_**La protesta y la queja**_ llega a las librerías de la mano de Catarata. Con prólogo de **Ignacio Sánchez-Cuenca** , el libro desmonta tópicos, desafía certezas y explora las contradicciones del llamado "democratismo", mostrando cómo la democracia absorbe el conflicto, pero no siempre el descontento. Este ensayo de **Joan Vergés** invita a pensar sin solemnidad y a mirar la realidad con una mezcla de escepticismo y espíritu crítico que no deja indiferente. **infoLibre** ofrece a sus lectores el prólogo de este libro, que acaba de llegar a las librerías. ________________________________________________________ ‘Si tu mal tiene remedio, ¿por qué te quejas?’ Ignacio Sánchez Cuenca Este libro de Joan Vergés es desconcertante, por su originalidad y por su estilo. El prólogo se ha convertido en un epílogo introductorio; se junta a un activista, una víctima y un turista, como en aquellos chistes antiguos, pero el autor dice que no es un chiste, y aparecen los ecologistas que tiran pintura sobre las pinturas de los museos, los burócratas que nos amargan la vida y otras figuras igual de fascinantes. En realidad, el autor solo se pone serio del todo en las referencias bibliográficas finales. El libro hace pensar y reír al mismo tiempo. Es profundo y divertido. Ya sé que cada uno tiene su sentido del humor. A unos les hacen gracia los Morancos, a otros Chiquito de la Calzada. Yo no me río con Chiquito, pero sí con los Morancos, y más aún con Vergés. Como un moderno monologuista, Vergés se arranca a escribir y consigue poner una distancia irónica con nuestro tiempo y las estupideces que proliferan en él. Cuando se refiere a lugares comunes, prejuicios e ideas poco pensadas, lo hace con humor insuperable. La clave de ese humor se encuentra en un análisis afilado que troncha los tópicos como si fuera una navaja de Albacete. Los filósofos siempre han sido un poco navajeros, les encanta despojar de sus certezas a las personas distraídas y asustar a quienes se creen más listos de lo que son. Ya se vio en un libro suyo anterior, _La nació necessària: llengua, secessió i democràcia_ (2014), que a mí me deslumbró y me fue de gran ayuda para ordenar mis propias ideas. Si en su día se hubiera publicado también en castellano, creo que nos habríamos ahorrado algunas de las cosas más obtusas que se dijeron sobre el procés catalán. Vergés supo desmontar muchos de los lugares comunes empleados por los “antinacionalistas” vocacionales, ese nutrido grupo de intelectuales que, a fuerza de combatir los nacionalismos vasco y catalán, han acabado abrazando una versión furiosa y excluyente del nacionalismo español, el único que, a su parecer, puede realizarse democráticamente. Según estos intelectuales, vascos y catalanes vienen con un defecto cromosómico de serie que les impide organizarse en democracia, por lo que, si llegaran a tener Estado propio, acabarían montando una dictadura, de ahí que no se les pueda dejar solos. Este libro, en principio, trata un tema más pacífico, aunque Vergés se las arregle para tocar temas sensibles con su desenfado habitual. Las páginas que siguen giran en torno a la protesta y su hermana menor, la queja. Como todos los hermanos, en ocasiones se pelean, pero también se comprenden y se ayudan en los momentos difíciles. La protesta es pública y, las más de las veces, colectiva, aunque puede haber protesta individual. Su realización práctica está bastante ritualizada en las democracias. De hecho, Vergés se pregunta por qué la protesta no se dirige contra el propio sistema democrático, acabando en algo más serio, una rebelión, una revolución. Ofrece algunos argumentos: el efecto adormidera de la dominación ideológica y la sopa boba que ofrece el estado del bienestar; el efecto paralizante de la fragmentación y complejidad del debate democrático, que impide el fermento revolucionario en torno a una causa única y movilizadora; y el efecto disolvente de la democracia, que metaboliza la protesta convirtiéndola en energía democrática y eliminando su capacidad subversiva. De una forma algo parecida, Albert Hirschman, en uno de sus libros más interesantes, que ya es decir, _Shifting Involvements. Private Interests and Public Action_ (1982), señaló que la extensión del sufragio universal había supuesto la depresión de la protesta (y, con ello, de la revolución). Cuando se le da a la gente la oportunidad de hacer oír su voz a través de la papeleta del voto, las razones para protestar disminuyen. Ya se encargará el representante de arreglar las cosas, que para eso le votaron. Es lo mismo que pensó Marx, quien se refirió al voto como si fuera una “piedra de papel”. Siguiendo esta idea hasta el final, podría pensarse que en una democracia perfecta la protesta acabaría siendo innecesaria, pues las instituciones se encargarían de canalizar y resolver las quejas ciudadanas de forma rauda y eficaz. Si votas, no protestes. Curiosamente, el argumento se invierte con respecto a la queja: al abstencionista muchas veces se le recrimina diciéndole que, si no vota, no tiene derecho a quejarse, suponiéndose así que la queja resulta legítima cuando las cosas se han intentado primero a través del voto. Si no votas, no te quejes. Vergés concibe la protesta como elemento fundamental de la práctica democrática. Ahora bien, ¿por qué hay países más protestones que otros? En principio, la protesta será más frecuente en aquellos lugares en los que haya más facilidades para ello (libertades amplias, derechos fundamentales protegidos) y, a la vez, el mecanismo representativo no funcione demasiado bien y fuerce a la gente a salir a la calle a dar voces. Quizá por ello España sea, en términos comparados, un país muy practicante de la protesta: es muy sencillo organizar una manifestación (aunque algo menos desde que se aprobó la ley mordaza, allá por 2015) y, además, nuestros representantes no siempre se comportan como quisieran sus representados. Desde este punto de vista, la protesta podría funcionar como un mecanismo termostático: si la gente protesta mucho, es que el vínculo representativo se encuentra dañado y, por lo tanto, los representantes se esforzarán más; si la gente no protesta tanto, los representantes podrán relajarse un poco. En la realidad, por desgracia, las cosas no siempre son así y tenemos países en los que la protesta sirve para expresar rechazo y no tanto para modificar el curso de la política. Creo que España está claramente, y por derecho propio, en ese grupo. El otro elemento del libro es la queja. La queja no tiene la dimensión pública de la protesta. Cuando se extiende por la población, se convierte en un malestar de fondo. Según Vergés, la democracia genera ciudadanos quejosos (y a veces quejicas). Es algo intrínseco al sistema, pues viene flanqueado por unos ideales inalcanzables; de esta forma, esperamos demasiado de la democracia y, encima, no consigue satisfacernos a todos a la vez. La democracia tiene que acostumbrarse a un cierto espíritu de queja en la ciudadanía, pero, a diferencia de lo que sucede con la protesta, el sistema tiene una capacidad menor para absorberla, con lo que se resiente su legitimidad basal. Hay aquí un problema difícil de tratar, a saber, si la queja abona la demanda de más o mejor democracia o si lleva, por desmoralización, al abandono del compromiso democrático. En menos de una década, hemos visto en España que surgía un fuerte movimiento de protesta en el que se traslucía un profundo malestar, el 15-M. Es evidente que este movimiento buscaba acercar, aunque fuese solo un poco, la democracia realmente existente a su ideal. De ahí que se coreara aquello de “Lo llaman democracia y no lo es”, “Democracia real ya”, “¡Que no, que no, que no nos representan!” y, en versión más lírica, “mis sueños no caben en tus urnas” y “PP-PSOE, la misma mierda es”. En cambio, el malestar de estos últimos años ha derivado en algo muy distinto: la nostalgia de los tiempos del franquismo, el escepticismo hacia las reglas democráticas, la voluntad de ilegalizar partidos, la utilización del inmigrante como chivo expiatorio. ¿Tienen un origen común estos dos tipos de queja? ¿Y por qué evolucionan en direcciones tan distintas? El malestar democrático se ha extremado con los años. Hay mucha gente enfadada y decepcionada, aunque es difícil precisar las razones de por qué se encuentran en ese estado. Con ello no quiero decir que no tengan motivos para sentirse a disgusto en la democracia, sino que, en otros momentos similares del pasado, en los que las circunstancias eran igualmente desfavorables y mucha gente las pasaba canutas, no había un reproche o un desprecio tan grande del sistema democrático como lo hay ahora. Vergés va tirando del hilo de la protesta y la queja y nos acaba liando con varios temas que, en apariencia, poco tenían que ver con el origen de sus indagaciones, y que terminan constituyendo un pequeño compendio de filosofía política. No estoy seguro de si el autor estaría de acuerdo con esta lectura, pero creo que lo que hay de fondo en estas páginas es una crítica de las insuficiencias de algo que llama “democratismo” y que define como la ideología que justifica la democracia como forma de gobierno. A pesar de la ola autoritaria que parece extenderse por todas partes, Vergés cree que el democratismo sigue siendo hegemónico y probablemente lleve razón, siempre y cuando aceptemos que ha sido más hegemónico aún en otros tiempos. El democratismo hace una apología de la democracia y lo hace pagando un precio, el de pasar por encima de los aspectos menos brillantes de esta forma de gobierno. Por ejemplo, el democratismo se resiste a reconocer la dificultad que tiene la democracia para procesar la queja. Y algunos de los elementos nucleares del democratismo pueden someterse a discusión. Se señala, por ejemplo, que el democratismo bloquea todo vínculo entre democracia y violencia política al considerar que cualquier oposición al funcionamiento de la democracia es violenta por definición. De este modo, la democracia es la forma natural de organizar la vida política y la violencia es todo lo que queda fuera del sistema. Cuando la democracia parece utilizar la violencia contra sus enemigos, en realidad está defendiéndose de los mismos, dice el democratismo. A su vez, el democratismo eleva la inclusión a valor indiscutible, pero eso acaba produciendo algunas paradojas, como la restricción del ámbito de la protesta. No obstante, quizá la crítica más inquietante al democratismo consista en cuestionar su ideal más elevado, que, como acertadamente señala el autor, comparte con el comunismo: la capacidad de autodeterminación colectiva de la gente, es decir, utilizando las palabras del propio Vergés, “una confianza enorme en la capacidad de las personas para hacerse un mundo a medida”. Si eso se pierde, pierde entonces la democracia mucho de su encanto. Lo que queda es una forma de gobierno con sus virtudes y sus defectos, pero sin esa ambición tan prometedora de llevar la autodeterminación individual al plano colectivo. Si quieren entender todo esto mucho mejor y pasar un buen rato, no dejen de leer _La protesta y la queja_.

Ya no quedan recursos posibles en Francia. La Sala de lo Penal del Tribunal de Casación rechazó, el miércoles 30 de septiembre, el recurso presentado por **Rexhino Abazaj, alias 'Gino'** , contra la resolución del Tribunal de Apelación de París que ordenaba su entrega a las autoridades alemanas. En abril de 2025, la misma justicia francesa se había negado a entregar a este **activista antifascista albanés** a Hungría por falta de garantías sobre la prohibición de la tortura y el derecho a un juicio justo. 18 meses después, **París acepta entregarlo a Berlín** por los mismos hechos y sobre la base de una investigación realizada por la policía húngara. Solo ha cambiado el país solicitante. "Era una decisión que esperábamos, por desgracia, porque la situación en Francia con respecto a los antifascistas es cada vez más grave", reacciona Youri Krassoulia, uno de los abogados de Gino. "Hoy tenemos sucesivas órdenes europeas de detención y entrega contra activistas basadas en investigaciones realizadas por poderes políticos considerados no independientes y que, sin embargo, parecen justificadas con arreglo a la ley". El miércoles por la noche aún no se habían comunicado ni los fundamentos de la resolución ni la fecha efectiva de entrega de Gino. El activista antifascista, de 34 años, es sospechoso de haber participado, junto a diez de sus compañeros, en **actos violentos contra neonazis** que habían acudido a manifestarse a Budapest en febrero de 2023. Se enfrenta a hasta 24 años de prisión en Hungría y hasta diez en Alemania, ya que sus dos presuntas víctimas son de nacionalidad alemana. Las lesiones atribuidas a Gino provocaron menos de ocho días de incapacidad total para el trabajo (ITT). Las presuntas agresiones se produjeron **al margen del "Día del Honor"**. Este desfile anual, que reúne desde 1997 a nostálgicos del III Reich llegados de toda Europa, algunos de ellos armados y vestidos con uniformes de las Waffen-SS, pretende conmemorar la batalla de Budapest y rendir homenaje a los soldados alemanes y húngaros que se enfrentaron al Ejército Rojo en 1945. En una carta leída el miércoles por la noche ante quienes le apoyan, **Gino afirma que no le sorprendió la decisión** y la califica de "política", como, según él, lo han sido todas las decisiones judiciales relacionadas con el caso de Budapest. Ve en ella un nuevo ejemplo de la "criminalización de la lucha antifascista", que vincula con la de las personas migrantes. El activista llegó a Italia con tres años, pero nunca obtuvo la nacionalidad, a diferencia del resto de su familia. Señala que **ocurre lo mismo con el sirio Zaid A.** , otro antifascista investigado por las autoridades húngaras en Alemania. "Podríamos habernos convertido en ciudadanos europeos si hubiéramos permanecido en silencio, pero no fue esa la elección que hicimos", escribe. Y concluye: "Si tengo que afrontar la prisión en Alemania, lo haré con la convicción de que seguiremos resistiendo juntos. [...] Mantengo la cabeza alta". Tras el "Día del Honor", **Gino se marchó a Finlandia, donde fue detenido** en virtud de una orden europea de detención y entrega emitida por Hungría. Tras ser puesto en libertad bajo ciertas condiciones, se trasladó a Francia para evitar una extradición inminente. Finalmente, agentes de la subdirección antiterrorista lo detuvieron en Montreuil (Seine-Saint-Denis) en noviembre de 2024. Salió del centro penitenciario de Fresnes (Val-de-Marne) en marzo de 2025, tras cinco meses de detención. Después de la negativa de abril de 2025, Alemania tomó el relevo menos de un mes más tarde con su propia orden de detención. El 19 de agosto de 2026, el Tribunal de Apelación de París la validó. Para Laurent Pasquet-Marinacce, el otro abogado del albanés, la maniobra deja poco lugar a dudas. "**Los húngaros no consiguieron hacerse con Gino** porque su orden europea de detención era demasiado evidente. Los alemanes, aparentemente más respetables a ojos de los jueces franceses, prueban suerte, pero lo hacen de manera manifiesta para echar una mano a los húngaros", afirmó durante una rueda de prensa organizada a mediados de septiembre por el comité de apoyo a Gino. El escritor Éric Vuillard, presente a su lado, arremetió contra el argumento aceptado por el Tribunal de Apelación, según el cual la investigación no sería ni alemana ni húngara, sino que se enmarcaría en **una "orden europea de investigación"**. "Basta con cambiar la palabra para imaginar que se cambia el objeto. Pero el objeto no cambia. La investigación solo puede haber sido húngara. Por tanto, resulta completamente kafkiano imaginar que una justicia [...] pueda adoptar una decisión equitativa basándose en hechos establecidos por una policía dictatorial", argumentó el ganador del Premio Goncourt de 2017. En su recurso de casación, los abogados también pedían que se planteara la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: ¿qué hacer cuando una segunda orden europea de detención se basa en la investigación de un país cuya solicitud ha sido rechazada? "Es una **cuestión inédita**. Nunca habíamos visto una situación como esta, en la que un país sustituye a otro al que se le ha dicho 'no, no queremos tu orden'", explicó Laurent Pasquet-Marinacce. La defensa de Gino siempre ha sostenido que Berlín no sería más que una escala. "Si Francia lo entrega a Alemania, ¿no podría Hungría reclamarlo para que cumpla allí su condena?", se preguntó Laurent Pasquet-Marinacce ante el Tribunal de Apelación. En este mismo caso, relacionado con las agresiones de Budapest de febrero de 2023 por las que también está investigado Gino, Alemania ya ha entregado a una persona antifascista a Budapest: **Maja T.** Activista no binaria originaria de Jena, en Turingia, fue detenida en Berlín en diciembre de 2023 y **extraditada a Hungría en junio de 2024**. La operación tuvo lugar de noche, en cuestión de horas, sin que fueran avisados ni el Tribunal Constitucional Federal, que se disponía a suspender el procedimiento, ni el abogado de Maja T. Posteriormente, el alto tribunal alemán declaró ilegal aquella extradición. Su detención ha adoptado la forma de un **aislamiento prolongado** : videovigilancia permanente, esposas cada vez que sale de la celda, controles cada hora, también durante la noche, y registros sin ropa. En junio de 2025, Maja T. inició una huelga de hambre de casi seis semanas, hasta que fue trasladada a un hospital penitenciario situado a 250 kilómetros de Budapest. Había perdido 13 kilos y volvió a alimentarse ante la amenaza de que se le administrara alimentación forzosa. El diputado de **La Francia Insumisa** Thomas Portes, que la visitó en prisión, describe un día a día "siniestro": "Hay que imaginarse una hora de salida al día, vigilada las 24 horas. Prácticamente no recibe correo y todo está controlado". En febrero de 2026, el tribunal de Budapest la condenó a ocho años de prisión, cuando la Fiscalía pedía 24 como medida disuasoria. "Todos sabemos qué veredicto quiere el primer ministro de este país", había espetado Maja T. al tribunal cuando**Viktor Orbán** ocupaba el cargo. Posteriormente, un portavoz de Orbán celebró la condena calificando **a Maja T. de "terrorista antifa"**. Ese mismo día, el italiano Gabriele M. fue condenado a siete años sin estar presente en el juicio, y la alemana Anna M., a dos años de prisión con suspensión de la pena. **Coincidencia del calendario** : el miércoles 30 de septiembre, pocas horas antes de la decisión del Tribunal de Casación en París, el Tribunal de Apelación de Budapest redujo la condena de Maja T. a siete años de prisión. Gabriele M. fue condenado a seis años y se mantuvo la pena de dos años de Anna M. Los jueces descartaron la calificación de asociación criminal, al contrario que en la sentencia de primera instancia. "La reducción en un año de la pena impuesta a Maja T. constituye una señal importante", declara a _Mediapart_ **Martin Schirdewan** , miembro de Die Linke y copresidente del grupo La Izquierda en el Parlamento Europeo. "El Gobierno federal alemán debe ahora cambiar también de rumbo. Maja no debe permanecer innecesariamente detenida en Hungría ni un solo día más. El Gobierno alemán debe agotar inmediatamente todas las posibilidades a su alcance para conseguir su traslado a Alemania". El cambio de Gobierno producido en Hungría durante la primavera no ha tranquilizado a quienes apoyan a las personas investigadas. "A día de hoy, Péter Magyar se ha negado a anular lo que hizo su predecesor. Las condiciones de detención de Maja no han cambiado", señala Gino, en referencia a la inclusión de "la ideología antifa" en la lista de organizaciones terroristas decidida durante el mandato de Viktor Orbán. Su abogado Laurent Pasquet-Marinacce coincide: "El problema no es Orbán. **El problema es la justicia de Orbán**. Incluso suponiendo que el nuevo jefe del Gobierno tenga intenciones sinceras, eso no cambia de la noche a la mañana". El caso de Gabriele M. da consistencia al temor de la defensa de Gino. Este activista nunca fue entregado a Budapest y ha sido condenado dos veces sin estar presente en el juicio. Una condena húngara dictada sin la presencia del acusado, cuyo cumplimiento podría reclamarse una vez que este haya sido entregado a un tercer país: ese es precisamente el escenario que se teme para Gino. Si el albanés es juzgado en Alemania, los precedentes dan una idea de lo que le espera. En septiembre de 2025, el Tribunal Superior Regional de Múnich condenó a Hanna S. a cinco años de prisión por violencia agravada y pertenencia a una asociación criminal, lejos de los nueve años solicitados por tentativa de asesinato. Sin embargo, el presidente del tribunal consideró injustificable la "caza humana" de Budapest. En **Düsseldorf** , seis activistas que se entregaron a la Policía a comienzos de 2025 están siendo juzgados desde enero de 2026, entre otros cargos por tentativa de asesinato, en una sala de alta seguridad. En julio reconocieron su participación en las acciones, aunque negaron cualquier intención homicida. El juicio está previsto que se prolongue hasta enero de 2027. En julio, la justicia berlinesa rechazó una solicitud húngara relacionada con ellos y dio prioridad al proceso alemán. Alemania sabe, por tanto, decir que no a Budapest, al menos en el caso de quienes juzga ella misma. Queda por saber qué hará con Gino una vez termine su futuro proceso. La decisión del miércoles también pesa sobre otro caso parisino. Zaid A., un sirio de 22 años que creció en Alemania, es objeto de **una orden europea de detención** emitida por Hungría por los mismos hechos. Después de un año en la clandestinidad, se entregó a las autoridades alemanas y estuvo encarcelado de enero a mayo de 2025. Posteriormente se refugió en Francia en octubre de 2025. A diferencia de Gino, corre el **riesgo de ser entregado directamente a Hungría**. Desde noviembre de 2025, el Tribunal de Apelación de París ha celebrado sucesivas vistas y ha pedido a Budapest garantías sobre el derecho a un juicio justo y las condiciones de detención. El 16 de septiembre, la decisión volvió a aplazarse porque Hungría había enviado sus respuestas demasiado tarde. "Lo que decimos vale tanto para Gino como para Zaid. Todos están expuestos al mismo peligro", advierte Laurent Pasquet-Marinacce, que defiende a ambos activistas. Contactado por _Mediapart_ tras la decisión del Tribunal de Casación, Zaid A. considera que confirma una represión constante y cada vez más dura. "Ahora sabemos que, en toda Europa, los Estados están dispuestos a enviarnos de uno a otro y a encerrarnos durante años en prisiones muy duras", afirma. Señala sobre todo la actitud de Berlín, que considera decisiva en la coordinación europea de los procesos. "**Alemania desempeña un papel clave en este procedimiento**. Vemos claramente que, después de que Francia se negara a entregar a Gino a Hungría, no quiso dejarlo tranquilo", considera. Según él, el Estado alemán se muestra mucho más ofensivo que sus vecinos en este caso. Respecto a su propio caso, el solicitante de asilo sirio no se aventura a hacer ningún pronóstico. Su próxima vista está fijada para el 7 de octubre y entonces sabrá si la justicia francesa mantiene en su caso las reservas que había planteado frente a Budapest en 2025. _*Traducción realizada con asistencia de la inteligencia artificial._

Las grandes tecnológicas que están detrás de la ola de centros de datos que están aterrizando en España prometen que servirán para dinamizar la economía de pueblos empobrecidos y abandonados por el éxodo rural, pero los primeros datos de Hacienda contradicen ese discurso. Las tres instalaciones de Amazon que ya operan en Aragón tributan íntegramente su impuesto sobre actividades económicas (IAE) a escala nacional, pese a que**voluntariamente podrían hacerlo localmente, como reclaman los ayuntamientos afectados**. La noticia fue adelantada este viernes por el _Heraldo de Aragón_ y supone una nueva polémica en un sector que tiene ya en su contra a organizaciones vecinales y ecologistas de la región. A la falta de transparencia y las dudas sobre su impacto ambiental, energético y laboral en los municipios, se suma ahora que la promesa de ingresar grandes sumas de dinero a los presupuestos locales solo se cumple de manera parcial. **Huesca, El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego** son las tres localidades que ya tienen activos centros de datos de Amazon Web Services (AWS) desde 2022, pero no han cobrado hasta ahora el impuesto IAE por el servicio de estas instalaciones. Este impuesto tiene la particularidad de que siempre se paga a nivel municipal, pero en función de la actividad de la empresa puede tener que abonarse también a nivel nacional o provincial,**pudiendo liquidarse en el "más conveniente"** , según detalla la propia Agencia Tributaria. Fuentes del Ayuntamiento de Huesca, el que más dinero ingresaría de los tres afectados, confirman que ellos no están cobrando el IAE de estos data centers, por lo que asumen que la compañía ha decidido abonarlo a nivel nacional. "Nos parecería mejor que tributen aquí, es lo lógico y lo justo", señalan. Lo que sí ingresan de estas instalaciones, reconocen estas fuentes, es el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que es exclusivamente municipal. **infoLibre** ha tratado de ponerse en contacto con la multinacional estadounidense sin éxito, pero esta sí ha confirmado al diario aragonés que están al día en sus obligaciones tributarias desde 2021 y que abonar la cuota nacional para esta actividad "permite el ejercicio de las actividades en todo el territorio nacional". La cuantía que podrían haber pagado en IAE estos tres centros ya operativos desde 2022 es desconocida, pero puede deducirse a través de la documentación de otras cuatro instalaciones similares que están ahora en construcción. El proyecto de ampliación de Amazon Web Services en Aragón recoge cuál será la estimación de ingresos por IAE cuando entre en operación cada uno de ellos. **El de Zaragoza-La Cartuja, una vez construido, aportaría al consistorio –si decide tributal a nivel municipal– 384.504 euros cada año, seguido del de Huesca (90.817 euros), Villanueva de Gállego (33.400 euros) y El Burgo del Ebro (14.056 euros)**. Para un ayuntamiento relativamente pequeño como el de Huesca, ese ingreso sería determinante para sus arcas. En 2026 ingresará 1.194.000 euros a través del IAE, de manera que el futuro centro de datos, que se ubicará en el parque tecnológico Walqa, **supondría alrededor de un 8% de incremento cada año** , y más todavía si AWS tributase también allí por el parque actual. Lo que**desconcierta a los expertos** consultados es que el epígrafe sectorial al que se adhieren los centros de datos en esta comunidad, según detalla el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) para la expansión de AWS en la región –el 845, que corresponde a la explotación electrónica por cuenta de terceros–, es exclusivamente de liquidación municipal, por lo que**no debería poder gestionarse a través de la Hacienda nacional** , según valora José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. La única posibilidad es que se esté tributando a través de otro código sectorial, aunque no cree que haya ninguno similar. El Ayuntamiento de Huesca también ha pedido un informe al área municipal de Intervención y Rentas para "aclarar la situación". La noticia**ha revuelto todavía más un sector que salta de polémica en polémica en Aragón** y que cuenta con un apoyo incondicional del presidente regional Jorge Azcón, del Partido Popular. Como el Gobierno autonómico ha declarado como PIGA múltiples campus de centros de datos en la región, estos han disfrutado de evaluaciones ambientales mínimas y **de la exención del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)** , también municipal, y que han dejado de cobrar los ayuntamientos. "El Gobierno de Aragón invita a cenar, pero los ayuntamientos pagan la cuenta", resume Luis García, especialista en centros de datos de Ecologistas en Acción de Aragón. Jesús Morales, portavoz adjunto del PSOE en las Cortes, también denunció este viernes que la decisión fiscal que ha tomado Amazon hace que no haya una compensación económica por las externalidades que causa. "**Donde se genera el impacto es donde se tiene que tributar**. Si viene una industria, ocupa tu terreno y consume tu agua, lo lógico es que deje empleo en la zona y pague allí sus impuestos", valora a **infoLibre**. Por ahora, estos ingresos fiscales son limitados porque solo hay tres centros de gran escala activos en la región, pero los ayuntamientos quieren aclarar y corregir este problema de cara a la lluvia de proyectos que hay en marcha. Si Aragón tenía en 2025 una potencia de centros de datos equivalente a 108 MW, según la patronal SpainDC, **hay permisos de conexión concedidos para 3.600 MW en los próximos años** , según datos del Ministerio de Transición Ecológica, lo que equivaldría a multiplicar por 33 la potencia instalada actualmente. La polémica llegó incluso hasta un evento de la patronal del sector de este viernes en Zaragoza, donde **el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier** , y el presidente del Clúster de la Energía de Aragón, Pedro Machín, reclamaron que los impuestos se paguen _in situ._ "Si hay un impuesto que no se está pagando en Aragón, creo que debería pagarse aquí", dijo Tesier, según declaraciones recogidas por Cadena SER.

Una búsqueda en las plataformas online de alquiler de viviendas acotada a **Salamanca da un resultado de 900 inmuebles** en la ciudad. Por lo que se refiere a los precios, hay de todo, pero la mayoría de los anuncios rondan los **mil euros** , cifra que superan los pisos más céntricos y de la que se alejan algo más los que quedan más lejos del casco histórico de la ciudad. Alquilar en Salamanca ha sido siempre una tarea complicada, pero en los últimos tiempos **conseguir piso para vivir se ha vuelto aún más difícil**. Explicaciones hay muchas y una de ellas, quizás la principal, hay que buscarla en el turismo. Los registros de la Junta de Castilla y León indican que en la capital charra hay **317 pisos turísticos** , pero la realidad es otra. Como poco, la cifra real duplica esa estadística: según el INE, son casi **600 las viviendas turísticas en la ciudad a fecha de mayo de 2026,** y hay fuentes que indican que la oferta total, contando la economía sumergida, rondaría los mil inmuebles. Salamanca, ciudad universitaria en la que el alquiler para estudiantes siempre ha tensado el mercado, ha sumado el turismo a la ecuación y el mercado residencial se está resintiendo. El problema de la vivienda ha estallado en las grandes ciudades, pero las pequeñas y medianas viven su particular drama, menos visible pero presente para quienes recorren las inmobiliarias para encontrar un lugar donde vivir. Las cifras de Castilla y León son sintomáticas y muestran cómo **el uso turístico de los inmuebles residenciales ha llegado para quedarse** a una comunidad eminentemente rural, en la que la mayor ciudad es Valladolid (302.000 habitantes) y que cuenta con 2.248 municipios, la mayoría pequeños. Hay que acudir de nuevo a los datos del Instituto Nacional de Estadística para comprobar que hay **7.573 viviendas turísticas repartidas entre las nueve provincias**. Son 2.000 más de las que había a inicios de 2021, lo que da idea del incremento exponencial de este tipo de uso para la vivienda. En el mismo periodo, **las plazas turísticas disponibles han pasado de 31.000 a 46.000**. En Salamanca, ciudad de algo más de 145.000 vecinos y en la que**los estudiantes suponen más del 15% de la población** residente durante el curso, el alquiler turístico ha sufrido un serio revolcón en las últimas semanas. Después de un largo procedimiento judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, máximo órgano jurisdiccional de la comunidad, ha dictaminado que el alojamiento temporal propio de las **Viviendas de Uso Turístico (VUT) no constituye un uso residencial para los inmuebles**. Es decir, indica que estos pisos tienen uso terciario (lo mismo que un despacho de abogados o una academia de clases particulares para estudiantes) y no residencial así que, conforme al Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca,**no pueden situarse por encima de la primera planta**. El Tribunal ha abierto así la puerta a **anular las licencias a cientos de pisos turísticos** en la capital charra, un "atropello" para los dueños de los inmuebles y una victoria para la Asamblea de Inquilinas de la ciudad. A la sentencia se llega por recurso del Ayuntamiento de Salamanca, que en su día apostó por una interpretación más restrictiva de la norma para frenar el aumento de pisos turísticos en la ciudad. **"Las Viviendas de Uso Turístico, al ofrecer alojamiento temporal a cambio de una contraprestación económica, deben encuadrarse dentro del uso terciario"** , explican los jueces, que recalcan que, en cumplimiento de la normativa de la ciudad, estos usos "únicamente, salvo determinadas excepciones, pueden **ubicarse en las plantas baja y primera** " para no molestar a los vecinos. De la segunda planta en adelante las viviendas deben ser exclusivamente para residentes. Para la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León (Avatcyl) esta cuestión **"viola principios jurídicos esenciales"** y el principio de "irretroactividad de las normas", razón por la cual anuncia **recurso ante el Tribunal Supremo**. "Respetamos las resoluciones judiciales, pero no podemos ocultar nuestra profunda preocupación por el impacto social y económico que podría suponer esta unificación de criterio para cientos de familias y propietarios en Salamanca, que operan de manera legal y reglada", aseguran desde la asociación a través de un escrito remitido a este periódico. Un texto en el que también insisten en que la sentencia**"no supone un cierre inmediato" de las viviendas ubicadas a partir del segundo piso de los edificios**. "La resolución conocida parte de una ficción a la que llega por el silencio del PGOU [Plan General de Ordenación Urbana] de Salamanca de 2007 sobre los VUT y AT [Apartamentos Turísticos], figuras inexistentes entonces y que surgen años después. El silencio es el vacío y del silencio no puede surgir un uso urbanístico terciario si no es con una interpretación contraria al derecho. No existe un silencio que tipifica, pues en derecho no cabe interpretar la existencia de un uso urbanístico desde la inexistencia de las figuras de VUT y AT, y por tanto, sin determinación urbanística", indican las mismas fuentes. **"No se puede concluir en la existencia de un uso terciario donde no hay norma o determinación urbanística que lo avale",** concluyen las mismas fuentes. En las antípodas está la **Asamblea de Inquilinas de Salamanca,** que estos días redobla su presencia pública para hacer visibles las dificultades para las familias que quieren alquilar una vivienda en la ciudad y que **celebra "cualquier restricción" que se imponga a los inmuebles turísticos**. Quien habla es **Pilar Prada** , miembro del colectivo y persona que ha sufrido las consecuencias del encarecimiento de precios en la capital salmantina. Prada relata que alquiló un inmueble hace cinco años a 400 euros mensuales en la ciudad y que, pasados los cinco años del contrato,**el casero le dio dos opciones, "o 700 euros o iniciar un proceso de desahucio"**. Proceso que se inició, aunque no concluyó porque la afectada decidió abandonar el piso. Ahora vive en una buhardilla de una amiga, "agotada" de buscar y de encontrar únicamente opciones que no puede pagar. Esta salmantina gana 1.300 euros y **no encuentra "nada" que esté por debajo de los 700 más gastos**. "Inasumible", dice. A juicio de la Asamblea de Inquilinas, los alquileres para estudiantes y el boom del turismo han hecho que arrendar un piso para una familia sea una tarea complicada.**"Los caseros han decidido alquilar los pisos para estudiantes por habitaciones**. Un piso que tenía tres habitaciones y un salón pasa a tener cinco habitaciones sin zonas comunes más allá de la cocina. **Alquilan cada una por 500 euros al mes, con contratos de 11 meses, y pueden subir los precios curso tras curso",** algo que no se podría hacer en el caso de un alquiler residencial para una familia, ligado durante cinco años al IPC. "Aquí hay una gran especulación. Grandes empresas y fondos buitre han comprado pisos para dedicarlos al turismo y a los estudiantes, echando del mercado a las familias", relata Prada, incapaz de vivir por sí sola pese a ser funcionaria. "Es un abuso y ya se están registrando casos de **estudiantes que se van de Salamanca porque los padres no pueden pagar esos 500 euros al mes que se están exigiendo por habitación",** puntualiza. Los caseros prefieren esta fórmula, una modalidad que una familia no acepta, ni por precio ni por las condiciones de la vivienda. **"Alquilar un piso para estudiantes supone a los dueños de los pisos el doble de dinero que arrendarlo a una familia"** , lamentan desde la Asamblea, que exige medidas para favorecer el alquiler residencial tradicional. Los datos permiten comprobar que las quejas de los inquilinos tienen fundamento. En Salamanca, desde la pandemia,**el precio medio del alquiler se ha disparado un 40%** , según datos de Idealista. En el distrito centro muchas viviendas han duplicado su precio en menos de diez años. En Castilla y León la curva es igualmente perniciosa para los inquilinos, con precios que equivalen al doble de lo que se pagaba hace un decenio. En el último año, la media de la región, compuesta por pueblos y ciudades pequeñas y medianas, habla de una subida de casi el 7%, con las provincias de Salamanca, Soria y Burgos rozando incrementos del 9% en solo 12 meses.**Soria y Palencia, dos de las capitales de provincias más pequeñas**(41.000 y 77.000 habitantes respectivamente) **registran incrementos interanuales** **de más del 10%** este año, porcentajes inasumibles para los inquilinos y que están muy por encima del incremento de los salarios. **"Puede que el decreto** [de vivienda que fue tumbado este viernes en el Congreso por las derechas] **haya sido apresurado, pero hay que hacer algo ya o será imposible vivir en las ciudades** ", asevera Pilar Prada, que pide ampliar el foco de las regulaciones públicas más allá de las grandes ciudades y aplicar topes urgentes a los precios antes de que el corazón de las capitales castellanas se quede definitivamente sin vecinos.

