local a las 6:43 de la tarde, disparando directamente a las víctimas sin mediar palabra. Las heridas en la cabeza de las tres personas indican una ejecución selectiva y coordinada. Los hermanos Osorio tenían antecedentes judiciales, uno por préstamos 'gota a gota' y otro por lesiones personales. El patrullero Daza, de 31 años, estaba de descanso y vestía de civil. Las investigaciones buscan determinar si existía un nexo previo entre las actividades de los Osorio y el patrullero, o si el destino los reunió antes del ataque. La Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana (AT 025/24) sobre la disputa entre estructuras armadas ilegales por el control territorial y las economías ilícitas en Sevilla. La Alcaldía convocó un consejo de seguridad extraordinario y se decretó la conformación de un grupo de inteligencia élite para capturar a los responsables. Además, se activaron líneas de denuncia segura para recibir información ciudadana. La violencia en Sevilla se enmarca en un contexto de homicidios selectivos, amenazas y extorsiones ligados a las sospechas sobre el lavado de activos de organizaciones criminales. En la zona operan el frente 57 'Yair Bermúdez', las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (EGC/clan del Golfo) y diversas bandas delincuenciales. La comunidad recuerda el trágico evento en el bar Nebraska, donde la tranquilidad del pueblo se vio interrumpida por el ataque.

El texto presenta una carta escrita por un líder comunitario del municipio de Planadas, en el sur del Tolima, que expone su visión sobre el conflicto armado, la paz y el desarrollo territorial. El autor destaca que su territorio no tiene cultivos ilícitos y se ha enfocado en el café como principal actividad económica, siendo reconocido por tener el mejor café del mundo en Planadas. Explica que, ante la presencia de grupos armados que intentan interferir en sus reuniones, la comunidad les ha dicho que no los necesitan y que se vayan, lo que demuestra que cuando el gobierno tiene el apoyo de la población, estos grupos se vuelven irrelevantes. El líder también menciona que el conflicto ha dejado heridas en los territorios, pero también ha generado espacios de resiliencia, fortaleciéndose a través de diálogos y encuentros comunales. Destaca la importancia de las Juntas de Acción Comunal como estrategia organizativa principal para el desarrollo social desde el escenario veredal. El municipio de Planadas es presentado como un ejemplo de democracia, donde se valora el voto y la elección de gobernantes, y se destacan sus procesos de asociatividad, escuelas de formación campesina y escuelas de paz. El alcalde, un joven que ha sabido trabajar y empoderar a las comunidades, ha permitido que los líderes y lideresas hablen con propiedad sobre lo que tienen y quieren fortalecer en su territorio. La carta refleja una visión positiva del proceso de paz y del desarrollo comunitario en un territorio que ha logrado superar los efectos negativos del conflicto armado.

La Policía Nacional de Colombia detuvo en el departamento de Antioquia a Arash Ebrahimi Far, identificado como alias 'Ash', ciudadano australiano-iraní que tenía una circular roja de Interpol por delitos de tráfico de drogas y lavado de activos. La captura ocurrió en el municipio de Copacabana, Antioquia, mientras el individuo se recuperaba de una herida por arma de fuego en un hospital público. Según el reporte oficial, Ebrahimi Far intentaba salir del centro asistencial para evitar el cerco de las autoridades. Las circunstancias alrededor de la herida aún están bajo investigación, por lo que no se han revelado detalles adicionales. La operación fue llevada a cabo por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) en colaboración con la Policía Federal Australiana (AFP). Tras su captura, Ebrahimi Far fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para adelantar los trámites judiciales y administrativos que definirán si será extraditado a Australia. El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, indicó que 'Ash' sería uno de los principales líderes de una organización mafiosa dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y lavado de dinero. Según el oficial, esta estructura criminal tiene capacidad para mover grandes volúmenes de drogas, manejar considerables cantidades de dinero en efectivo y mantener arsenales de armas de fuego. Para evitar ser detectados, los miembros de la red coordinaban sus acciones a través de plataformas de comunicación cifrada. Las investigaciones han permitido establecer que Ebrahimi Far estuvo oculto en Colombia desde diciembre de 2018, desde donde lideró las actividades ilícitas de su organización hacia otros países. La Fiscalía General de la Nación es ahora responsable de los trámites judiciales para determinar la extradición del capturado a Australia, país que considera a Ebrahimi Far un objetivo de alto valor dentro de las redes de crimen transnacional.

Bruce Mac Master, quien ocupaba la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), confirmó su salida del cargo mediante una carta dirigida a la Junta de Dirección General, afiliados, funcionarios y colaboradores de la entidad. En su comunicación, el empresario explicó que tomó la decisión tras una 'profunda reflexión' y que ya había informado su retiro a la Junta de Dirección General. Mac Master señaló que su retiro no fue una decisión sencilla, ya que inicialmente se esperaba que la Andi trabajara en conjunto con el Gobierno para abordar los problemas del país y promover iniciativas económicas. Sin embargo, en las últimas semanas surgieron 'circunstancias inesperadas y preocupantes' que afectaron la capacidad de la Asociación para actuar con autonomía y libertad. El dirigente detalló que tanto él como la Junta de Dirección General y la Mesa Directiva intentaron encontrar una solución a la situación, realizando esfuerzos para mantener los canales de diálogo y buscar acuerdos. A pesar de estos intentos, no fue posible alcanzar una solución. Una de las razones principales que expuso para dejar el cargo fue su preocupación por las consecuencias que el conflicto pudiera tener sobre los afiliados y trabajadores de la Andi. 'No puedo permitir que circunstancias externas a la Asociación terminen afectando a sus afiliados, sus libertades o su normal desempeño', escribió en su carta. Además, vinculó su decisión con la importancia de la independencia institucional, las libertades y el diálogo dentro de una democracia, destacando que la Andi debe mantener una actividad gremial 'íntegra, independiente, desprovista de agendas paralelas'. Mac Master agradeció a los empresarios, integrantes de las juntas directivas y trabajadores que lo acompañaron durante su gestión, asegurando que se retira con 'la convicción del deber cumplido' y destacando que la Asociación es más grande que cualquier persona que haya estado al frente de ella. Finalmente, manifestó que continuará trabajando por Colombia, sus instituciones, las libertades y la democracia desde una nueva etapa.

En Barranquilla, dos tiendas tradicionales con más de 30 años de trayectoria en el barrio Lucero han decidido cerrar definitivamente debido a la presión de grupos criminales que exigían pagos de extorsión. Según información proporcionada por Alejandro Duarte, directivo de la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco) en Barranquilla, los negocios 'El Pitufo' y 'La Legal', que llevaban más de 30 y 40 años respectivamente en el mismo sector, bajaron sus esteras tras no poder resistir las amenazas y presiones de las bandas delincuenciales. Este cierre se suma a una tendencia preocupante en la ciudad, donde más de 300 establecimientos cerraron en 2025 y la cifra continúa aumentando en lo que va de 2026. Orlando Jiménez, vicepresidente de Undeco, destacó que entre el 70% y 80% de los comerciantes no denuncian los casos de extorsión por miedo a represalias, lo que hace que las cifras oficiales subestimen la magnitud del problema. En septiembre, una tienda del barrio El Silencio cerró tras presuntas amenazas, y en abril, la última tienda de Villa Blanca cerró tras ser acosada por tres bandas distintas. En el suroriente de Barranquilla y en Soledad, panfletos amenazantes y mensajes intimidatorios han circulado, llevando a varios negocios a cerrar de manera preventiva. Entre los grupos señalados se encuentran Los Costeños, Los Pepes y La Nueva Generación (Los Frescos). Undeco denunció que en los últimos siete años más de 500 negocios han cerrado en Barranquilla y su área metropolitana por extorsión. En lo que va de 2026, la Policía Nacional ha capturado a 330 personas por extorsión y delitos relacionados, con 323 bajo medida de aseguramiento. Las autoridades han reforzado operativos en zonas comerciales y sectores estratégicos, y piden a la ciudadanía denunciar cualquier caso de extorsión a través de la línea 165 del Gaula o la Línea Contra el Crimen (317 896 5523). La Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla (Asocentro) reporta pérdidas de hasta el 60% en ventas debido a la inseguridad, lo que refleja el impacto profundo que la extorsión está teniendo en el tejido comercial local.

La Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), entidad mixta adscrita al Ministerio de Hacienda con un presupuesto de $2,6 billones, ha nombrado a María Paula Tejada como nueva presidenta. Según la información proporcionada, Tejada es economista y magíster en educación, exsecretaria de Hacienda en la Gobernación de Córdoba bajo el gobierno de Erasmo Zuleta, y exgerente comercial del Banco de Occidente. Su nombramiento se debe a su cercanía con el presidente Abelardo de la Espriella, con quien mantiene una relación de amistad desde 2025, y también con el senador conservador David Barguil. Tejada fue una de las líderes de la campaña presidencial de Abelardo en Córdoba, y también sirvió como enlace en el Caribe para la campaña de Barguil en 2022. Su esposo, Salin Ghisays, fue jefe de debate de la campaña de Barguil al Senado, y el senador le dedicó palabras de agradecimiento tras su victoria. Findeter es una entidad clave en el gobierno de Petro, ya que ejecuta contratos interadministrativos con otras entidades como Invias. La noticia destaca que, aunque el nombramiento se atribuye a la cercanía con el presidente, también refleja vínculos con el senador Barguil, lo que sugiere una posible influencia política en la designación. La Silla Vacía, medio que publica la noticia, es un medio de periodismo independiente que ha vigilado el poder regional y nacional durante 17 años. La noticia se publicó el 1 de octubre de 2026, con un artículo escrito por Ever Mejía, periodista especializado en temas políticos del Caribe.