Ha tenido que ser una mujer de ochenta y siete años quien nos lo recuerde. El 23 de septiembre sacaron en camilla a María del Carmen Abascal —Maricarmen para su barrio y ya para todo el país— del piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda en el que vivía desde 1956. Llegó allí con diecisiete años, junto a sus padres. Era el cuarto intento de desahucio. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas había pedido suspenderlo hasta que las administraciones ofrecieran una alternativa habitacional. La propiedad, una sociedad inmobiliaria, le propuso quedarse a cambio de un alquiler superior a su pensión. **Se aplicó la letra de una ley que nadie quiso cambiar**. Desde el hospital, con la voz debilitada, Maricarmen pidió que lo suyo sirviera para que la gente luchara y para cambiar leyes injustas. La presión de las vecinas, el Sindicato de Inquilinas y miles de ciudadanos logró que volviera a casa. **Fue una victoria urgente, pero no una solución**. Porque esto no va solo de Maricarmen. Va de un modelo que trata la vivienda como un activo financiero y convierte a las personas en un obstáculo. Frente a esa realidad hemos visto una Comunidad que culpa al Gobierno, un Gobierno que culpa a la oposición, un Ayuntamiento que rechaza soluciones y fuerzas progresistas atrapadas en sus propias disputas. Mientras las instituciones se pasan la responsabilidad, la vida de la gente se consume. La lección es sencilla: un derecho sin una mayoría política que lo proteja es papel mojado. Las leyes injustas se cambian en el Parlamento. Para eso **hacen falta votos, determinación y una mayoría capaz de sostener las reformas**. Hace años advertí en _La encrucijada_ que la democracia tenía dos caminos: ensancharse para responder a las necesidades materiales de la mayoría o replegarse hasta vaciarse. Hoy comprobamos que su desgaste procede también de dentro: instituciones capturadas, **política convertida en espectáculo** y una ciudadanía que deja de creer porque nadie le ofrece razones para hacerlo. La extrema derecha aprovecha ese vacío. Ya no se presenta con uniforme. Se disfraza de sentido común, de «prioridad nacional» y de una falsa libertad: **la libertad del más fuerte** para imponer su interés sobre quien tiene menos renta, menos poder o menos voz. Enzo Traverso ha descrito este fenómeno como «**posfascismo** »: derechas radicales que crecen cuando las alternativas democráticas pierden credibilidad. Boaventura de Sousa Santos habló de «**fascismo social** »: sociedades formalmente democráticas en las que sectores enteros quedan sometidos a quienes controlan su vivienda, su salario o su derecho a permanecer en el país. La imagen de Maricarmen saliendo en camilla de su casa no es una metáfora: es el rostro de esa realidad. Ante ella no bastan los comunicados ni los gestos de indignación. Hacen falta **instituciones que actúen, leyes que protejan y fuerza política para aprobarlas**. El espacio progresista no puede seguir gastando sus mejores energías en siglas, egos y cuotas. Cada escisión, cada reproche público y cada candidatura que compite por el mismo electorado debilita la capacidad de defender derechos. La ciudadanía no tiene por qué entender esas peleas; las sufre y las castiga. Tampoco sirve la política de escaparate: el corte de diez segundos, el tuit del día y la agenda impuesta por quienes viven de la confrontación. Ese ecosistema premia el insulto, castiga el acuerdo y convierte todo pacto en una rendición. **Quien pretenda gobernar para la mayoría debe elegir bando** : con la inquilina frente al fondo buitre, con la pensionista frente a la especulación y con el joven precario frente a quienes hacen negocio de su necesidad. Hace quince años, voces diversas defendimos que la indignación debía convertirse en compromiso. Stéphane Hessel nos dio una palabra; en _La indignación activa_ quise añadir que **indignarse no basta si esa indignación no se convierte en acción**. Hoy los jóvenes lo demuestran. Ocupan pacíficamente la Puerta del Sol y ponen sobre la mesa lo que demasiados responsables públicos se niegan a escuchar: para muchos, el alquiler se lleva prácticamente todo el salario. Vinculan la lucha por la vivienda con la defensa de la educación pública y expresan su **decepción con una política que no responde a sus problemas**. No son antipolíticos. Exigen política real: la que cambia vidas y no se agota en tertulias, argumentarios y declaraciones. **Su reproche no es un desahogo; es un ultimátum**. Si la izquierda no responde con hechos, otros responderán con miedo, resentimiento y odio. Tomar la calle es un derecho democrático, no una alteración del orden. Las actuaciones policiales desproporcionadas deben aclararse sin excusas. La plaza no es el problema: revela el fracaso de la representación, pero también demuestra que persiste una energía cívica capaz de reconstruirla. La derecha y la extrema derecha **temen la protesta pacífica, organizada y masiva** porque desmonta su relato del caos. Por eso la ridiculizan, la deslegitiman y reclaman desalojos. Cuando se quedan sin argumentos, algunos de sus sectores más extremos recurren a la violencia: adoquines, explosivos, amenazas y ataques. De un lado, el miedo que se arma. Del otro, la dignidad que se sienta en el suelo y espera. El 15-M enseñó que la indignación sin organización se disipa y que la organización sin indignación se burocratiza. Las instituciones deben escuchar a la calle sin apropiársela; **los movimientos ciudadanos necesitan interlocutores** que conviertan sus demandas en derechos efectivos. Ganar por la mínima y depender cada semana de un voto prestado no basta. Una minoría progresista puede resistir, frenar un recorte o aprobar medidas puntuales; difícilmente puede transformar de raíz. Demasiadas leyes sociales se han rebajado para salvar una votación o han nacido con fecha de caducidad. **Hace falta una mayoría progresista amplia, estable y con un mandato claro.** No una alianza de supervivencia, sino una mayoría con capacidad para cambiar las reglas que hoy dejan a personas como Maricarmen a merced de la especulación. Esa mayoría debe comprometerse con un programa esencial: • **Vivienda como derecho** y no como mercancía: freno a la especulación y ningún desahucio de personas vulnerables sin alternativa habitacional. • Sanidad, educación, dependencia, pensiones, igualdad y libertades como suelo irrenunciable que debe blindarse por ley. • **Igualdad efectiva entre mujeres y hombres** , con recursos frente a quienes niegan la violencia machista y quieren devolver a las mujeres a posiciones de subordinación. • **Migración ordenada, responsable y con derechos**. Quien trabaja, cotiza y vive aquí forma parte de este país. • Seguridad ciudadana como derecho de todos, no como instrumento para extender el miedo o la exclusión. • **Lucha implacable contra la corrupción** , sin excepciones ideológicas ni partidistas. • Memoria democrática con las víctimas en el centro, porque una sociedad que olvida a sus víctimas termina produciendo otras nuevas. La sanidad, la educación, la dependencia y las pensiones dignas no son gasto: **son el cemento de la convivencia**. No basta con anunciarlas; deben quedar protegidas frente a cualquier retroceso. Esa mayoría social ya existe. Está en las plazas, los barrios, los sindicatos, las asociaciones vecinales, los colectivos juveniles y las organizaciones de derechos humanos. Fueron esas redes ciudadanas, antes que las instituciones, las que devolvieron a Maricarmen a su casa. Los partidos deben escucharlas, no instrumentalizarlas. No hay democracia sin una justicia independiente. No la que se activa o se adormece según convenga, sino la que aplica el derecho con rigor, imparcialidad y atención a la realidad social. El Código Civil exige interpretar las normas conforme al tiempo en que se aplican. **El derecho no puede ser una colección de fórmulas muertas** : debe estar al servicio de la dignidad humana. Una ley que permite expulsar a una anciana de la casa donde ha vivido durante décadas, sin alternativa habitacional, puede cumplir la forma y traicionar el fondo. Por eso son tan importantes los jueces y juezas que discrepan con argumentos, sin obedecer al clima mediático ni a intereses políticos. La magistrada María Alicia Millán, al disentir de la suspensión cautelar de los efectos electorales de determinadas inscripciones de nacionalidad asociadas a la llamada ley de nietos, defendió un principio esencial: un derecho reconocido no puede convertirse en ciudadanía de segunda por sospecha. Ana Ferrer y Susana Polo recordaron, al considerar insuficiente la prueba para destruir la presunción de inocencia en la causa contra el fiscal general del Estado, que nadie debe ser condenado por titulares o campañas de opinión. La lucha contra la corrupción tiene que ser implacable, con independencia de nombres o siglas. Pero se combate con investigación seria, medios suficientes, garantías y discreción; no mediante filtraciones, montajes mediáticos o procesos convertidos en espectáculo. Las denuncias y querellas en cadena promovidas por determinados partidos y organizaciones buscan a menudo **un clima de sospecha generalizada** : que todo parezca corrupto, que la acusación sustituya a la prueba y que el adversario sea condenado antes de ser juzgado. Esa estrategia de guerra jurídica deteriora la confianza en los tribunales y debilita el Estado de derecho. Una mayoría progresista debe garantizar más medios para la Justicia, transparencia, una renovación limpia de sus órganos y acceso efectivo para quien hoy no puede defenderse. Sin esas reformas, seguiremos confiando en excepciones individuales cuando lo que necesitamos son garantías estructurales. Julio Anguita repetía que lo importante era el programa. Tenía razón. Pero un programa sin mayoría es solo un deseo. La unidad no debe ser una operación cosmética ni una suma mecánica de partidos: debe construirse sobre **un compromiso nítido con los derechos sociales, la democracia y la dignidad**. Presentarse en listas que se restan entre sí no es pluralidad. Es irresponsabilidad. Cada voto progresista disperso puede convertirse en un escaño para la reacción. Cada candidatura que no alcanza el umbral deja un derecho sin defensa. **La aritmética electoral no perdona** , y quienes quieren desmontar el Estado social conocen muy bien ese mecanismo. Quienes tienen responsabilidades en la izquierda deben preguntarse si sirven a la ciudadanía o a la supervivencia de sus organizaciones. La historia no juzgará cuántos escaños retuvo cada partido. Juzgará si fuimos capaces de impedir que se destruyeran décadas de derechos. Gramsci habló del pesimismo de la inteligencia y del optimismo de la voluntad. La inteligencia nos advierte de la fuerza de quienes ofrecen soluciones simples y odios fáciles. La voluntad muestra otra España: la que se organiza en las plazas, en los sindicatos, en las asociaciones de memoria, en las aulas, en los centros de salud y en los juzgados que trabajan con rigor. No está en juego únicamente una legislatura. **Están en juego la vivienda, la sanidad, la educación públicas, las libertades, la igualdad y la memoria democrática**. La abstención y la resignación no son neutrales: siempre benefician a quienes desean menos derechos para la mayoría. A los jóvenes hay que hablarles con claridad. Quienes prometen orden a cambio de derechos, seguridad a cambio de libertad y patria a cambio de exclusión nunca ofrecen una salida. Europa lo pagó con millones de vidas; España, con una guerra y cuarenta años de dictadura. Esa amenaza no desaparece porque adopte un lenguaje nuevo o una estética de redes sociales. La unidad es el camino porque la mayoría es la condición para transformar. No hay derechos seguros sin una mayoría dispuesta a defenderlos. **Ni una Maricarmen más. Ni un derecho menos. Una mayoría progresista, ya.** __________________ _**Baltasar Garzón**_ _es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta)._

Este mes de mayo el PP madrileño impidió, con la mayoría absoluta de la que dispone en la Asamblea, que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid realizara un informe de fiscalización de los fondos públicos que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está destinando a **publicidad institucional**. La iniciativa, a propuesta de Más Madrid, fue rechazada a pesar de contar con el apoyo de la oposición al completo: Más Madrid, PSOE y Vox. En aquella sesión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda también se habló de 'Ayuso parte y reparte', la investigación de **infoLibre** sobre cómo la Comunidad de Madrid **beneficia a sus medios afines** y margina a los progresistas en el reparto de la tarta publicitaria. A pesar de que la Cámara de Cuentas no va a fiscalizar ese gasto de dinero público, **infoLibre** sí ha seguido con esta labor y lanza ahora una segunda entrega de 'Ayuso parte y reparte', tras la publicación de los datos del reparto de publicidad institucional de 2025 por parte de la Comunidad de Madrid. Este último ejercicio, el Gobierno regional **ha desembolsado 23,09 millones de euros para insertar anuncios en medios de comunicación** y otros espacios y plataformas. La tendencia vuelve a ser la misma que **infoLibre** ya documentó para años anteriores: los medios afines al Ejecutivo siguen entre los grandes beneficiados, sin que el reparto se justifiquen con criterios objetivos. Para poder sacar esas conclusiones, este medio ha recopilado y analizado todos los gastos en publicidad institucional realizados por la Comunidad de Madrid el año pasado. La información proviene del plan de medios de ese último ejercicio publicado por el propio Gobierno autonómico —a lo que está obligado gracias a la ley de transparencia madrileña, que salió adelante en 2019 con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos, **a pesar del rechazo del PP** —. Pero la publicación del Gobierno regional no recoge de forma directa ni agrupada cuánto dinero se ha destinado a insertar publicidad en cada medio de comunicación. Como para el resto de años, los datos del plan de 2025 no se publican unificados ni en un formato de fácil consulta. Por ello, **infoLibre** ha unido y homogeneizado los 103 archivos correspondientes a cada uno de los lotes y las olas de las 69 campañas institucionales realizadas en 2025. En total, se han contabilizado **4.534 pagos** a medios de comunicación y otros servicios y plataformas. El análisis completo arroja que de los casi 300 medios que se han llevado algo de dinero de la Comunidad, los que encabezan la clasificación son **Telemadrid, la COPE y** _**El Mundo**_. Ninguno de los tres que lideran esta clasificación se caracterizan por sus posturas o líneas editoriales de corte progresista. Solo ellos, junto con la Cadena SER, la primera radio generalista de España en términos de oyentes —**y a pesar de ello, con menos dinero asignado que la COPE** — superan el millón de euros en el reparto. Por detrás en la lista de dinero asignado se encuentra otro medio del grupo Prisa: _El País._ Junto con la SER, son los únicos de tendencia más progresista que aparecen entre los diez primeros del reparto. El ranking lo completan los periódicos _20 minuto_ s, _ABC_ , el digital _El Español,_ y las emisoras de radio Onda Cero y esRadio. En el caso de los periódicos, el mismo patrón que esta investigación documentó el año pasado se repite en 2025. _El Mundo_ vuelve a recibir más dinero que _El País_ : 1,16 millones de euros frente a 942.796. La diferencia se da tanto en la edición impresa (617.522 euros frente a 552.115) como en la digital (539.386 euros frente a 390.681) y, al menos los datos de audiencia, no lo justifican. Según el estudio anual de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) —la organización que gestiona y difunde el Estudio General de Medios (EGM)—, _El País_ tenía en 2024 más audiencia en papel que _El Mundo_ : un 1,7% de penetración nacional frente a un 1,2%. En 2025, la diferencia ascendió a nueve décimas —un 2% frente a un 1,1%—. En digital, los datos revisados por esta investigación sitúan a ambos periódicos prácticamente empatados en número de usuarios. Aun así, la Comunidad**destina a la web de** _**El Mundo**_**casi un 40% más que a la de** _**El País**_. La falta de correspondencia entre la audiencia y el dinero destinado por la Comunidad de Madrid está también presente en radio: **la emisora que más dinero recibe en 2025 es la COPE** , propiedad de la Conferencia Episcopal a través de su grupo de comunicación, Ábside Media. La Comunidad ha gastado 1,19 millones de euros en publicidad para la COPE, sumando su programación nacional y las desconexiones de Madrid. Mientras, la Cadena SER, del Grupo Prisa, se queda en 1,04 millones. Es un cambio respecto a 2024, cuando ambas emisoras estaban prácticamente empatadas con la radio de Prisa ligeramente por delante —para publicidad en la COPE se destinaron entonces 831.551 euros y para la SER, 861.382—. Según los datos de la AIMC en 2024, la SER tenía un 9,7% de audiencia acumulada diaria a nivel nacional, frente al 8% de la COPE: una diferencia de algo más del 21% a favor de la cadena de Prisa. Ese año, **la COPE ya recibía casi lo mismo que la SER** a pesar de tener menos oyentes. En 2025, la diferencia de audiencia se agrandó y la SER subió hasta el 10,4% de audiencia mientras que la COPE se quedó en el 8%.in embargo, la ventaja económica se ha invertido y ahora es l**a radio de los obispos la que más dinero ingresa** del Ejecutivo de Ayuso. Esta diferencia entre audiencia y dinero es también patente, como lo era ya en ejercicios pasados, en el caso de esRadio, la emisora de Federico Jiménez Losantos. La Comunidad de Madrid ha gastado en esta cadena 516.353 euros en 2025, la mitad que en la SER. Sin embargo, **la audiencia diaria acumulada de esRadio** el año anterior **hab** ía sido**6,4 veces menor que la de la SER** , según la AIMC. Con todo, la presencia de la SER y _El País_ hace que Prisa sea el grupo que más dinero recibe**de todos los presentes en el reparto**. La Comunidad de Madrid ha destinado en 2025 2,36 millones de euros a insertar publicidad en sus medios, un 5,38% más que en el año anterior. Mientras, el dinero asignado a Radio Televisión Madrid, la corporación autonómica, que lideraba el reparto el año anterior, ha disminuido un 22,38%, relegando al ente público a un segundo puesto, con 1,95 millones de euros. El tercer lugar de la lista lo ocupa Ábside Media, el grupo de la Conferencia Episcopal. Es el gran grupo mediático más beneficiado en términos de crecimiento del reparto de la Comunidad de Madrid en 2025: **un 27,6% más que en 2024** , con un total de 1,76 millones de euros. Después se sitúan Unidad Editorial, empresa editora del periódico _El Mundo_ , con 1,41 millones de euros, que suponen una bajada del 4,68% respecto al año pasado; y el Grupo Planeta, propietario de _La Razón_ y Onda Cero, al que le corresponden 1,35 millones de euros, con una subida del 7,87%. El Grupo Henneo (_20 minutos_), Vocento (_ABC),_ Grupo Libertad Digital (EsRadio), el grupo latino americano TelevisaUnivision —que irrumpe este año en el reparto por primera vez adjudicándose 484.000 euros por una campaña dirigida a atraer turismo— y la empresa editora de _El Español_ (El León de El Español Publicaciones) completan, en ese orden, la lista de los diez grupos en los que más dinero ha gastado el Ejecutivo de Ayuso. Así, Prisa es el único de ellos con una línea editorial más cercana a la izquierda. Muchos de estos grupos mediáticos tradicionales se han visto beneficiados por el cambio de tendencia en el reparto del Gobierno de Ayuso en 2025, que **ha aumentado el dinero que destina a radio y prensa impresa**. Por contra, la Administración regional ha gastado menos que en años anteriores en publicidad _online_ y en televisión. Aun así, **la mayor parte de la caída en publicidad** _**online**_**se ha concentrado en las redes sociales** y otras plataformas digitales. Si la Comunidad destinó a estas 1,62 millones de euros para publicitarse en 2024, en 2025 el gasto ha sido solo de 859.831 euros. El cine también ha salido mal parado. En 2024 entró por primera vez en el plan de medios con algo más de 100.000 euros; y ahora ha vuelto a quedar fuera del reparto. Por el lado contrario,**el gasto total en radio sube un 16% y el destinado a la prensa en papel un 14,8%.** El crecimiento de la radio tiene, otra vez, un protagonista claro: Ábside Media, el grupo de la COPE, explica por sí solo más de la mitad del aumento —377.790 de los 734.980 euros en que crece la categoría—. Le siguen, ya de lejos, el Grupo Planeta, con 132.391 euros más, el Grupo Libertad Digital, propietario de esRadio, con un aumento de 117.907 euros, y el propio Grupo Prisa, con un aumento de 108.498. En total, en 2025 la Comunidad ha gastado 23,09 millones de euros en publicidad institucional, algo menos que en 2024, cuando fueron 23,96 millones y se alcanzó la cifra más elevada de la serie histórica. En los últimos tres años, el Gobierno de Díaz Ayuso ha gastado 68,7 millones de euros en publicidad institucional, de los cuales algo más de un tercio se ha repartido solo entre cinco grupos de comunicación: Prisa, Radio Televisión Madrid, Ábside Media, Unidad Editorial y el Grupo Planeta.

“Estamos aquí para defender a todas las Maricarmen de España”, ha defendido Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, antes de comenzar la manifestación que se ha vivido este sábado en Madrid en defensa de la vivienda. “Fue ella la que prendió la primera mecha, pero **la lucha va a seguir** ”, ha añadido. Tras una semana de acampada en Sol, la rabia e indignación se han juntado en una marcha que ha salido desde cuatro puntos para acabar juntándose en la fuente de Cibeles. Según el sindicato, la afluencia ha llegado a las 500.000 personas, mientras que fuentes de la Delegación de Gobierno matizan la cifra y la rebajan a **70.000 personas**. Más allá de Madrid, son hasta 50 ciudades las que tienen convocadas sus propias manifestaciones en España este fin de semana. Desde Atocha ha salido una de las principales columnas en la que miles de personas han avanzado bajo gritos de “fuera fondos buitres de nuestros barrios” o **“inquilinas al poder”**. El Sindicato de Inquilinas iba a la cabeza, seguida de Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, y más atrás el resto de organizaciones como Anticapitalistas o Izquierda Revolucionaria. Un problema común, pero en el que cada participante tiene su propia historia. Es el caso de Rocío, de 35 años, que ha tenido que asumir sola el alquiler después de dejar de vivir con su pareja. “Podía más o menos, sin capacidad de ahorro, pero podía”, explica. La situación cambió cuando su casero le comunicó que **quería subirle 150 euros el alquiler**. Aunque finalmente no pudo aplicarle la subida en ese momento por estar fuera de plazo, Rocío asegura que ya le ha advertido de que lo hará en enero de 2027. “Ahora el sitio al que hemos tenido que venir, que es Madrid, tampoco se puede”, lamenta. Rocío es de Badajoz y vincula su situación con la de quienes se han visto obligados a abandonar sus lugares de origen por la falta de oportunidades y el coste de la vivienda. “Sabemos lo que es tener que irte de tu sitio, porque no se puede vivir”, afirma. Una situación que, además, condiciona sus planes personales. “Yo tengo 35 años y mi ginecóloga cada vez que me ve me insiste en que ya va siendo hora si quiero ser madre, y es como: bueno, pero para eso **primero tendré que tener un techo** bajo el que tener a mi hija”, explica. Una situación parecida es la de Amanda, de 26 años, que lleva cuatro años viviendo en Madrid y asegura que cada año la situación del alquiler es peor. Aunque el piso en el que vive actualmente “no está mal”, cuenta que ha pasado por **“auténticos zulos”** , sin luz solar y sin siquiera poder tender la ropa fuera. “En sitios que no son ningún tipo de vivienda digna”, explica. A sus 26 años, tampoco ve que su situación vaya a mejorar a corto plazo. La precariedad llega hasta el punto de que, si destinara todo su sueldo al alquiler, apenas le quedarían 30 euros al mes para vivir. “No valdría la pena siquiera trabajar en esa situación”, sostiene Amanda, que resume su incertidumbre con uno de los carteles que vio durante la manifestación: “Estoy a un despido de **no poder pagar el alquiler** ”. Para ella, el problema no es solo el precio de la vivienda, sino unos salarios que “están completamente estancados” mientras aumentan los alquileres y el resto de gastos. Entre los jóvenes que han acudido a la protesta también está Samuel, de 20 años, estudiante y miembro del Sindicato de Estudiantes. “Como estudiante que vive fuera de casa, tengo que estar **haciendo malabares** con el sueldo para pagar el alquiler y los gastos diarios, y es un sinvivir”, explica. Asegura que vive pensando en cómo llegar a fin de mes y reclama “medidas de verdad” para que la vivienda deje de estar, a su juicio, al margen de las posibilidades de los jóvenes. La movilización tiene, además de poner sobre la mesa el problema de la vivienda, otro objetivo a futuro: la convocatoria de **una huelga general**. “A partir de hoy mismo empezamos a construirla”, ha señalado Racu. La portavoz del Sindicato de Inquilinas ha defendido que la convocatoria debe hacerse “sí o sí” en alianza con los sindicatos y con otros movimientos sociales. Aunque todavía no hay una fecha, Racu ha apuntado que quieren que sea “una huelga histórica”, con una participación “altísima, como no se ha visto en años”, por lo que previsiblemente no será inmediata. Samuel, de 20 años, respalda la convocatoria. **“Súper a favor”** , ha respondido al ser preguntado por una posible huelga general. También Amanda se muestra partidaria, aunque reconoce las dificultades económicas que puede suponer secundarla. “Yo no puedo estar más de un día de huelga general”, explica y asegura que no puede permitirse más tiempo sin cobrar. Indira, de 26 años y compañera de piso de Amanda, apunta que ellas pueden hacerlo porque no tienen hijos a su cargo, pero plantea las dificultades para las familias asegura que apoyaría la huelga si sirve para defender su futuro: “Si esta huelga general lo que hace es luchar por mi derecho al futuro, obviamente **la voy a apoyar** ”. Sin embargo, no todas las voces están convencidas del todo y Pilar, de 67 años, no lo ve tan claro. “Las huelgas generales se suelen hacer contra el Gobierno y yo creo que este Gobierno **no se merece una huelga general** ”, señala. En su opinión, quienes deberían afrontar una movilización de este tipo son “la derecha, la ultraderecha y el empresariado español”. Aun así, considera que son los propios ciudadanos quienes deben defender los derechos que, a su juicio, están en juego. “Lo que teníamos ya conquistado no nos lo pueden volver a quitar”, asegura. La manifestación ha finalizado con un discurso de Alicia del Río, también portavoz del Sindicato de Inquilinas, con duras críticas hacia el Gobierno y el resto de partidos. “Ante un Congreso incapaz de sacar medidas valientes no queda otra que seguir la senda del poder popular que es imparable”, ha indicado. “Vamos a construir la huelga general”. En paralelo la acampada que desde hace una semana se encuentra en la Puerta del Sol **no parece tener un final a la vista**. Aunque el espacio en la plaza ya está totalmente ocupado, este sábado se pueden ver las primeras tiendas de campaña en calle aledañas como el Arenal y Preciados. También la organización va mejorando y cuenta con su propia seguridad para mantener un aforo controlado dentro de la acampada. Esto ocurre tan solo un día después de que el Sindicato de Inquilinas indicara que iba a mantener **una “presencia menor”** dentro de la movilización. Esto ha servido para que otras asociaciones crezcan en presencia todas bajo la recientemente creada asamblea del 26S, que ya tiene sus propios canales de información por Telegram, Mastodon y Oasis. Entre ellas ya se habla de no abandonar la acampada en un futuro próximo. Desde Izquierda Revolucionaria reparten panfletos en los que hablan de aprovechar esta oportunidad y no desalojar hasta que los sindicatos de clase convoquen la huelga general. “Hay que aprovechar la presión y no darles oxígeno”, se puede leer en la misiva. Añaden que es importante aprovechar la huelga educativa que comienza el 14 de octubre para presionar a los sindicatos a que la conviertan en general. "**De aquí no nos vamos** hasta que haya una fecha de huelga general", ha defendido la asociación en una asamblea organizada en la calle Alcalá. La movilización de Madrid se ha replicado en otras ciudades del país. En València, **miles de personas** han recorrido el centro desde la Porta de la Mar hasta el entorno del Palau de les Arts, donde se celebraba un congreso inmobiliario, en una protesta que ha terminado con cargas policiales. En Girona, **unas 400 personas** han participado en la marcha, mientras que en Santander han sido más de 2.000, según la Delegación del Gobierno —5.000 según los organizadores—. En Palma, alrededor de 2.000 personas, según la Policía Nacional, han recorrido la ciudad. También se han producido movilizaciones en Galicia, con protestas en Santiago, A Coruña, Vigo y otras localidades, mientras que en Canarias las marchas han recorrido Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. En Andalucía, además de la manifestación de Jerez, se han celebrado protestas en Cádiz y Huelva, y por la tarde en **Málaga y Granada**. La principal excepción ha sido Barcelona y L'Hospitalet, donde la manifestación prevista para esta tarde ha sido suspendida por el episodio de lluvias y trasladada **al lunes 5 de octubre**.

Muchas reflexiones y miradas caben en este número de octubre de TintaLibre que no agota su caudal al plantear qué ven en la democracia los jóvenes que nacieron después de la dictadura. Por eso resulta tan especiales sus análisis y sus ensayos como también la coincidencia feliz de que tenga lugar en nuestro número 150, uno de esos números que imponen trayectoria y que ahuyentan malos augurios: seguimos imprimiendo en papel en compañía de nuestro hermano digital, seguimos. La portada de la ilustradora multipremiada **Laura Pérez Granel** abre un abanico de posibilidades que más vale tomarlo con un poco de tiempo, porque el 150 no pasa deprisa y conservará sus juicios. Vamos pues a dar algunas pistas sobre un fenómeno, la consideración de la democracia por los ya nacidos con la democracia avanzada, que casi nunca obtiene la misma respuesta y donde intervienen hechos tan emergentes como la crisis, la intimidad, la invasión tecnológica o la comparación con la generación de los padres. El sociólogo **Javier Padilla** sostiene que “es difícil admirar un sistema que parece hecho en contra tuyo. El riesgo de pobreza es considerablemente mayor en gente joven que en gente mayor; el porcentaje de gasto público es también menor entre jóvenes que entre la gente mayor”. **Amanda Mauri** apunta en otra dirección: “Les costó aceptar que la vida que heredaban de sus padres a través de un ascensor social producto de la democracia, el Estado del bienestar y las libertades colectivas se les había enquistado en el cerebro con la forma de una promesa reluciente (…) que la vida sería otra cosa y que, pese a los privilegios culturales y académicos que habían disfrutado, la ilusión del ascenso y de la construcción pertenecían a una época pasada”. Algo así conduce también la reflexión más íntima del escritor Pol Guasch: “En algún momento puede que seamos los jóvenes de hoy los que empecemos a contar lo vivido como si fuera algo que no ha ido con nosotros. Eso no tiene que ver con la democracia, sino con las ganas de recordar y de ser recordado. Pero, de un modo extraño, las ganas de recordar y ser recordado si que tiene que ver con la democracia”. **Jahel Queralt** apunta hacia la diana del propio sistema electoral cuando afirma: “Aunque todos los votos cuenten lo mismo, no todos los votantes vivirán durante el mismo tiempo con las consecuencias de lo decidido. Esta asimetría adquiere especial importancia si tenemos en cuenta que algunas de las decisiones más importantes a las que nos enfrentamos -cambio climático, la deuda pública, pensiones- producen efectos durante décadas y condicionan un mundo en el que los jóvenes vivirán buena parte de sus vidas, pero que los mayores apenas conocerán”. Los vericuetos de este amplio despliegue sobre las miradas en democracia siguen con **Ekaitz Cancela** en _El espejismo generacional_ y atañen a otros ritos más socioculturales como el triunfo de Los Javis en la pantalla partiendo de la juventud como materia prima, vistos por **Paloma Rando** , o el del propio Bad Bunny con el que nos colamos en su concierto de despedida en San Juan de Puerto Rico de la mano de **Natalia Castro Piñón**. También aparece Larra, que al fin y al cabo se pegó un tito a los 28 años y que ya entonces ejercía de insumiso antes las penas de los cubanos a los que se les negaba el derecho de ser españoles, ¿les suena? Nos lo cuenta **Domingo Ródenas** **de Moya**. Sirve de contrapunto **Carlos Pérez** en su entrevista a todo en experto en gerontocracia, el pensador estadounidense Samuel Moyn. Pero como vamos de celebración, porque el 150 luce como el sol, ahí va un ramillete de textos de **Jesús Maraña, Jordi Gracia, Ramón Reboiras, Miguel Sánchez Romero** o miembros del Consejo Editorial de la revista como **Pepa Bueno, Remedios Zafra, Juan Gabriel Vásquez, Marta Sanz, Gioconda Belli, Luís García Montero** o **Leila Guerriero** , amén de nuestro invitado de la Contraportada, nuestro fiel **Wyoming** que sigue en tribunales. Disfrútenlo y sigan, por favor, acompañándonos en la travesía.

Arrancamos. Y lo hacemos **cargados de actualidad**. Analizamos las movilizaciones por el derecho a la vivienda que han marcado un antes y un después. El desahucio de Maricarmen fue el golpe final que sacó a la gente a las calles, pero los problemas vienen de mucho tiempo atrás: durante la última década el precio del alquiler ha subido hasta ser **un 40% más caro**. El precio de la vivienda, sin embargo, se ha disparado aún más, siendo su compra ahora el doble de cara que entonces. En _**Trabajo, ¿luego existo?**___ hemos salido a la calle para retratar esta realidad, y que personas jóvenes nos cuenten cómo viven esta realidad en primera persona. Las reivindicaciones de los profesores del País Valencià por la mejora de sus condiciones continúan. Pese al interés mediático, sobre todo tras el “famoso” empujón de un Policía Nacional a una manifestante durante una manifestación, aún no se ha llegado a un acuerdo con las administraciones que les sea suficiente. En Madrid, las educadoras infantiles ya se han unido a ellas, exigiendo también mejores sueldos, bajada de ratios, más personal y mayor inversión en infraestructuras. Frente a esta pregunta, explicamos cuáles son las claves para entender qué condiciona los salarios. Además de la negociación con tu jefa o jefe, hay otras herramientas que son capaces de modificar la realidad salarial a través de la organización ciudadana y los sindicatos, como son el Salario Mínimo Vital y los convenios colectivos. Las bajas por enfermedad o accidente han aumentado en los últimos años, duplicándose desde 2016. Sin embargo, este crecimiento no afecta solo a España, sino que en el resto de Europa las cifras también son cada vez mayores. Desmontamos el discurso de la patronal y de la derecha de que España es un país de Pese al discurso de la patronal y de los partidos del ala derecha, este no es “un país de vagos”. El argumento de que hay muchos permisos injustificados o manipulados es un bulo: las bajas laborales son concedidas por médicos, y no hay datos de que se esté haciendo incorrectamente. El avance de la extrema derecha está volviendo a cuestionar asuntos clave de los derechos humanos, como el aborto. En la mayoría del mundo, las mujeres no tienen acceso a ello libremente, y en España, donde es libre desde hace solo 16 años, Vox y el PP se han sumado a este discurso del pasado. La ampliación de la central nuclear de Almaraz, en Extremadura, es un movimiento del Gobierno que no ha quedado exento de polémica. Por un lado, algunas organizaciones, incluidos los propios trabajadores de la central, aseguran que es la mejor actuación para preservar puestos de trabajo y apostar por las energías limpias. Por el otro, Greenpeace, junto a otras asociaciones ecologistas y expertos en transición ecológica aseguran que con este cambio el despliegue de renovables puede verse en riesgo, y, a largo plazo, suponer un aumento en el precio de la electricidad. _Trabajo, ¿luego existo?,_ es un informativo centrado en asuntos sociales y laborales nacido para alentar a aquellos que busquen un respiro crítico y satírico ante el ruido externo. Con todo el rigor periodístico de siempre, la iniciativa que infoLibre presenta junto a CCOO pretende ampliar los lugares de conversación para sus socios, socias, y lectores. Disponible **en todas nuestra redes**. ¡Te esperamos!

La investigación judicial por la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha echado a andar esta semana en la Audiencia Nacional. Lo ha hecho con las declaraciones de dos testigos directos de aquella crisis enquistada. Por un lado, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Por otro, quien fuera jefe de gabinete en la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, Gonzalo Sanz. Unas comparecencias que **han terminado por colocar el foco sobre el Gobierno central**. Y que han provocado el enésimo enfrentamiento entre Moncloa y el presidente ceutí. En este caso, por el cruce de llamadas entre el 27 y el 30 de julio, cuando comenzó el asalto a nado bordeando el espigón del Tarajal. Las pesquisas van en varias direcciones. La magistrada instructora, María Tardón, pretende indagar en lo ocurrido en suelo marroquí, con la vista puesta en la actuación de sus Fuerzas de Seguridad y en esos agentes “dinamizadores” que parecían guiar a la “masa” de personas durante la entrada. Pero, sobre todo, **quiere saber qué ocurrió en nuestro territorio, lo que abre un nuevo frente judicial al Ejecutivo de Pedro Sánchez**. “Habrán de investigarse todas las actuaciones [...], tales como la articulación de adecuados medios de respuesta [...], en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva”, recogía el auto que puso en marcha el procedimiento. La desclasificación de documentos relacionados con la crisis ceutí expuso la preocupación que había en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por el incremento de las llegadas a nado a la ciudad autónoma tras la sentencia del Tribunal Supremo. Pero también evidencia que no se dimensionó el volumen real de la amenaza. Durante su declaración como testigo en el Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional, el jefe de la Policía Local de Ceuta durante la entrada masiva, Sebastián Vega, **ha asegurado que él no dispuso de “información previa”** que permitiera anticipar la llegada de más de 70.000 personas en solo un día. Unas horas antes era Vivas quien se sentaba ante la magistrada instructora. Durante su comparecencia, el presidente ceutí **trasladó un mensaje de abandono por parte de Madrid**. Así, señaló que el Ejecutivo central no adoptó medidas “relevantes” para frenar una crisis que se había ido cocinando a fuego lento. Pidieron que se declarara la emergencia nacional, que se estableciera un mando único o que se llevara a cabo un refuerzo “significativo” de las Fuerzas de Seguridad. Pero nada de eso se hizo. “Puede que hubiera un refuerzo, pero no fue significativo porque se produjo la invasión”, relató el dirigente conservador. Vivas, además, detalló el intercambio de llamadas entre Madrid y Ceuta antes y durante la crisis. Así, contabilizó una decena de intentos de comunicarse con el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, entre el 27 y el 30 de julio. Solo tres de ellos, dijo, “fructificaron”. Se refería, en concreto, a dos llamadas entre su jefe de gabinete, Pablo García, y el director de gabinete del presidente, Diego Rubio, el **27 de julio a las 8.39 y a las 13.07 horas** , en las que el segundo informa al primero que los ministerios competentes ya están trabajando para hacer frente al aumento de la presión migratoria. Y a la conversación mantenida entre Vivas y Sánchez **el 30 a las 12.55 horas** , con la crisis ya desatada. En Moncloa rechazan esta versión y aseguran que fueron atendidas prácticamente todas las llamadas. Ellos hablan de nueve, de las cuales dos no fueron respondidas. Sin embargo, **su cronología y la de Vivas coinciden únicamente en las tres conversaciones mencionadas anteriormente**. Al Gobierno central, por ejemplo, no le constan seis llamadas sin respuesta realizadas por Ceuta en la noche del 27 y en la mañana del 28. Y Vivas no hace mención ni a las dos llamadas fallidas realizadas desde Moncloa –una a las 8.30 del 28 y otra a las 12.03 del 30– ni a otras cuatro conversaciones mantenidas al más alto nivel el día de la entrada –unas para organizar la llamada entre presidentes y otras preparativas del viaje de Sánchez a la ciudad autónoma–. El Ejecutivo central deja caer que igual las llamadas se perdieron porque se hicieron por WhatsApp en un momento sin cobertura. No obstante, sostiene que ante la falta de respuesta el interlocutor podía haber dejado un mensaje, algo que no hizo. La versión gubernamental, del mismo modo, **resalta que Vivas solicitó por primera vez hablar directamente con Sánchez con la entrada masiva ya en marcha**. El de las llamadas es el último choque entre el Gobierno y el presidente ceutí, que ya se han enfrentado públicamente por el traslado de menores a la península o por el uso de parte del puerto de Ceuta para alojar a migrantes, una medida que Vivas primero apoyó y luego rechazó. Durante su declaración como testigo, el dirigente conservador también puso el foco sobre la Delegación del Gobierno. **“Nos dijeron que era el cauce de comunicación”** , lanzó, al tiempo que aseguró que la comunicación era unidireccional y que no recibían información de vuelta sobre las gestiones realizadas. Un órgano que la jornada previa al asalto a la frontera ya manejaba información sobre un llamamiento en redes para entrar en la ciudad autónoma aprovechando la Fiesta del Trono en suelo marroquí. “Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores”, escribió un oficial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz. “Sus rilas”, respondió este. Sanz declaró este jueves como testigo en la Audiencia Nacional. Durante su comparecencia, el exjefe de gabinete mantuvo que **informó con bastante claridad de los avisos a su superior** jerárquico, Miguel Ángel Pérez Triano, que dimitió esta misma semana como delegado del Gobierno en Ceuta.**** Y ha dicho que si este último lo negó sería porque no recordaba dicha conversación. Hazte Oír se querelló contra Pérez Triano por posibles delitos de prevaricación omisiva, denegación de auxilio y homicidio o lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión. Hace unos días, la jueza ceutí que llevaba el asunto se inhibió a favor de Tardón. El exjefe de gabinete no salvó al ex delegado del Gobierno. Pero tampoco le hundió. Más bien, situó el foco sobre Madrid. Durante su comparecencia, Sanz dijo que Triano no paró de hablar con secretarías de Estado e instancias centrales y que estaba frustrado porque desde arriba veían la situación como otro verano cualquiera. **“No se atendieron las peticiones de Delegación ni antes ni durante ni después”** , llegó a señalar. Es más, aseguró que se llegaron a remitir a Madrid hasta dos informes planteando una reforma de la Ley de Extranjería o medidas de refuerzo policial.

Sin el apoyo de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, la causa instruida por el exmagistrado **Juan Carlos Peinado** contra **Begoña Gómez** jamás habría conseguido sentar a la esposa del presidente del Gobierno ante un jurado popular. La presidenta de esa sección, **María del Rosario Esteban Meilán** , defiende su candidatura a las tres vacantes en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. No es la primera vez que la magistrada opta –sin conseguirlo– a una plaza en el Alto Tribunal, pero esta vez, la aspirante viene de avalar e incluso orientar una causa llena de excesos alentada por Vox, los ultracatólicos de Hazte Oír o el pseudosindicato ultra Manos Limpias y aplaudida por el PP. La sección 23 no ha puesto pegas de calado a diligencias como los interrogatorios a **Pedro Sánchez** y al ministro de Justicia **Félix Bolaños** , el intento marciano de imputar a este último, la apreciación de riesgo de fuga de la pareja del jefe del Ejecutivo o incluso desobediencias del juez a sus propias resoluciones. La Fiscalía, que reclama, por ahora sin éxito, el archivo, considera que el instructor buscaba un objetivo extraprocesal: hacer daño mediante la pena de banquillo. Nada grave para Esteban Meilán y sus colaboradores, que han avalado el procesamiento. Además de acreditar los requisitos para acceder al Supremo, los candidatos a sus plazas deben **redactar un sucinto currículum** con su trayectoria judicial y académica (si la tuvieran). También deben **aportar una serie de resoluciones** redactadas por ellos que destaquen por su especial trascendencia técnica y con las que intentan demostrar que tienen la pericia, capacidad profesional y experiencia necesaria para formar parte de la más alta instancia judicial española, en este caso la correspondiente a la jurisdicción penal. Además de demostrar sus méritos sobre el papel, los aspirantes deben **comparecer después ante los miembros de la comisión de calificación** del Consejo General del Poder Judicial –la que se encarga de preseleccionar las ternas de candidatos de entre las que el Pleno del gobierno de los jueces debe seleccionar a uno–. Lo que hasta el anterior Consejo era una entrevista pública en la que los vocales preguntaban, ahora se ha convertido en una exposición de 10 minutos sin tener que responder una sola cuestión. En su breve reseña curricular, Esteban Meilán no ha incluido ninguna de las resoluciones de su sección frente a recursos contra la instrucción de Peinado en el caso Begoña Gómez. Pero, indirectamente, la candidata al Supremo –que ya lo intentó en 2018– hizo referencia a ella en su comparecencia ante los vocales (a partir del minuto 6.40). "La Sala Segunda [o de lo Penal] conoce cada vez con mayor frecuencia de asuntos de extraordinaria relevancia institucional, social y mediática", dijo durante su exposición. "A lo largo de mi trayectoria e intervenido en numerosos procesos de esta naturaleza y **algunos han tenido una evidente dimensión política** ", añadió. "Cuando se analiza una trayectoria profesional amplia y no un procedimiento concreto, aparece un dato que considero especialmente significativo. He conocido procedimientos que afectaban a personas, instituciones o colectivos [...] **tanto próximas a posiciones conservadoras como a posiciones progresistas** ", continuó. "Si se analiza objetivamente el conjunto de estos procedimientos, el resultado en sencillo: **no puede apreciarse ninguna pauta ideológica en las decisiones adoptadas** ". Esa referencia a su neutralidad ante los procesos más políticos se entiende por el momento en que llega el proceso de selección para llegar a la cúspide de la judicatura. Esteban Meilán llega con su candidatura marcada por el último auto de su sección en el caso Begoña Gómez, que confirmó a grandes rasgos lo instruido por Peinado, aunque redujo la nómina de delitos a dos, tráfico de influencias y malversación, al no apreciar las otras dos infracciones que imputaba el polémico instructor: apropiación indebida y corrupción en los negocios. La magistrada y otros cuatro colegas consideraron "verosímil" que Gómez hubiera conseguido una cátedra en la Complutense por **"el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno"**. También que **ese parentesco "puede comportar una presión moral eficiente** a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias", comparando su caso con el de **Iñaki Urdangarin** , el yerno del emérito. Al bendecir el procesamiento de la esposa de Sánchez, la sección 23 que preside Esteban Meilán aseguró que el beneficio obtenido por la creación de esa cátedra fue "prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos". También señaló que **"disparó sus ingresos [...] de forma exponencial"** , aunque reconoce que, como máximo, cobró 14.900 euros en un curso académico (unos 1.200 al mes). Hubo años en los que no llegó a los 800 euros. San Baldomero, el fiscal del caso, ha pedido el archivo en varias ocasiones entre otras razones porque sostiene que Begoña Gómez, como directora de la cátedra, **ganó "cero euros"**. Ninguno de los autos de la sección 23 ha tenido, en los dos años largos que ha durado la instrucción, un solo voto particular discrepante. Ni de Esteban Meilán ni de ningún otro magistrado. La Fiscalía no ha parado de reclamar el archivo, pero el caso ha seguido adelante **con el impulso de los ultracatólicos de Hazte Oír, Vox, Manos Limpias y Iustitia Europa**. En esas condiciones no es extraño que Esteban Meilán tratara de reivindicar su imparcialidad, algo que debe suponerse a todos los jueces. Para acceder al cargo al que aspira **necesita que al menos tres quintos de los vocales (13 de los 21, incluyendo a la presidenta, Isabel Perelló) le voten** , por lo que la candidata no solo necesitaría los votos de los 10 vocales del sector conservador. También tendría que poder pescar alguno entre los progresistas. Es entre los consejeros de esta sensibilidad donde su reciente actividad en el caso Begoña Gómez tiene más visos de perjudicarla. La mayoría de los vocales a propuesta del PSOE y Sumar aprecian **graves irregularidades en la instrucción de Peinado** e incluso se han manifestado favorables a expedientarlo y, en su caso, sancionarlo por las faltas de respeto a Bolaños durante su interrogatorio como testigo, su manifiestamente injustificado intento de imputarlo ante el Supremo y la supuesta filtración de la providencia en la que acordó su toma de declaración como testigo, que fue publicada por _El Mundo_ doce horas antes de que se notificara a las partes. La sección 23 de la Audiencia de Madrid no solo ha tenido esta actuación polémica en los últimos años. El 30 de septiembre de 2024, tres de sus magistrados –**entre los que no estaba su presidenta, Esteban Meilán** – plantearon **una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía**. Lo hicieron al revisar la sentencia a un condenado por unos desórdenes ocurridos en el centro de Madrid después de una manifestación en la capital de España contra la condena de los líderes independentistas catalanes. **Enrique Berges, José Sierra y Jesús Gómez-Angulo** (hermano del exsecretario de Estado para el Deporte con José María Aznar y exconcejal asesor de Ana Botella, Juan Antonio Gómez-Angulo), que también han participado en la deliberación de varios de los recursos del caso Begoña Gómez, cuestionaron la norma legal ante el tribunal de garantías sin que nadie se lo pidiera. La cuestión, que fue rechazada de plano por el Constitucional, fue **la única planteada desde un tribunal territorial sin sede en Cataluña**.

Antes del nombramiento de Alondra de la Parra al frente de la **Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid**(ORCAM), la institución estaba al borde de la quiebra. A partir de aquel año, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso decidió, con el objetivo de asegurar su continuidad, inyectar una cantidad nada desdeñable de fondos a la institución. El aumento del presupuesto específico destinado a la fundación ha ido escalando con los años desde la llegada de la directora de orquesta mexicana, una operación que la oposición encaja como una suerte de "rescate". Febrero de 2024. Alondra de la Parra aterriza en la institución después de que su nombre fuera planteado por la entonces recién llegada directora gerente de la fundación, María Antonia Rodríguez. Hasta ese año, el presupuesto que la Comunidad de Madrid destinaba a la ORCAM nunca había alcanzado los **cuatro millones**. Pero entonces, la región presupuestó una partida de 4,4 millones de euros para la fundación, una cifra que escaló a los 5,4 millones al año siguiente. En julio de 2025, la Comunidad aprobó además una aportación económica extraordinaria, justificada por la situación de "quiebra técnica" que asolaba a la institución, tras haber acumulado resultados negativos que derivaron en un "déficit estructural", tal y como describía la propia Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Para evitar que su viabilidad fuera puesta en duda, el gobierno regional estipuló "necesario y perentorio" **tomar medidas** que se tradujeron en un crédito extraordinario de 1,8 millones aquel año. No era la primera vez: el 2023 el Gobierno regional ya había aprobado una inyección económica extraordinaria que, sin embargo, se demostró insuficiente para revivir a la fundación. Lo cierto es que la fundación, en aquel momento, estaba atravesada por una situación de grave deterioro, con unas **cuentas en negativo**. La institución comenzó a recuperarse coincidiendo con el aumento de los fondos públicos y el consiguiente saneamiento impulsado por la Comunidad de Madrid. Pero el gran **salto económico** llegó en el presupuesto del año siguiente. En 2026, la fundación ha recibido 9,9 millones de euros de la Consejería liderada por Mariano de Paco, a su vez presidente del patronato de la ORCAM. La cifra supone un**aumento del 66,05%** respecto al año anterior y eleva la aportación a más del doble de la correspondiente a la etapa previa a Alondra de la Parra. "La Comunidad de Madrid y la Fundación ORCAM trabajan para renovar, mejorar e internacionalizar la entidad, que ha **multiplicado su actividad y relevancia** ", señalan ambas instituciones en una respuesta conjunta a preguntas de **infoLibre**. Tanto la Comunidad como la ORCAM inciden en que entre las temporadas 2023/24 y 2024/25 "la **venta de entradas** creció un 210,5%", pasando de 2.019 a 6.270, mientras que los abonos "aumentaron un 56,5% en dos temporadas". El incremento de los fondos, detallan, tiene como objetivo destinar recursos "al incremento de la actividad, las contrataciones, la producción, el personal, el mobiliario y la digitalización". Para la contratación de Alondra de la Parra, la Comunidad de Madrid activó el procedimiento **negociado sin publicidad** , una tipología avalada por la ley de contratos del sector público, entre otros supuestos por razones vinculadas a una creación o representación artística única. Su contratación se realiza mediante este procedimiento, con una única oferta y por un valor de 457.000 euros sin impuestos para cuatro temporadas. La remuneración se divide en dos partes: una cantidad anual por ejercer como directora titular y artística, a lo que se suma un caché adicional por cada programa que dirige. El contrato reserva 132.000 euros para la retribución fija y 325.000 euros para los programas de dirección previstos a lo largo de los cuatro años. Preguntada por el importe exacto que ha percibido efectivamente la artista mexicana hasta hoy, desglosado por retribución fija, cachés por programas de abono y cualquier otra remuneración adicional, la Comunidad de Madrid se limita a responder: "La remuneración de Alondra de la Parra, figura de reconocido prestigio internacional, se establece en el contrato público disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público [los datos que ahí constan son los desglosados en el párrafo anterior]. La directora no tiene exclusividad, por lo que puede ejercer su actividad profesional como directora y productora **más allá de la ORCAM** ". Quien puso el nombre de Alondra de la Parra sobre la mesa fue **María Antonia Rodríguez** , que se incorporó como directora gerente de la Fundación ORCAM en julio de 2023. La directiva llegó con una remuneración superior a la de su predecesora (un 16% más, aproximadamente), a pesar de las pérdidas. La incorporación se produjo tras el cese de la anterior directora gerente y en un contexto de movilizaciones internas por su gestión. La nueva responsable, en cambio, "acabó con parte de las buenas prácticas instauradas en los últimos años", como el concurso público para la dirección artística y los procesos de selección transparentes en el cuerpo técnico, asienten fuentes cercanas a la institución. La institución **nació en la década de los ochenta** , pero a principios del presente siglo deviene en fundación, con personalidad jurídica propia y de gestión privada, aunque formando parte del sector público. Su patronato está compuesto, en su mayoría, por **cargos del Gobierno de Ayuso**. Lo preside el propio consejero de Cultura y el vicepresidente es su número dos en la Consejería, Luis Fernando Martín Izquierdo, que fue **nombrado para el cargo tres meses después de la selección de Alondra de la Parra.** Entre sus vocales, se encuentran Bartolomé González Jiménez, director general de Patrimonio Cultural y Oficina del Español y exalcalde de Alcalá de Henares por el Partido Popular. Junto a él, se encuentran Manuel Lagos Gismero, director general de Cultura e Industrias Creativas de la Comunidad, y Laura Martínez Cerro, directora general de Turismo y Hostelería.

La transformación del sistema de medios de un país depende en buena medida de lo que sus ciudadanos consideran que es una noticia. Hasta hace relativamente poco tiempo, esa categoría estaba reservada a lo que publicaban los periódicos o emitían la radio y la televisión en sus espacios informativos. Hoy muchas personas llaman noticia a un vídeo que ven en redes, a lo que cuenta un influencer o a lo que escuchan en un _podcast_. Esas nuevas fuentes no se rigen por las normas del periodismo. Un _influencer_ no está obligado a verificar lo que cuenta ni a distinguir entre hechos y opiniones. Un _podcast_ puede mezclar en la misma conversación un dato comprobado, un rumor y una opinión personal. Puede ser ficción. Y quien lo escucha no siempre percibe los límites. Los medios ya no compiten solo entre sí. Lo hacen con voces individuales que pelean por la atención del público y que, cada vez más a menudo, deciden qué temas entran en la conversación pública antes que las redacciones. Para una parte creciente de los ciudadanos, la noticia la define el lugar donde la encuentran y la persona que se la cuenta, más que el trabajo periodístico que hay detrás. Y eso está cambiando. El fenómeno es tan relevante que ya hay estudios que intentan medirlo. El último publicado dice que uno de cada dos españoles cree que su forma de entender qué es una noticia ha cambiado en los últimos cinco años. Así lo afirma el **51% de los encuestados en España** por el **Reuters Institute for the Study of Journalism** , el centro de investigación sobre periodismo de la Universidad de Oxford. Solo Argentina, con un porcentaje del 59%, supera esa cifra entre los seis países analizados. En Japón, en el otro extremo del análisis, lo percibe apenas el 17%. Los datos proceden del informe _**Changing Definitions of News in a Digital Environment**_ , publicado el mes pasado, y firmado por Tali Aharoni, Waqas Ejaz, Amy Ross Arguedas y Richard Fletcher. Es un estudio que trata de averiguar qué considera noticia el público ahora que la información circula en las redes mezclada con entretenimiento, estilo de vida y contenidos personales. El hallazgo central es que la idea clásica de noticia sigue en pie, pero apenas la mitad de los ciudadanos la suscribe en exclusiva. El 49% de los encuestados mantiene lo que los autores llaman una definición de **“núcleo tradicional”**. Para ellos, noticia es lo que cuentan periodistas y expertos sobre política, economía o conflictos y lo hacen en medios dedicados a informar, utilizando para ello textos o vídeos largos. Es lo mismo que la inmensa mayoría de los periodistas considera “noticia”. Exclusivamente. No obstante, ya hay otro 26% que ensancha esa definición e incluye en ella temas como los videojuegos o la moda, contenidos sobre la vida de los famosos, lo que digan los _influencers_ y lo que llega a través de las redes sociales, los _podcasts_ y los vídeos cortos. Incluso acepta dentro de esa categoría contenido como los comentarios, los debates y hasta la sátira. El informe denomina a este grupo “núcleo ampliado” mientras que la jerga profesional siempre los ha llamado contenidos _blandos_. **España** se sitúa en la zona media. El 46% de los españoles tiene una definición tradicional y el 28%, una ampliada. Son cifras casi idénticas a las de EEUU (46% y 29%). En Reino Unido, en cambio, domina la visión clásica (68% frente a un 8%). Argentina es el único país donde el grupo que considera noticias los contenidos _blandos_ supera al tradicional (40% frente a un 36%). La edad resulta esencial a la hora de marcar diferencias entre los dos grupos. El 37% de los jóvenes de 18 a 24 años tiene una visión ampliada, frente al mucho más limitado 20% de los mayores de 55. Sin embargo, la proporción de quienes asumen la definición de noticia tradicional ronda el 75% en todas las edades. Algo parecido ocurre con quienes se informan principalmente con plataformas como las redes sociales, los _chatbots_ de inteligencia artificial o los _podcasts_. El 38% de este grupo tiene una definición ampliada, que incluye contenidos _blandos_ , frente al 25% de quienes lo hacen mayoritariamente a través de la televisión, la radio, la prensa o las webs de los medios. Por debajo de todas esas diferencias hay un suelo común. El **65% de los encuestados considera esencial que una noticia se base en información precisa y verificable**. En Reino Unido la cifra llega al 77%. En los seis países lo cree así la mayoría. La opinión, como era de esperar, tiene mucho menos predicamento. Solo el 10% de los encuestados consideró esencial que la información incluya puntos de vista personales. De hecho, un 18% piensa que la opinión impide que algo sea noticia. Otra de las aportaciones del estudio es que el canal pesa mucho en el juicio del público. En la media de los seis países, más de ocho de cada diez consideran noticia lo que emiten los informativos de televisión (88%) y radio (88%), lo que publican las webs de noticias (87%) y lo que traen los periódicos impresos (85%). Pero solo una tercera parte dice lo mismo de las redes sociales (35%) y los _podcasts_ (33%). En el caso de los _chatbots_ de inteligencia artificial, la cifra baja al 26%. En España, la radio encabeza la lista con un 89%, por delante de la televisión (87%), la prensa en papel (85%) y las webs informativas (84%). Los españoles, según el informe, se muestran más abiertos que la media a las fuentes no tradicionales. Hasta el punto de que un enorme **42% de los encuestados considera noticia la información que le llega de personas conocidas** , nueve puntos por encima del promedio. Las redes sociales (37%) y los _podcasts_ (37%) también superan la media en nuestro país. Según el Reuters Institute, España y Argentina son los territorios más proclives a dar ese valor a las fuentes interpersonales, las redes y los _podcasts_. Otra de las conclusiones señala un dato previsible: los jóvenes están mucho más dispuestos a ver noticias en las redes (53% de los menores de 25 años frente al 23% de los mayores de 55). No obstante, los datos recogidos muestran que muchos de los encuestados usaban las redes como puerta de entrada y luego comprobaban la información en medios establecidos. En ese contexto, no todas las redes se perciben igual. X es la más asociada a la actualidad y TikTok, la más alejada. Los autores del estudio aseguran que quien transmite la información resulta igual de decisivo a la hora de considerar que algo es noticia. Los expertos o científicos (82%), los políticos (78%) y los periodistas (72%) son reconocidos como emisores de noticias por amplias mayorías. En cambio, los famosos, las personas corrientes y los **creadores de contenido** solo lo son para entre el 20% y el 30%. El informe lo comprueba con escenarios concretos. El 86% de los entrevistados consideró noticia la dimisión de un alto cargo político, pero si esa misma información procede de creadores de contenido o _influencers_ , el porcentaje cae al 25%. Una ola de calor provocada por el cambio climático pasa del 80% al 22% en las mismas condiciones. El efecto funciona también al revés. Solo el 32% ve noticia en unos cachorros de panda jugando en un zoo. Pero si la información la transmiten expertos o científicos, la cifra sube al 63%. A la boda de un famoso le ocurre algo parecido: pasa del 27% al 50% en la consideración de noticia cuando la cuentan periodistas. Los temas también dibujan una jerarquía igual de nítida. Los conflictos militares (91%), la economía (91%) y la política (90%) son noticia para casi todos. El cambio climático lo es para el 81%, aunque con una reveladora brecha ideológica de 20 puntos (91% en la izquierda y 71% en la derecha). El deporte, en cambio, ocupa una posición intermedia (69%). Cuanto más _blando_ el contenido, peores cifras. El entretenimiento y los famosos (38%), la moda (23%) y los videojuegos (20%) se quedan en los márgenes. Y ahí se concentran las diferencias entre generaciones. El 32% de los jóvenes de 18 a 24 años considera noticia la información sobre videojuegos, frente al 11% de los mayores de 55. En estos temas fronterizos, lo que manda es el gusto personal. La forma de presentar la información completa el cuadro. Las últimas horas o los directos (87%), la información verificada (80%) y los documentales o investigaciones (77%) son los géneros más asociados a las noticias. Las entrevistas (61%) y los debates (55%) ocupan un terreno intermedio. Los artículos de opinión (48%) y la sátira (19%) se quedan mucho más lejos. Mucho más llamativo es el dato, registrado por el informe, según el cual el **formato** también cuenta. En España, el 75% considera noticia un texto largo y el 47%, uno corto. El vídeo largo (65%) supera al corto (43%). En el audio sucede lo contrario. El audio breve (68%) se reconoce como noticia mucho más que los episodios largos de _podcast_ (42%). No obstante, España es el segundo país más receptivo después de Argentina al vídeo corto y el texto breve. El 43% de los españoles ve noticia en un vídeo corto de redes, frente al 39% de media de los países analizados y el 31% de los británicos. El contexto termina de decidir qué se percibe como noticia y qué no. En España, el 37% considera esencial que una noticia tenga impacto en la sociedad y el 28%, que repercuta directamente en su vida. Solo los argentinos (31%) dan más peso que los españoles a la relevancia personal. En Japón, en cambio, la distancia entre ambas ideas es máxima (53% frente a 20%). El estudio detecta además una distancia muy significativa entre lo que el público llama noticia y lo que de verdad le interesa consumir. Aunque muchos valoran la información seria, la asocian a un flujo constante de guerras, crisis e incertidumbre que resulta agotador. Ese dilema alcanza a los medios. El informe encuentra una **correlación moderada entre la confianza en una marca** y la proporción de usuarios que creen que casi todo lo que publica es noticia. Las marcas con una identidad informativa clara, como la pública noruega NRK, la independiente norteamericana NPR o la BBC, son las más vistas como productoras de noticias. En cambio, en los **tabloides británicos,** más ligados al entretenimiento, son pocos los usuarios que consideran noticia casi todo lo que publican. Las marcas con más contenidos _blandos_ tienden a generar poca confianza. Los autores sugieren a los medios que hagan visible ese núcleo, el de la noticias _duras_ , para **ganar confianza.** Aunque no solo eso. Proponen también identificar las fuentes y la autoría, tratar con transparencia la incertidumbre y separar con claridad información, análisis y opinión. También señalan los formatos explicativos o breves como una vía de entrada al periodismo más completo. Los escenarios del estudio muestran el tamaño de esa distancia entre lo que se considera importante y lo que realmente atrae al público. El 86% consideró noticia la dimisión de un político, pero solo el 77% se interesaría por leerla, verla o escucharla. Y al revés: apenas el 27% ve una noticia en la boda de un famoso, pero hasta un 51% estaría dispuesto a consumir ese contenido.