La seguridad vial de Bogotá enfrenta un panorama preocupante con un aumento significativo en las muertes de motociclistas. Según datos preliminares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el primer semestre de 2026 registró 368 fallecidos por siniestros viales en la capital, un incremento del 29,6 % respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 284 muertos. Las motocicletas representan el 47 % de los decesos en accidentes viales, consolidándose como el vehículo con mayor cantidad de víctimas fatales. En este contexto, un estudio realizado por universidades brasileñas y el Instituto Cordial, con apoyo de Vital Strategies, analizó la implementación del Carril Azul en São Paulo, una franja preferencial para motociclistas sin separación física. Los resultados mostraron que en las intersecciones donde se implementó este carril, los siniestros mortales con motociclistas aumentaron entre el 100 % y el 120 %, sin que se observara una reducción consistente en siniestros con heridos ni fuera de cruces. El estudio reveló que casi el 96 % de los motociclistas excedían el límite de velocidad de 50 km/h en estos carriles, lo que sugiere que la infraestructura diseñada para organizar el tránsito terminó incentivando velocidades peligrosas. La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá señala que la velocidad es el principal factor de riesgo para los motociclistas, por lo que las soluciones deben enfocarse en gestionar la velocidad de todos los vehículos, no solo en crear espacios específicos. Elementos como resaltos parabólicos y cámaras han demostrado reducir las muertes, según análisis de la administración distrital y un estudio de WRI que estimó una baja de hasta 30 % en fallecidos. Además, los repartidores en moto, incentivados por completar más entregas en menos tiempo, corren mayores riesgos, lo que plantea límites a las soluciones tradicionales y sugiere la necesidad de reformar condiciones laborales. Los investigadores advierten que cualquier intervención debe ser evaluada en cuanto a su impacto en velocidad, cruces, lesiones y fatalidades, no solo en la organización del flujo. La experiencia de São Paulo sirve como una lección clara para Bogotá: antes de implementar medidas, es crucial analizar su efecto real en la seguridad vial.

Durante un operativo denominado 'Urano' en el sur del departamento del Cesar, las fuerzas conjuntas del Ejército Nacional y la Policía del Cesar lograron la captura de dos individuos identificados como presuntos integrantes del Frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La operación, llevada a cabo en los municipios de Pelaya y Pailitas, permitió la incautación de armas, explosivos, prendas de intendencia, una bandera con insignias del ELN y un total de $30 millones en efectivo cuyo origen se encuentra en investigación. Según las autoridades, uno de los capturados, alias 'Camilo', se desempeñaba en labores de inteligencia y manejo de recursos económicos obtenidos a través de extorsiones a comerciantes y ganaderos, así como de actividades ilegales de extracción de hidrocarburos. El otro detenido, alias 'Sebastián', tendría vínculos directos con actividades ilícitas relacionadas con extorsión, hurto de hidrocarburos y logística de apoyo para el Frente Camilo Torres. Ambos sujetos registran anotaciones en el Sistema de Información Penal de la Fiscalía General de la Nación, aunque no necesariamente cuentan con condenas previas. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para enfrentar cargos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones o explosivos. Las autoridades continúan investigando el origen del dinero incautado y su relación con las actividades ilícitas atribuidas al grupo armado. El Frente Camilo Torres, parte del ELN, mantiene presencia en el sur del Cesar, donde se dedica principalmente a actividades ilícitas como extorsión y extracción ilegal de hidrocarburos, con el fin de financiar sus operaciones en la región. La Fiscalía General de la Nación es la entidad responsable de desarrollar las actuaciones judiciales pertinentes para determinar la situación jurídica de los capturados.

El Centro de Estimulación Multisensorial S.A.S. (CEM), un centro terapéutico en Cali, se ha defendido de las acusaciones de amarrar a un niño de cinco años como parte de un castigo, tras la difusión de un video que mostraba al menor atado a una silla. La institución asegura que la situación fue sacada de contexto y que las imágenes presentan una 'versión parcial, descontextualizada y ajena al verdadero alcance de las intervenciones realizadas' en los procesos terapéuticos. El CEM ha anunciado acciones legales contra la psicóloga Katerine Trujillo Herrera, quien grabó las imágenes y realizaba prácticas en el establecimiento como parte de un programa de maestría. Trujillo Herrera se mantiene firme en su denuncia, afirmando que presenció la misma situación en dos oportunidades y que el método se aplicaba de manera recurrente. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha activado un proceso administrativo para verificar el estado del menor y determinar si hubo vulneración de derechos. La Personería Municipal de Cali ha exigido una investigación rigurosa y celeridad en el esclarecimiento de los hechos, recordando que ningún método de corrección puede vulnerar la dignidad, integridad y derechos fundamentales de los niños. El CEM ha asegurado que respeta el derecho a denunciar, pero cuestiona que las denuncias se conviertan en 'acusación pública' utilizando la imagen del paciente, lo que, según la entidad, vulnera la intimidad del menor y lo expone a una confrontación mediática. La institución ha ofrecido presentar pruebas a las autoridades, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad y expedientes clínicos, para demostrar que las intervenciones eran parte de un proceso terapéutico adecuado. El caso ha generado preocupación en la comunidad, destacando la importancia de proteger los derechos de los niños en centros de atención especializada.

En un intenso cruce durante el programa 'El Debate de Semana', Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), acusó al congresista Daniel Briceño de utilizar 'bots' en plataformas digitales para amplificar sus métricas. Carrillo señaló que Briceño se hizo famoso por 'agentes artificiales que le amplifican las métricas' y lo calificó como 'una farsa, como lo es todo su grupo de agitadores entrenados por los españoles y argentinos'. Briceño respondió con serenidad, destacando que solo tiene una resolución del CNE que certifica que sus votos son reales. El exfuncionario de la UNGRD asumió su cargo en marzo de 2024, en medio de un escándalo por la compra irregular de 40 carrotanques para La Guajira. Su gestión incluyó procesos de reorganización interna y denuncias de corrupción. El 2 de junio de 2026, la Procuraduría ordenó su suspensión preventiva por presunta participación en política, lo que Carrillo calificó como 'desproporcionado'. Presentó su renuncia el 5 de junio de 2026, y el Gobierno aceptó su dimisión mediante el Decreto 0584 de 2026. Posteriormente, Carrillo se unió a la campaña presidencial de Iván Cepeda. Por su parte, Daniel Briceño obtuvo 49.460 votos en las elecciones territoriales de 2023, convirtiéndose en el candidato más votado del Centro Democrático en Bogotá. Su campaña se centró en denuncias sobre contratación pública y fiscalización ciudadana en redes sociales. En el Concejo de Bogotá, Briceño ejerce vigilancia constante sobre la ejecución de recursos públicos y el plan de desarrollo de la Alcaldía Mayor. Este enfrentamiento refleja la creciente importancia de las redes sociales en la política colombiana y la necesidad de transparencia en la gestión pública.

El Distrito de Barranquilla y el Gobierno nacional suscribieron un acuerdo el 1 de octubre de 2026 que permite al Distrito asumir temporalmente la gestión del lado tierra del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. Este acuerdo, firmado tras la aprobación del Concejo distrital del proyecto que autoriza al alcalde Alejandro Char a comprometer $40.000 millones para intervenciones en la infraestructura aeroportuaria, busca acelerar mejoras en áreas críticas como la climatización, la atención a pasajeros, el manejo de equipajes y otros componentes de la terminal. El presidente Abelardo De la Espriella explicó que el aeropuerto continuará siendo propiedad de la Nación, con la Aeronáutica Civil manteniendo competencias sobre la pista, navegación aérea y seguridad operacional. Barranquilla asumirá temporalmente funciones relacionadas con el lado tierra, incluyendo zonas de maletas y espera de pasajeros, mientras que la Nación conservará responsabilidades aeronáuticas. El alcalde Alejandro Char destacó que la ciudad llevaba años solicitando una participación activa en la gestión del aeropuerto debido a problemas recurrentes en climatización y equipos no funcionales, que afectaban la experiencia de visitantes, empresarios e inversionistas. La inversión de $40.000 millones se destinará a resolver estos problemas, ampliar áreas de atención a pasajeros, mejorar el sistema de aire acondicionado y construir nuevas salas para la zona internacional. De la Espriella enfatizó que los resultados deben ser visibles en el corto plazo, con inauguración de zonas mejoradas en pocos meses. La expectativa se centra en el cumplimiento de requisitos técnicos y jurídicos para materializar el nuevo esquema de administración, que busca reflejar la transformación urbana y económica de Barranquilla en su infraestructura aeroportuaria.

La empresa Energua ha anunciado la realización de cortes programados de energía eléctrica en varios municipios de los departamentos del Cesar y Magdalena, los cuales se llevarán a cabo entre el 1 y el 7 de octubre de 2026. Estos trabajos forman parte de labores de mantenimiento y actualización en las redes de distribución eléctrica, afectando tanto zonas urbanas como rurales. Según la información proporcionada, los municipios afectados incluyen Astrea, Chimichagua, San Diego, La Paz y Bosconia en el Cesar, así como Ariguaní, Algarrobo y El Banco en Magdalena. En Astrea, por ejemplo, se interrumpirá el servicio en el circuito Cerro Los Santos el lunes 5 de octubre, entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m., afectando áreas rurales como Finca El Recuerdo, vía al Muñeco en el kilómetro 9, Finca El Amparo y el sector José Antonio Machuca. En Chimichagua, el circuito Chimichagua tendrá trabajos el mismo día desde las 7:10 a. m. hasta las 3:10 p. m., impactando los barrios San José y Cuba en la zona urbana, así como sectores entre carrera 4 y 5, entre calles 16 y 20, y áreas rurales como Plata Perdida, Ojo de Agua y Finca Los Barriales. En Magdalena, el circuito Tres Esquinas en Ariguaní será intervenido el lunes 5 de octubre entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m., afectando sectores como Tres Esquinas, Alto Plano y El Carmen, junto con numerosos predios rurales. El martes 6 de octubre, se realizarán trabajos en el circuito Algarrobo 1 en la zona rural de Algarrobo, específicamente en la Finca La Aguja, entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m., y en el circuito El Desastre en San Diego, afectando áreas como Media Luna, El Paso, El Desastre, Tocaimo, El Rincón, Nuevas Flores y Los Sabanales. El miércoles 7 de octubre se retomarán los trabajos en los circuitos intervenidos anteriormente, con horarios específicos para cada zona. Energua recomienda a los usuarios estar atentos a los horarios anunciados y tomar precauciones durante las suspensiones, reiterando que estas interrupciones corresponden a trabajos programados en las redes eléctricas para garantizar su buen funcionamiento y seguridad.