Ya saben la fábula que suelo utilizar a menudo por su capacidad descriptiva, de aquel escorpión que pidió a una rana que lo transportara sobre su lomo para cruzar un río. Ésta se mostraba renuente porque sabía que el escorpión podría clavarle el aguijón. “Cómo iba a hacer eso; si te mato en plena travesía yo también pereceré ahogado”, argumentó el arácnido. La pobre rana quedó convencida, y accedió. Sin embargo, en medio de la corriente, el escorpión picó al batracio. “¡Oh! –dijo la rana–. Ahora ambos moriremos. ¿Por qué has hecho esto?”. “No he podido evitarlo –respondió el escorpión–. ¡Está en mi naturaleza!”. Resulta difícil no recordar esta fábula al ver cómo Junts ha tumbado los dos decretos que pretendían regular los desmadres del mercado de la vivienda. En efecto, **Junts ha votado según su naturaleza** , la de un partido de propietarios nítidamente situado a la derecha. Frente a quienes vieron en ellos una suerte de organización transversal que unía desde socialdemócratas hasta neoliberales pasando por democristianos que tenían en común el independentismo catalán, **el Junts post-procés se ha escorado más a la derecha** , tiene un potente competidor en Aliança Catalana y**lleva tiempo previendo el final del actual Gobierno de España**. Muchos pensábamos que sería al día siguiente de que el Constitucional diera luz verde a la amnistía de Puigdemont. Nos equivocamos, ha sido una semana antes. Con este movimiento queda claro que el eje izquierda-derecha nunca se fue, que la divisoria sobre la cuestión nacional ha prevalecido mientras les ha servido a ellos y que, con Puigdemont paseándose por Cataluña, no tendrán reparo en aliarse con la derecha; está en su naturaleza. Si se repasan las votaciones en el Congreso se verá que en materia económica nunca se han alejado de la bancada conservadora, ultras incluidos. Si Junts le ha clavado el aguijón al Gobierno,**la movilización tanto en las calles como en las urnas puede ser el antídoto**. El desahucio de Maricamen y las acampadas posteriores por el que es, sin duda, el primer problema de los españoles, **ha devuelto la conversación pública al lugar donde debe estar** , a aquello que quita el sueño y que determina de forma inequívoca la vida de todos nosotros y todas nosotras. Jóvenes y no tan jóvenes, todas y todos aquellos que accedieron al mercado de la vivienda a partir de la crisis de 2008 ven cómo tener un techo es un sueño inalcanzable o sólo a costa de hipotecar sus vidas durante décadas. Por eso la movilización y la campaña dan la oportunidad de centrar la conversación pública y política en aquellos asuntos que preocupan a la ciudadanía, un espacio donde la transversalidad es mayor y la izquierda tiene más fácil movilizarse. **Se trata de activar** a, aproximadamente, **1,5 millones de votantes progresistas que a día de hoy (o de ayer) no pensaban acudir a votar**. En este marco, la ciudadanía va a exigir propuestas concretas, claras y ejecutables. Una campaña exitosa pasará por medidas creíbles que den respuesta a este y otros problemas que la sociedad percibe en su día a día. En un contexto internacional de tensión creciente, con una crisis económica larvándose a fuerza de inflación, la Unión Europea empezando a dar señales de pretender volver al austericidio y el descontento en aumento, **ganará la partida quien consiga recuperar la confianza perdida**. Si la campaña acierta, el electorado progresista, desencantado y desmovilizado, va a ser muy exigente, pero en este contexto y tras este final abrupto, tendrá difícil quedarse en casa cuando le llamen a las urnas. Máxime si, como vaticinan todas las encuestas, Trump se lleva un revolcón en las elecciones de medio mandato el 3 de noviembre y se demuestra, una vez más, que la ultraderecha no es imparable.

Tantos años nos hemos pasado los oficiantes hablando de que**el periodismo solo es jerarquía** , es decir, agenda de asuntos, y de que, más allá de escribir bien, tener buenas fuentes, contrastarlas, investigar, hacer frases hermosas…, lo más importante que hace un medio es establecer un orden jerárquico de los asuntos y saber qué se puede dejar fuera, que ahora no sabemos qué decir. La realidad de los últimos meses revela una conversación de país monotemática. La sucesión es, aproximadamente: **apagón, fiscal, Adamuz, Ábalos, Leire, Cerdán, Zapatero, ático, Ceuta, desahucio, acampada** … Pero los asuntos ya no se jerarquizan en una estructura vertical, sino que se suceden en una articulación consecutiva, como un hilván que nos zarandea de lo irrelevante a lo exagerado, pasando por lo sustantivo. Como si fuéramos tíos blancos hetero —que a menudo lo somos— que no saben hacer dos cosas a la vez, los periodistas estamos demostrando que **solo podemos atender y proponer un asunto cada semana** , lo cual, aunque parezca una banalidad, es una absoluta novedad en un oficio cuyo principal cometido, como alguna vez hemos comentado, es jerarquizar el mundo cada día: establecer qué asuntos de lejos son tan relevantes como para imponerse a los de cerca, o qué asuntos estructurales, es decir, de fondo, deben aflorar por encima de la premura de lo inesperado. Dicho de otro modo, cómo bailan lo urgente y lo importante. Las tablas mentales con las que de común hacíamos ese ejercicio de vertebración de la actualidad —cuya parte más dramática y elocuente es decidir **qué asuntos no vamos a contar porque no caben** — componen el concepto más importante de este oficio, pero también el único que, pese a su aparente concreción, es tan indefinible como las payasadas religiosas que suelen emplear los periodistas culturales cuando no saben qué decir —"alma", "duende", "talento", "creatividad" y demás aperos de labranza espiritistas—. Ese concepto es _el criterio_. Y, pese a las dificultades para concretarlo —aquí propondremos una definición, no se inquieten y sean pacientes—, es sin duda el atributo más importante que debe poseer un impostor de los del oficio. En el periodismo de papel, esa virtud podía ser testada cada día en las llamadas "reuniones de primera", en las que se decidía qué asuntos iban a asomar en portada —a pesar de los usos convencionales, los diarios de papel nunca han tenido "portada", sino "primera plana"— y **cuál era la jerarquía en la que aparecerían los asuntos elegidos.** El criterio no solo es revelador de las capacidades del equipo de periodistas que lo elabora, sino también de los intereses del medio, porque solo los adolescentes y Podemos conciben que pueda haber medios que no estén afectados por intereses y propósitos mundanos. **No pasa nada: los medios son gente, así que son como la gente.** Para el resto, para los adultos, cada primera es un escaparate no solo de lo que ha pasado, sino —mucho más importante— de lo que el medio y sus propietarios pretenden que pase. Así las cosas, cualquiera puede entender que, periodísticamente, **el Sindicato de Inquilinas se ha convertido en el primer actor político del país,** porque esta organización no solo ha conseguido opacar la bien organizada agenda judicial golpista del otoño —ya saben, el collar de Zapatero, el linchamiento de Begoña Gómez, las investigaciones de Pepe Gotera del coronel Balas, las humillaciones internacionales de las glorias de Manuel Marchena—, sino también el regalo trumpista que lograron las derechas reaccionarias en verano con la ofensiva sobre la frontera ceutí, que tenía a todo el _covadonguismo_ español echando espumarajos por la boca 24 horas al día, siete días a la semana. Ceuta aplastó incluso **el asalto a la caja fuerte de Zapatero** por parte de quienes buscaban otra cosa, "pero, coño, esto servirá". La novísima inclinación al periodismo monográfico, que copa tanto una portada como un informativo de tres horas, había topado con un regalo, y los golpistas que llevan subidos a la parra del jardín desde que, en julio de 2023, se quedaron sin los ministerios, secretarías de Estado y asesorías de gabinete que ya tenían repartidos, salivaban como perros guardianes en una viñeta de Ibáñez. El asunto fronterizo, con las crisis humanitaria y ciudadana consecuentes, se antojaba imbatible —porque, además, **la resolución solo puede ser larga, burocrática y procedimental** , toda vez se nos supone una democracia liberal y no un chamizo cortesano—, pero, en tiempos de volcanes, huracanes, apagones y pandemias, nunca sabes dónde hay una baldosa con charco que te ponga pingando, y el desahucio de Maricarmen Abascal ha resultado ser ese adoquín con sorpresa. Aprendido este atributo del presente, su monomanía, el calendario electoral que se nos viene encima será dilucidado por el asunto, el único, del que se hable en campaña. Si el fragor ciudadano contra las ciudades desvencijadas por los estertores neoliberales preside la conversación, las derechas extremas disponibles —olvídense de la democracia cristiana por el momento: hoy es un avío conservador para el museo, como las hombreras o los sintetizadores de guitarra; o sea, ni está ni se la espera— tragarán saliva sin saber qué decir. La debacle de la tecnocracia neoliberal no ha impedido que**la inercia de los hechos aún nos haga oír hablar de animales fantásticos** como "la colaboración público-privada", pero nadie se atreve a defender en serio esas políticas económicas, si no es un _tiktoker_ con Lamborghini, brazos en jarras porque no le caben para colgarlos a los lados y los labios operados, o una vedete televisiva venida a más como Javier Milei o Donald Trump. Dicho de otro modo, si la conversación venidera gira en torno a la **criptozoología de la Nave del Misterio y su carromato de animales fantásticos** —el moro violador, la feminazi con tijeras de podar bajo la almohada, el marica de efluvios homosexualizantes…—, los que llevan más de tres años esperando el ansiado despacho en la secretaría de Estado se saldrán con la suya y protegerán a España del malévolo plan de Spectra consistente en sustituir a nuestra población de rocieros por otra de mahometanos (si acaso son distintos). En cambio, si la monografía que **se instala es que son muchos setecientos euros** por vivir en el cuarto de las escobas y tener que levantar el canapé de la cama —"lujo"— para sacar el váter, entonces tal vez el destino del país sea otro y se parezca más al que espera a una población alfabetizada. Ah, sí, les debo la definición de criterio. Criterio es tener dos dedos de frente.

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una **vivienda digna y adecuada**. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”, reza el artículo 47 de la Constitución española. Sin embargo, la realidad es muy diferente y los españoles se enfrentan cada vez más a precios del alquiler desorbitados y al problema de los desahucios. Cada día en España se producen unos **45 desahucios** y entre ellos estuvo el de Maricarmen. Con 87 años, 70 de ellos viviendo en la misma casa del barrio de Retiro, su desahucio se ejecutó el 23 de septiembre tras meses de lucha por evitarlo. La asociación que estuvo en todo momento acompañándola fue el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que utilizó el caso de Maricarmen como ejemplo de cómo la especulación se impone sobre la humanidad. El sábado 26 de septiembre se convirtió en el día clave: **unas 25.000 personas** recorrieron las calles de Madrid en una manifestación en apoyo de Maricarmen que acabó en una acampada en la Puerta del Sol. Lo que nació como algo improvisado y puntual se acabó convirtiendo en un punto de encuentro de personas afectadas por el problema de la vivienda, que desde ese día duermen y conviven en la plaza madrileña. Y es que el caso de Maricarmen solo fue la gota que colmó un vaso ya de por sí demasiado lleno y ha conseguido aglutinar y despertar toda la rabia y desesperación que afecta a tantas personas por toda España. En una semana, la Puerta del Sol ya cuenta con más de 1.200 tiendas de campaña y el número no deja de crecer. “De primeras no esperábamos tanta gente, porque no sabíamos si se querrían quedar, pero parece que sí. Ha sido **bastante loco** ”, indica Sandra Mora, portavoz del Sindicato de Inquilinas. El éxito de esta movilización responde a un “**hartazgo creciente** de la sociedad” ante la falta de medidas que protejan a las personas frente a la crisis de la vivienda, según lo describe Marta Mendiola, investigadora de derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional, en conversación con **infoLibre**. A su juicio, el descontento se ha acumulado durante meses por la falta de acuerdos políticos para frenar los desalojos de personas vulnerables y por el **aumento de los alquileres** hasta niveles que “los salarios y las pensiones no pueden soportar”. En este contexto, el caso de Maricarmen ha actuado como detonante sobre un malestar previo. “Eso ha prendido una mecha sobre un terreno ya muy abonado por el descontento por la falta de consenso político sobre una situación que afecta a millones de personas”, explica. Mendiola subraya, además, que la movilización actual no surge de la nada, sino que recoge el testigo de otras luchas sociales por el derecho a la vivienda. “Es importante también recordar otras luchas del pasado”, señala, y pone como ejemplo a la **Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)** , un movimiento que, según recuerda, “puso también la necesidad de adoptar medidas contra los desalojos”. Para la investigadora, este recorrido explica en parte el momento actual. “Creo que es muy importante también mencionar todo el **histórico de luchas sociales** ”, afirma, antes de destacar el papel que siguen desempeñando los movimientos sociales, que “están parando los desalojos” y negociando con fondos de inversión y Administraciones para evitar que las personas pierdan sus viviendas. Aunque esta movilización comenzó principalmente de la mano del Sindicato de Inquilinas, su liderazgo se ha ido reduciendo con el paso de los días y el movimiento se ha vuelto cada vez más descentralizado. En la acampada de Sol hay por el momento **más de 30 organizaciones** , entre ellas sindicatos de vivienda de barrio y asociaciones como la Coordinadora Juvenil Socialista, Ecologistas en Acción o la Plataforma Laboral de Educadoras Infantiles. A través de su coordinación se ha conseguido montar una pequeña ciudad en plena plaza que cuenta, gracias al trabajo de voluntarios, con servicios de alimentación, sanitarios, de limpieza e incluso de urbanismo y cartografía para organizar las tiendas de campaña por calles y así **no bloquear ningún acceso**. La idea de los acampados es mantener la lucha por la vivienda digna, pero también compaginarla con otros movimientos, como la defensa de una educación y una sanidad de calidad o la respuesta humanitaria en la crisis de Ceuta. Esta chispa ha conseguido ir más allá del ámbito regional y durante toda la semana se ha extendido por diferentes ciudades como Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao o Santiago de Compostela. “Esto es un síntoma de que **hay un problema real** y una voluntad de cambio que va más allá de los gobiernos progresistas o de los partidos de la izquierda y que nace desde abajo”, defiende Diego Fernández, militante de Anticapitalistas y miembro del Sindicato de Inquilinas. Toda esta movilización no ha sido ajena a la clase política y durante la semana los partidos han tenido que responder a estas reivindicaciones sociales. El Gobierno presentó el martes dos decretos de vivienda con los que pretendía mejorar la situación y aplacar los ánimos. El primer texto incluye, entre otras medidas, límites a las subidas de los alquileres y medidas de **protección frente a los desahucios** , mientras que el segundo plantea un nuevo régimen de prórrogas de los contratos de alquiler. Al final, ninguno de los dos salió adelante y los votos en contra de PP, Vox y Junts per Catalunya en ambos textos fueron clave para que no fueran convalidados. “Los grupos parlamentarios que han votado en contra de estos dos decretos no están protegiendo el **derecho a la vivienda**. No están protegiendo los derechos de las personas”, sostiene Mendiola. La investigadora reconoce que las dos normas **“son mejorables”** , pero defiende que incluían medidas con un impacto directo sobre quienes sufren la crisis habitacional. Esta es la visión que comparte la mayoría de los acampados que, aunque consideran que las medidas son totalmente insuficientes, defienden que cualquier mejora es bienvenida, por pequeña que sea. **“Los fondos buitres gobiernan el Congreso”** , gritaron activistas desde el hemiciclo tras finalizar ambas votaciones y mientras los diputados abandonaban la sala. La indignación no ha hecho más que crecer y, aunque en los días anteriores ya nadie lo dudaba, la lucha sigue adelante. Este primer fin de semana de octubre va a ser testigo de multitud de manifestaciones convocadas por los sindicatos de inquilinas de diferentes ciudades, todas con el objetivo de no abandonar una lucha que no ha hecho más que empezar y de avanzar **hacia una huelga general** para poner punto final a la crisis de la vivienda a través de los movimientos sociales.

**Junts** ha colocado la legislatura ante su final. La decisión de echar abajo este viernes en el Congreso los decretos que trataban de frenar los desahucios y proteger a los inquilinos en medio de un mercado del alquiler completamente desbocado se ha convertido, para muchos, en **el momento decisivo** de la legislatura, hasta el punto de que son cada vez más las voces que dan por hecho que el presidente **Pedro Sánchez** aprovechará el _shock_ para anticipar las elecciones y convertirlas en un referéndum sobre las políticas de vivienda. El desafío de **Carles Puigdemont** , paradójicamente a pocos días de que culmine el largo y complejo proceso de amnistía que le permitirá volver a España y que debe enteramente al Gobierno que trata de derribar, termina así el ciclo que él mismo abrió cuando condicionó la legislatura a obtener el perdón. Sus siete diputados hicieron posible la investidura, en noviembre de 2023, a cambio precisamente de la ley con la que Sánchez impulsó la normalización política de **Cataluña** después de años de tensiones derivadas de la proclamación unilateral de la independencia. La presión de Junts, sin embargo, no cesó en ningún momento. El final de la relación entre el Gobierno y Junts se ha anunciado muchas veces en estos tres años. El primer desafío tuvo lugar muy temprano, en enero de 2024, con la legislatura todavía en sus primeros compases. El 30 de enero de 2024, Junts votó en contra del proyecto de **ley de amnistía** , el primer gran revés parlamentario del Gobierno de Pedro Sánchez. La ley obtuvo 171 votos a favor y 179 en contra —los del partido de Puigdemont y los del PP y Vox—, por lo que no pudo superar la mayoría absoluta necesaria y tuvo que regresar a la Comisión de Justicia. La maniobra puso negro sobre blanco que la continuidad de la mayoría de investidura dependía de una negociación permanente con Junts en la que los independentistas catalanes controlaban los tiempos y el alcance de las principales iniciativas políticas. El golpe fue también estratégico. El Gobierno pretendía enviar el texto al **Senado** para que quedara aprobado en primavera, pero el bloqueo de Junts obligó a reabrir la negociación. Todo el episodio retrasó la tramitación, puso en duda la capacidad del Ejecutivo para aprobar los Presupuestos y alimentó la idea de que la legislatura podía quedar paralizada o entrar en una situación de extrema precariedad a las primeras de cambio. Sin embargo, el rechazo no derribó la ley ni rompió definitivamente la mayoría parlamentaria. Junts utilizó el voto negativo en el pleno como instrumento de presión para forzar cambios, los ultras sitiaron durante días la sede socialista de **Ferraz** , la presidenta madrileña, **Isabel Díaz Ayuso,** dio por acabada la legislatura y Feijóo puso en entredicho la “extrema debilidad” del Gobierno. Pero no pasó nada. La negociación de la ley se recondujo y el texto se acabó aprobando con algunos cambios. El segundo gran desafío de Junts tiene que ver con los **Presupuestos Generales** , que el Gobierno no ha sido capaz de presentar en toda la legislatura. La primera renuncia se remonta a 2024 y se anunció en marzo, después de que **Pere Aragonès**(ERC), entonces _president_ de la Generalitat, convocara elecciones en Cataluña. Aquel adelanto hizo inviable negociar las cuentas simultáneamente con Esquerra y Junts mientras ambos partidos competían entre sí por el control de la Generalitat, así que Sánchez optó por prorrogar los **Presupuestos** de 2023 y empezar a preparar los de 2025. Una vez más, la decisión confirmó que el Gobierno no tenía una mayoría parlamentaria estable para aprobar su programa económico y que su agenda nacional quedaba subordinada a las idas y venidas del partido de **Carles Puigdemont.** Aquella decisión puso al Ejecutivo ante el reto de sobrevivir indefinidamente sin mecanismos para adaptar los recursos económicos a las prioridades cambiantes de España y del mundo. La oposición aprovechó la renuncia para utilizarla como prueba de que la legislatura estaba bloqueada. **Alberto Núñez Feijóo** llegó a afirmar que la amnistía sería “la última ley de la legislatura” y que las elecciones catalanas marcarían “el inicio del final de este Gobierno”, porque, en su opinión, los independentistas dejarían caer a Sánchez cuando dejara de serles útil. Sin embargo, el Gobierno negó que la falta de Presupuestos implicara el final de nada y sostuvo que podía gobernar con las cuentas prorrogadas. Lo hizo no solo en 2024, sino en 2025 y 2026. El discurso de Feijóo y el de **Santiago Abascal** de que la situación conducía inevitablemente a elecciones anticipadas quedó pronto en entredicho. Ya en 2025, el 22 de enero, el rechazo del **decreto ómnibus** proporcionó a PP y Vox, de nuevo con la ayuda de Junts, una derrota parlamentaria especialmente llamativa. Dejó sin efecto, aunque después pudo verse que solo de forma temporal, un amplio paquete de medidas sociales que iban desde la revalorización de las pensiones a las ayudas al transporte público, pasando por la prórroga de la suspensión de los desahucios y los cortes de suministro a familias vulnerables, además de varias ayudas vinculadas a los afectados por la dana de **València**. **PP, Vox y Junts** sumaron 177 votos frente a 171, una mayoría suficiente para tumbar el decreto y obligar al Gobierno a asomarse, supuestamente, de nuevo al abismo. Pero una vez más, aunque aquel episodio demostró que el Ejecutivo no disponía de una mayoría parlamentaria fiable ni siquiera para aprobar medidas de protección social que formaban parte de su discurso central, no supuso su fin, por mucho que el PP arguyera la idea de una legislatura paralizada y de un Gobierno “sin oxígeno”. Aquella crisis no desembocó en la caída del Gobierno porque el Ejecutivo negoció un nuevo texto con Junts y logró aprobarlo el 12 de febrero, incluso con el apoyo del PP —Vox fue entonces el único grupo que votó en contra—. Carles Puigdemont quiso después, en octubre de 2025, escenificar una **ruptura formal con el PSOE**. Aquel episodio fue el que más claramente fue utilizado por la derecha política y mediática para proclamar el “fin de la legislatura”. La decisión suponía retirar el apoyo parlamentario al Gobierno, poner fin a las negociaciones políticas y pasar a la oposición, dejando al Ejecutivo sin la mayoría que había permitido la investidura de Pedro Sánchez. La propia portavoz del partido en el Congreso, Miriam Nogueras, dio por “muerta” la relación con el PSOE. El impacto parlamentario se presentó como potencialmente devastador: Junts disponía de siete diputados decisivos y la ruptura hacía prácticamente imposible aprobar ninguna iniciativa. La portavoz de **Junts** llegó a anunciar un “bloqueo” de la legislatura que hacía inviable la gobernabilidad ordinaria. El PP aprovechó el momento para presentar lo ocurrido como la certificación de que Sánchez ya no podía gobernar. El presidente debía asumir que no podía seguir en **La Moncloa** y convocar elecciones. Feijóo sostuvo que el Gobierno tenía “más pasado que futuro”; Alicia García, la portavoz del PP en el Senado, calificó la legislatura de “fallida, acabada y agónica”. La ruptura, sin embargo, no significó el final. Ni mucho menos. El Gobierno respondió que aún podía negociar ley a ley y mantuvo el objetivo de llegar a 2027, mientras Junts dejaba abierta la posibilidad de votar de forma variable según cada iniciativa. Y así fue. Hasta este viernes.

**Javier Burón Cuadrado** nació en Basauri, Vizcaya, hace cincuenta y seis años. Cursó sus estudios universitarios en Deusto y en la Universidad del País Vasco. Ha alternado su vida laboral entre los sectores público y privado, por ejemplo, en el bufete Cuatrecasas. La parte central de su trayectoria se ha desarrollado en materia de**vivienda para instituciones como el Gobierno del País Vasco, el Ayuntamiento de Barcelona y, ahora, el Gobierno de Navarra**. Ha impartido numerosos cursos y seminarios y escrito artículos y estudios. El año pasado publicó _**El problema de la vivienda**_ , un ensayo riguroso en su contenido y ameno en las formas sobre problemas y soluciones para el caso español. Su análisis se eleva notablemente sobre lo que se escucha diariamente en las tertulias. “No creo que sea tan difícil decir cuándo se jodió el Perú en materia de vivienda. En la Transición, con la recuperación de la democracia, con la Constitución del 78, España hizo muchos procesos de transformación muy positivos, pero **en vivienda no hubo una revisión crítica del modelo franquista** , que básicamente es la vivienda protegida en venta, descalificable, con una oferta masiva impulsada sobre todo por promotores privados. Eso no se revisa, no se genera una caja de herramientas en materia de vivienda a la europea y, es más, se abandona la política de vivienda porque se entiende que esto es una cosa que va a hacer bien el mercado. Hay algunas excepciones, algunas comunidades autónomas que en el ejercicio de su autogobierno desde el principio quisieron tener política pública de vivienda, pero son poco abundantes. Conozco dos bien, Euskadi y Navarra, no creo que haya muchas más. A pesar de que el reventón de la burbuja, el austericidio y otra serie de cosas nos parecen mucho más cercanas y mucho más llamativas (que no digo que no sean importantes), esto se estropeó a principios de los ochenta”. “He escrito _El problema de la vivienda_ (editorial ARPA), que lleva un año largo en librerías. Está funcionando bien. Reflexiona sobre por qué estamos donde estamos. Tiene una parte central sobre cuál es **la caja de herramientas de intervención desde las administraciones públicas en vivienda** en Europa y en Occidente con humor, con referencias al cine, la literatura. Hay también algún buen ejemplo español. Y tiene una parte final de por qué no resolvemos el problema si técnicamente hay una forma de enfrentarse a él, aunque sea complejo. Después de haber sido un país muy gris hemos hecho cosas como montar el servicio público de salud, de educación, unas infraestructuras que están muy bien a nivel europeo, un sistema público de pensiones. Hemos hecho transformaciones muy importantes en las últimas décadas, hemos incrementado el porcentaje del PIB industrial. Somos una economía exportadora. La tesis final del libro es que no sé cómo pero lo resolveremos, porque no veo a mi país suicidándose por esto”. “El libro analiza diferentes técnicas de intervención en materia de vivienda, muy comunes a muchos Estados europeos y occidentales, no especialmente de izquierdas, también de centro-derecha. No descubro la pólvora. Hay que generar una infraestructura de vivienda permanentemente asequible, no temporalmente asequible, y después, al mercado. Eso no quiere decir que toda tenga que ser vivienda protegida, ni toda pública, ni toda social. **Hay un espacio muy amplio para diferentes tipologías de vivienda** , necesidades sociales, colaboración equilibrada entre entidades privadas y públicas con esa visión de vivienda asequible a largo plazo. Esas viviendas se pueden construir, pero también se pueden comprar ya hechas. Se puede rehabilitar, se puede movilizar vivienda vacía, se pueden redensificación barrios. Hay que tener un ecosistema de proveedores. Tiene que haber en esas viviendas públicas, cooperativas, fundaciones, entidades del tercer sector, empresas privadas con ánimo de lucro limitado”. “Mientras tanto hay que desplegar políticas como los servicios de información a los usuarios desde las administraciones para que se conozca la legislación, las ayudas al pago del alquiler. Cuando no llegas a un parque público, llegas a las subvenciones, las zonas de mercado tensionado, todo el andamiaje que hay detrás de los diferentes decretos, leyes que se han ido aprobando los últimos años, prórrogas, prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y limitación de precios. La fiscalidad es importante. **Hay que combinar medidas a corto plazo más vinculadas a la emergencia, con medidas a medio y largo plazo más infraestructurales**. Es complicado porque en el Congreso no tenemos una mayoría favorable a medidas a la europea. El libro, intentando utilizar el humor, referencias literarias, etcétera, trata de explicar qué hay en la caja de herramientas europea en materia de vivienda. Y también ejemplos que ya se están dando en España”. “Se incluye una fuerte revisión de la ley por el derecho a la vivienda de 2023, la primera de la democracia. Se comentan en medios algunas medidas, pero hay cerca de 60. El juicio que me merece es positivo, alineado con soluciones a la europea, medidas a corto plazo, a medio y largo, algunas más de emergencia, otras más infraestructurales, algunas de oferta, algunas de demanda. Se quieren desincentivar ciertos comportamientos económicos, pero incentivar otros. Provocar la existencia de vivienda a largo plazo, asequible, gestionada de manera conjunta entre el mundo privado y el mundo público. **Está un poco en esa tradición a la que yo pertenezco**. El problema es la correlación de fuerzas en el Congreso y el Senado. A la gente le resulta muy anti-intuitivo, y es normal, que la competencia de vivienda sea autonómica. En este contexto hay gente que dice: ¿para qué hace falta una ley estatal? Básicamente, porque la mayor parte de las operaciones estructurales que hay que hacer, tanto en lo jurídico como en lo económico, tienen que ver con competencias estatales; derecho civil, mercantil, tributario, temas bancarios, financieros. Hay que combinar un poco todos los planos. Y el problema es que la mayor parte de las comunidades autónomas quieren una solución simplemente productivista y no están adheridas al consenso europeo y occidental. Yo estoy muy cercano al mundo del activismo, al de la academia y al mundo político. Hay gente se queja porque habría que hacer mucho más, pero es que la ciudadanía española hemos votado como hemos votado”. “Vamos a contarnos la verdad. En España tenemos 27 millones de viviendas para casi 50 millones de habitantes. Son algo más de 560 viviendas por cada mil habitantes. Somos de los países de la OCDE con el nivel más alto de vivienda por habitantes. 14 millones son domicilios habituales. Cinco millones, dedicadas al alquiler de residencia habitual, y un poco más 4 millones que son segundas residencias. Después dedicamos tres millones muy largos a vivienda turística, alquiler de temporada, alquiler de habitaciones, a usos no residenciales. Ninguna de estas cosas es mala _per se_. Necesitamos viviendas para muchos tipos de usos diferentes, pero **se nos ha ido la mano con los usos a corto plazo y altamente especulativos** , y tenemos un déficit muy fuerte de vivienda permanentemente asequible. España es un país de propietarios, sí, pero cada día menos, porque van en aumento las personas viviendo de alquiler. Y no solo jóvenes o gente de recursos bajos. Entonces la clave no es contraponer propietarios con inquilinos. La clave es contraponer personas que usan las viviendas para la residencia habitual con personas que utilizan las viviendas como actividad económica. No creo que haya que eliminar al 100% todas las viviendas de uso turístico. Hay muchas segundas residencias y eso hay que respetarlo. Y hay muchas viviendas que se utilizan para otras cosas que no son exactamente la residencia. La clave es cómo minorar esa bolsa de viviendas dedicada a usos no residenciales. Hay cosas que prohibir, hay cosas que penalizar fiscalmente, hay cosas neutras y, aunque sea contraintuitivo para muchas personas, hay empresas privadas que quieren trabajar con la Administración y si se dan las circunstancias adecuadas, es positivo. Hay propietarios de muchos tipos y hay gente que prefiere una explotación tranquila de sus bienes con seguridad a un mercado tan loco como el actual. Y también hay gente que somos propietarios y queremos que a nuestro país le vaya bien. Yo matizaría mucho esto de que somos un país sin más de propietarios”. “Fondos buitre hay por todo el mundo. Pero todos los países de la Unión Europea no les tratan de la misma manera. Muchos tienen una normativa que, digamos, divide la inversión privada en vivienda en tres grandes bolsas. Una, comprar y vender paquetes de viviendas en cantidades importantes a precios de descuento por tener mucha liquidez. Su vocación no es gestionarlas a largo plazo, sino que está todo el día comprando y vendiendo y quiere echar inquilinos y renovarlos por otro tipo de usuarios que paguen más. O sea, un fondo buitre o _distressed_ , que es como se llama en la jerga económica. Eso o está prohibido o va a tener muchísimos impuestos, no por odio a los fondos, sino porque **su comportamiento es malo para la sociedad de manera colectiva**. Después hay un campo intermedio para la inversión, que es neutro. La gente que sabe urbanizar, edificar, rehabilitar, densificar o gestionar el parque inmobiliario. Son operaciones que necesitamos y tendrían que estar autorizadas y reguladas como todas las profesiones. Y un tercer espacio que en España es menos intuitivo, pero que en Europa es muy potente: un inversor privado que quiere invertir en vivienda asequible con un acuerdo con la Administración a largo plazo. A cambio se le puede dar acceso a suelo público, a subvenciones, a financiación del ICO, incluso a capital, mezclando capital público y privado. A mucha gente le suena raro, pero en Europa hay 27 millones de viviendas, donde viven 53 millones de europeos, el 11% del total de la Unión Europea, no repartidos homogéneamente. El real decreto-ley publicado no va a una definición de fondo buitre o fondo de _distressed_ en virtud de cuántas viviendas tiene sino de qué tipo de operaciones económicas realiza”. “Cuando se pone alguien a explicar un modelo que funciona mejor en seguida desde dentro señalan que también tienen problemas. Hay problemas en Escandinavia, en Francia y en Holanda. Y problemas en Austria. En Alemania, por supuesto, hay problemas. En el Reino Unido hay menos problemas en Escocia que en Inglaterra. Los problemas son de naturalezas distintas. Pensemos en el modelo vienés, que tiene más de 100 años y un consenso social muy importante. El Plan de vivienda del Ayuntamiento de Viena solo se paró unos años como consecuencia de la invasión nazi de Austria. Solo lo paró Hitler. Por lo demás, tiene un consenso apabullante. ¿Y en qué se basa? Se basa en que es una ciudad de 1.000.800 y pico mil habitantes y 650.000 viviendas más o menos. Un tercio son propiedad del Ayuntamiento, con alguna excepción en alquiler social y asequible. Otro tercio lo gestionan 44 entidades que llaman cooperativas, que nosotros llamaríamos empresas privadas de gestión de vivienda asequible que colaboran con la Administración. Estas también hacen alquiler. No solo en régimen cooperativo, se utiliza la fórmula del derecho de superficie. Son inversores que han decidido meter su dinero en ese tipo de negocio. No pueden repartir dividendos por encima del 3%. Si ganan más del 3%, lo tienen que reinvertir en la empresa y reciben un montón de ayudas públicas. Pensemos en nuestras ciudades. **La mayor parte, esos dos tercios de vivienda, tienen un precio que no puede superar los 8 euros por metro cuadrado** en una ciudad riquísima. En Madrid y en Barcelona estamos en 15, 16, 17, 18 euros por metro cuadrado de media y somos menos ricos. Podemos citar a otros modelos. El holandés se basa en una colaboración muy fuerte entre entidades privadas muy especiales y la Administración. El modelo francés es un poco más estatista. Modelos escandinavos o el suizo tienen vivienda pública, pero después hacen mucho más uso del mundo cooperativo. Podríamos fijarnos en el cooperativismo uruguayo, que tiene más de 50 años y una parte importante de las viviendas del país”. “Los sistemas de vivienda son un producto cultural y es muy difícil importar una sola cosa de un sitio y llevártelo a tu país, porque en España tenemos una historia. Lo cual no quiere decir que no haya que prestar atención, pero tenemos que reelaborar o repensar esas herramientas en virtud de la realidad española. Y a veces no hace falta mirar fuera. No llega a los 700.000 habitantes, pero **en Navarra una de cada cuatro viviendas habituales forma parte del parque de vivienda protegida, muy orientado a la propiedad**. Navarra ha declarado que las viviendas protegidas del futuro no son descalificables. Se van a quedar siempre. La mitad de las personas que viven de alquiler reciben o una ayuda pública a su pago o viven en protección de alquiler gestionado por la Administración o por privados que trabajan con la Administración. Si el modelo navarro se aplicase en otros lugares de España, un cuarto de las viviendas serían públicas o de privados que trabajan con la Administración y estarán en alquiler social y asequible. Un cuarto de los alquileres recibirían subvención y la otra mitad de los alquileres estarían sometidos a las zonas de mercado tensionado y a limitaciones de precios, prórrogas y a beneficios fiscales para los arrendadores. Porque van las tres cosas juntas y casi siempre nos olvidamos de la tercera”. “Yo tengo un sesgo y no pasa nada en reconocerlo. Soy una persona de izquierdas, pero intento hacer siempre el ejercicio de honestidad intelectual, tratar de analizar todas las propuestas. El mensaje de Vox en materia de vivienda es que si no hubiese migrantes tendríamos el problema resuelto. Cuando no teníamos tantos migrantes ya había problemas de vivienda. El suyo es un marco falaz por un millón de cosas desde el punto de vista económico, pero también por un asunto muy evidente y es que no podríamos sostener el nivel de desarrollo que tenemos ahora mismo sin los diez millones de personas nacidas fuera de España. **El punto de vista del Partido Popular es una cosa bastante primitiva** , están en 1998 y su propuesta es construyamos mucha vivienda y bajará el precio. Entre 1998 y 2008 se construyeron 6 millones de viviendas, un nivel de producción descomunal. El precio de la vivienda subió el 250% y el del suelo, el 400%. Hay algo que no es pensamiento político, tiene que ver con el talante personal. No todo el mundo, evidentemente, pero hay mucha gente dentro del Partido Popular extraordinariamente soberbia. Si tuviesen razón, esas comunidades autónomas que han gobernado durante décadas tendrían que estar mucho mejor que las otras. Invito a la gente a que mire estadísticas comparando niveles de renta de comunidades autónomas y precios de vivienda en esas comunidades autónomas. En el resto del arco parlamentario, no estando de acuerdo con todo, se ve un mayor conocimiento de las políticas públicas de vivienda en el resto de la Unión Europea. Se debe de poder trabajar en lo que hoy es desde el PNV y Junts hasta Podemos con todo lo que hay en medio”. “Hay un movimiento social y político de activistas en muchas ciudades de España que en algunos sitios lleva más de diez años trabajando, desde la progresiva de desaparición de las plataformas de afectados por la hipoteca y la aparición de los sindicatos de inquilinos. Tiene que ver con que pasamos de una crisis de hipotecas tóxicas a una crisis de alquileres inasumibles. A mucha gente en Madrid le resultará extraño, pero solo el 3% de la población española vive dentro de la M-30 y solo el 15% de los españoles son madrileños y madrileñas. **No se ha prestado mucha atención a cosas que venían ocurriendo en otras ciudades y comunidades autónomas**. Para mucha gente explota el caso de Maricarmen y se ve que de repente, detrás de eso, hay una organización social potente que empuja en muchos lugares de España, por ejemplo, en Cataluña. A esta gente, que discretamente lleva años y años trabajando, le agradezco mucho la tarea. Y si ahora han abierto una _ventana de Overton_ y de repente hay un espacio de oportunidad política mayor, pues bienvenido sea y a seguir trabajando. No me parece flor de un día. Maricarmen Abascal es muy mayor y le toca mucho la fibra a la ciudadanía. Hay mucho trabajo de activismo, de formación, de crear redes, de conocer los barrios, de generar militancias a nivel local. Mi respeto. No quiere decir que esté al 100% de acuerdo con todas las propuestas que se hacen desde las acampadas. Sí, en muchas, no en todas. En cualquier caso, agradecimiento por toda esa energía que han creado, que ahora se está convirtiendo en capital político”. “Todas las cosas que voy a comentar pueden no funcionar igual de bien en todos los lugares de España. Tienen características distintas. Pero en el mapa de medios de comunicación pesa mucho lo que ocurre dentro de la M-30 y no se conocen tanto otras medidas o se niega su eficacia. Puedo explicar que es bueno construir vivienda protegida, que no se descalifique nunca y que se dedique siempre a usos sociales y asequibles. Es bueno generar alianzas estratégicas para construir vivienda con entidades privadas y gestionarlas a largo plazo de manera social y asequible. Ahí hay un espacio para que haya gente que se gane la vida y que gane unos dineros, pero que trabaje a favor del interés general. Las viviendas se pueden construir, pero también se pueden comprar. Hay administraciones públicas que compran edificios completos en el mercado. Algunas administraciones además están compartiendo con entidades privadas la compra y la gestión posterior de esos edificios. La buena colaboración público-privada. Viviendas que nunca van al mercado. Hay lugares donde hace muchos años, más de dos décadas, hay programas públicos de incentivos y garantías a la propiedad privada para que alquilen vivienda a cambio de que el alquiler sea a unos precios moderados. Hay sitios de España donde podemos redensificar; donde hay X viviendas y caben Y, sin menoscabo de los equipamientos de los espacios verdes y de la calidad de vida. También hay comunidades autónomas que tienen declaradas zonas de mercado tensionado y los precios de vivienda se están conteniendo sin pender rentabilidad económica por arrendar. Es decir, **hay un buen equilibrio entre modular las rentabilidades, pero no hacerlas desaparecer, mejorar la asequibilidad y la estabilidad de los inquilinos**. Esos sistemas suelen tener programas de ayudas, subvenciones públicas al pago del alquiler. Hay sistemas de información a inquilinos, propietarios e hipotecados de cuáles son sus derechos para que operen mejor en el mercado y el mercado no sea una jungla. Se puede actuar desde la fiscalidad, penalizar ciertas actividades y favorecer otras. Está muy bien la mirada europea y occidental pero ahora mismo básicamente lo que hay que hacer es un trabajo dentro de España de prestar atención a gente que está haciendo cosas interesantes, que funcionan. Sin recursos económicos, sin normas jurídicas aprobadas en los Parlamentos autonómicos y sin equipos de profesionales es imposible hacer cosas. Y uno va mirando por la geografía española y ve lugares donde no hay presupuesto, no hay equipos y no hay normativa. Así es imposible”. _*Esta entrevista fue grabada antes de que decayeran los decretos en la votación del Congreso._

Lo dijo el presidente del Tribunal Constitucional el pasado jueves durante un desayuno informativo. "No puede existir ningún interés político que se superponga a lo que establece la Constitución". Cándido Conde-Pumpido se refería al bloqueo de la renovación del órgano que dirige, propiciado por el PP. El máximo responsable del órgano de garantías recordó que renovar el tribunal es "un mandato constitucional". Pero **el partido de Feijóo mantiene congelado el proceso desde hace ya más de un año** gracias a su mayoría absoluta en el Senado, el órgano al que toca designar y no tiene ninguna intención de negociar con la legislatura acabándose y en medio de rumores constantes de convocatoria electoral anticipada. Los magistrados que la Cámara Alta tiene que sustituir son el propio presidente, **Conde-Pumpido,** y la progresista **María Luisa Balaguer.** También los conservadores **Ricardo Enríquez** y **José María Macías.** Este último llegó al órgano en septiembre de 2024 en sustitución de Alfredo Montoya, que renunció al cargo en 2022, y si el PP pretende mantenerlo, la renovación deberá producirse antes de un año. Lo que busca el partido conservador es **dar la vuelta a la mayoría progresista** en el órgano de garantías. Su grupo está formado actualmente por 145 senadores que, sumados al de UPN y los tres de Vox, alcanzan los 149, lo que los sitúa **a escasos 11 votos de la mayoría de tres quintos.** Los populares **esperan alcanzar ese quórum con el resto de fuerzas de derecha y ultraderecha tras las próximas elecciones** generales y no tener que negociar con PSOE. Si se vieran obligados a hacerlo, el reparto de nuevos magistrados sería, previsiblemente de dos conservadores y dos progresistas –o tres y uno, dependiendo del número de senadores de cada grupo–. En ambos casos, la mayoría progresista se mantendría. En esas condiciones, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha aumentado el plazo para que los parlamentos regionales propongan a la Cámara territorial sus nombres**hasta el 30 de noviembre**. Su decisión, según asegura, se debe a las últimas elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Pero en caso de que, llegada esa fecha y ya con todos los nombres sobre la mesa, el PP se negara a negociar con el PSOE, **el Gobierno tendría un as en la manga** para poder meter más presión. El Consejo de Ministros podría acordar la presentación de **un conflicto de atribuciones** entre órganos constitucionales ante el propio Tribunal Constitucional. Se trata de un mecanismo que también podría activar el Congreso, aunque al tener que aprobarse su interposición en el Pleno, articular una mayoría sería, previsiblemente, más difícil. La activación de ese mecanismo, en caso de que el órgano de garantías lo estimara, produciría una sentencia declarativa que podría aumentar la presión sobre los populares. Se trata del mismo tipo de recurso que el Senado ha planteado contra el Gobierno de Sánchez por no haber presentado hasta el momento los Presupuestos de 2026. El Pleno de la Cámara lo acordó el 22 de octubre del año pasado a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular por el incumplimiento del **mandato constitucional de presentarlos en las Cortes anualmente,** recogido en el artículo 134 de la Constitución, y por lo que el principal partido de la oposición considera un uso abusivo de sus prórrogas y modificaciones por el Ejecutivo. Tal y como dijo Conde-Pumpido durante su intervención pública este jueves en referencia a la renovación del Constitucional, el mismo órgano que exige al Gobierno que cumpla con su obligación constitucional de presentar sus cuentas anuales es el que **incumple el deber que le impone la norma fundamental de nombrar a cuatro de sus magistrados** sin prorrogar la decisión en función de intereses políticos. Ese mandato está recogido en su artículo 159.1. Su apartado 4 da el plazo: "Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres", establece. Conde-Pumpido y los otros tres magistrados salientes **cumplieron ese plazo el pasado 10 de marzo.** Tras iniciar el presidente del órgano de garantías el proceso de renovación el pasado octubre, Conde-Pumpido recordó que un bloqueo de la renovación puede afectar "a la independencia" y al "buen funcionamiento" del máximo intérprete de la Constitución. Y recordó lo ocurrido en el Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación paralizó el PP durante cinco años y medio causando graves problemas en la cúpula judicial y condenando al órgano de gobierno de los jueces a un descrédito del que todavía no se ha recuperado.

Los antidisturbios no se desplegarán en la Puerta del Sol. Al menos por ahora. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº14 de Madrid se ha declarado este viernes incompetente para pronunciarse sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para forzar a la Delegación del Gobierno a que punga punto y final a la acampada por la vivienda en el corazón de la capital. La decisión queda ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Y, en concreto, de la Sección Sexta de su Sala de lo Contencioso-Administrativo. La misma que antes del verano **mantuvo paralizados durante un par de semanas los trabajos de resignificación del Valle de Cuelgamuros** al asumir por error que el complejo monumental era Bien de Interés Cultural (BIC). La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, llevan días exigiendo el desalojo. El pasado martes, la _baronesa_ conservadora envió un requerimiento al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en el que le daba dos días para acabar con la acampada. Y en caso de no hacerse amenazó con acudir a los tribunales. **Un paso que al final han dado**. El Ejecutivo regional interpuso este jueves un recurso contencioso administrativo pidiendo la imposición de medidas cautelarísimas –es decir, urgentes y sin escuchar a la otra parte– para vaciar Sol. En él, defendieron que se estaban excediendo los "límites constitucionales y legales" que "delimitan el ejercicio del derecho fundamental de reunión". El Ejecutivo madrileño, además, alega que la acampada ha provocado una "evidente y manifiesta afección física y directa" a dos BIC: la **Real Casa de Correos** y la escultura del Oso y el Madroño. "Podría constituir un delito de expolio contra el patrimonio cultural, motivo por el que la Administración del Estado debería actuar de inmediato", resalta el Gobierno de Ayuso, que habla de pintadas, pegatinas o personas subidas a la estatua o trepando por la fachada. Una criminalización de la acampada que también ha buscado el consistorio de la capital cuando ha mencionado la presencia de cuchillos y adoquines en Sol, aunque los primeros se estén usando para hacer bocadillos y los segundos como contrapesos para sostener estructuras y lonas. El recurso cayó en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº14 de Madrid. La magistrada Leticia Francisco dio traslado a las partes para que se pronunciaran sobre la competencia para conocer este asunto. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado defendieron que el recurso debía elevarse y ser resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), algo a lo que tampoco se opuso el Gobierno de Ayuso. Así ha sido. En un auto, la magistrada ha declarado la **"falta de competencia objetiva" para conocer este asunto, dado que el acto impugnado "ha sido dictado por un órgano perteneciente a la Administración periférica del Estado"**. Y ha elevado el recurso al órgano superior, el competente en este caso. El paso dado por la magistrada, explican fuentes jurídicas consultadas por **infoLibre** , vuelve a poner el reloj a cero. En cuanto el asunto esté sobre la mesa de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid comenzará a correr de nuevo el plazo de dos días que la ley concede para adoptar o denegar las medidas de especial urgencia. No obstante, las mismas dependerán de lo que suceda con la acampada. **Si la misma se disuelve, las cautelarísimas solicitadas por el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid dejarían de tener sentido**. Por el momento, y tras el fracaso de los dos decretos de vivienda, la intención es mantener las tiendas en el corazón de la capital. Lo que se decida no pone punto y final al pleito. Una vez superada la fase de cautelares el tribunal tendrá que entrar al fondo del asunto. De una y otra cosa se encargará, según las fuentes pulsadas por este diario, **la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid** , que integran cinco magistrados. Presidiendo la misma se encuentra Cristina Cadenas, vinculada a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). Junto a ella, Javier Aguayo Mejía, Ramón Fernández Flórez –también considerado _vitorino_ –, Luis Fernández Antelo y Luis Manuel Ugarte Oterino, conectado con la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). La Sección Sexta fue la que suspendió cautelarmente antes del verano las catas que se estaban haciendo para la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Lo hicieron asumiendo como propia una falsedad alegada por el colectivo ultra que había recurrido. "El elemento arquitectónico sobre el que se están acometiendo los trabajos, como se alega y es notorio, goza de la máxima protección, tratándose de elementos catalogados y declarados BIC", señalaron los magistrados. Dos semanas después, tras recibir abundante prueba documental que demostraba que el complejo documental no contaba con dicha protección, **decidieron levantar las medidas cautelares**. Además, argumentaron, el mantenimiento de las mismas podía poner en riesgo el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Los votos en contra de Junts, Partido Popular y Vox a los dos decretos de vivienda del Gobierno sitúan a Pedro Sánchez ante una encrucijada. La derrota no hace caer al Ejecutivo, no obliga a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y **tampoco conduce automáticamente a unas elecciones generales**. Pero desde primera hora de este viernes el presidente del Gobierno ha abierto la puerta a anticipar las elecciones, un escenario que algunos ministros consideran la única opción frente, a otras voces que piden prudencia. A la salida de la votación, ministros y**diputados admitían que “todo puede pasar” en las próximas horas y apuntaban al lunes como día clave.** La formación catalanista exigió el jueves por la noche la retirada de las dos normas y anticipó su voto en contra si el Ejecutivo las mantenía. Moncloa rechazó el ultimátum y decidió someterlas igualmente al Congreso, como ocurrió finalmente este viernes. PP, Vox y UPN también habían anunciado su rechazo, por lo que los votos de Junts eran decisivos. Bastaba una abstención para salvar el primer decreto, **pero los de Míriam Nogueras fueron con todo**. Los textos eran claves para el Ejecutivo tras el desahucio de Maricarmen, las protestas del pasado sábado y especialmente la acampada de la Puerta del Sol. La presión del socio minoritario ha situado a Sánchez en una encrucijada y él mismo lo ha dejado claro al tomar la palabra por sorpresa antes de la votación. “Hagan lo correcto, porque, si no, **la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan** ”, espetó a los diputados de la derecha, antes de que confirmaran sus votos en contra dea ambos decretos. Fuentes de Moncloa aseguran que el Gobierno se tomará un tiempo para analizar las consecuencias de la caída de los decretos y estudiar cómo responder. “Ahora toca analizar lo que ha pasado, ver las consecuencias de que caigan los decretos, que son terribles, e intentar encontrar la mejor manera de paliar el acceso a la vivienda. **A eso vamos a dedicar las próximas horas y días.** Nada más. Calma”, señalan. Uno de los partidos que ha tumbado los decretos ha dejado preparada también la primera vía para resucitarlos. Junts ha elaborado su propia propuesta de real decreto ley sobre vivienda y ha anunciado que la entregará al PSOE como punto de partida para una nueva negociación. La formación catalana defiende un texto distinto con el que asegura que pretende actuar contra los fondos de inversión y **proteger también a los “pequeños propietarios”.** Moncloa asegura, sin embargo, que llevó el decreto al Consejo de Ministros estando convencidos de que contaba con los apoyos necesarios. “**Si han cambiado de opinión, tendrán que explicarlo”,** apuntan. Las fuentes insisten en que, cuando el Gobierno lleva un decreto al Congreso, lo hace con la certeza de que las medidas incluidas han sido negociadas, aunque apelan a la prudencia ante lo ocurrido. Junts quiere demostrar que tiene capacidad para tumbar una iniciativa central del Ejecutivo y, al mismo tiempo,**ofrecerse inmediatamente después como el interlocutor** para aprobar otra, pese a que solo unos meses antes aseguró que rompía del todo con los socialistas. Lo que no quiere es ser percibido como el único responsable ante un eventual adelanto electoral. Y, aunque Moncloa podría elaborar uno o varios textos nuevos, incorporar parte de las demandas de Junts y reconstruir la mayoría que no ha conseguido ahora, desde el primer momento aseguró que no iba a retirar ninguno de los dos decretos. Eso tiene un coste para un Ejecutivo que subraya que lo de este viernes no puede interpretarse como una enmienda a la totalidad de la legislatura. “**Se puede seguir gobernando y legislando**. Los congresos tumban todos los días iniciativas”, sostienen, y recalcan que “no es una cuestión ideológica”. Tampoco consideran que este episodio marque necesariamente un punto de inflexión parlamentario, aunque sí observan un cambio en el debate social alrededor de la vivienda y los desahucios. También existe un límite por la izquierda. Una nueva negociación con Junts podría obligar a modificar medidas que Sumar considera centrales dentro de la política de vivienda del Gobierno. Sánchez no tendría que cerrar sólo un acuerdo bilateral con los independentistas catalanes, sino que además tendría que conseguir que las concesiones necesarias para recuperar siete votos **no le hagan perder apoyos en otra parte de la mayoría**. Sánchez dispone de otra posibilidad:**romper definitivamente con Junts,** pero sin convocar elecciones. De hecho, ya ha ocurrido en otros momentos de la legislatura y en el Gobierno dan por hecho que la derecha no convocará una moción de censura para dar ‘oxígeno’ al presidente del Gobierno. Y mientras eso no ocurra, el Ejecutivo mantiene sus competencias. Sin embargo, voces socialistas creen que continuar “**como si nada” también puede “decepcionar” a muchos de sus votantes.** Sánchez podría entrar así en una legislatura de resistencia pero en su Ejecutivo son conscientes de que la votación de este viernes podría ser una “ventana de oportunidad”. El Gobierno mantendría la iniciativa política desde el Consejo de Ministros, administraría unas cuentas públicas prorrogadas, **impulsaría las medidas que entren dentro de sus competencias** y buscaría mayorías diferentes para las iniciativas que tengan que atravesar el Congreso. Para Moncloa, esta estrategia ofrece un activo fundamental: tiempo. Cada mes adicional permite ejecutar políticas, desplegar fondos, ocupar la agenda institucional y esperar a que cambien los incentivos de los demás partidos. La cuestión es si eso permite mantener una legislatura políticamente viable. Los Presupuestos son la siguiente frontera. Sánchez ha comprometido públicamente la presentación de unas nuevas cuentas y aseguró hace solo unas semanas que el debate presupuestario se celebraría antes de que terminara 2026. Si Junts se sienta a negociar las cuentas después de tumbar los decretos, Sánchez podrá argumentar que la mayoría no se ha roto. Pero si tampoco quieren negociar los Presupuestos —y el Ejecutivo no encuentra una combinación alternativa—,**la naturaleza del problema cambia.** La última salida es también la que transforma todas las demás: convocar elecciones generales antes de agotar la legislatura. Hasta ahora, Sánchez ha defendido otro calendario con 2027 como horizonte electoral. Sobre los pasos que dará ahora el Gobierno, en Moncloa **no descartan “ninguna opción”.** No obstante, insisten en que “no es momento de tomar esa decisión” y que la prioridad inmediata será analizar cómo corregir los efectos de la caída de los decretos y encontrar la mejor fórmula para recuperar las medidas. Para Sánchez, un adelanto tendría una ventaja esencial: elegir el momento en que termina la legislatura en **lugar de dejar que una sucesión de derrotas parlamentarias lo elija por él**. Si Moncloa llega a la conclusión de que no existe mayoría para los Presupuestos, que Junts seguirá bloqueando iniciativas importantes y que tampoco aparecen combinaciones alternativas, prolongar la legislatura puede significar acumular derrotas hasta llegar a las urnas en peores condiciones políticas. Convocar antes también permitiría al PSOE intentar fijar otro relato: no el de un Gobierno incapaz de aprobar sus medidas, sino el de un Ejecutivo que devuelve la decisión a los ciudadanos porque una mayoría heterogénea del Congreso impide desarrollar determinadas políticas. En Moncloa creen que la presión social puede condicionar los próximos movimientos de los grupos parlamentarios. “**Hay que ver cómo respira la calle estos días** ”, indican. A su juicio, el foco generado en torno a los desahucios supone “una oportunidad de presión social para que el Parlamento sea consciente” de las consecuencias de sus decisiones. El adelanto, sin embargo, encierra una incertidumbre que ninguna estrategia parlamentaria tiene: una vez convocadas elecciones, **Sánchez pierde el control sobre la composición del siguiente Congreso**. No hay ninguna garantía de que unas nuevas urnas produzcan una aritmética más favorable al PSOE, como tampoco de que reproduzcan la actual. De hecho, una de las tesis más extendidas en la Cámara Baja es que los socialistas buscan “salvar los muebles” **con un resultado por encima de los 100 escaños**. Unas elecciones anticipadas tampoco son un escenario ideal para el espacio situado a la izquierda del PSOE. Obligarían a resolver en poco tiempo estrategia, candidaturas y relaciones entre las diferentes organizaciones que compiten dentro de ese electorado y que llevan meses atascadas. Por eso los incentivos de Sumar pueden llevarle a defender hasta el final la reconstrucción de la legislatura incluso si una parte del PSOE empieza a convencerse de que el coste de mantenerla supera al de cerrarla. De hecho, el socio minoritario asume que el momento electoral más conveniente para el PSOE**no tiene por qué coincidir con el suyo.** El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseguraba este viernes que las próximas elecciones generales “**van a ser un referéndum por el derecho a la vivienda”.** En una entrevista en TVE antes de la votación de los decretos de vivienda, Bustinduy advertía de que los grupos que voten en contra quedarán retratados “con nombres y apellidos” y que las derechas lo iban “a pagar muy caro”. Bustinduy ha sido el nombre que más se ha repetido en los pasillos del Congreso como futurible candidato del espacio, aunque él ya lo ha descartado en varias ocasiones. La coalición llevaba meses trabajando en la elección de un candidato para las próximas generales e incluso había abierto la posibilidad de que fuera una figura ajena a los partidos que la integran. Esa indefinición hace más difícil cualquier aceleración del calendario. Por ese motivo, **los partidos que integran Sumar han acordado reunirse este domingo** para analizar el escenario político después de que hayan caído los dos decretos de vivienda y abordar la posibilidad de un adelanto electoral. Voces de Sumar reconocen que el momento político puede ser oportuno porque la discusión se ha desplazado hacia la vivienda, pero hay quien también pide tiempo para demostrar resultados desde los ministerios, cerrar la reorganización de su espacio y llegar a las urnas **con una candidatura reconocible**. Además, los **aliados parlamentarios del Gobierno** también miden los tiempos. De hecho, su poder actual depende en gran medida de la fragmentación del Congreso: sus pocos diputados pueden ser decisivos para leyes, decretos y Presupuestos. Unas elecciones significan renunciar a esa posición y **aceptar una posible pérdida de protagonismo con una eventual victoria de PP y Vox**. Para Junts, tumbar los decretos junto a PP y Vox demuestra hasta qué punto sus siete diputados pueden condicionar al Gobierno. Pero unas elecciones acabarían inmediatamente con ese poder y someterían a los independentistas catalanes a un escenario incierto. Para las derechas, la caída de los decretos permite reforzar uno de sus principales argumentos contra Sánchez: que el Gobierno llegó a la investidura mediante una mayoría que después tiene dificultades **para funcionar como mayoría legislativa.** Cuantas más derrotas acumule el Ejecutivo, más fácil será para Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal presentar la legislatura como políticamente agotada, como llevan haciendo desde hace meses. En Génova recuerdan que la convocatoria de julio de 2023 les sorprendió y sostienen que no volverá a ocurrir: “Nos pilló una vez y no nos pilla otra. Entonces no contábamos con votar en julio; ahora contamos con que se pueda votar en Nochebuena”, señalan. En el entorno del líder del PP creen que una convocatoria en este momento tendría lógica desde el punto de vista de Sánchez, porque el presidente debe decidir “en qué contexto” le resulta menos desfavorable acudir a las urnas. “**Tiene que elegir un día que no le venga tan mal** ”, resumen, tras unos meses marcados por la entrada masiva de migrantes en Ceuta. A su juicio, el problema de la vivienda ha añadido un nuevo elemento de desgaste cuyo recorrido político ya es relativamente previsible, mientras que el Gobierno todavía tiene por delante otros frentes. Citan, entre ellos, “la vuelta de Puigdemont, Zapatero o Begoña Gómez” y consideran que Sánchez puede confiar en que el contexto mejore, pero sostienen que “no tiene por qué ser así”. Las mismas fuentes restan importancia a la posibilidad de que unos nuevos Presupuestos permitan recomponer la legislatura. “Unos PGE que traiga aquí son como otro decreto”, afirman, en referencia a las dificultades del Ejecutivo para reunir una mayoría parlamentaria. Su diagnóstico es que “no hay votos para nada” y que, después de episodios como el de los dos decretos, “**en este contexto no puede continuar** ”.