La Alcaldía de Cali ha implementado el sistema de pico y placa como estrategia principal para reducir la congestión vehicular y disminuir los niveles de contaminación ambiental en la ciudad. Según la Secretaría de Movilidad de Cali, esta restricción es obligatoria para todos los vehículos particulares y se determina según el último dígito de la placa del automotor. Para el segundo semestre de 2026, el cronograma establece que los días viernes, como el 1 de octubre de 2026, los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 tendrán prohibido transitar entre las 6:00 a.m. y 7:00 p.m., horario que abarca las horas pico de tráfico. La normativa incluyó una etapa pedagógica del 1 al 3 de julio de 2026 para familiarizar a los ciudadanos con los cambios, tras lo cual comenzaron a aplicarse comparendos a quienes no respetaran la medida. Las sanciones por circular durante el horario restringido son de quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), además de la posible inmovilización del vehículo. Existen excepciones para vehículos híbridos, eléctricos y aquellos que prestan servicios de emergencia y seguridad. Los conductores que requieran circular sin restricciones pueden optar por pagar la tasa de congestión, que tiene un costo mensual de $462.747 o semestral de $2.313.735, siempre que se realice el pago antes del penúltimo día hábil del mes anterior al periodo solicitado. La Secretaría de Movilidad de Cali actualiza periódicamente el calendario y las excepciones relacionadas con el pico y placa, por lo que se recomienda consultar directamente sus publicaciones para obtener información actualizada.

La Fundación Alejandro Ángel Escobar, reconocida en Colombia por su labor de destacar anualmente los esfuerzos de investigadores e instituciones que contribuyen al avance científico y la protección ambiental del país, otorgó sus premios en su edición 2024. Este año, el galardón destacó investigaciones que abordan desafíos prioritarios para la salud pública y la biodiversidad en Colombia. En la categoría de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el premio fue otorgado al equipo liderado por Jaime Eduardo Castellanos Parra, director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, junto con un grupo de investigadores. Su trabajo se centró en comprender la transmisión de enfermedades asociadas a mosquitos y otros insectos, integrando factores ambientales, sociales y biológicos en su análisis. Esta investigación permitió consolidar una plataforma de investigación sobre afecciones virales como el dengue, fiebre amarilla y chikunguña, mejorando el diagnóstico y vigilancia molecular, y contribuyendo a protocolos nacionales de salud, capacitación profesional y fortalecimiento de capacidades regionales. En la categoría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Fundación reconoció la declaración de la Cordillera Submarina Beata como área marina protegida, un lugar singular del Caribe colombiano con 450 kilómetros de largo y gran diversidad geológica y biológica. Este reconocimiento se basó en una expedición científica de dos meses y la recolección de datos inéditos que fundamentaron su protección bajo directrices oficiales. Por último, en Ciencias Sociales y Humanas, el premio fue otorgado al historiador Santiago Muñoz Arbeláez por su libro 'The New Kingdom of Granada: The Making and Unmaking of Spain’s Atlantic Empire', que analizó la compleja formación del Nuevo Reino de Granada, destacando la influencia española y la participación y resistencia de los pueblos indígenas, como los Pijaos y los Muiscas, en la construcción histórica del territorio. Estos premios reflejan el compromiso de la Fundación Alejandro Ángel Escobar con el avance científico, ambiental y social en Colombia, resaltando investigaciones que abordan problemas críticos y ofrecen soluciones integrales para el bienestar de la sociedad y el medio ambiente.

La propuesta de militarizar Bogotá, especialmente en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, ha generado un intenso debate político y social en torno a la seguridad en la capital colombiana. Según la información proporcionada, la presencia militar en Bogotá ya involucra a más de 10.000 soldados desplegados en acciones conjuntas entre la Policía Metropolitana y la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, lo que ha llevado a la administración distrital a señalar que la entrada de los militares 'no sería una novedad'. El secretario de Seguridad, César Restrepo, enfatizó que la prioridad debe estar en fortalecer la Policía, la investigación criminal y la capacidad judicial, en lugar de recurrir a la militarización. El debate se reavivó tras una solicitud del representante José Jaime Uscátegui al presidente Abelardo de la Espriella para autorizar el despliegue de fuerzas militares en los sectores mencionados, sumándose a una convocatoria de cabildo abierto liderado por el concejal Julián Uscátegui y respaldado por más de 37.000 firmas certificadas por la Registraduría Nacional. Sin embargo, ni el Gobierno Nacional ni el alcalde Carlos Fernando Galán han anunciado formalmente la aplicación de asistencia militar para la ciudad. El Distrito detalla que el Ejército ya participa activamente en la seguridad de Bogotá, cubriendo la jurisdicción con más de 10.000 soldados en patrullajes mixtos, controles territoriales y acciones focalizadas en delitos como homicidios, hurto y tráfico de estupefacientes. Durante septiembre, se realizaron operativos conjuntos en localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y otras, apoyados por policías, miembros del Ejército y la Fiscalía. La legislación colombiana, específicamente el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, define la asistencia militar como un recurso excepcional que debe ordenarse solo en casos de grave amenaza a la seguridad y el orden público. Aunque Bogotá enfrenta graves problemas de seguridad, la decisión de militarizar permanece bajo análisis, privilegiándose la coordinación entre instituciones ya establecidas. Es importante destacar que la militarización implica una presencia permanente y mayoritaria del Ejército en funciones de seguridad interna, mientras que la asistencia militar es un apoyo temporal y excepcional al trabajo de la Policía. En Bogotá, las acciones actuales corresponden a la segunda figura: operativos de apoyo coordinados, no un despliegue militar total. Las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa son las que motivan la petición de militarización, debido a altos índices de homicidios asociados con microtráfico, extorsión y otras economías ilegales. Hechos relevantes, como el asesinato de un funcionario de la Sijín y atentados recientes, han impulsado el debate sobre seguridad y presencia militar en estos sectores.

La Corte Constitucional de Colombia emitió un comunicado oficial en respuesta a las conversaciones presuntamente sostenidas entre el magistrado Vladimir Fernández y Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), cuyos detalles fueron revelados por la revista 'Cambio' el 28 de septiembre. Según la publicación, las conversaciones comenzaron en febrero de 2023, cuando Fernández, en calidad de secretario jurídico de la presidencia, impulsó la designación de López en la Superintendencia de Economía Solidaria, aunque ese nombramiento fue revocado. Posteriormente, López fue designado director de la Ungrd en marzo de 2023. Los mensajes incluyen una reunión presuntamente celebrada el 20 de diciembre de 2023 en el despacho de Fernández, tras la suspensión provisional de López como director de la Ungrd por la Contraloría. También se mencionan otros intercambios, como uno del 28 de diciembre donde Fernández insistía en reunirse, y otro del 9 de enero de 2024 en el que se coordinó un encuentro en el apartamento de Fernández con Irma Solangel Torres Vega, conjuez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y exsocia de Fernández. La Corte Constitucional enfatizó que los magistrados cuentan con presunción de inocencia y deben colaborar con las autoridades competentes en los procesos legales, respetando el debido proceso. Además, aclaró que las decisiones judiciales son producto de un proceso colectivo de deliberación, por lo que situaciones personales de alguno de sus integrantes no afectan la validez de sus fallos ni comprometen la institucionalidad del tribunal. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, manifestó que los chats no bastan para iniciar acciones judiciales formales contra Fernández, ya que no existen indicios claros de delito en dichas conversaciones. La Corte reafirmó su compromiso con la independencia y rigor del alto tribunal, destacando que las decisiones judiciales son colectivas y no se ven afectadas por situaciones personales de sus miembros.

Bruce Mac Master, líder empresarial y presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), anunció su renuncia irrevocable a la presidencia del gremio tras más de 13 años al frente de la entidad. Su decisión se produce en medio de una intensa tensión con el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, quien había ordenado a su gabinete vetar cualquier reunión o diálogo con el dirigente. La renuncia se da tras una serie de eventos críticos, incluyendo la salida de tres grandes empresas del gremio (Incauca, Providencia y Sucroal), así como la decisión de Coca-Cola Femsa de evaluar su salida definitiva de la Andi. En una carta dirigida a la Junta de Dirección General, Mac Master expresó que su decisión no fue sencilla y lamentó que los esfuerzos por mantener un diálogo con el Gobierno resultaran infructuosos. Destacó la importancia de que el Gobierno, el sector productivo y las instituciones trabajen juntos, y expresó su deseo de que su partida abra la puerta a la reconciliación y estabilidad en el sector productivo. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó la dimisión como una decisión interna de la Andi, subrayando la necesidad de mantener flujos de comunicación fluidos entre el empresariado y el Estado. Con la salida de Mac Master, se abre un nuevo capítulo en las relaciones entre el sector privado y el Gobierno, donde la elección de su sucesor marcará el rumbo de cómo navegará el sector frente a la agenda económica impulsada por De la Espriella. El presidente De la Espriella hizo una alocución presidencial para actualizar sobre la situación, aunque no se mencionó específicamente la renuncia de Mac Master en su discurso. La Andi, una de las entidades más influyentes del sector empresarial colombiano, enfrenta un momento crítico tras la deserción de empresas y la tensión con el Gobierno, lo que podría tener implicaciones significativas para la política económica del país.

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar) presentó una propuesta durante la instalación del Congreso Colfecar 2026 que busca eliminar cinco días festivos del calendario nacional a cambio de otorgar cinco días adicionales de vacaciones a los trabajadores. Según Sebastián Echeverry, presidente de Colfecar, los festivos tradicionales generan parálisis operativa en el sector logístico, provocando la pérdida de al menos 24 horas continuas de transporte por cada fecha festiva. El gremio argumenta que con esta medida se lograría un equilibrio donde los empleados ganen más descanso y el país aumente su productividad. Además, Colfecar denunció una crisis estructural en el sector, destacando el asfixiante impacto de la tarifa de autorretención que se triplicó al pasar del 1,1% al 3,5%, afectando directamente los ingresos brutos de las empresas. También se señaló la profunda asimetría en los plazos de pago dentro de la cadena logística, donde los transportadores deben cubrir el 100% de los costos en un plazo máximo de cinco días hábiles, antes de poder facturar al generador de carga. El gremio exigió revisar de urgencia la carga tributaria, los plazos de pago y construir un régimen especial para los conductores, incluyendo soluciones para sus pensiones y jornadas laborales. Además, se pidió sincrar los recursos del fondo de reposición para modernizar al menos 100.000 camiones en los próximos cuatro años, con el objetivo de rescatar la competitividad nacional. La propuesta se enmarca en un contexto de crisis financiera que amenaza la supervivencia de las empresas transportadoras, con demandas específicas para mejorar la liquidez y equilibrar la carga tributaria.