En la Puerta del Sol, **las reivindicaciones por la vivienda continúan con fuerza**. El clima de crispación política frente al rentismo se mantiene. Desde el 26 de septiembre, el kilómetro 0 de Madrid se ha convertido en el epicentro de una movilización que comenzó tras el desahucio de Maricarmen y que no ha dejado de crecer. Decenas de personas se organizan en torno a una misma preocupación: el malestar provocado por la crisis habitacional. Este viernes, no obstante, Sol afronta una nueva etapa. El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos decretos en materia de vivienda elaborados por el Gobierno como respuesta a las movilizaciones sociales. Tras la votación, las medidas que estaban llamadas a reforzar la protección frente a los desahucios, ampliar las prórrogas de los alquileres, regular los contratos y limitar las subidas de la renta han quedado sin efecto. La noticia ha sido recibida con desaprobación por los colectivos y campistas de la plaza. “Nosotras creemos que la interlocución con el Gobierno no es demasiado útil, a la vista está. Las peticiones del Sindicato de Inquilinas, aunque nos parecen loables y pueden ayudar a mucha gente, a nosotras, en concreto, **se nos quedan cortas**. No ayudarían ni a una décima parte de las situaciones que tenemos en la asamblea: gente que ni siquiera puede acceder al mercado del alquiler, gente que está siendo víctima de acoso por parte de empresas de desocupación, gente que tiene hipotecas”, explica Uxia, de 32 años, miembro del Proceso de Unión de Colectivos de Vivienda de Madrid. Y añade: “Los reales decretos, aunque se hubiesen aprobado, serían insuficientes. ¡Pero es que **ni siquiera migajas se consiguen**!”. “Nosotras hemos sido críticas con los decretos desde el primer momento. Nos parecían insuficientes y muestran la complicidad del Gobierno con el rentismo. El hecho de que la derecha se haya puesto de acuerdo —nacionalistas catalanes, extrema derecha y derecha española— nos parece lamentable: **que una cosa tan tibia ni siquiera sean capaces de votarla** ”, cuenta Nicolás, de 26 años, militante de Anticapitalistas y de Abrir Brecha. “Hay que señalar la complicidad de la derecha, que en Madrid sufrimos de primera mano con un Gobierno como el de Ayuso. Que no se nos olvide que hay que señalar a todos los cómplices y avanzar hacia una huelga general”, añade. La huelga general, por consiguiente, se presenta como el horizonte político y el siguiente paso al que aspiran muchos de los presentes en la acampada. Carmen, de 77 años, presente en las protestas, considera que es necesario llegar a ella ahora que los decretos han caído. **“Hace falta ya una huelga general”** , protesta en el epicentro de la acampada de Sol. Mercedes, de 58 años, la acompaña en las reivindicaciones y manifiesta la necesidad urgente de ir a votar en caso de que Pedro Sánchez convocase elecciones: “Es una democracia imperfecta. Una democracia real necesitaría otras muchas vías de expresión para la gente. Pero, como mínimo, ir a votar”, declara. Carmen coincide: “**Si no votamos, no hay capacidad de réplica**. Para luchar tienes que saber cuáles son tus propias ideas”. Las dos manifestantes consideran que, pese a la desafección política, la izquierda debe acudir a las urnas. Asimismo, se muestran contrarias a abandonar la acampada de Sol. “Es momento de mantener el pulso y estar unidos”, opina Mercedes. A lo que Carmen responde: “La lucha no ha terminado”. El recuerdo del 15M planea sobre la acampada. Entonces, miles de personas ocuparon este mismo espacio para reclamar una transformación política. Sin embargo, meses después, en las elecciones generales de noviembre de 2011, **el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta**. La comparación abre ahora un debate entre quienes permanecen en Sol. En un contexto político en el que el propio Pedro Sánchez plantea la posibilidad de convocar elecciones generales, la incertidumbre abre una pregunta: ¿puede esta movilización acabar teniendo un efecto en las urnas? Según Alex, de 25 años, “yo creo que el efecto en las elecciones lo tiene todo, porque al final **esto es la punta del iceberg** y aquí se ve reflejado todo. Cualquier movimiento que hagan los partidos políticos o la gente acaba teniendo consecuencias. Pero sí creo que estas generaciones vienen bastante alertadas por el 15M, por cómo acabó todo aquello y por cómo terminó personificándose en la figura de Pablo Iglesias y Podemos. Ya sabemos lo que puede pasar y **estamos dejando de confiar en que de aquí pueda salir una institución política** , por ejemplo”. Miguel, de 27 años, opina por su parte: “El 15M fue una mala cristalización de una enorme frustración por parte de la clase obrera de España, que se vio encauzada hacia las instituciones con la creación de Podemos y de ciertas figuras dentro de esos marcos, y después se ha visto que quizá era una vía insuficiente o desgastada. La conclusión del 15M fue que, ganase quien ganase, **no mejoró nada**. Aunque en aquel momento ganase Mariano Rajoy, posteriormente sí hubo personas muy vinculadas al 15M que entraron a gobernar y, aun así, no ha cambiado nada”. Con conciencia de las luces y sombras del 15M, los asistentes a la acampada de Sol reivindican la militancia de base. “Votar, votaremos, pero es importante no centrar el eje del trabajo político en unas elecciones, ni siquiera en la campaña previa, sino entender que el trabajo político se hace todos los días, no solo cada cuatro años. Y se hace donde tú tienes tu vida y donde la clase obrera tiene la suya: en su centro de estudios, en su barrio, en su trabajo”, sostiene Alex. “Yo creo que la política institucional genera desafección. Vemos que en momentos tan límite como estos no sirve”, asegura Luisa, de 26 años. Esta situación está alimentando un **sentimiento de desamparo entre muchos votantes y militantes de izquierda**. Muchos se sienten perdidos o desorientados ante la ausencia de unos poderes públicos que protejan sus condiciones de vida. Esto les ha llevado a plantear su organización política de otra manera: desde hacer trabajo político en los barrios, con la gente que les rodea, hasta organizarse con el objetivo de alcanzar una huelga general. “Nosotras planteamos las reivindicaciones de la vivienda y la acampada de Sol en términos de un aumento de la combatividad y de la conciencia de la gente de cara a la convocatoria de una huelga general. Y lo que nos da es más energía para impulsar iniciativas políticas como la que planteamos nosotras en Madrid: ‘Liberar Madrid’. Es una iniciativa política para crear una lista para las elecciones municipales y autonómicas en Madrid que sea una alternativa, una izquierda nueva y valiente”, relata Nicolás, militante de Anticapitalistas y de Abrir Brecha. A pesar del descontento y la frustración, y aun después del rechazo de los decretos, la juventud de la acampada continúa buscando alternativas. Hacia las 18.00 horas de este viernes, un fuerte diluvio cae sobre el centro de la ciudad, pero no les hace retroceder. Continúan ocupando la zona y algunos incluso se organizan en pequeños grupos para retirar el agua acumulada en los toldos. Desde hace unos días, el Sindicato de Inquilinas planteaba la posibilidad de levantar el campamento, una idea que no convence a los manifestantes. Las tiendas de campaña siguen en pie y, con ellas, una **firme voluntad de continuar ocupando la plaza**. Sol, por ahora, sigue siendo un punto de encuentro y de reivindicación política en Madrid.

La acampada de la Puerta del Sol atraviesa la actualidad informativa. Y como ya es habitual, **los bulos y las noticias falsas** no paran de proliferar para desacreditar cualquier acción de la izquierda. Su objetivo es desprestigiar a los acampados poniendo sobre la mesa la inseguridad causada, según argumentan, por la existencia de armas y el acopio de adoquines de la plaza. José Luis Martínez-Almeida se sumó a estas afirmaciones: “Hemos podido documentar que hay cuchillos de gran dimensión dentro de la acampada de la Puerta del Sol”, dijo, a lo que añadió, “no creo yo que los adoquines tengan un carácter eminentemente pacífico, sino que pueden ser utilizados como armas arrojadizas”. Para reforzar su discurso, mencionó la presencia de hornillos para calentar comida, aportó una fotografía de un cuchillo junto a unas rebanadas de pan y un bote de hummus junto a otras de adoquines usados para sostener las tiendas y sostuvo que el conjunto de esos elementos servía para argumentar que la acampada “no es pacífica” y que existía un posible problema de orden público. Las redes se han hecho eco de sus palabras y no han parado de lloverle las críticas. "Almeida sobre la acampada de la Puerta del Sol: "Hay armas de destrucción masiva en la acampada de la Puerta del Sol, me lo ha dicho Aznar", se mofa @robbhaifisch; “Según Almeida en Sol hay adoquines, cuchillos de grandes dimensiones y peleas. Ha descrito el plató de _Masterchef_ ", se mofa @ajjjmmed.bsky.social. Sin duda, la acampada y la votación de los ‘decretos Maricarmen’ dominan la **conversación en X y Bluesky** , donde además han rescatado del olvido con mucha guasa a **Alberto Casero** , el diputado del PP que se equivocó al votar la reforma laboral en 2022. "Invocando el espíritu de Alberto Casero hoy en el Congreso", pide @aggberberia.eurosky.social en alusión a la sesión que se celebra este viernes en la Cámara Baja. No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

El salón de actos del Espacio Ronda empezó a llenarse poco antes de las siete de la tarde. **TintaLibre** ha celebrado este jueves un evento especial que busca poner a las **nuevas generaciones en el centro del debate sobre la democracia**. Esta edición reúne dos hitos: la publicación del número 150 de la revista y la conmemoración de medio siglo de democracia en el país, con el apoyo de la Celebración de los 50 años de España en libertad. El especial parte de una pregunta: ¿Cómo viven los jóvenes la democracia que han recibido? En un contexto de precariedad, atravesado por la crisis de la vivienda y con el auge de la ultraderecha como telón de fondo, esta pregunta adquiere un lugar protagonista en el debate público. La palabra “democracia” ha vertebrado la conversación de los asistentes que, preparados para el intercambio de ideas, han conversado sobre la crisis de la vivienda y sobre las reivindicaciones que, desde el pasado fin de semana, tienen lugar en la Puerta del Sol de Madrid. En este sentido, al hablar de democracia también se han nombrado cuestiones vinculadas al difícil acceso a la vivienda, a las **oportunidades** laborales **de los jóvenes** , a sus reivindicaciones políticas, y a cómo se informan en un ecosistema caracterizado por el dominio de las redes sociales. El primero en tomar la palabra era **Jesús Maraña** , director editorial de **infoLibre** , que inauguraba el evento explicando el propósito de este número especial: “Presenta un enfoque de miradas y sensibilidades muy diferentes que nos ayudan a entender en qué **debemos estar juntos**. La democracia no es solo un conjunto de valores y derechos que hay que desarrollar, sino que es la herramienta más útil para resolver problemas, enfrentar los retos que preocupan a las generaciones más jóvenes”. En este sentido, el especial 150 de **TintaLibre** presenta una constelación de voces jóvenes que, dialogando con los principios y valores de la democracia, apelan a los desafíos de una generación. Desde cómo las **condiciones materiales** determinan sus vidas, hasta cómo sus formas de desear y vincularse se han visto transformadas con el auge de las redes sociales. A continuación,**Virginia P. Alonso** , directora de **infoLibre** , conversaba con Carmina Gustrán, comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, y Margarita Guerrero, directora general del Instituto de la Juventud (INJUVE). “Hoy nos tenemos que ir a la Puerta del Sol porque es la imagen concreta que concentra las preocupaciones de este número”, declaraba Alonso, dando la bienvenida a las conferenciantes. Sus palabras conectan los temas del número 150 de TintaLibre con las movilizaciones de la juventud por la vivienda. La directora de **infoLibre** incidía, además, en cómo las **preocupaciones y deseos de los jóvenes** pueden ayudar a nutrir la conversación en torno a la memoria y las expectativas de futuro. La primera pregunta que lanzaba al debate era: ¿Existe realmente una desafección de los jóvenes hacia la democracia? De acuerdo con Margarita Guerrero: “Una imagen como la que se está viendo en Sol habla por sí sola”. A lo que añadía: “Hay que preguntarse: **¿A quién le interesa desactivar el potencial de la juventud?** Si las personas jóvenes siempre han ayudado a avanzar. La democracia es la defensa de la vida frente a la necropolítica que están defendiendo otros”. Alonso también abordaba con las conferenciantes la relación de los jóvenes con la memoria. “Nuestro trabajo [el del comisionado] está enfocado en cómo traer la memoria al presente y para ello hay que pensar que**lenguajes llegan a la gente joven** ”, detallaba Gustrán. En ese sentido, hacía referencia a cómo han utilizado las redes sociales, el podcast y la cultura para incluir a las nuevas generaciones en la organización social y política. Esto conectaba con las palabras de Guerrero: “La democracia se hace en muchos lugares de muchas maneras y tiene que ver con la **participación comunitaria**. La democracia en abstracto no funciona, no le podemos pedir eso a la gente que vive crisis tras crisis”. La segunda parte del evento comenzaba con la mesa _Jóvenes y democracia: entre la memoria y el futuro_ , moderada por **Jordi García** , cordirector de **TintaLibre**. El conversatorio reunía a tres de las protagonistas del número 150: la escritora Andrea Genovart, la investigadora y directora de proyectos artísticos Amanda Mauri y la columnista y guionista de televisión Paloma Rando. “Nos pareció que era prioritario escuchar de la manera más valiente posible que era lo que pensaban las distintas franjas de personas jóvenes sobre la democracia. Ellas llevan viviendo mucho menos tiempo viviendo en democracia, pero tienen una capacidad de contar en sus artículos que resulta iluminadora”, confesaba Jordi García. En diálogo con las conferenciantes, García planteaba una cuestión clave: “¿Cuál es, a vuestro juicio, la principal carencia que afecta a vuestra generación?" Según Rando, la principal carencia que afecta a la juventud tiene que ver “con las **condiciones económicas** y materiales”, por las que mucha gente no ha podido formar familias. Por su parte, Genovart consideraba que esta carencia se identifica con la confianza: “La principal carencia es la **confianza** , la identificación con los partidos democráticos. Soy de una generación que ha visto cómo unas promesas no se han llevado a cabo”. Asimismo, Rando aportaba un matiz que desvela otro tipo de malestar: “La **erosión de los espacios** en los que encontrarse presencialmente y sentir que se crea una comunidad”. A lo que añadía: “La juventud es el momento en el que construimos unos relatos que consideramos propios y contestamos a los relatos que hemos heredado”. La conversación articulaba, desde una mirada multidisciplinar, una pregunta que recorre todo el especial: ¿qué significa vivir en democracia hoy? El recorrido de esta reflexión atiende a las libertades conquistadas y a la noción de memoria, así como a los problemas sociales que condicionan la vida de la juventud –acceso a la vivienda, incertidumbre, precariedad–. En ese cruce entre **promesa democrática y realidad material** , la propia idea de progreso queda puesta en cuestión, sobre todo en un contexto político marcado por las dificultades para acceder a un techo. El coloquio avanzaba en el auditorio, donde decenas de personas escuchaban con interés. Algunos asentían con la cabeza ante las intervenciones de las dialogantes, mientras que otros comentaban con la persona de al lado, estimulados por las ideas del evento. El aniversario de **TintaLibre** servía como punto de partida para hablar de aquello que se ha construido y, sobre todo, poner en común las voces y reivindicaciones de las nuevas generaciones. “Cuando hablamos de jóvenes estamos hablando de precarios. Entendemos a la juventud como gente que vive precariamente, que comparte piso. Por juventud entendemos precariedad, independientemente de la edad”, apuntalaba Genovart. “Hay un catastrofismo vivido y una **fragmentación de las luchas** , Por eso es tan arrolladora la movilización de la vivienda. Esto no va solo de la vivienda, sino de juntarnos en algo que nos pueda representar”, señalaba Mauri. La celebración del número 150 de **TintaLibre** concluía así con un intercambio de ideas que buscaba construir un puente entre aquellos que vivieron los primeros años de la democracia, y aquellos que nacieron en un sistema político moderno donde, sin embargo, una **constelación de nuevos desafíos** y preocupaciones han cuestionado las garantías sociales del sistema. A la salida del Espacio Ronda, quedaba abierta una pregunta: ¿Cómo puede movilizarse la izquierda y la juventud progresista en un ecosistema amenazado por el capitalismo global? **Jesús Maraña planteaba el siguiente camino** como un posible horizonte desde el que poder comenzar a trabajar de forma colectiva: “Hay que **regular** las redes sociales sin complejos. Y lo mismo para la vivienda, para los fondos buitre, para la IA”.

Siga las reacciones políticas y de la calle a la caída de los decretos de vivienda

Una**investigación de** _**Mediapart**_**** sobre una serie de mensajes antisemitas y conspirativos atribuidos a **Jordan Bardella** ha desatado una tormenta política en Francia y una dura ofensiva de Agrupación Nacional (RN) contra el medio. El episodio ha culminado con unas **palabras amenazantes** de**Marine Le Pen**. La polémica comenzó el lunes 28 de septiembre. _Mediapart_ , socio editorial de **infoLibre** , publicó una investigación basada en numerosas conversaciones privadas y testimonios sobre los primeros años de Bardella en el entonces Frente Nacional. El periódico asegura haber autentificado mensajes en los que el actual presidente de RN sostenía, entre otras afirmaciones, que “todos los bancos están en manos de judíos” y difundía **teorías conspirativas sobre Israel y el poder financiero**. Bardella niega tajantemente haberlos escrito y sostiene que se trata de “falsificaciones burdas”. El dirigente ultraderechista ha anunciado además **una denuncia por difamación contra** _**Mediapart**_. Marine Le Pen salió inmediatamente en su defensa y calificó las revelaciones de “acusaciones delirantes” y un “juego sucio”. El propio Bardella denunció una “operación de desestabilización” contra su partido. La investigación ha colocado al líder de RN en el centro del debate político francés. Los mensajes corresponden a 2013, cuando Bardella comenzaba su trayectoria en el Frente Nacional, dos años antes de ocupar su primer cargo electo. Organizaciones contra el racismo y el antisemitismo han condenado su contenido, mientras el **partido ha cerrado filas en torno a su presidente**. La respuesta de RN subió de tono al día siguiente. Bardella habló ante los diputados de su partido de los “prolegómenos de una**guerra tota** l” y vinculó las revelaciones con supuestos intentos de “desestabilización de la campaña presidencial”. Poco después, Marine Le Pen fue todavía más lejos. “Es a _Mediapart_ a quien habrá que decirle que se ponga**un traje de kevlar** ”, declaró en la Asamblea Nacional junto a Bardella y al dirigente de la UDR Éric Ciotti. El kevlar es el material utilizado, entre otros usos, **para fabricar chalecos antibalas**. _Mediapart_ ha denunciado la “extrema gravedad” de unas palabras que interpreta como una **amenaza directa contra el medio**. “La prensa está al servicio de la población y del interés general. Atacarla es atacar una libertad fundamental y uno de los pilares de la democracia”, ha respondido el periódico. No es el primer enfrentamiento de RN con periodistas y medios críticos. _Mediapart_ recuerda que el partido ha vetado en diferentes momentos a sus reporteros en actos públicos y también al programa _Quotidien_ , además de atacar recientemente a _Libération_ por sus informaciones sobre Bardella. El medio francés sitúa las revelaciones actuales en el debate sobre la estrategia de “desdemonización” con la que Marine Le Pen lleva años tratando de**alejar a RN de la herencia más extrema del antiguo Frente Nacional**. Bardella, convertido en una de las principales figuras de esa renovación generacional, ya había generado controversia en 2023 al negarse inicialmente a calificar de antisemita al fundador del partido, Jean-Marie Le Pen. Para _Mediapart_ , tanto los mensajes que atribuye a Bardella como la reacción posterior de la dirección de RN ponen en cuestión esa operación de normalización. Bardella, por su parte, mantiene que los escritos son falsos y ha optado por llevar **el caso ante los tribunales**.

Ante la amenaza de lluvia y como resguardo a las necesidades que puedan surgir del vivir en la calle, varios **establecimientos del centro** de Madrid aportan su granito de arena a la acampada de Sol ofreciendo sus **recursos de resguardo, electricidad y aseo**. El primero en abrir sus puertas a los manifestantes fue el Teatro del Barrio, que se encuentra en la calle Zurita, 20, a 15 minutos a pie del kilómetro cero. Lo hacía desde su cuenta de Instagram con el mensaje: “Amigas y compañeras que estáis en Sol, abrimos el Teatro del Barrio como espacio de descanso, de aseo, para que carguéis móviles u ordenadores o para que os refugiéis un rato de la lluvia”. A este espacio le siguió la librería independiente ‘Desperate Literature’, que publicó ayer en la misma red social una invitación a los manifestantes de la acampada por la vivienda a hacer uso de su comercio como lugar de soporte. Situada a 10 minutos de Sol, en la calle Cava Baja, 8, aseguró que **ofrecen ducha, baño, enchufes y café**. “Si vemos que haya mucha necesidad igual habrá que hacer turnos (la ducha no sabemos exactamente cuánto aguanta) pero comparte y difunde y vamos viendo”, escribían; con los riesgos de la masificación del espacio en mente pero **sin querer dejar de apoyar la proclama “¡Ni casa sin gente ni gente sin casa!”**. También el restaurante vegano ‘Santa y Pura Vegan’, la librería - cafetería ‘Big Tree Books’, la tienda de discos, libros y regalos ‘La Integral’; y la tienda de ropa ‘Guetto Shop’ anunciaron que ofrecen su establecimiento al movimiento como espacio para “estar tranquilas”, usar el aseo, beber agua o cargar aparatos electrónicos. Todos ellos se ubican a menos de 15 minutos caminando de Sol. “**Apoyamos la causa, hemos ido a todas las manifestaciones y creemos que es lo necesario**. Somos varias tiendas de la zona que estamos ayudando de esta manera. Se ve que es útil, por ejemplo, en que ahora mismo tenemos a una chica usando el baño y ha venido gente a cargar el móvil”, comenta María, dependienta de ‘La Integral’. infoLibre ha contactado con varios de los comercios, pero no todos comparten el mismo sentimiento de satisfacción tras la propuesta. Alguno de ellos, que prefiere que no se refleje su nombre, **denuncia haber recibido una campaña de odio en redes sociales tras haberse sumado a la causa**. Temen represalias de grupos contrarios a la acampada y llegan a plantearse que hubiera sido más sencillo no haber hecho público su apoyo al movimiento. El Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera también está ayudando y ofreciendo su local, situado a menos de 5 minutos de la Puerta del Sol. Sin embargo, los acampantes reconocen que **la red de ayuda más fundamental** la constituyen todos los **vecinos** de la zona que, de manera espontánea, están **abriendo las puertas de sus casas** para cubrir las necesidades básicas durante estos días de protesta.

"Al día siguiente, la entrada a la fábrica fue una cosa ordenada, muy alemana (...) Luego llegamos a un sitio en el que había unos lingotes de hierro y la gente decía: “¿Aquí voy a trabajar? Anda y que trabajen ellos. Aquí me van a tener de esclavo”. Este testimonio recogido en el libro _La Emigración Española en la encrucijada_ (1981) de José Antonio Garmendia Martínez representa la realidad de un obrero español en la Alemania Occidental durante los años sesenta. Su vivencia estaba marcada por la **crudeza del fenómeno migratorio** donde, en un mercado globalizado, el obrero solo es valorado por su fuerza de trabajo como una mercancía barata y fácilmente sustituible. Parece que a algunos se les olvida esto: que en los años 60, alrededor de dos millones de españoles emigraron como mano de obra, no por gusto, ni por ocio, ni para quitar el trabajo a alemanes, suizos y franceses, sino **por necesidad**. Así, la otra cara del **“desarrollismo franquista”** tiene el rostro de miles de trabajadores y trabajadoras que salieron de su país con una maleta y financiaron la modernización que el régimen se atribuyó en su totalidad. Un **mercado ineficiente** , incapaz de absorber el excedente de jornaleros desplazados por la mecanización mezclado con la precariedad de la existencia misma en estos años hizo que la emigración ejerciera de catalizador y**“válvula de escape”** para miles de familias de clase trabajadora. Sin embargo, a la llegada a sus países de destino se encontraron con la dura realidad: hacinamiento en barracones, largas y extenuantes jornadas laborales, exclusión social y racismo. **Sobre todo, racismo**. Para los países del centro de Europa, la llegada de españoles, en muchos casos, sin papeles –a diferencia del relato que prevalece en el imaginario colectivo–, procedentes de un país menos desarrollado y dictatorial era un riesgo para la “seguridad”, la riqueza y el _status quo_ de sus respectivos países. Esta fue la tendencia del pueblo español hasta que en los ochenta, con la inserción de España en la “modernidad europeísta”, se transformó en un país receptor de población. En la actualidad, sectores enteros de la economía española, como la agricultura intensiva de exportación, la construcción y el trabajo doméstico y de los cuidados dependen en gran medida de una **mano de obra inmigrante precarizada y vulnerada en derechos**. La llegada de personas migrantes a nuestro país no es siempre acogida de buen agrado, especialmente cuando proceden del sur global, concretamente del continente africano. Sin embargo, el racismo que invade nuestro país se manifiesta a través de múltiples y poliédricas caras: es**institucional** –como advierte SOS Racismo en su último informe, el 70% de las situaciones de discriminación implican directamente a entidades públicas, que funcionan como muros burocráticos que obstaculizan el acceso a derechos–; es **social** –plasmándose en los mensajes volcados en redes sociales, en los cánticos racistas que escuchamos en los estadios o en el aumento de los delitos de odio con carácter xenófobo–; y especialmente, en su manifestación más evidente, es **político**. La extrema derecha ha abanderado el discurso xenófobo casi como si de una causa social se tratase. La **“prioridad nacional”** se ha convertido en el mantra capaz de condensar propuestas políticas de restricción de acceso a vivienda de protección oficial, sanidad o ayudas públicas para personas migrantes. Lo que en la praxis viene suponiendo una vulneración de derechos humanos elementales, tal y como ha evidenciado Amnistía Internacional. La estigmatización del migrante y su responsabilización en el deterioro de los servicios públicos, el encarecimiento de la vivienda o, en general, de las grietas manifiestas de la crisis del capitalismo tardío es cruel y deshumanizador. Estos discursos cada vez más habituales deberían generarnos rechazo, principal y exclusivamente, por su carácter xenófobo y racista, por una mera cuestión moral humanitaria, pero esta repulsión debería incrementarse aún más en un país que hasta hace solo sesenta años tenía una maleta y un viaje de ida. Por eso, **quienes sostienen estas tesis xenófobas adolecen de una muy mala memoria histórica** , porque no hace tanto tiempo, los españoles fuimos los inmigrantes precarizados en el extranjero o incluso dentro de nuestro territorio. Parece imperativo recordar que la clase trabajadora no tiene patria y que la explotación de un jornalero magrebí en los invernaderos de Almería en 2026 responde a la misma lógica que la de un obrero andaluz en las fábricas de Wolfsburgo en 1965 o la de un extremeño en los suburbios de Leganés. Como César Vallejo condensó en tan solo cuatro verbos: "¡Alejarse! ¡Quedarse! ¡Volver! ¡Partir! Toda la mecánica social cabe en estas palabras". Bibliografía Babiano, José (2002): “Emigración, identidad y vida asociativa: Los españoles en la Francia de los años sesenta”. Hispania, 62(211), 561–576. Esteves Santamaría, María del Pilar (2010): “Carta de España. La imagen oficial de la Emigración”. Cuadernos de Historia del Derecho, (Extraordinario), 103–128. Fernández Asperilla, Ana (2000): “Estrategias migratorias. Notas a partir del proceso de la emigración española en Europa (1959-2000)”. Migraciones & Exilios, (1), 67–94. Fernández Martínez, María (2020). “Emigración española a Alemania durante los años 60-70: El retorno de los emigrantes”. Institut für Romanistik, Universität Regensburg. Ortuño Martínez, Bárbara (2007). “Redes migratorias femeninas en la emigración española (1946-1960)”, Milars: Espai i Historia, 30, 63-76. Riera Ginestar, Joaquín (2026). Emigrantes: La historia olvidada de la emigración española a Europa (1960-1975), Marcial Pons.