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha publicado el borrador de un decreto para regular las protestas en Colombia, con el objetivo de anticipar y prevenir el resurgimiento de las 'primeras líneas', grupos de manifestantes encapuchados que han sido asociados con actos violentos y delincuencia en movilizaciones anteriores. El decreto, que se encuentra en fase de consulta pública hasta el 4 de octubre, busca equilibrar el derecho a protestar con la seguridad ciudadana, estableciendo protocolos claros para la intervención policial en casos de violencia. Según el ministro del Interior, Rodrigo Lara, el proyecto respeta el derecho a manifestarse pero no tolera actos violentos como el uso de armas, explosivos, artefactos incendiarios, retención de personas o destrucción de infraestructura. El decreto prevé que el diálogo seguirá siendo la prioridad para abordar protestas, pero en casos de violencia grave, la Policía podrá actuar sin esperar a que termine el diálogo. Esto se debe a que, según el texto, si desde el inicio hay armas, explosivos, artefactos incendiarios, retención de personas, agresiones o destrucción de infraestructura, la intervención policial puede iniciarse simultáneamente con el diálogo. El Gobierno justifica el decreto en parte por el contexto político actual, tras el llamado del expresidente Gustavo Petro a movilizaciones sociales para defender sus reformas, lo que ha generado preocupación sobre un posible resurgimiento de las 'primeras líneas'. Petro, en su discurso de posesión, había llamado a los integrantes de las 'primeras líneas' detenidos como 'presos políticos', lo que generó críticas por riesgo de impunidad. El decreto también establece causales para considerar agotado el diálogo, como impedir el paso de ambulancias, afectar servicios hospitalarios, generar desabastecimiento de bienes esenciales, portar armas o agredir a servidores públicos. La oposición ha expresado preocupación de que el decreto pueda ser utilizado para criminalizar protestas pacíficas, argumentando que la calificación de 'acto violento' podría quedar en la subjetividad de las autoridades. Sin embargo, el borrador del decreto es claro al establecer que solo se pasa al siguiente nivel de intervención si el anterior resulta ineficaz. El decreto busca garantizar que las protestas en los próximos cuatro años sean pacíficas, sin sacrificar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este esfuerzo se enmarca en un contexto donde el país recuerda los hechos violentos de las protestas de 2021, en las que las 'primeras líneas' fueron responsables de actos como vandalismo, secuestro y ataques a la fuerza pública, según registros de la Fiscalía. El Gobierno insiste en que el diálogo no se cierra, pero que se actúa contra quienes agreden, respetando siempre el derecho a manifestarse.

La Silla Vacía, medio de comunicación independiente, está ofreciendo una nueva edición del curso 'Cómo sacarle el jugo a la IA: del chatbot a las gemas', con inscripciones abiertas hasta el 1 de octubre de 2026. El curso, dirigido a profesionales y entusiastas de la inteligencia artificial, se desarrollará en cuatro sesiones virtuales de dos horas cada una, comenzando el 13 de octubre. Durante estas sesiones, los participantes tendrán la oportunidad de trabajar con casos reales, aplicar los conocimientos adquiridos a sus propios proyectos y resolver dudas directamente con el equipo del Laboratorio de IA de La Silla Vacía. La inversión para participar en el curso es de $1.300.000, IVA incluido, y todo el material estará disponible durante un año para consulta posterior. El curso busca enseñar a los participantes a utilizar la inteligencia artificial no solo para delegar tareas repetitivas, sino para convertir estas tecnologías en soluciones concretas para su día a día. Además, los participantes saldrán del curso con una biblioteca propia de instrucciones y flujos de trabajo listos para usar. La Silla Vacía, que ha estado vigilando el poder regional y nacional sin importar corrientes políticas durante 17 años, ofrece este curso como parte de su compromiso con la educación y la innovación tecnológica. Para más información o para inscribirse, se puede contactar a través de WhatsApp al (+57) 3215775396 o al correo cursos@lasillavacia.com. Este curso se enmarca dentro de la iniciativa de La Silla Vacía para promover el conocimiento y la aplicación práctica de la inteligencia artificial en diversos ámbitos profesionales.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), presentó su renuncia a la presidencia de la entidad tras varias semanas de tensión con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La decisión se dio a conocer a través de una carta dirigida a la junta directiva de la Andi, en medio de un pulso que el gobierno mantiene abierto con los gremios empresariales. Mac Master, quien había estado en la asociación desde 2013 y tenía el respaldo para continuar hasta octubre del próximo año, había pedido anteriormente frenar una 'sistemática campaña de acciones mal intencionadas' para afectar la reputación de la Andi. El gobierno de De la Espriella había vetado la asociación, aunque no había un documento formal, y circulaban mensajes informales dentro del gabinete sobre el tema. Se especuló que la renuncia se debía a un conflicto por el veto de un bufete de abogados de De la Espriella a la cámara de abogados de la agremiación, o por las millonarias donaciones de la Andi para víctimas del terremoto que no se canalizaron a través de la fundación de la primera dama. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se desmarcó de la decisión y aseguró que se trataba de una decisión autónoma del gremio, aunque el gobierno ya había mostrado movimientos en otras elecciones gremiales, como cuando Carolina Soto salió de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. La renuncia de Mac Master pone a prueba la autonomía de los gremios empresariales y el respeto a la Constitución, que protege la libertad sindical y gremial. El presidente De la Espriella había prometido respetar esta libertad en su primer discurso, pero su gobierno ha mostrado una tendencia a querer una alineación con él, no una relación de colaboración armónica. Los empresarios ahora deben decidir cuánto están dispuestos a arriesgar para defender la autonomía de su gremio, el más poderoso del país. La noticia destaca la tensión entre el gobierno y los gremios empresariales, y cómo esta situación afecta la relación entre el poder ejecutivo y las organizaciones representativas del sector privado en Colombia.

Se cumplen 25 días desde que Sharik Sofía Rivera, una adolescente de 14 años, fue vista por última vez en Ibagué el 6 de septiembre. Su madre, Eva Mercedes Rivera, ha liderado la búsqueda sin descanso desde entonces, a pesar de que no se han obtenido pistas confirmadas sobre su paradero. La familia y las autoridades, incluyendo la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía y el Gaula, han realizado investigaciones exhaustivas, revisando cámaras de seguridad y extendiendo las búsquedas a municipios como Neiva y Huila. A pesar de los avistamientos no confirmados reportados por algunos ciudadanos, las autoridades no han podido verificar ninguna información relevante. La Alerta Rosa, mecanismo nacional para casos de desaparición de menores, permanece activa en este caso. La madre de Sharik ha enfrentado situaciones difíciles, incluyendo llamadas extorsivas que la obligaron a ocultar su número telefónico, además de haber perdido su empleo en Garzón, Huila, para permanecer en Ibagué. Eva Mercedes Rivera continúa pidiendo apoyo al Gobierno Nacional y a la solidaridad de la comunidad para encontrar a su hija, destacando que antes de su desaparición, Sharik nunca había salido sin permiso ni permanecido ausente por tanto tiempo. La noticia destaca la importancia de la Alerta Rosa en la difusión de casos de desaparición de menores y la coordinación entre las autoridades para resolver estos casos. Aunque el caso sigue sin resolver, la familia y las autoridades siguen trabajando para encontrar a la adolescente.

El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa ha aceptado la impugnación presentada por el Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica contra la sentencia que suspendió el piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en la región de Putumayo. Esta decisión implica que el Tribunal Administrativo de Putumayo deberá resolver el caso en segunda instancia. El piloto, que fue ordenado por el Consejo Nacional de Estupefacientes, contemplaba una fase experimental, controlada, limitada y temporal para erradicar cultivos ilícitos en 1.000 hectáreas de la zona. El presidente Abelardo de la Espriella había prometido acabar con más de 300.000 hectáreas de coca mediante erradicación forzosa. Sin embargo, hace una semana, el mismo juzgado había suspendido el piloto tras resolver al menos diez tutelas que cuestionaban los posibles efectos sobre la salud. El ministro de Justicia, Iván Cancino, condicionó la reactivación de las fumigaciones aéreas al cumplimiento de los requisitos establecidos por la Corte Constitucional en 2017, que incluyen evaluar riesgos para la salud y el ambiente, contar con investigación científica rigurosa, demostrar que no hay daños, y garantizar participación comunitaria. El fallo que suspendió el piloto señaló que el gobierno no sustentó varios puntos clave, como si los polígonos escogidos coinciden con zonas de programas de sustitución voluntaria de cultivos y si el piloto es compatible con los acuerdos de sustitución ya firmados. Además, las comunidades campesinas y líderes comunitarios en Puerto Asís han rechazado el plan, exigiendo diálogo con el presidente para conocer la región que no solo produce coca, sino también plátano, cacao, pimienta y asaí. La Silla Vacía ha estado en el Bajo Putumayo para analizar cómo aterriza la nueva estrategia contra las drogas en la región amazónica.

El gobierno de Colombia, liderado por el nuevo ministro de Hacienda Miguel Gómez, ha presentado un plan de ajuste fiscal para el año 2027, que incluye un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para generar liquidez antes de implementar recortes en el gasto público. Según información obtenida por La Silla Vacía con expertos y asistentes a las reuniones del gobierno con inversionistas, el presupuesto propuesto para 2027 asciende a $635 billones, lo que representa un aumento de $59 billones respecto al último presupuesto del gobierno anterior de Petro. El plan se estructura en tres etapas: primero, obtener caja mediante un préstamo del FMI; segundo, reducir el gasto público en un 2,2% del PIB; y tercero, implementar una reforma tributaria para disminuir el déficit fiscal del 9,4% al 7,2%. La descentralización, una de las prioridades del gobierno, quedará para un momento posterior. Además, la noticia destaca otras decisiones clave del día: el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa concedió las impugnaciones contra la sentencia que suspendía el piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo, ordenando enviar el expediente al Tribunal Administrativo del Putumayo; el juez de Riohacha liberó al exgobernador de La Guajira, Hernando Deluque, condenado por peculado, por tercera vez; y el secretario de Seguridad, César Restrepo, rechazó la propuesta de militarizar tres localidades de Bogotá, argumentando que el Ejército ya está presente en esas áreas. Estas decisiones reflejan la complejidad de las políticas económicas y judiciales que el gobierno enfrenta en su primer año de gestión.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) ha intervenido para abastecer de agua un humedal ubicado en el sur de Cali, específicamente en la comuna 17, ante la disminución significativa de su nivel provocada por una intensa temporada seca. Durante la jornada, la entidad utilizó dos carrotanques, cada uno con una capacidad de 22 metros cúbicos, para aportar un total de 44 metros cúbicos de agua al ecosistema. Orlando Barreto, ingeniero de la Dirección de Gestión de la CVC, explicó que el objetivo principal de esta acción es 'alimentar con agua el humedal para favorecer la supervivencia de la fauna acuática y del entorno ambiental'. La medida busca evitar que la reducción del nivel de agua afecte negativamente a la flora y fauna que dependen del humedal, especialmente en un contexto de sequía prolongada. Además, la CVC destacó que el abastecimiento de agua contribuye a elevar los niveles de oxígeno en el ecosistema, un factor vital para contrarrestar los efectos de la temporada seca y proteger la vida de los animales acuáticos. La intervención se suma a la llegada de algunas lluvias durante la semana, que han ayudado a mejorar gradualmente el nivel del humedal, aunque la acción de la CVC busca garantizar que la situación no se agrave y que las especies encuentren condiciones óptimas para sobrevivir. La entidad reiteró la importancia de mantener y mejorar progresivamente las condiciones del humedal para asegurar la supervivencia y el equilibrio ecológico en este espacio natural urbano. Este esfuerzo forma parte de las acciones continuas de la CVC para proteger y preservar los ecosistemas naturales en la región del Valle del Cauca, especialmente en áreas urbanas donde la presión ambiental es cada vez mayor.

El Planetario de Bogotá ha anunciado la agenda para la Semana Mundial del Espacio 2026, que se llevará a cabo del 4 al 10 de octubre de 2026 durante el receso escolar. La iniciativa, organizada en el marco del tema internacional 'Rocket Revolution', busca explorar los avances tecnológicos en cohetería, vehículos espaciales y satélites, destacando su impacto tanto en proyectos espaciales como en herramientas cotidianas para estudiar el universo. La programación incluye una variedad de actividades gratuitas y con boletería, diseñadas para conectar la astronomía con la ciencia, tecnología, literatura y creatividad. Entre las propuestas destacan talleres prácticos como 'Principios de cohetería' y 'SpaceTech – División de Cohetería', que permiten a los participantes experimentar con la aerodinámica y propulsión de cohetes. Además, se ofrecerán charlas interactivas, obras de títeres como 'A la Luna, a las dos y a las tres', que visibiliza los aportes de las mujeres en la astronomía, y proyecciones gratuitas del documental 'Apollo 11' seguidas de conversatorios con representantes del Planetario y la Embajada de Estados Unidos. El evento también incluye actividades familiares como la construcción de relojes de sol, diseño de sistemas planetarios y creación de una nave espacial colombiana. Para los interesados en temas técnicos, se ofrecerán talleres y charlas por el grupo SpaceTech de la Universidad de los Andes, como 'Cómo diseñar una misión satelital' e introducción a la astrofotografía. La agenda contempla espacios de reflexión sobre la paradoja de Fermi, funcionamiento de telescopios y la problemática de la basura espacial. Todas las actividades priorizan el aprendizaje participativo y el acceso a los públicos, con gran parte de ellas sin costo pero con control de aforo, según precisó el Planetario de Bogotá. La Semana Mundial del Espacio 2026 busca fomentar el interés por la exploración espacial y la ciencia entre niños, familias y la comunidad en general, promoviendo la participación en proyectos de ciencia ciudadana relacionados con asteroides y otros fenómenos astronómicos.

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, ha enfrentado directamente al exmandatario Gustavo Petro en un debate económico que ha escalado la tensión política en Colombia. Durante su intervención ante la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) en Bogotá, Restrepo criticó duramente las directrices económicas del gobierno anterior, calificando de 'estúpida' e ideológica la teoría del decrecimiento promovida por Petro. El alto funcionario aseguró que bajo el gobierno de Abelardo De La Espriella se priorizará el sentido común y la racionalidad financiera, en lugar de 'dogmas insostenibles'. Restrepo acusó al gobierno anterior de haber hundido indicadores clave a través de decisiones irracionales, un gasto público desmedido y el desplome de la inversión privada a su punto más bajo en más de cinco décadas. Además, cuestionó la veracidad de las cifras de empleo del pasado gobierno, tildándolas de 'simple burocracia estatal e informalidad precaria'. Petro respondió en su cuenta de X, defendiendo que la teoría del decrecimiento no está diseñada para naciones empobrecidas, sino para economías desarrolladas que buscan frenar el consumo suntuario y la dependencia de hidrocarburos. Argumentó que, sin disminuir los consumos contaminantes a nivel global, lo que se extingue es la vida humana. El choque dialéctico ocurre en un contexto de compleja situación fiscal para el actual Ejecutivo, quien ha calificado las finanzas públicas heredadas como las más críticas de la historia nacional y planea acercamientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para sortear la crisis. El gobierno actual insiste en blindar su gestión apostando al crecimiento, la inversión y la eficiencia estatal frente a lo que califica como los graves errores heredados del pasado. Este debate refleja el abismo ideológico y económico entre ambas administraciones, con el vicepresidente Restrepo marcando claramente la postura del nuevo gobierno en materia económica.

La Secretaría de Movilidad de Cali anunció el regreso de la medida de pico y placa en condiciones habituales a partir del jueves 1 de octubre. Esta decisión busca controlar la circulación vehicular y contribuir a la disminución de emisiones de dióxido de carbono dentro del perímetro urbano de la ciudad. Según la información oficial, el esquema rotativo de restricción aplicará desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. ese día. Los vehículos cuyas placas terminen en 5 y 6 no podrán circular durante ese horario. La primera semana de julio comprendió una etapa pedagógica para informar sobre la nueva disposición, y desde el 6 de julio se comenzaron a imponer comparendos a quienes no respetaran la norma. Además, la alcaldía dispone de la tasa de congestión, un mecanismo alternativo para los conductores particulares que permite circular durante el horario de pico y placa tras pagar una suma correspondiente. Los pagos pueden realizarse mensualmente por $462.747 o semestralmente por $2.313.735, siempre antes del penúltimo día hábil del mes anterior. Los recursos recaudados se destinan a mejorar el Sistema de Transporte Masivo de Cali (MÍO), promover el uso de la bicicleta, optimizar la infraestructura vial y avanzar en la mitigación del impacto ambiental causado por los vehículos automotores. La alcaldía hizo un llamado a los ciudadanos para que presten atención a las restricciones y horarios vigentes, evitando posibles sanciones por incumplimiento de la norma. Es fundamental que los conductores se informen oportunamente sobre los detalles y fechas, considerando alternativas como la tasa de congestión si necesitan movilizarse durante los horarios restringidos.

La construcción del nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá avanza con una fecha de entrega programada para diciembre de 2028, según informó el Distrito y el concesionario Sencia. Este aplazamiento representa un año más de trabajo en comparación con el cronograma inicial, debido a las ampliaciones de capacidad y ajustes técnicos implementados durante la planificación. Actualmente, se están realizando trabajos preliminares como movimientos de tierra y excavaciones en el oriente del estadio actual, que marcan el inicio de la transformación de uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de la ciudad. El nuevo estadio contará con una techumbre retráctil que protegerá la cancha y permitirá albergar distintos tipos de eventos, además de una capacidad que superará los 60.000 espectadores. Entre las innovaciones tecnológicas destacan más de 800 cámaras de seguridad con Inteligencia Artificial, 200 torniquetes con reconocimiento facial, una capacidad de conexión para 90.000 dispositivos y una pantalla LED exterior de 400 metros cuadrados. El diseño adoptará una configuración isóptica para garantizar una visual clara en todas las localidades, mejorando la línea de visión de 52 a 90 milímetros. Además, se implementarán cinco canchas de fútbol alternas para preservar la calidad de la grama y apoyar el mantenimiento del escenario. El sistema de ingreso contará con 200 torniquetes con reconocimiento facial, y la infraestructura incluirá más de 900 unidades sanitarias, pasando de las 274 actuales. El estadio actual continuará funcionando durante la obra, y los costos adicionales serán asumidos por los accionistas del concesionario sin afectar los pagos al Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Estas innovaciones buscan mejorar la experiencia del público, la seguridad y la versatilidad del escenario para eventos deportivos y culturales.

La megacárcel Renacer, ubicada en la zona rural del municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena, se aproxima a su etapa final de construcción luego de años de retrasos y contratiempos presupuestales. De acuerdo con Noticias Caracol, este proyecto, que comenzó en 2021, representa uno de los mayores esfuerzos del país para mejorar la capacidad del sistema penitenciario. Su ejecución ha estado bajo la vigilancia de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entidades encargadas de definir las necesidades técnicas y de seguridad del complejo. Según los reportes oficiales, la megacárcel Renacer tiene un avance de obra cercano al 86 %. Imágenes recientes revelan la magnitud de la construcción, que abarca 22 hectáreas y cuenta con módulos de reclusión, áreas administrativas y espacios diseñados para operaciones penitenciarias de alta seguridad. La infraestructura fue adaptada durante su desarrollo, pasando de una capacidad inicial prevista para 3.500 privados de la libertad a 1.974 cupos, con cerca de 2.000 internos proyectados para la fase inicial de funcionamiento. Estos cambios respondieron a ajustes técnicos que las entidades participantes consideraron esenciales para su adecuada operación. En declaraciones a Noticias Caracol, la gobernadora de Magdalena, María Margarita Guerra, abordó los desafíos enfrentados. El proyecto permaneció paralizado durante cuatro años debido a la falta de recursos asignados por el Gobierno Nacional, y solo recientemente retomó su avance. Este retraso generó un considerable aumento de los costos, que en un inicio se estimaban en 183.000 millones de pesos; actualmente la cifra se acerca al doble, a raíz del deterioro producido por la exposición y la necesidad de nuevas intervenciones técnicas. La cárcel, diseñada para albergar internos de alta peligrosidad, contará con sistemas de control perimetral, vigilancia especializada y estrictas medidas para evitar fugas o incidentes. La mandataria departamental aclaró que, por directriz presidencial, los condenados del Magdalena no cumplirán sus penas en esta sede, que estará reservada para traslados de alta seguridad provenientes de otras regiones. A su vez, las autoridades departamentales avanzan en estudios para garantizar la conectividad y accesibilidad vial del complejo, indispensable para el buen funcionamiento del penal y el ingreso seguro de personal y suministros. Finalmente, la gobernadora enfatizó la importancia de mayor articulación entre la fuerza pública y el Gobierno Nacional para resguardar la infraestructura, que durante años exigió vigilancia militar pese a estar todavía inconclusa. Insistió en que la gran magnitud del complejo lo define como una verdadera megacárcel, pensada para casi 2.000 internos, y cuya apertura está prevista para iniciar de forma gradual a partir de diciembre.