Hace casi dos años que tuvo lugar la dana de Valencia, una tragedia que prometía cambiar la respuesta a las inundaciones en España, pero que por ahora no ha supuesto grandes cambios. En esa región, decenas de miles de personas viven todavía sobre zonas inundables e incluso se han construido nuevas viviendas sobre las que fueron derruidas, aunque sí se han realizado ciertas obras para reducir el riesgo si la cuenca del Júcar vuelve a desbordarse. Los únicos cambios destacables son las obras de emergencia que ha realizado la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a través de un plan de emergencia de reconstrucción tras la dana, que incluye algunas mejoras de seguridad para los cauces fluviales, como el ensanchamiento de la rambla del Poyo en algunos de sus puntos. Este organismo, encargado de gestionar toda la cuenca del Júcar y dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, **culminó esta primera fase de obras el pasado mes de julio** con 17 actuaciones que han costado 220 millones de euros. Por ejemplo, **se ha triplicado la capacidad de desagüe del barranco del Poyo** a su paso por Chiva para evitar el efecto de embudo, pasando de los 150-200 metros cúbicos por segundo (m³/s) originales a los 600 m³/s. En ese mismo cauce, a la altura de Riba-roja de Túria​, se ha eliminado un estrechamiento de la rambla que estancaba el agua y en Torrent, **se han reforzado los taludes del Poyo** en un tramo de siete kilómetros para evitar daños con el paso del agua en un polígono industrial. También se ha trabajado en el cauce del río Magro,**duplicando su capacidad de desagüe en Utiel** , y en el del río Buñol a la altura de Buñol. Sin embargo, estas obras de emergencia son solo una pequeña parte de lo que está pendiente por desarrollar por parte de la confederación hidrográfica. El PP valenciano criticaba esta semana que todavía estén en su fase inicial los diez macroproyectos antiavenidas que figuran en el plan de resiliencia frente a inundaciones que aprobó el Ministerio para la Transición Ecológica el año pasado. Una vez finalizados, estos sí marcarán la diferencia en la cuenca del Turia, porque incluyen encauzamientos de ramblas, la construcción de zonas de inundación controladas y la ampliación de cauces que ahora presentan riesgo en Chiva, Cheste, Paiporta, Catarroja y otros municipios. Según explican fuentes de la CHJ,**los diez proyectos están en este momento en redacción** , siendo el más avanzado el de la conexión del barranco Pozalet-Saleta con el nuevo cauce del Turia mediante un tramo soterrado y una vía verde. Estas obras eran unas de las muchas que ya estaban previstas en un plan de adaptación de la cuenca del Poyo de 2009, pero la crisis económica paró entonces su desarrollo, y**la dana de 2024 dejó obsoletos los planos dibujados hace más de una década** por la imprevisible cantidad de agua que cayó ese día, de manera que el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) ha tenido que recalcular los planos elaborados antes de la tragedia, lo que ha provocado un retraso generalizado. Tanto este como el resto de proyectos se espera que salgan a información pública antes de 2027, y que estén construidos antes de 2030, según afirman en la confederación. Sales Tomas, de la fundación Limne, dedicada a la conservación y mejora de ríos valencianos, reconoce que ese trabajo de modelización del recorrido del agua es imprescindible para que las actuaciones funcionen. Esta organización está en proceso de realizar un proyecto de renaturalización, junto a la Universidad Politécnica de Valencia y otros organismos, en la cuenca del Magro sobre tres municipios que quedaron afectados por la dana. "**Nos lleva tiempo desarrollarlo porque estamos interviniendo un espacio que es diferente** al que había en el pasado. El dominio público hidráulico ha cambiado después de la dana", valora. Paralelamente, la Generalitat Valenciana tiene un plan de renaturalización de cauces, con la plantación de 400.000 árboles y plantas y la limpieza de cañas invasoras en el Poyo, Turia, Magro y Picassent, pero todavía no ha comenzado a ejecutarlo. La cuenca del Turia es la que más pasos ha dado en gestión de riadas por la fatídica experiencia de 2024, pero los meteorólogos y la experiencia de los últimos otoños demuestran que este riesgo es transversal a toda la cuenca mediterránea. Entre el 2020 y octubre de 2025, la provincia de Valencia registró 15 avisos rojos por lluvias de la Agencia Española de Meteorología, mientras que**Huelva, Málaga, Tarragona y Barcelona recibieron entre seis y nueve avisos**. En estos puntos negros, la responsabilidad de garantizar la seguridad de los cauces depende de la cuenca en la que se encuentren. En los lugares donde la supervisión corresponde a una confederación, la responsabilidad es del Gobierno central, y en el resto es autonómica. En Cataluña, la responsabilidad está dividida entre la Confederación Hidrográfica del Ebro, en los alrededores del cauce del Ebro, y la Agencia Catalana del Agua (ACA), encargada del seguimiento de la mitad oriental de la comunidad, la de mayor riesgo. El programa de la ACA para reducir el riesgo fluvial (2022-2027) incluye 20 medidas de prevención y protección frente a inundaciones con un presupuesto de 129 millones de euros,**destinado a construir balsas de laminación en docenas de municipios** , a la reparación de encauzamientos deteriorados, a la construcción de canalizaciones nuevas o a rehabilitaciones ambientales que eviten el estancamiento de agua. Tanto en Cataluña como en otros lugares amenazados del Mediterráneo**también se han actualizado o se están actualizando los mapas de riesgo de inundación** para incluir los nuevos valores extremos derivados del cambio climático. En Murcia y Alicante, la responsabilidad es de la Confederación Hidrográfica del Segura, y en la mayor parte de Andalucía está repartida entre la Junta y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, siendo la Consejería de Medio Ambiente la que se ocupa de las zonas de mayor riesgo por crecidas (Almería, Granada y Málaga). En Murcia, por ejemplo, el plan de gestión del riesgo de inundación 2022-2027 incluye 827,2 millones para protección y prevención de inundaciones, y en su informe de 2025 recogió dos adjudicaciones relevantes: un dique de protección en San Fulgencio (Alicante) y una mejora del drenaje de los alrededores del Hospital Comarcal de la Vega Baja (Orihuela). Sin embargo, desde las organizaciones o fundaciones especializadas en la protección de los ríos, hay una importante crítica a muchas de las actuaciones que se están llevando a cabo en el litoral mediterráneo. Aunque cada vez predominan más las soluciones basadas en la naturaleza, como la creación de llanuras inundables con vegetación,**es habitual que se recurra a contener el agua a base de muros** o a canalizarla por tubos subterráneos, medidas que pueden ser contraproducentes porque aceleran la velocidad del agua en momentos de crecida y comprometen la seguridad de la población aguas abajo. "Seguimos escuchando que hacen falta muros de contención, presas, limpiar los cauces… cuando la experiencia de los últimos dos siglos es que hay que cambiar el enfoque", opina Annelies Broekman, del grupo de investigación sobre Agua y Cambio Global del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF). Julia Martínez, directora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, opina que hay un paso imprescindible que nadie está dispuesto a dar: sacar a la gente de las zonas de peligro máximo. Un estudio publicado en 2024 por Jesús Vargas, experto en riesgos hídricos de la Universidad de Málaga, estimó que 3,3 millones de españoles (el 7% de la población) viven en zonas inundables. "Es algo que no podemos aceptar, no podemos dejar como está lo que hemos construido", subraya la experta. Según valora, habría que establecer un plan de desalojo con alternativa habitacional en las zonas de flujo preferente de agua, las primeras que se inundan en caso de crecida, para toda la población vulnerable, así como sacar de allí colegios y centros asistenciales. Otro estudio publicado el año pasado cuantificaba más de 1.000 colegios, 232 guarderías y 112 hospitales de España en riesgo por avenidas.

Hay un personaje recurrente para el Partido Popular cuando se trata de la vivienda. No es el fondo de inversión que compra un edificio ni el gran tenedor con decenas de inmuebles. Tampoco es el joven que dedica buena parte de su sueldo al alquiler. Es el “pequeño propietario”. Es decir, la persona que compró o heredó un piso, lo alquila para “completar” sus ingresos y **teme encontrarse con un inquilino que no paga** , una ocupación o una legislación que le impida recuperar la vivienda. Sobre esa figura, el PP ha construido buena parte de su respuesta política a las medidas de intervención en el alquiler. El argumento combina tres elementos: las restricciones reducen la oferta, la legislación genera inseguridad jurídica y el Gobierno termina enfrentando artificialmente a propietarios e inquilinos. Así, en Génova acusan al Ejecutivo de querer “**resucitar con la vivienda la vieja lucha de clases** ” y sostienen que las medidas dejan a los propietarios en una posición de vulnerabilidad frente a sus arrendatarios. Fuentes de la formación conservadora anticipan “enfrentamientos” entre ambas partes, además de una “ola de recursos y pleitos” judiciales **empezando por sus propias comunidades autónomas.** Frente al control de alquileres, lo que propone el PP es incrementar la oferta, movilizar suelo, agilizar la tramitación urbanística y proteger al propietario “frente a la ocupación”. Sin embargo, esas propuestas no concretan cómo evitar un desahucio como el de Maricarmen ni cómo contener la subida de los **precios de los alquileres una vez expiren los contratos en vigor.** Para ilustrar su tesis, repiten que el 92% de las viviendas de alquiler pertenece a particulares y apenas el 8% a personas jurídicas, un dato que procede del Banco de España. En su Informe Anual de 2023, la institución estimaba que las personas jurídicas privadas poseían alrededor del 8% de las viviendas principales alquiladas a precio de mercado. **Pero “persona física” no significa “pequeño propietario** ”. Un estudio publicado en abril de 2026 por el Ministerio de Consumo en colaboración con investigadores del CSIC, elaborado a partir del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria, concluye que los caseros particulares que tienen “una sola vivienda en alquiler” **representan aproximadamente el 39% del conjunto del mercado de alquiler habitual**. El 61% restante corresponde conjuntamente a particulares con dos o más viviendas alquiladas, personas jurídicas y entidades públicas. Si se observa exclusivamente el alquiler en manos de particulares, el resultado también cambia el retrato habitual: **el 52,8% de esas viviendas pertenece a personas que alquilan dos o más inmuebles.** Entre 2016 y 2023, el parque alquilado por particulares pasó de 1,9 a 2,57 millones de viviendas, **pero creció más deprisa entre los multiarrendadores** —un 39,9%— que entre quienes alquilan una única vivienda —un 30,4%—. La concentración es todavía mayor en algunos de los mercados más tensionados. Según el mismo estudio, los propietarios con dos o más viviendas representan el **60,8% del alquiler particular en Barcelona, el 56,4% en Madrid, el 55% en València** y alrededor del 63% en Palma. Otra investigación de Consumo y el CSIC, esta vez apoyada en la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, permite además comparar económicamente a unos grupos con otros. **La renta mediana de los hogares inquilinos se situaba en 21.335 euros** ; la de los propietarios de su vivienda habitual, en 32.120; la de los hogares que alquilaban una vivienda a terceros, en 50.959 euros; y la de los multiarrendadores, en 80.375. Los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros permiten observar con claridad cómo funciona el marco político del PP. El primero, el Real Decreto-ley 26/2026, contiene, entre otras cuestiones, una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual **que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028** , siempre que el inquilino esté al corriente del pago. También regula alquileres temporales y limita determinadas actualizaciones de rentas. La norma incorpora además una salvaguarda significativa para propietarios de menor tamaño en los procedimientos de desahucio: las medidas extraordinarias de suspensión no se aplican cuando el propietario acredita su propia situación de vulnerabilidad y posee dos viviendas o menos. El segundo decreto refuerza la estabilidad de los contratos de alquiler habitual y, previsiblemente, decaerá este viernes. El PP mira ese conjunto desde el lado de la oferta. Su razonamiento es que, cuanto mayor sea la incertidumbre acerca de cuándo puede recuperarse una vivienda, cuánto puede cobrarse o qué ocurre ante el impago, menor será el incentivo de un propietario para alquilarla. El Gobierno parte de otro diagnóstico:**la necesidad de evitar que el final de un contrato** o la vulnerabilidad económica desemboquen en la pérdida de la vivienda sin alternativa habitacional, al tiempo que intenta intervenir sobre alquileres temporales, precios y oferta asequible. La defensa del pequeño propietario no pertenece exclusivamente a la derecha. Existe una razón electoral y social de fondo: **España continúa siendo un país mayoritariamente de propietarios**. En 2021, el 75,5% de los hogares ocupaba una vivienda en propiedad y el 16,1% vivía de alquiler. Y esa España propietaria atraviesa prácticamente todo el espectro electoral. El CIS permite comprobarlo con especial claridad entre los votantes del PSOE. En su Índice de Confianza del Consumidor de abril de 2026, el 53,3% de quienes recordaban haber votado al PSOE en las generales de 2023 declaraba vivir en una vivienda de su propiedad sin hipoteca y otro 32,2% en una vivienda en propiedad con pagos pendientes. **Solo el 10,3% vivía de alquiler**. Sin embargo, el CIS no preguntaba a los encuestados si poseían otra vivienda que se alquila a terceros. Por tanto no puede concluirse, con esos mismos datos**, cuántos de esos votantes son caseros**. Aunque estos datos no permiten sacar conclusiones sobre el perfil del votante socialista, sí permiten entender por qué el partido se mueve con cautela. Una frase pronunciada en febrero de 2021 por el entonces ministro de Transportes y responsable de vivienda, José Luis Ábalos, resume mejor que ninguna otra esa tensión. **“La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado que genera actividad económica”,** afirmó durante el enfrentamiento entre PSOE y Unidas Podemos a propósito de la regulación de los alquileres. Ábalos defendía entonces una ley que conciliara el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad privada y se mostró partidario de “incentivar” antes que “penalizar” a los propietarios. Unas declaraciones que ilustran el **difícil equilibrio** que el PSOE ha intentado mantener durante los últimos años: intervenir un mercado que considera incapaz de garantizar por sí solo el acceso a la vivienda sin parecer al mismo tiempo una amenaza para millones de propietarios. Ese equilibrio también está presente en las políticas de la actual ministra del ramo, Isabel Rodríguez. El decreto aprobado esta semana no se limita a imponer restricciones: combina regulación con “incentivos fiscales a los propietarios que reduzcan los alquileres”, con bonificaciones que pueden alcanzar el 100% en determinados supuestos. La política socialista se mueve así entre dos ideas que no siempre resultan fáciles de conciliar: limitar los abusos del mercado y conseguir que los propietarios particulares mantengan o incorporen sus viviendas a la oferta de alquiler. Las tensiones con Unidas Podemos primero y Sumar después han nacido precisamente ahí. Mientras el espacio situado a la izquierda del PSOE ha reclamado controles más intensos, renovaciones contractuales y una lectura de la vivienda centrada en la desigualdad entre propietarios e inquilinos, **el PSOE ha tratado de ‘contentar’ a ambas partes**. El debate sobre el “pequeño propietario” es, en última instancia, una discusión sobre quién debe asumir el coste de una crisis de vivienda cuyo malestar ha estallado a modo de acampada en la Puerta del Sol. Ese malestar se alimenta también de la dificultad de los jóvenes para incorporarse a esa “España de propietarios” y de las críticas a décadas de vivienda de PP y PSOE, marcadas por un modelo que favoreció el ‘boom’ inmobiliario que condujo a la crisis de 2008. El PP intenta que **la respuesta a esa fractura no convierta al casero en adversario del inquilino**. Una parte de la izquierda entiende, por el contrario, que existe un conflicto económico real entre quien obtiene una renta del inmueble y quien debe pagarla. Y el PSOE, situado entre ambos mundos, intenta regular un mercado del que depende una población inquilina creciente sin enemistarse con una sociedad —y un electorado propio— que todavía tiene buena parte de su patrimonio en el ladrillo. Los manifestantes de Sol, sin embargo, tienen claro que la lucha no acaba aquí y que lo que ha ocurrido en la capital de España y se ha trasladado a otras ciudades es solo el principio. Es más, amagan con una huelga general si este viernes no se convalidan los decretos. El PNV ya ha dejado claro que votará en contra del decreto que regula la renovación automática de los contratos, mientras Junts sigue sopesando qué hará. En el caso del primer decreto, una abstención de los independentistas catalanes podría bastar para sacarlo adelante si Coalición Canaria vota a favor, si bien con un margen ajustado de un solo voto.

Cada vez está más cerca la votación en el Congreso para aprobar o no los reales decretos de vivienda mientras la presencia de **acampados en la Puerta del Sol** no deja de crecer. Desde primera hora de la mañana de este jueves no es raro ver a jóvenes cargando con sus tiendas de campaña en busca de un sitio donde instalarla, dentro de una organización interna cada vez más consolidada. Los dos textos que presentó el Gobierno _in extremis_ esta semana se enfrentan a su examen final este viernes y fueron la respuesta del Ejecutivo a las protestas **en defensa de la vivienda** que se viven desde el sábado pasado. Sin embargo, estas medidas no parecen ser suficientes para aplacar los ánimos y la idea general entre los acampados es seguir más allá del viernes e incluso pasado el fin de semana, sin tener una fecha en mente para poner fin a la protesta. Fuentes del Sindicato de Inquilinas que no ejercen la portavocía, preguntadas sobre si tienen previsto cerrar la acampada tras la manifestación por la vivienda que han convocado este sábado, responden que no pueden saberlo, ya que la situación **“les ha desbordado”** y está yendo más allá de lo previsto. Ejemplo de ello ha sido la asamblea convocada este jueves a las 10:30 por los propios manifestantes de forma descentralizada. Los puntos principales tratados en ese encuentro han sido informar de las diferentes comisiones presentes en la acampada (de cuidados, de seguridad, de logística, de urbanismo, etc.) y establecer unas líneas de cara a futuro: mantener el foco en la vivienda, pero abrirse a otras causas como la crisis humanitaria en Ceuta, la educación o la derogación de la ley mordaza; establecer la acampada como una herramienta de **unificación de fuerzas** y como un comienzo de la lucha; y que sea un punto de encuentro para organizar por barrios la futura huelga general que plantean. Nada sobre el texto del decreto conocido este jueves, que establece un nuevo régimen de prórrogas para los contratos de alquiler. Y es que la opinión general entre los acampados es que ambos decretos son **“insuficientes”** y no van a servir como punto final para la acampada. “Que los políticos decidan lo que quieran, pero **que lo decidan ya**. La lucha por la vivienda va a seguir y la acampada seguramente va a continuar más allá del decreto, porque esto se ha escapado totalmente del movimiento de vivienda y la clase trabajadora se ha dado cuenta de cuántas somos y la fuerza que podemos ejercer”, defiende en conversación con **infoLibre** Adela, de 28 años y miembro del sindicato del barrio de Hortaleza. Sobre la decisión de Podemos de apoyar los dos decretos este jueves, después de que el Sindicato de Inquilinas pidiera su respaldo, se muestra muy crítica. “Podemos se ha convertido ya en un agente que de cambio tiene poco. Pues vale que lo vayan a aprobar, porque cualquier medida, aunque sea mínima, puede ser positiva si luego se aplica realmente, pero el partido lleva muchos años dando vueltas y **se nos queda muy corto** ”, denuncia y se queja de que antes sus representantes se pasaban más por las asambleas y ahora van directamente al sindicato sin contar con la gente. “Se han convertido en un actor en el que no podemos confiar”, asegura. En la misma línea se pronuncia Julia, de 24 años y portavoz del Sindicato de Vivienda de Tetuán, que cuestiona la capacidad de los partidos para dar una respuesta al problema de la vivienda. “Al final, todo el arco parlamentario, desde el Gobierno progresista hasta la extrema derecha, no nos representa”, sostiene. Como ejemplo, recuerda el desahucio de Maricarmen, donde, a su juicio, hubo “un **despliegue policial** bastante enorme” por parte de un Gobierno progresista. “Todas estas medidas que están proponiendo ahora son insuficientes y solo la clase trabajadora organizada es la que puede dar respuesta”, afirma. Sobre los decretos, Julia reconoce que pueden tener efectos positivos puntuales, pero insiste en que no abordan el problema de fondo. “Obviamente se agradece que haya algún tipo de ayudas que paren desahucios en algunas ocasiones”, señala. Sin embargo, recalca que “esto no es una medida que efectivamente pare todos los desahucios” ni una solución al problema de la vivienda para la clase trabajadora. “Va a haber alguna que otra mejora si se aprueban, pero **no es la solución real** ”, por lo que asegura que seguirán en la acampada. El primero de los decretos de vivienda incluye, entre otras medidas, límites a las subidas de los alquileres y medidas de**protección frente a los desahucios** , mientras que el segundo plantea un nuevo régimen de prórrogas de los contratos de alquiler. El PNV ha confirmado ya que apoyará el primero, pero votará en contra del segundo, por lo que este último ya no tiene apoyo suficiente para salir adelante. En el primero todavía falta por conocer la decisión de Junts per Catalunya y Coalición Canaria para saber si finalmente se aprueba. Para Sara, de 35 años y una de las personas acampadas en Sol, ninguno de los textos responde a las demandas que han llevado a cientos de personas a permanecer en la plaza. En particular, critica la prórroga de los alquileres porque considera que supone “volver a lo mismo otra vez” y **“hacer las cosas a medias”**. “Lo que necesitamos nosotros ahora mismo es que **se baje el precio de la vivienda** y que se acaben todos los desahucios”, reclama. “No nos vale con eso”. También lanza un mensaje a todos los partidos políticos antes de la votación: “Que os mojéis y que empecéis a pensar en el pueblo”. Álvaro, de 36 años, sí está a favor de que se aprueben los decretos, aunque considera un error que el Gobierno haya dividido las medidas en dos textos. “Me parece que haberlos troceado es un error y es una irresponsabilidad, y **es un poco una trampa** para el movimiento”, sostiene. “No se puede hacer un decreto descafeinado y otro con leche y querer que nos valga el con leche”. A los partidos les pide que asuman las consecuencias de su decisión. “A todos los diputados les digo que se miren al espejo y que a ver si van a poder dormir por las noches si acaban votando que no”, defiende. Pese al resultado de la votación, tiene claro que la movilización no termina ahí. **“La lucha por la vivienda continúa”**.

La acampada por la vivienda ha cumplido su quinta noche y, sin visos de que los manifestantes quieran abandonar la Puerta del Sol, **la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han intensificado en las últimas horas su ofensiva** para conseguir el desalojo de la plaza. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dado este jueves un paso más al llevar el pulso a los tribunales y ha añadido ahora un nuevo argumento: la protesta está provocando daños sobre bienes protegidos que podrían llegar a constituir, según el Ejecutivo autonómico, un delito de expolio contra el patrimonio cultural. La iniciativa se suma a la presión ejercida durante los últimos días por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que sostiene que la acampada “no es pacífica” por la presencia de **adoquines, cuchillos, hornillos y otros elementos** que considera potencialmente peligrosos. Almeida ha llegado a afirmar que algunos de esos objetos podrían utilizarse como “armas arrojadizas” o generar riesgos para la seguridad. El informe remitido posteriormente por el Ayuntamiento para respaldar esas afirmaciones aporta, sin embargo, fotografías en las que uno de los cuchillos señalados por el consistorio **aparece junto a varias rebanadas de pan y un bote de hummus** , mientras que los adoquines se utilizan como contrapesos para sostener estructuras y lonas de la acampada. Además del informe de la alcaldía, la Comunidad de Madrid **ha formalizado este jueves un recurso** ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid en el que solicita a la Justicia que adopte medidas cautelarísimas para forzar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada de la Puerta del Sol. Según han trasladado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid argumenta que se ha producido una**“ocupación ilegal del espacio público”** y que la Delegación del Gobierno tiene la obligación “imperativa” de ejercer sus competencias de “prevención y vigilancia” para garantizar la protección de las personas, los bienes y las instituciones. El martes, la Comunidad envió un requerimiento al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en el que le recriminó su “inacción” y le dio un plazo de 48 horas para desalojar la plaza. Expirado ese plazo sin que se produjera el desalojo, el Ejecutivo autonómico ha decidido**trasladar el pulso a los tribunales.** Fuentes de la Delegación del Gobierno han trasladado a **infoLibre** que todavía no les consta el registro de la denuncia y que por ahora no van a tomar medidas al respecto. El gobierno regional ha adjuntado en dicho recurso un informe de la Dirección General de Patrimonio y Oficina del Español que constata, según la Comunidad, una “evidente y manifiesta afección física y directa” **a dos Bienes de Interés Cultural** : **la Real Casa de Correos** , sede de la Presidencia regional, y la **escultura del Oso y el Madroño**. El Gobierno de Ayuso sostiene que estos hechos “podrían constituir un delito de expolio contra el patrimonio cultural”. El informe recoge una “relación de daños” que incluye, respecto a la Real Casa de Correos, que algunas personas **han trepado por la fachada utilizando ventanas y rejas** como puntos de apoyo, han ejercido peso y tirones sobre elementos arquitectónicos o han realizado pintadas y grafitis. En el caso de la escultura del Oso y el Madroño, la Comunidad aprecia un**** “**claro intento de desvirtuar un bien patrimonial** que forma parte de la historia colectiva de todos los madrileños”. Denuncia que varias personas se han subido sobre ella, que se han colocado pegatinas y que se han instalado cuerdas, banderas y otros objetos sobre la escultura. El Ejecutivo autonómico también argumenta que la ocupación de la plaza dificulta “la visión, el acceso y el disfrute del espacio protegido” e impide inspeccionar determinadas zonas para comprobar la existencia de otros posibles deterioros. Uno de los argumentos planteados alrededor de la acampada ha sido también el posible riesgo de que la ocupación de Sol dificulte **la llegada o la actuación de los servicios de emergencia**. La propia Ayuso ha reclamado este jueves que se garantice espacio suficiente para el paso de ambulancias. Sin embargo, un informe elaborado por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid **no aprecia una afección significativa** para una posible intervención. Tras inspeccionar los accesos a la plaza, los efectivos concluyen que la disposición de la acampada “no supone una afección significativa a las condiciones de acceso de los vehículos del Servicio de Bomberos”. El documento constata además que los principales accesos a Sol permanecen disponibles para vehículos de emergencia y que las tiendas de campaña no están ancladas al suelo, por lo que podrían retirarse rápidamente si fuera necesario. El pulso entre las tres administraciones también se ha convertido en una disputa sobre los límites del derecho fundamental de reunión. La Constitución**reconoce en su artículo 21 el derecho de reunión pacífica y sin armas** , mientras que la legislación permite disolver una concentración cuando se producen alteraciones del orden público que generen peligro para personas o bienes. Ese es precisamente el supuesto que **Ayuntamiento y Comunidad tratan de acreditar con sus informes** sobre seguridad, orden público y patrimonio, mientras que la Delegación sostiene que no concurren por ahora circunstancias suficientes para poner fin a la protesta. La decisión judicial que se adopte ahora tampoco tiene por qué cerrar el conflicto. Si se acordara una medida que restringiera el derecho de reunión, los afectados podrían recurrir por las vías judiciales correspondientes y, una vez agotadas, acudir en amparo al Tribunal Constitucional alegando una posible vulneración del artículo 21. El Constitucional ya ha examinado en distintas ocasiones restricciones de manifestaciones y ha establecido que **cualquier limitación de este derecho debe estar suficientemente motivada** y superar un juicio de proporcionalidad. Así ocurrió con las manifestaciones del 8M de 2021 en Madrid, cuya prohibición durante la pandemia fue anulada después por el tribunal.

“**La recuperación de la democracia** se construyó desde los barrios”. Este es el principio que impulsa _Barrios en Luch_ a, una iniciativa que, con la colaboración de Teatro del Barrio y el Comisionado para la Celebración de España en Libertad 50 años, se presentó este jueves 1 de octubre en el barrio madrileño de Lavapiés. _Barrios en Lucha_ es un proyecto artístico y escénico que reúne iniciativas de distintos territorios para recuperar, a través de paseos, conferencias y piezas teatrales, la memoria de las luchas vecinales y sindicales que ayudaron a construir la democracia. Esta es una plaza ha sido el lugar elegido para celebrar esta presentación, que Ana Belén Santiago, directora artística de Teatro del Barrio, ha preferido definir como “**asamblea** ”. “No queremos que haya escenario, esto es como una **comunidad de vecinas** ”, ha añadido. El espacio, un pequeño remanso de paz escondido entre las calles de Lavapiés, alberga un huerto, un anfiteatro, un espacio de reuniones y un parque infantil. Al fondo, los asistentes a la presentación se han reunido alrededor de las gradas para asistir a un evento en el que se respiraba ese **sentimiento de comunidad** que el proyecto pretende recuperar. La presentación la ha abierto Luis Elorriaga, miembro de la Asociación _Esta es una plaza_ , quien ha invitado a los asistentes a un viaje por la historia de este pequeño solar, que se fundó hace 18 años con el apoyo de La Casa Encendida para promover **otro modelo de ciudad** : “Se buscó otra manera de conceptualizar los barrios y crear una plaza que poder habitar. Creamos un **espacio libre de consumo** , donde todo el mundo es igual y bienvenido”, ha explicado. Ante la **gentrificación** y los cambios que está sufriendo el barrio, Santiago ha reflexionado sobre las similitudes entre el espacio y el evento: “Qué mejor espacio que este para representar a las referentes de la lucha vecinal que uno con una lucha activa”. A continuación, ha intervenido Carmina Gustrán Loscos, comisionada para la Celebración de los 50 años de España en Libertad, quien ha reivindicado el objetivo del proyecto: “Celebrar lo que hemos avanzado, crear **espacios de debate** y encuentro y desenterrar el papel de todas las **personas anónimas** de la ciudadanía que trataron de ensanchar los límites de la libertad”. Santiago también ha recalcado la importancia de impulsar _Barrios en Lucha_ justo en este preciso momento: “Hoy existe una especie de apatía, determinismo y vivimos un **colapso de la ilusión política**. Debemos recuperar la idea de una **comunidad que exige derechos** ”. Con estas palabras, la directora artística de Teatro del Barrio ha dado comienzo a la presentación de cada uno de los proyectos que conforman _Barrios en Lucha_. Estas **nueve iniciativas** llevadas a cabo por mujeres están articuladas alrededor de **tres actividades** complementarias entre sí: una **deriva** o paseo público por el barrio o territorio en el que se sitúa el proyecto; una **conferencia** o charla que sirva como material de documentación y eleve la historia de los protagonistas a un lugar de legitimidad cultural; y un **trabajo escénico** que represente la lucha reivindicada. Esther F. Carrodeguas (Butaca Zero, Galicia), Noelia Fernández (Escena Miriñaque, Cantabria), Olatz Gorrotxategi (País Vasco), Nerea Merino (Las Nenas Theatre, Navarra), Sabrina Catalan y Gina Subiela (Ateneu Nou Barris, Cataluña), María San Miguel, Alba Muñoz y Pablo Rodríguez (Proyecto 43.2, Castilla y León), Silvia Agüero, Elios F. Garcés y Oihane Ruiz (Pretendemos Gitanizar el Mundo, Madrid), Alessandra García (Dos Bengalas, Andalucía) y Caterina Muñoz (Paula Quintana, Canarias) han sido quienes han dado voz a los distintos proyectos que conforman _Barrios en Lucha_. Utilizando audios, imágenes, performances, pancartas, recuperando las octavillas e incluso recurriendo a publicaciones de Instagram, cada una de las representantes ha dado voz a su proyecto. Todos distintos, pero con una idea en común: **el poder de la protesta** , la reivindicación de las **narrativas silenciadas** y el **derecho de las minorías** a pertenecer a la historia democrática de nuestro país. La presentación ha concluido con un gran aplauso y unas palabras de Ana Belén Santiago que han reivindicado la **estrecha relación** entre la cultura, especialmente el teatro, y los movimientos sociales y políticos: “La idea de teatro es **comunidad** , porque se necesita público y un equipo, no se hace en solitario”. _Barrios en Lucha_ recoge un **programa de actividades** que abarca 30 proyectos que se desarrollan desde el pasado mes de junio hasta junio de 2027. Todos con un objetivo definido: reivindicar el **papel crucial** de los movimientos vecinales y sindicales en la democracia que define nuestro sistema actual. Santiago ha clausurado el evento con una idea definitiva: “Queremos que nuestras historias ocupen el lugar que se merecen”.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha elaborado este miércoles junto a su equipo un informe dirigido a la Delegación del Gobierno en el que alerta de**la amenaza** que puede suponer la acampada en la Puerta del Sol para la población de la capital por la presencia de **“cuchillos” y “adoquines”** , que demuestran que la acampada **"no es pacífica".** El informe defiende que la presencia de “cuchillos”, “artículos punzantes” y “adoquines” es una “**amenaza para la seguridad ciudadana** ”, ya que “podrían ser **empleados como arma** ”. El documento va acompañado de fotografías que tratan de justificar la amenaza, y que muestran un cuchillo de cocina junto a **varias rebanadas de pan** y un **bote de hummus,** así como adoquines utilizados únicamente como **contrapeso para sostener las tiendas** de campaña y las lonas. Además, atribuye a la Delegación del Gobierno y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la que estas dependen, la competencia y obligación de evitar que estos elementos se utilicen en posibles “enfrentamientos o disputas”. Según el texto expuesto por el Ayuntamiento, también se han constatado **“graves actos vandálicos** ” perpetrados contra “bienes históricos y patrimoniales” que suponen un “acto delictivo” y un uso “incívico” del mobiliario urbano. Desde el Ayuntamiento denuncian el apelotonamiento de personas sobre 'El Oso y el Madroño' y la 'Ballena (acceso de entrada) de la estación de Sol', y la existencia de “pintadas” que muestran un “**tono de amenaza hacia dirigentes políticos** ” de la Comunidad de Madrid. Uno de los motivos para el desalojo de los manifestantes que reitera el documento es que la colocación de las tiendas y el “aumento de la extensión de la acampada” de los últimos días incrementan **el peligro para “la seguridad** de las personas” e impiden la “libre circulación” de personas y de vehículos de seguridad y emergencias en caso de emergencia. El escrito exige conocer la “resolución” y las “medidas” que la Delegación del Gobierno está tomando con respecto a la acampada, pues aunque el Gobierno defiende que “está amparada por el ejercicio del derecho fundamental de reunión”, **no está cumpliendo los “requisitos”** que expone la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión. El Ayuntamiento advierte que, si no se toman las medidas necesarias para disolver la acampada, llevarán a cabo “**las actuaciones legales** que procedan”. Tras la publicación del informe, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha comunicado que la Comunidad de Madrid va a presentar un **recurso contencioso-administrativo para reclamar la "inmediata disolución" de la acampada** instalada en Sol. La presidenta madrileña lo ha anunciado en el pleno de la Asamblea, apenas horas antes de que termine el plazo de 48 horas que le dio al delegado del Gobierno para disolver la protesta. El documento que presentará la Comunidad de Madrid reitera unas advertencias que **ya adelantó un primer requerimiento** formal que tanto Isabel Díaz Ayuso como el Ayuntamiento de Madrid **trasladaron este martes** al delegado del Gobierno. Este primer documento instaba al Gobierno a tomar las medidas necesarias para disolver la concentración instalada en Sol desde el sábado 26 de septiembre, y subrayaba que esta no puede considerarse una ocupación espontánea de la vía pública, ya que responde a una convocatoria reivindicativa. Este informe exponía la inacción de la Policía ante la instalación de la acampada, alertaba sobre el riesgo del asentamiento para la seguridad pública, y **denunciaba altercados** por parte de los manifestantes en **la sede de la Presidencia** de la Comunidad de Madrid.