Colombia atraviesa una semana de notables contrastes climáticos en la última semana de septiembre, según el informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). El país se encuentra bajo la influencia de lluvias moderadas y fuertes en amplias zonas, mientras que otras regiones experimentan temperaturas superiores a lo habitual para la fecha. Las regiones Caribe, Andina y Pacífica son las más afectadas por las precipitaciones, con una alta probabilidad de aguaceros, nubosidad y tormentas eléctricas, lo que refuerza el ambiente propio de la temporada de lluvias. En la región Caribe, departamentos como Bolívar, Atlántico, Magdalena, Córdoba, Sucre, Cesar y La Guajira tendrán lluvias frecuentes, especialmente en las tardes y noches, además de una alerta naranja por oleaje y viento en el mar Caribe que podría obstaculizar actividades marítimas. En la región Andina, donde se ubica gran parte de la población colombiana, persistirá una marcada nubosidad con lluvias de diferentes intensidades, destacándose eventos fuertes en departamentos como Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Norte de Santander y el Eje Cafetero. Las autoridades intensifican la vigilancia en zonas montañosas ante el riesgo de deslizamientos y movimientos de masa, especialmente en Antioquia, Santander, Chocó y Nariño, donde se registran numerosos municipios con alertas activas. Bogotá seguirá experimentando días nublados y lluvias leves, con temperaturas máximas cercanas a los 19 grados Celsius. En la región Pacífica, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño serán las áreas más afectadas por intensos aguaceros y tormentas eléctricas, mientras que en la Amazonía, aunque se reportan intervalos secos, habrá lluvias persistentes en Caquetá y Putumayo. El Ideam mantiene alertas por pleamares en la franja costera del Pacífico hasta el 3 de octubre, afectando la actividad de las poblaciones costeras. Las autoridades han señalado que decenas de cuencas permanecen en vigilancia por crecientes e inundaciones, 371 municipios bajo alerta por deslizamientos y más de cien localidades vigiladas por riesgo de incendios forestales. Las recomendaciones incluyen mantenerse informado a través de boletines oficiales y extremar cuidados para evitar accidentes o emergencias.

La Armada Nacional de Colombia se encuentra en profunda consternación tras confirmarse el fallecimiento de la teniente de Navío Daniela Nayarith García Ospino, de 31 años de edad, quien fue encontrada sin vida en su vivienda oficial dentro de la Base Naval de Bahía Málaga, ubicada en el departamento del Valle del Cauca. Según información proporcionada por la Dirección General Marítima (Dima), la muerte ocurrió el 29 de septiembre y se hizo pública el 30 de septiembre. Un equipo interdisciplinario conformado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, la Inspección de la Armada Nacional, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo está realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas de su deceso. La teniente García Ospino era comandante del buque ARC Palas y había sido pionera en su carrera al convertirse en la primera mujer en asumir el comando del buque ARC Ciénaga de Mallorquín en febrero de 2021, una unidad perteneciente a la Dimar. Durante su mandato, logró cumplir el 100 % del plan de mantenimiento de ayudas a la navegación del río Magdalena en los años 2021 y 2022, lo que fue calificado como una misión clave para garantizar la seguridad marítima y fluvial del país, especialmente durante las críticas temporadas de lluvias. La Armada Nacional lamentó profundamente la pérdida de la oficial a través de un comunicado oficial, expresando que 'su legado de entrega, compromiso y amor por la patria permanecerá vivo en nuestra memoria'. El cuerpo de la oficial está siendo trasladado para los exámenes forenses correspondientes que permitirán determinar las causas exactas de su fallecimiento. La noticia destaca la trayectoria profesional de la teniente García Ospino, quien desarrolló una parte fundamental de su carrera en Barranquilla, y su contribución a la seguridad marítima y fluvial del país.

El presidente Abelardo De La Espriella oficializó el miércoles 30 de septiembre la designación de Nicolás Gómez Arenas, jefe del Despacho Presidencial, como alcalde ad hoc de Cali, tras la declaración de conflicto de intereses del alcalde actual, Alejandro Eder. La decisión se tomó mediante el Decreto 1479, con el objetivo de garantizar la 'imparcialidad y transparencia' en las decisiones relacionadas con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad. El proceso se originó el 11 de octubre de 2024, cuando el alcalde Eder presentó un escrito anunciando un posible conflicto de intereses debido a que familiares suyos poseen inversiones en sectores como la construcción, ingeniería civil, industria cementera, acero y actividades inmobiliarias. La Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca analizó la solicitud y, mediante auto del 6 de noviembre de 2024, declaró que sí podría existir el conflicto, lo que obligó al Gobierno a designar un mandatario ad hoc. Antes de este nombramiento, el cargo había sido ocupado por el viceministro Jaime Luis Berdugo Pérez, quien renunció el 13 de agosto de 2025, y posteriormente por la asesora Kinerith Stephanie Gómez Ríos, nombrada mediante la Resolución 1511 en septiembre. Nicolás Gómez Arenas asumirá de inmediato la responsabilidad de todos los asuntos referentes al POT de Cali que requieran la firma o intervención del alcalde ad hoc. De acuerdo con el decreto, deberá presentar un informe a la Dirección Jurídica del Ministerio del Interior tras concluir su gestión, junto con las evidencias correspondientes, conforme a lo establecido en la Ley 951 de 2005 y las disposiciones complementarias. El decreto rige a partir de su expedición y se notificará a todos los involucrados a través de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior. El nombramiento fue firmado por el presidente Abelardo De La Espriella y el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo.

Jhon Jairo Torres Torres, conocido como 'Jhon Calzones', falleció el 29 de septiembre de 2026 tras ser atacado en su finca La Selvita, ubicada en zona rural de Yopal, Casanare. El exalcalde fue trasladado al Hospital Regional de la Orinoquía, donde falleció horas después. Las autoridades capturaron a un menor de edad por el caso, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables del crimen. El apodo 'Calzones' surgió de su primer negocio, la venta de ropa interior femenina, y luego se consolidó con los almacenes 'Caricias Íntimas'. Su trayectoria empresarial se diversificó hacia proyectos inmobiliarios, destacando el polémico proyecto de vivienda Ciudadela La Bendición, en Yopal, donde comercializó lotes sin los permisos urbanísticos requeridos. Este proyecto, que llegó a albergar a más de 4.000 familias, generó un proceso judicial por urbanización ilegal. Torres ganó la Alcaldía de Yopal en 2015 mientras estaba preso por el mismo proceso judicial, y su administración estuvo marcada por problemas judiciales y suspensiones. La Fiscalía investigó su crecimiento patrimonial, ocupando bienes valorados en 200.000 millones de pesos, acusándolo de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. A pesar de sus negativas, Torres enfrentó múltiples procesos judiciales relacionados con estos hechos. Además, el exalcalde había sufrido dos atentados antes de 2014, según testimonios recogidos por medios. Su muerte, ocurrida en un contexto de conflictos legales y controversias, ha generado un nuevo capítulo en la historia de Yopal y Casanare.

El jueves 1 de octubre de 2026, Medellín implementará la medida de pico y placa para vehículos particulares, motocicletas y taxis. La restricción comenzará a las 5:00 a. m. para carros y motos, mientras que para taxis iniciará una hora después, a las 6:00 a. m., finalizando a las 8:00 p. m. para todos los vehículos. La Secretaría de Movilidad de Medellín mantiene la rotación del segundo semestre, vigente desde el 3 de agosto, que establece una distribución semanal de restricciones según el último dígito de las placas. Para carros particulares, los días de restricción son: lunes (5 y 8), martes (1 y 4), miércoles (0 y 2), jueves (3 y 6), viernes (7 y 9). Las motocicletas tendrán restricción cuando el primer número de la placa sea 3 o 6. Los taxis con placas terminadas en 9 estarán restringidos desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., sin vías exentas. La medida comprende automóviles, camionetas, camperos, motocarros y cuatriciclos, así como motocicletas, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos. Para carros y motos, existen corredores exceptuados como el Sistema Vial del Río, la avenida Regional, la avenida Regional Occidental, la avenida Las Palmas, La Iguaná y la avenida 33 desde el río hasta su conexión con Las Palmas. La restricción no aplica en los corregimientos de Medellín. Los taxis restringidos podrán desplazarse sin pasajeros únicamente para reparación o mantenimiento, con un aviso visible en la parte trasera que informe el motivo del recorrido. Esta información fue proporcionada por la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Movilidad, y revisada por la periodista Camila Paola Sánchez Fajardo.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras la firma del Acuerdo Final de Paz en Colombia, ha estado marcada por la complejidad en su sistema judicial transicional. Según el análisis proporcionado, la JEP ha dictado oficialmente cuatro sentencias sancionatorias contra 21 individuos, incluyendo siete exmiembros de las Farc-EP y 12 integrantes de la fuerza pública que aceptaron su responsabilidad, además de dos militares juzgados en proceso adversarial. Sin embargo, contando las resoluciones de renuncia a la persecución penal que cumplen funciones equivalentes, el total asciende a 49 decisiones que han abarcado a aproximadamente 1.100 personas. La diferencia principal entre sentencias y resoluciones radica en su destinatario y denominación formal: las sentencias son emitidas por el Tribunal para la Paz y sancionan a los máximos responsables de delitos graves, mientras que las resoluciones son expedidas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y se aplican a quienes no fueron determinantes en los hechos, representando alrededor del 96% de los casi 9.000 comparecientes ante la JEP. Aunque la ley y el Acuerdo de Paz establecieron una distinción nominal, la Sección de Apelación de la JEP considera que ambas tienen efectos jurídicos similares, incluyendo el tránsito a cosa juzgada, eliminación de antecedentes penales y extinción de sanciones administrativas o fiscales. La Sala de Definición ha sido clave en depurar miles de casos y promover la reconciliación, procesando 1.070 personas a través de 45 decisiones. Este sistema judicial transicional, aunque complejo, ha logrado resolver la situación jurídica de un gran número de personas, contribuyendo al proceso de paz en Colombia.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, a través de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), han firmado un memorando para crear la Unidad de Investigación Criminal Transnacional (TCIU). Este acuerdo, anunciado el 30 de septiembre de 2026, tiene como objetivo identificar, desarticular y desmantelar grupos de crimen organizado que operan más allá de las fronteras colombianas. La TCIU estará conformada por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) seleccionados bajo estrictos criterios profesionales, psicológicos, físicos y éticos. Los integrantes permanecerán en la unidad por un mínimo de tres años para garantizar continuidad y experiencia. El funcionario responsable de la operación diaria será un experto de la Fiscalía, quien supervisará todas las actividades. Por su parte, la HSI se comprometió a facilitar capacitación, asistencia técnica y recursos logísticos según disponibilidad de fondos. El convenio fue suscrito por el fiscal general encargado de Colombia, Gilberto Javier Guerrero Díaz, y Luis A. Rico, agregado para la región andina y jefe para las Américas de HSI. La Unidad tendrá una vigencia inicial de cinco años, con posibilidad de renovación, dependiendo de los resultados y necesidades futuras. Este esfuerzo refuerza la cooperación judicial entre ambos países y responde a la necesidad de enfrentar estructuras criminales con presencia transnacional. La creación de la TCIU se enmarca en una estrategia más amplia para combatir el crimen organizado fronterizo, fortaleciendo el intercambio de información y la capacitación con apoyo internacional clave. La Fiscalía General destacó que esta alianza es un paso importante para mejorar la seguridad en la región y combatir organizaciones criminales que operan en múltiples países.

La Silla Vacía, a través de su sección Detector de Mentiras, ha verificado una desinformación que circulaba en redes sociales y medios de comunicación sobre el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La información falsa afirmaba que el gobierno había ordenado que las personas privadas de libertad en las cárceles debían trabajar para 'ganar' su alimentación y descanso. Sin embargo, el Detector ha confirmado que esto es falso. El trabajo que realizan las personas recluidas en las cárceles es parte del proyecto 'Buena Esa', iniciativa del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) que existe desde 2025. Este proyecto permite a las personas privadas de libertad redimir su pena mediante trabajo comunitario, pero no es un requisito para obtener alimentación o descanso, que son derechos garantizados por la ley. El Detector analizó varias imágenes que acompañaban las supuestas noticias y encontró que todas fueron creadas con inteligencia artificial. Herramientas como Hive e Image Whisperer detectaron que las imágenes tenían detalles típicos de IA, como letras ilegibles, objetos que no corresponden y baja calidad. El proyecto 'Buena Esa' se lanzó en junio de 2025 durante el gobierno de Gustavo Petro y busca visibilizar el trabajo social comunitario de las personas privadas de la libertad. Incluye la recuperación de espacios públicos, como el Parque de La Independencia en Bogotá, y se ha realizado en varias ciudades del país, incluyendo Barranquilla, Gamarra, Manizales, La Dorada, Acacías y Cartago. El Código Penitenciario colombiano establece que el trabajo es un derecho y una obligación social, y que no puede ser aplicado como sanción disciplinaria. Además, la alimentación y el descanso son derechos que no pueden ser retirados como medida disciplinaria, según el artículo 67 y 64 de la normativa. El presidente Abelardo de la Espriella ha abogado por una política de seguridad más estricta, incluyendo el traslado de personas vinculadas a bandas criminales y la propuesta de construir megacárceles, pero no ha modificado la legislación en relación con el trabajo en cárceles como condición para alimentación o descanso. La Silla Vacía, como parte del International Fact-Checking Network, ha verificado esta información para combatir la desinformación y garantizar la precisión en la cobertura periodística.

En la noche del miércoles 30 de septiembre, en el barrio El Carmen de Sevilla, municipio ubicado a 145 kilómetros de Cali en el norte del Valle del Cauca, ocurrió un ataque armado en un establecimiento comercial llamado Nebraska, cercano a la plaza de mercado. El hecho dejó como víctimas a tres personas: el patrullero activo de la Policía Nacional Óscar Daza y los hermanos Duván Osorio y Joaquín Osorio. Según el reporte preliminar, el ataque se produjo alrededor de las 6:43 de la tarde, cuando varias personas se encontraban en el lugar. La Policía del Valle, a través de su comandante coronel Amaury Aguilera, confirmó la creación de un equipo especializado para identificar y capturar a los responsables, además de hacer un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier información a través de la línea 123. Las autoridades no han confirmado si el ataque está relacionado con disputas por economías ilícitas, aunque en julio la Alcaldía había anunciado un refuerzo en la seguridad tras varios homicidios en la zona, incluyendo la llegada de 13 unidades de carabineros a caballo y el incremento de diez unidades de vigilancia por cuadrantes. El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, había señalado que una de las preocupaciones era el presunto lavado de activos provenientes de rentas ilícitas de grupos armados ilegales que operan en la región. Este nuevo hecho violento se suma a una escalada de violencia que ha afectado a Sevilla desde meses atrás, con 31 capturas en el mes anterior tras el asesinato de un ganadero. La Fiscalía General de la Nación y la Policía están adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables del múltiple homicidio.

Una masacre ocurrida durante la tarde del miércoles 30 de septiembre dejó tres personas muertas en Sevilla, Valle del Cauca, entre ellas un patrullero activo de la Policía Nacional. El hecho se produjo hacia las 6:43 p. m. en el barrio El Carmen, cerca de la plaza de mercado del municipio. Según el reporte de las autoridades, varias personas se encontraban dentro de un establecimiento comercial cuando se presentó el ataque. Las tres víctimas murieron en el lugar. La Policía confirmó que, además del uniformado, los otros dos fallecidos eran hombres civiles. El establecimiento donde ocurrió el hecho fue identificado como Nebraska. Tras el suceso, la Policía desplegó unidades en el sector para avanzar en la investigación, con la participación de unidades de investigación criminal e inteligencia, en coordinación con la Fiscalía. Las autoridades están recolectando elementos y testimonios para establecer las circunstancias de la masacre e identificar a los responsables. Por ahora, las víctimas civiles no han sido identificadas públicamente. Este caso se registra en medio de los refuerzos de seguridad anunciados meses atrás para Sevilla. En julio, las autoridades habían informado sobre la llegada de más uniformados y el despliegue de patrullajes del Ejército en corredores de acceso y otros puntos estratégicos del municipio. La noticia se publicó el 1 de octubre de 2026, a las 12:08 a. m., por la redacción de Nación. El caso forma parte de los homicidios reportados en Colombia, según el mapa desarrollado por Esri Colombia, que muestra información de homicidios reportados en el país por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El cabo segundo Álvaro José Gómez Molina, suboficial del Batallón Agustín Codazzi de Palmira, comparte su historia de servicio en el Ejército Nacional, destacando dos momentos cruciales en su trayectoria. Primero, durante la emergencia tras el terremoto en Cali del 10 de agosto, cuando lideró a su equipo de diez hombres en labores de rescate en el edificio Vanessa, que colapsó tras el movimiento telúrico. Sin equipos especializados, los militares trabajaron durante ocho días, recuperando 15 cuerpos y manteniendo la esperanza de encontrar sobrevivientes. Un momento particularmente impactante fue el hallazgo de una pareja de adultos mayores abrazados entre los escombros, que reflejó el drama vivido en la edificación. Posteriormente, apenas dos días después de regresar a su unidad, Gómez Molina enfrentó un operativo militar en el corregimiento de Tablones, en Palmira, donde recibió cuatro disparos: dos en su chaleco antibalas y dos en el brazo. A pesar de los impactos, su equipo logró neutralizar la amenaza y capturar a un presunto delincuente. Con 30 años y una década de servicio en el Ejército Nacional, Gómez Molina, oriundo de Cúcuta, ha desempeñado roles en Norte de Santander, Vichada y actualmente en el Valle del Cauca. Durante su recuperación, agradece a Dios por estar vivo y reconoce el compromiso de su equipo con la seguridad de la población. Su historia refleja la resiliencia y el servicio público en momentos de crisis, tanto en emergencias naturales como en operaciones de seguridad.

El Bosque de Galilea, considerado la reserva natural más grande del Tolima y el único fragmento de bosque húmedo y montano en la región, enfrenta un incendio subterráneo que ha afectado aproximadamente 14 hectáreas. Este fuego, que consume materia orgánica acumulada bajo el suelo como raíces, humus y madera enterrada, se propaga lentamente y en profundidad, dificultando su control. Las autoridades, incluyendo la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), han confirmado que existen 11 focos activos, cuatro de los cuales se encuentran dentro del Parque Natural Regional. El incendio, provocado presumiblemente por una mala práctica de quema en una finca aledaña, amenaza la biodiversidad del área, que alberga especies como osos de anteojos, pumas, reptiles, aves, ranas de cristal y primates. La zona es crucial para el abastecimiento hídrico, ya que nutre los ríos Cunday, Prado y Negro, así como acueductos urbanos y veredales. Para contener el fuego, se están utilizando estrategias como la captación de agua de la quebrada Los Gallos para inundar las zonas afectadas, la apertura de líneas de defensa mediante la remoción de cobertura vegetal y la participación de comunidades locales, bomberos y Defensa Civil. El alcalde de Dolores, Jhon Armando Vergel, destacó que el incendio no produce llamas visibles, sino humo espeso, y que los árboles se desploman debido a que las raíces son las más afectadas. Además, se ha iniciado una indagación preliminar para determinar las circunstancias que originaron el incendio y identificar responsables. Cortolima advierte que, una vez controlada la emergencia, será necesario evaluar la respuesta natural de la vegetación para decidir si se requieren acciones de restauración o reforestación. La zona, que representa un pulmón ecológico y una 'fábrica de agua', es vital para la conservación de especies amenazadas y endémicas.

La Silla Vacía ha verificado una información falsa que circula en redes sociales y que pretende presentar como una noticia de El Tiempo. Según el montaje, el periódico habría publicado una investigación sobre un 'entramado' entre el periodista Daniel Coronell y Caracol Radio para 'difundir mentiras y favorecer a la izquierda' durante la campaña electoral. Sin embargo, la verificación demuestra que se trata de un falso: El Tiempo no ha publicado dicha investigación ni hay registros de una denuncia seria en otros medios confiables. El montaje presenta un estilo gráfico inadecuado para El Tiempo, con diferencias en la tipografía y el logo en comparación con publicaciones reales del periódico. La información falsa surge en el contexto de una retractación de David Murcia, quien se había retractado de señalamientos que hizo contra Abelardo de la Espriella, un abogado vinculado a una pirámide de estafa conocida como DMG. Murcia había acusado a De la Espriella de recibir 760 millones de pesos para mover la posición de congresistas, pero luego se retractó de estas acusaciones. Daniel Coronell publicó una nota en Caracol Radio sobre esta retractación, lo que parece ser el punto de partida para difundir la información falsa. La Silla Vacía, como parte del International Fact-Checking Network, ha verificado la información y concluye que se trata de un montaje destinado a atacar a Coronell y Caracol Radio. El artículo destaca que Murcia, quien fue condenado a 30 años de cárcel por lavado de activos, solicitó ser gestor de paz en mayo de 2023, antes de que De la Espriella anunciara su candidatura. La verificación también señala que no hay indicios de que Coronell haya presionado a Murcia para realizar la entrevista o que esta formara parte de una estrategia contra el presidente Petro. La Silla Vacía recomienda a los lectores que reporten información sospechosa a su Detector de Mentiras para que sea verificada por su equipo de periodistas.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) inició un proceso para verificar los derechos de un niño de cinco años que fue grabado en un video viralizado en redes sociales, mostrando cómo estaba atado a una silla con pedazos de tela en un centro de estimulación infantil en Cali. Según el reporte, el menor fue amarrado como castigo después de derramar su comida y romper un plato. El ICBF confirmó que, al conocer la denuncia, activó de inmediato la ruta de atención a través de su sede en el Centro Zonal Nororiental, asignando un defensor de familia para inspeccionar las condiciones del menor y determinar si hubo vulneración de sus derechos. La entidad enfatizó que se abstendrá de divulgar información que pueda afectar la vida o intimidad del menor, protegiendo el debido desarrollo del proceso. La psicóloga Katerine Trujillo Herrera, quien grabó el video durante sus prácticas de maestría, denunció irregularidades frecuentes en el establecimiento, incluyendo contenciones físicas y correcciones con uso de fuerza por parte de una docente de preescolar. La profesional explicó que grabó el video para interponer una denuncia pública debido a la lentitud de las instituciones. La propietaria del centro aseguró desconocer lo sucedido y prometió desvincular a las personas implicadas, aunque el personal del lugar afirmó que los padres del menor estaban al tanto de estos castigos. El ICBF aclaró que la institución mencionada en el caso no forma parte de los operadores contratados por la entidad para la atención de la niñez y adolescencia en Cali, ni presta atención directa. La noticia destaca la importancia de la protección infantil y la responsabilidad de las instituciones en la prevención y denuncia de maltrato infantil.

El complejo penitenciario ERON Renacer, ubicado en Sabanas de San Ángel, Magdalena, ha alcanzado un avance del 88% en su construcción, según confirmó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). El proyecto, concebido para ampliar la capacidad carcelaria nacional, cuenta con una extensión de 22 hectáreas y una construcción de aproximadamente 60.000 metros cuadrados, destinada a ofrecer 1.947 nuevos cupos para el sistema penitenciario colombiano. La inversión total supera los COP 291.000 millones, con la directora general de la Uspec, Isadora Fernández Posada, liderando las gestiones para culminar la obra en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El desarrollo del proyecto ha enfrentado múltiples retrasos desde su concepción en 2019, durante el gobierno de Iván Duque Márquez. Inicialmente, se planeaba abrir 1.500 cupos con tres pabellones para hombres y uno para mujeres, con una finalización estimada en 32 meses y un costo de COP 186.000 millones. Sin embargo, factores como trámites ambientales, la pandemia de covid-19, la consulta previa con comunidades indígenas, la reducción de recursos durante el cambio de gobierno y ataques del Clan del Golfo han generado retrasos y aumentos en los costos. En febrero de 2022, el avance era de solo el 34%, y en 2023, la obra se congeló durante 14 meses tras ataques del Clan del Golfo al personal. Gracias al impulso del gobierno de Abelardo de la Espriella, la obra retomó su marcha, con la expectativa de inauguración en 2027. La gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra, celebró el compromiso y el respaldo financiero definitivo, destacando la larga espera de la comunidad. El megacentro penitenciario ERON Renacer se perfila como una infraestructura clave para enfrentar el déficit carcelario en el Caribe colombiano.

La Silla Vacía ha verificado que un video que circula en TikTok, asegurando que el presidente Abelardo de la Espriella respondió a la réplica de Gustavo Petro desde Bruselas el 15 de septiembre de 2026, es falso. El video en realidad fue publicado el 4 de septiembre de 2025, cuando De la Espriella aún era precandidato y respondía a una alocución de Petro sobre la reforma tributaria. En el video, De la Espriella critica a Petro por mentir sobre el aumento del precio de la gasolina y el diésel, diciendo que 'la gasolina no es solamente para los ricos'. Petro había afirmado en su alocución del 2 de septiembre de 2025 que 'el pobre no usa casi gasolina' y que 'el que más usa gasolina es el de las cuatro puertas'. El video no corresponde a una respuesta a la réplica de Petro del 15 de septiembre de 2026, sino que es un contenido antiguo que ha sido compartido de manera errónea. La Silla Vacía, como parte del International Fact-Checking Network, ha verificado que el video es de 2025 y no de 2026, y que no refleja una respuesta actual a la réplica de Petro. El hecho de que el video haya sido compartido como si fuera reciente refleja una tendencia a difundir información falsa en redes sociales, especialmente en contextos políticos. La noticia destaca la importancia de verificar información antes de compartirla, especialmente en momentos de alta polarización política.

La gestión del presidente en ejercicio Abelardo de la Espriella ha sido objeto de críticas por parte de dirigentes del centro político, quienes han firmado una declaración el 5 de junio destacando tensiones institucionales y llamando a fortalecer la transparencia. Entre los firmantes se encuentran figuras reconocidas como los exministros Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo, el exdirector del Departamento Nacional de Planeación Jorge Iván González y el excandidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo. El documento se centra en dos aspectos principales: la política de 'guerra cultural' promovida por el gobierno y la centralización de la comunicación oficial. Los firmantes consideran que la promoción de la 'guerra cultural', que incluye el restablecimiento del orden moral, la autoridad estatal y la defensa de la familia tradicional, contradice los principios de la Constitución colombiana, especialmente en lo relacionado con iniciativas que combaten la 'ideología de género' y el uso de consignas religiosas como 'Viva Cristo Rey' en actos oficiales. Además, cuestionan la Directiva Presidencial No. 01, expedida el 3 de septiembre de 2026, que centraliza la estrategia comunicacional en la figura presidencial, lo que genera dudas sobre la transparencia y el flujo de información pública. Este cuestionamiento se acentúa tras la destitución del director del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), entidad valorada por su autonomía técnica y transparencia en la divulgación de datos. Los firmantes advierten que esta decisión puede debilitar la credibilidad institucional y abrir la puerta a interpretaciones de injerencia política. También expresan preocupación por la ausencia de ruedas de prensa plurales y el cierre de espacios de opinión política, así como por señales de posible interferencia del Ejecutivo en gremios y sindicatos, lo que pondría en riesgo la libertad de estas organizaciones para salvaguardar sus intereses. La declaración representa la cuarta que emite este sector, reflejando una creciente preocupación por la dirección que está tomando el gobierno en temas de comunicación, pluralidad y transparencia.

El Ministerio de Ambiente (MinAmbiente) ha anunciado su intención de restablecer la exención total del impuesto al carbono, que operaba en 2016, en lugar del 50% que estableció el gobierno anterior en 2022. Esta medida implicaría la eliminación de la dependencia del presupuesto nacional para financiar proyectos ambientales, transfiriendo el flujo de recursos hacia el mercado de certificados de carbono. Según el director del Ideam, Andrés Herkrath, el cambio permitiría que los proyectos de carbono, especialmente los de Redd+, se mantengan en funcionamiento, ya que muchos se estaban quebrando por los bajos precios de los certificados. Actualmente, el 80% del impuesto al carbono se destina al Fondo para la Vida, que ha sufrido una reducción de fondos desde 2025 debido a la crisis fiscal. Sin embargo, el MinAmbiente argumenta que el mercado de bonos de carbono es más eficiente para llegar a las comunidades, con un tiempo de pago de 60 días en lugar de cinco años, y un 65-75% de los recursos llegando directamente a las comunidades. Asocarbono, el gremio del sector, respalda la propuesta, señalando que la exención del 100% del impuesto al carbono permitiría un ahorro del 80% para las empresas, en comparación con el 20% actual. Además, el MinAmbiente ha anunciado una auditoría independiente para evaluar la efectividad de los recursos del Fondo para la Vida durante el gobierno anterior. La propuesta debe tramitarse en el Congreso, posiblemente en la ley de ajuste o en el Plan Nacional de Desarrollo. La crisis del mercado de bonos se debe a la reforma tributaria de 2022, que redujo la exención del impuesto al carbono, lo que ha llevado a una sobreoferta y a precios bajos, afectando a cerca de 20 de las 75 empresas afiliadas a Asocarbono.

La Silla Vacía ha verificado una información falsa que circula en redes sociales, asegurando que el presidente Abelardo De la Espriella aprobó el servicio militar obligatorio para jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 sin excepciones. Según la verificación, esta noticia es un montaje, ya que ni Caracol Radio publicó dicha información ni el presidente realizó dicho anuncio. El servicio militar en Colombia no se define por estrato, sino por edad y otras condiciones establecidas en la ley. La Ley 1861 de 2017 define el servicio militar como un deber constitucional, regulado por la Ley 2384 de 2024 y el Decreto 1075 de 2025. Los requisitos incluyen ser colombiano, tener entre 18 y 23 años, no haber definido la situación militar, no tener antecedentes penales y no estar exento por excepciones legales. La información falsa surge de una mala interpretación de un discurso del presidente electo en julio de 2026, donde habló de la necesidad de que los ciudadanos contribuyan al país, pero no mencionó estratos específicos. Además, la ley contempla excepciones como ser hijo único, padre de familia, pertenecer a una comunidad étnica certificada o ser víctima del conflicto armado. El Ejército Nacional realiza cuatro convocatorias anuales para el servicio militar, con plazos de inscripción que se extienden hasta finales de agosto y octubre de 2026. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre el 80 y 92% de quienes prestan el servicio militar provienen de zonas rurales y estratos 1, 2 y 3, lo que refleja una tendencia natural, no una política gubernamental. El abogado Joaquín Vélez explicó que para hacer obligatorio el servicio militar para todos se necesitaría una ley aprobada por el Congreso, no un decreto, y que la objeción de conciencia es un derecho fundamental que no puede ser ignorado. No hay proyectos radicados en el Congreso que establezcan el servicio militar obligatorio según el estrato, ni por iniciativa del gobierno ni de otros congresistas. La verificación concluye que la información circulada es falsa y que el presidente no ha emitido ninguna orden al respecto.