Horas después del altercado en el vuelo FZ1073, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, denunciaba un **“intento de atentado yihadista”** dentro de la cabina del avión de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. Más tarde, y todavía con las dudas de lo sucedido, era el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el que calificaba lo sucedido en una entrevista en la cadena _Fox News_ como un acto de propaganda anti-Israel" asegurando que fue un episodio de "fanatismo y odio de un nivel incalculable" y Sean Hannity, el conductor de la entrevista lo calificó como un **episodio de "antisemitismo** ". Mientras el Gobierno israelí habla de terrorismo, **Emiratos Árabes Unidos (EAU) se ha limitado a describir lo ocurrido como un "incidente de seguridad** ", a través de su Autoridad General de Aviación Civil, y ha asegurado que continúa investigándolo. **Flydubai** , sin embargo, se ha limitado por ahora a confirmar "un altercado en la cabina de mando" y ha **pedido “abstenerse de especulaciones prematuras”** mientras las autoridades investigan las causas y motivaciones del incidente. El suceso ocurrió cuando el avión de la aerolínea emiratí sobrevolaba la **frontera entre Jordania y Arabia Saudí**. Según los allí presentes, el avión viró y perdió altura bruscamente –**5.000 metros en menos de dos minutos,** según los datos de Flightradar24– como consecuencia del apuñalamiento del copiloto al capitán Smit Machchhar, de nacionalidad india, que se encuentra ingresado en el hospital. Pese a que la aerolínea ha pedido "abstenerse de especulaciones prematuras" hasta que se aclaren las causas, Netanyahu elogió al "heroico pasajero" que consiguió "**evitar otro 11-S** ". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que habló "extensamente" con Netanyahu sobre lo sucedido, pero se mostró muy cauto al relatar la "historia que escuché" por boca del primer ministro israelí que le llegó a comentar que el copiloto **podría haber sido "quizá un terrorista".** "No sé si es cierta", dijo el presidente estadounidense. Netanyahu aseguró que fue un pasajero israelí quien entró en la cabina a socorrer al piloto, ayudó a reducir al atacante junto con otro ciudadano israelí, Musayev, y niveló el avión antes de que colisionara. "**Actuó con una valentía tremenda** ", dijo el primer ministro que cree "evidente" que el atacante "odiaba a los israelíes, ya que iba a matar a unos 170 de ellos en ese avión, suicidándose también". Previamente, ya había asegurado que el objetivo era "**estrellar el avión con sus ocupantes** ", una hipótesis repetida también por Katz. Otros miembros del Gobierno israelí también trataron lo ocurrido como un intento de atentado. Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, **reclamó responsabilidades contra el autor** y contra cualquier país u organización que pudiera haberlo enviado. Y el polémico Ben Gvir, titular de Seguridad Nacional, vinculó el episodio con la situación de la seguridad regional y reclamó **mantener las operaciones militares israelíes**. La ministra de Transportes, **Miri Regev** , ha exigido la **suspensión de todos los vuelos de Flydubai** a Israel, además de exigir una investigación de la Autoridad de Aviación Civil. Respondiendo a la petición de Regev, Flydubai se mostró comprometida "con la investigación en curso y con el mantenimiento de los más altos estándares de seguridad en toda la red" y para ello ha **suspendido temporalmente los vuelos con origen y destino a Israel**. La aerolínea Emirates también ha suspendido los vuelos de "código compartido" que opera junto a Flydubai.

Ceuta se adentró aquel jueves en el terreno de lo desconocido. Acostumbrada a una intensa presión migratoria, nunca antes había visto una riada similar de migrantes bordeando a nado el espigón del Tarajal. En unas horas accedieron más de 70.000 personas a una ciudad con una población de 84.000 habitantes. Entrada masiva que provocó una profunda quiebra social y tensionó las costuras de una localidad que, dos meses después, **sigue sin ser capaz de recuperar la normalidad**. Miles de migrantes, muchos de ellos menores, siguen todavía en suelo ceutí. Y los procedimientos de expulsión avanzan con lentitud en medio de un clima de violencia, con las oenegé denunciando agresiones por parte de los militares. Las lluvias de las últimas horas han empeorado las ya de por sí deplorables condiciones en las que malviven los migrantes desde hace nueve semanas. Y eso, unido al desalojo de las playas, ha provocado que muchos de ellos hayan decidido tirar la toalla. **En la última semana han cruzado la frontera de vuelta a Marruecos, según los datos que maneja el Gobierno, 1.134 personas** : 131 fueron expulsadas y 1.003 regresaron voluntariamente. Solo el martes se produjeron dos centenares de retornos libres tras ser desmantelado el asentamiento de la playa de Benítez. O se acogían a esa opción o eran filiados y realojados en Loma Colmenar, poniendo así en marcha los expedientes de expulsión o protección internacional. Las Fuerzas de Seguridad del Estado habían identificado hasta este martes a más de 3.200 migrantes adultos. Siete de cada diez ha solicitado protección internacional, si bien se da por hecho que la mayoría de peticiones cursadas por ciudadanos marroquíes serán denegadas al ser considerado el reino alauita un "país de origen seguro". Ante la avalancha de asuntos, la Audiencia Nacional ha aprobado un plan extraordinario de refuerzo para la Sala de lo Contencioso-Administrativo. "El ingreso de cientos o miles de asuntos mensuales, o incluso semanales, **genera una evidente imposibilidad de afrontar la tramitación, estudio y decisión en escasos días respecto de cada uno** ", recoge el acuerdo. En el Gobierno ya estudian fórmulas legales para acelerar las devoluciones. En concreto, según reveló El País, se ha estado trabajando en un real decreto-ley que, entre otras cuestiones, recoge la posibilidad de retornar a un migrante aunque no se haya resuelto aún su solicitud de asilo. Los borradores que se han ido elaborando, además, recogen un recorte de los plazos para recurrir resoluciones desfavorables o contemplan la posibilidad de dar carpetazo a solicitudes de asilo cuando el migrante abandona el centro de acogida o no responde a algún trámite en un plazo corto de tiempo. La norma aún no ha sido aprobada. Sin embargo, **las organizaciones pro derechos humanos ya han alertado de las consecuencias "fatales" que un texto así podría tener**. En el sistema de protección de la ciudad autónoma había este martes registrados alrededor de 2.500 menores. Y aunque a mediados de agosto se trabajaba en el traslado urgente de medio millar de niñas a la península, lo cierto es que hasta la fecha **solo han sido reubicados 213 menores** –69 con reagrupación familiar y 144 distribuidos por distintas comunidades autónomas–. Pese a escenificar una y otra vez su apoyo a Ceuta, lo cierto es que la mayor parte de territorios controlados por el PP se han negado a unos traslados que aliviarían la presión sobre el sistema de acogida de la ciudad autónoma. Y eso que alguno de estos territorios apenas tiene ocupado un 28% de su capacidad. El tema de los menores ejemplifica con claridad el choque entre el Gobierno central y el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. "Se está haciendo politiqueo con la situación de niños y niñas", se quejaba la semana pasada la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, **al tiempo que lamentaba que el dirigente conservador rechazase la "acogida" cuando antes sí lo veía como "algo viable"**. Un viraje que también se produjo, por ejemplo, con la decisión de habilitar parte del puerto para sacar de las calles a cientos de migrantes. Vivas apoyó utilizar esta ubicación en dos reuniones al más alto nivel. Pero luego se echó atrás. Y al Gobierno no le quedó más remedio que tomar el control de las instalaciones. Antes de que la vivienda y las protestas en la Puerta del Sol copasen toda la agenda mediática, la crisis de Ceuta monopolizaba absolutamente todos los debates televisivos. **En muchos de ellos se impuso la narrativa de la "invasión" y se abrieron paso los discursos deshumanizadores**. Y poco a poco ese clima de tensión terminó derivando en actos violentos. Se organizaron batidas para agredir a personas percibidas como extranjeras, se destrozaron campamentos provisionales, se bloqueó la distribución de agua y alimentos o se atacó el coche en el que se movían una diputada ceutí, una abogada y un activista por los derechos humanos. Unas agresiones que no solo habrían sido protagonizadas por encapuchados. Amnistía Internacional ha recogido durante una visita a la ciudad autónoma 22 testimonios que atribuyen a militares españoles, en particular a unidades de Regulares y de la Legión, "palizas, acoso, humillaciones, robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles" a personas migrantes. El Ministerio de Defensa remitirá a la **Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta** el informe de la organización. E instará al Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas a **"investigar y dilucidar posibles responsabilidades individuales"**. El Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional, mientras tanto, da ya los primeros pasos en la investigación por la entrada masiva a la ciudad autónoma. A la espera de ver si las primeras diligencias acordadas permiten tirar del hilo relativo al papel de las fuerzas marroquíes, una investigación que se espera compleja, la instructora ha tomado este miércoles declaración como testigo a Vivas, quien ha relatado los intentos infructuosos de hablar con el Ejecutivo los días previos a la entrada. Una comparecencia a la que se sumará este jueves **la del exjefe de Gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta** , la persona a la que un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtió del movimiento en redes sociales de una convocatoria para la entrada masiva.

La vivienda fue la protagonista este miércoles del pleno del Congreso para disgusto del Partido Popular y Vox, que trataron por todos los medios de que el foco siguiera puesto en Ceuta. El desahucio de Maricarmen ha obligado a la derecha y a la extrema derecha a posicionarse en un tema que **ya no solo se basa en confrontar dos modelos económicos en abstracto**. Y, cuando se va al detalle de qué se puede hacer para evitar que una mujer de 87 años pierda la casa en la que llevaba décadas viviendo, no hay respuestas concretas más allá de consignas por parte de ambas formaciones. El PP ha dedicado las últimas semanas a intentar convertir la gestión de la entrada masiva de migrantes en Ceuta en uno de los grandes flancos del Gobierno y en ello insistieron sus portavoces, a excepción de Cayetana Álvarez de Toledo, que se refirió a **lo que está ocurriendo en las calles como el “15 meme”** y**** acusó al Gobierno de “azuzar una turba contra la propiedad”. De hecho, el diputado que interpeló a la ministra de Vivienda, Eduardo Carazo, también sacó a colación la ciudad autónoma. “Hay quien piensa que las tiendas de Sol intentan tapar las tiendas de Ceuta, pero las dos son imagen de los dos grandes **fracasos de este Gobierno que agoniza** ”, manifestó. Dentro de la Cámara Baja, el foco se ha desplazado por completo tras las movilizaciones y, especialmente, la acampada en la Puerta del Sol. Una incomodidad que se ha evidenciado en los ataques contra la acampada por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, **que ha pedido el “desalojo en 48 horas”, y** del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. El PP de Madrid ha sido especialmente beligerante con los manifestantes y, para Vox, las personas acampadas en el centro de Madrid son “milicias” de la izquierda. La vivienda se **sitúa así en el centro de una agenda** que durante buena parte de la legislatura ha estado copada por la amnistía, la corrupción, las dificultades de la mayoría parlamentaria y, más recientemente, la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Es más, tanto el Sindicato de Inquilinas como los sindicatos mayoritarios están amenazando ahora con convocar una huelga general si los decretos decaen y, aunque uno de ellos salga adelante, **llaman a ampliar la protesta y continuar la presión ciudadana**. En Génova rechazan que un caso particular deba convertirse en el fundamento de toda una política pública. **“¿Por qué hay que hacer una política de desahucios por Maricarmen y no por los 25.000 que hay**?”, plantean fuentes del PP, que insisten en que su formación sí tiene “un plan” en materia de vivienda y es que “**hay que pagar las rentas** ”. El propio líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha citado en los últimos días el desahuciado de Olga, una mujer en L’Hospitalet, que se suicidó en septiembre. “Una mujer catalana por quien no quiso acampar nadie. **Olga no les convenía** ”, dijo, pese a que fue precisamente el PP el que votó en contra del decreto del Gobierno para **prorrogar la moratoria antidesahucios en 2025.** Mientras el Gobierno presenta el caso de Maricarmen como símbolo de una emergencia que exige intervenir, el PP sigue apostando por el libre mercado como solución a los problemas que atraviesan a todo el sector, con la construcción y las bajadas fiscales como receta. Lo que realmente preocupa al principal partido de la oposición son las ocupaciones y la “seguridad jurídica” de propietarios y promotores. Para Feijóo, los decretos que se votarán el martes son una “trampa”. “Si entran en vigor, **¿qué responsabilidad jurídica y efectos jurídicos pueden producir?** ¿Estaremos ante la técnica legislativa de la _ley del solo sí es sí_? ¿Se puede tomar el pelo a todos todo el tiempo?”, señaló en los pasillos del Congreso, tras confirmar su voto en contra. El contraste con el Gobierno está en el modelo. El Ejecutivo ha aprobado ahora medidas de protección frente a desahucios de personas vulnerables hasta 2030, regulación de alquileres de temporada y habitaciones, limitaciones a determinadas compras de vivienda por fondos de inversión y prórrogas para contratos de alquiler. Sin embargo, según el conservador, “los vulnerables no tendrán ninguna posibilidad de contratar un alquiler porque no habrá ningún propietario que se lo alquile”. Lo que no explicó es **cómo impediría el PP los desahucios a personas vulnerables** como Maricarmen, más allá de argumentar que él no ha gobernado. Sí lo han hecho sus barones autonómicos, con competencias transferidas en materia de vivienda, sin resultado. La posición de la extrema derecha española sigue un patrón similar al del PP, **aunque desde posiciones xenófobas**. La tesis de Carlos Hernández Quero, portavoz de Vivienda de la formación ultra, es que la crisis habitacional se debe a un déficit estructural de oferta y al aumento de la población por la inmigración, defendiendo que es necesario “cerrar las fronteras” y liberalizar el suelo. Y, de nuevo, se repite el mismo problema que en el caso del PP: la falta de respuestas y soluciones concretas ante el desahucio de una persona vulnerable como Maricarmen. Pese a ello, Vox mantiene intacto el discurso que lleva años difundiendo y que ha explotado especialmente a raíz de Ceuta: presentar problemas distintos —seguridad, servicios públicos y vivienda— **con el migrante como el principal culpable de todo**. Tras casi cinco días en silencio, la formación ultra decidió publicar un post en X en relación con el desahucio de Maricarmen pero no para solidarizarse con ella ni ofrecer soluciones. “Toda España sabe que si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen, tendría casa", expresó la cuenta oficial del partido. A diferencia de otras ocasiones, en las que Hernández Quero ha llegado a cuestionar la adquisición masiva de inmuebles por grandes fondos de inversión y fortunas extranjeras y ha reclamado mayores restricciones para estos actores, en este caso no ha pronunciado palabra sobre los fondos de inversión ni las medidas del Gobierno salvo para criticarlas. Es más, lo único que ha hecho es radicalizar aún más su discurso al afirmar que sobran “todos” los migrantes, ilegales o legales. “Se tienen que ir todos los ilegales; todos los que están viviendo de ayudas y no están trabajando; todos los que vienen a **imponer costumbres, culturas y hábitos incompatibles** con los nuestros; y todos aquellos que están delinquiendo”, señaló en Antena 3. Con la vivienda acaparando los titulares de la semana, Feijóo abrió esta semana otro frente que ya le había generado problemas meses atrás: el de las bajas laborales. En julio, ya protagonizó una polémica tras proponer reducir el salario de los trabajadores que estén de baja**para combatir el absentismo**. Y este martes defendió ante empresarios en Terrassa que las mutuas puedan realizar pruebas diagnósticas y conceder el alta médica en “determinadas patologías”. Actualmente pueden decidir sobre el alta en las contingencias profesionales, pero en enfermedades comunes su capacidad es limitada y la decisión corresponde al sistema público. Feijóo vinculó su propuesta al fraude en determinadas bajas y al aumento del absentismo. Al mismo tiempo, matizó su posición anterior y defendió que quienes padezcan enfermedades graves puedan cobrar el 100% del salario durante toda su incapacidad temporal. La propuesta recupera una vieja reivindicación empresarial y una disputa igualmente antigua con los sindicatos, que recelan de que entidades vinculadas a las empresas **puedan decidir sobre la reincorporación de trabajadores con enfermedades comunes.** El tercer episodio tuvo lugar el martes por la noche, a pocos cientos de metros de donde Emmanuel Macron cenaba en el Palacio Real durante su visita de Estado. La mayoría absoluta del PP en el Senado volvió a rechazar el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia. Lo hizo después de que el Tribunal Constitucional hubiera avalado el precepto del acuerdo cuya constitucionalidad había cuestionado anteriormente el partido de Feijóo bajo el argumento de que no es permisible que ministros franceses puedan estar presentes en reuniones del Consejo de Ministros de España, pese a que se aclaró que estaría “en los márgenes” de las reuniones. La coincidencia convirtió una votación parlamentaria en un problema diplomático de mayor visibilidad. Macron reaccionó confiando en que el acuerdo saldrá finalmente adelante. Este miércoles, junto a Sánchez en La Moncloa, rebajó el choque a un “contratiempo” y ambos mandatarios reafirmaron su apoyo al tratado. En el equipo de Feijóo niegan que la presencia del presidente francés tuviera que condicionar la posición del partido. “El voto no se decide porque esté aquí o no. Es independiente”, aseguran. Pero, ni con esas, Génova ha logrado cambiar el foco a otro más favorable a sus intereses electorales. Es más, que el Ejecutivo acabe sacando adelante alguno de los dos decretos **supondría un golpe para una derecha que da por agotada la legislatura** y que insiste en cada ocasión en que Sánchez no cuenta con mayoría para nada.

Maricarmen ha visto truncada su vida a los 87 años, después de haber desarrollado en la que hasta ahora era su vivienda todo su periplo vital. Las circunstancias jurídicas que han llevado al lanzamiento son de sobra conocidas, pero quiero resaltar que el Tribunal Supremo no ha refrendado las decisiones de las instancias inferiores, sino que se ha limitado a rechazar el recurso porque no tenía suficiente entidad como para ser objeto de su atención. Resumiendo, los actuales propietarios, un fondo de inversión, habían decidido subir el precio del arrendamiento de 500 € a 2.650 €, cantidad posteriormente rebajada a 1.650 €. Después de infructuosas gestiones, el 23 de septiembre se consumó el desalojo por orden judicial, con el apoyo de un dispositivo policial para hacer frente a las personas que se habían concentrado para evitar que se cumpliese **una orden que daba prioridad a la avaricia de los propietarios** , que tenían ofertas para satisfacer sus exigencias, frente al derecho constitucional de Maricarmen a conservar su vivienda. Se pudo evitar por parte de la jueza o por el jefe del operativo, que era consciente de que, dadas las circunstancias, la actuación podría resultar desproporcionada. Incluso el relator especial de Naciones Unidas sobre la aplicación del derecho a una vivienda adecuada, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ratificado por España el 30 de abril de 1977) había solicitado el aplazamiento. La conmoción nacional e internacional ha impactado en la vida política española y el Gobierno ha decidido, en un tiempo reducido, **aplicar un torniquete para contener la hemorragia** que ocasiona nuestra regulación de arrendamientos de vivienda. Reconozco que esta medida urgente solo puede actuar a modo de paliativo hasta que se afronte la cuestión de fondo: el derecho a una vivienda digna es un derecho fundamental que debe gozar de una protección especial. El 7 de enero pasado escribí un artículo en este mismo medio (ver aquí). En él llamaba la atención sobre la consideración neoliberal de la vivienda como un bien de mercado y no como un derecho fundamental. Aprovecho alguna de aquellas reflexiones para reforzar mi tesis. No se trata de una posición ideológica sino de la **aplicación de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos** firmados por España, que se han hecho efectivos en otros países de nuestro entorno. Por tomar el ejemplo de Austria, una nación de una cierta rigidez en otras materias como la inmigración, el artículo 6 de su Constitución establece que el domicilio de una persona es el lugar elegido para fijar el centro de sus relaciones de vida. El Pacto Internacional citado proclama que se debe conceder a la familia una amplia protección y unas condiciones de existencia dignas, además de una vivienda adecuada. Según encuestas recientes, **las principales preocupaciones** de los españoles giran en torno a la vivienda, la sanidad, el paro, la inmigración, la economía y la polarización política, por este orden. La especulación ha disparado los precios de compra; el alquiler estable de una vivienda, que es un módulo familiar de vida, está en trance de desaparecer. El artículo 47 de la Constitución proclama el derecho de todos a una vivienda digna. Como nos recuerda Norberto Bobbio, proclamar derechos es sencillo, pero lo difícil es hacerlos reales y efectivos. No se trata de una pretensión desorbitada: existe en otros países europeos. Como precedente, podemos recordar que **la Constitución francesa de 1946** proclamaba:_"_ La Nación brinda al individuo y la familia las condiciones necesarias para su desarrollo". La cito porque la legislación francesa es la más avanzada en cuanto a la posibilidad de reclamar judicialmente el derecho a una vivienda digna. El modelo francés nos debe servir de pauta. En una decisión de 19 de enero de 1995, el Consejo Constitucional consideró que "la posibilidad de tener una vivienda digna es un **objetivo con valor constitucional** ". La ley de 31 de mayo de 1990 dispone que "garantizar el derecho a la vivienda constituye un deber de solidaridad para toda la nación". La**Ley 12/2023,** de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, en su exposición de motivos, proclama que la Constitución española, en su artículo 47, dentro del capítulo III del título I de la norma fundamental –referido a los principios rectores de la política social y económica–, recoge el derecho al disfrute de una **vivienda digna** y adecuada e impone seguidamente a los poderes públicos el **deber de promover las condiciones necesarias que garanticen la igualdad** en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales y de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el referido derecho. En mi opinión, la ley, reconociendo algunos avances, no profundiza en la consideración del derecho a la vivienda digna como un derecho fundamental. La exposición de motivos considera que es un derecho que afecta de manera directa al libre desarrollo de la personalidad. Es, por tanto, un **derecho fundamental** que debe ser **equiparado** junto con la educación, al **núcleo duro** que se contiene en el título I, capítulo segundo, sección 1ª, en el que se reconocen los derechos fundamentales. En esta misma línea se expresó la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre el**acceso a una vivienda digna y asequible para todos,** en la que se pide a la Comisión y a los Estados miembros que se aseguren de que el derecho a una vivienda adecuada sea reconocido y ejecutable como un derecho humano fundamental mediante disposiciones legislativas europeas y estatales aplicables, y que garanticen la igualdad de acceso para todos a una vivienda digna. El**Tribunal Constitucional** considera que la ley (24 de mayo de 2023) es constitucional en sus aspectos más cuestionados (declaración de zona tensionada y paralización de desahucios). Permite controlar los precios y demorar los desahucios, pero deja en manos de las comunidades autónomas la decisión sobre estos relevantes aspectos. Soy consciente de la complejidad de la reforma constitucional y, sobre todo, del apartado que recoge los derechos fundamentales. Por supuesto, habría que descartarla si lleva aparejada la disolución de las Cortes Generales. Pero creo que **se pueden encontrar fórmulas alternativas** como la prevista en el**artículo 167 de la CE,** que, en principio, solo exige una mayoría de tres quintos de las Cámaras. Así se hizo en tiempo récord con el **artículo 135** y no es necesario un referéndum obligatorio. En mi opinión no se trata de reformar o revisar el texto constitucional, sino de ampliar y **ensanchar el catálogo de derechos fundamentales**. Una regulación más pausada de los alquileres debe volver a las reglas que son consustanciales a la consideración de la vivienda como núcleo en el que se pueda construir un proyecto de vida estable. No existe alternativa a los contratos indefinidos con rentas ajustadas al índice del coste de la vida y medidas fiscales que equilibren los perjuicios que puedan derivarse de casos concretos. _________________ _**José Antonio Martín Pallín**_ _es abogado. Ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Su último libro es ‘Visto para sentencia. Jueces e ideología en la Justicia española’ (Siglo XXI Editores)._

Nada hizo cambiar de opinión a los independentistas catalanes. Los dos decretos de vivienda aprobados el martes por el Consejo de Ministros decayeron este viernes en el Congreso. Junts rechazó**las dos iniciativas.** El decrerto con las medidas generales sumó 178 ‘noes’ y solo 172 votos a favor. El otro decreto, que ya había quedado descartado, hiciese lo que hiciese Junts, después de que PNV y Coalición Canaria anunciasen su oposición, también ha dejado de estar en vigor, en este caso por 184 votos en contra y solo 166 s favor. El revés al Gobierno disparó las especulaciones en torno a un posible adelanto electoral, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alimentó con una intervención desde la tribuna en la que aseguró a PP, Vox y Junts “que la historia les juzgará **antes de lo que creen“.** La dirección nacional del partido de Carles Puigdemont tomó esta decisión por unanimidad, **argumentando que las medidas propuestas producirán "el efecto contrario al previsto".** Según Junts, los decretos reducían la oferta de viviendas, elevaban los precios y dificultaban el acceso a la misma para las personas con menos recursos, obligando a los compradores a competir por un número cada vez más reducido de inmuebles. Además, criticaban que la normativa no frenaba a los fondos buitre, permitiéndoles seguir adquiriendo viviendas y desalojando residentes vulnerables, y denunciaban medidas que implican la "expropiación por decreto de hogares" multifamiliares. La formación mantuvo que la normativa derogada, destinada a proteger el acceso a la vivienda, acabaría **dificultando la búsqueda, la financiación y el acceso** a la misma para las familias de clases medias y populares, mientras beneficiaba a los compradores con mayores recursos financieros. Los dos reales decretos-ley contenían medidas frente a la crisis de la vivienda. La Junta de Portavoces acordó debatirlos en un pleno extraordinario. Ambos textos**se votaron por separado**. El primero, el general, reunía **la mayor parte de las medidas:** ampliaba hasta 2030 la protección frente a determinados desahucios; regulaba los alquileres de temporada y por habitaciones; restringía la compra de viviendas por parte de fondos de inversión y posibilitaba la prórroga automática durante dos años de los contratos que caducasen antes de 2029. El segundo se limitaba a una sola medida: **la renovación automática de los contratos** de alquiler. **El bloque del ‘no’** al decreto general se articuló en torno a PP, Vox y UPN, que partían del rechazo a las dos normas. A ellos se sumó Ortega-Smith, el diputado expulsado de Vox, ahora en el Grupo Mixto. Entre todos sumaron 171 votos (137 del PP, 32 de Vox, uno de UPN y el exparlamentario ultra). Con Junts, la cifra alcanzó los 178 votos y las medidas, que entraron en vigor el miércoles, quedaron anuladas. En **el lado del ‘sí’** estuvieron los dos socios del Gobierno de coalición. El PSOE aportó 121 diputados y Sumar, 26. Los acompañaron ERC, con siete; EH Bildu, con seis, y el BNG y Més-Compromís, con uno cada uno. Podemos se sumó al bloque del 'sí' este jueves (4), igual que el PNV (5) y Coalición Canaria (1) en el caso del decreto general, lo que elevó el cómputo a 172. Junts también se sumó al ‘no’ ya anunciado por **PNV y CC** contra e**l decreto que planteaba prórrogas automáticas** de los contratos de alquiler. Al hacerlo, ampliaron a 184 los votos en contra —una holgada mayoría absoluta—.**.**

“**Es un parche**. No es lo que estamos buscando”. La frase de Nicolás, de 20 años, resume el sentir que se repite entre quienes permanecen acampados en la Puerta del Sol contra el texto del primer real decreto sobre vivienda que se ha hecho público este miércoles. El joven, que todavía vive con sus padres y quiere independizarse próximamente, considera que las medidas presentadas se quedan lejos de las demandas del movimiento. “Lo que queremos es tener contratos indefinidos y que los precios bajen”, defiende. Una de las principales quejas que se repiten entre los acampados es el **carácter temporal** de estas medidas, que solo sirven para aplazar el problema. “No sirve aprobar un decreto que dure un par de años si después vamos a volver a lo mismo”, agrega Nicolás en conversación con **infoLibre.** Pese a estas críticas, compartidas por el Sindicato de Inquilinas, la organización ha pedido a los partidos que voten este viernes a favor de los dos decretos para que salgan adelante. Alicia del Río, portavoz del sindicato, ha defendido que los inquilinos necesitan “estabilidad” y que para eso hacen falta **“contratos indefinidos”**. También ha interpelado directamente a los diputados del Congreso, especialmente a los del PP: “¿Qué van a votar? ¿Van a estar del lado de las vecinas o, por el contrario, van a estar del lado de la especulación?”. “El viernes hay solo dos opciones: o votar a favor de la vida o **votar a favor de la especulación** ”, ha añadido. Del Río sostiene que existe “una mayoría social que ha hablado” y una oportunidad para que salga adelante “el decreto de la estabilidad de las familias”, con el objetivo de que “no haya ni una Maricarmen más” y de garantizar “vidas dignas”. Ya el martes, desde el Sindicato de Inquilinas aseguraron que no iban a conformarse **“con migajas”** y, con las primeras informaciones que trascendieron, calificaron las medidas de insuficientes. En un comunicado de este miércoles, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha insistido en que se trata de “una norma de urgencia” que **“no podrá revertir décadas de políticas que han convertido la vivienda en un negocio”**. Aun así, considera que se ha abierto “una ventana de oportunidad histórica para cambiar de una vez por todas las políticas de vivienda” y llama a mantener la movilización con la mirada puesta en una huelga general. Con el texto de este primer decreto ya publicado, las críticas se mantienen. El segundo, que regula la renovación automática de alquileres —principal motor de la convocatoria de esta acampada—, se conocerá este jueves. Una de las medidas de este primer decreto limita hasta 2028 la compra especulativa de vivienda por entidades que incluyan en su objeto social la adquisición de inmuebles cuando compren **por debajo del 70% de su valor** de tasación de mercado. El propio texto establece excepciones, entre ellas las viviendas destinadas a alquiler asequible durante al menos cinco años o los compradores adheridos a un Código de Buenas Prácticas pactado con la comunidad autónoma en la que se encuentren. Para Marcos, de 28 años, y que lleva ya dos noches en la Puerta del Sol, el límite del 70% desvirtúa la medida. “Me parece completamente insuficiente, creo que ese porcentaje **no tiene ningún sentido** , porque un fondo buitre no debería poder comprar una vivienda de ninguna manera”, sostiene. También cuestiona la duración de la prohibición: “La fecha tope, que es prácticamente un año, es absurda e insultante para toda la gente que está acampando aquí”. Diego, de 27 años, militante de Anticapitalistas y miembro del Sindicato de Inquilinas, considera que la propia definición de fondo buitre es **demasiado técnica**. A su juicio, el concepto debería abarcar a “cualquier empresa o fondo de inversión que compre vivienda para lucrarse a costa de la vida de las personas” y para maximizar beneficios. Natalia, de 23 años, también cuestiona el límite establecido. **“Ese límite es absurdo”** , afirma. Defiende que el debate debería ir más allá y plantear “si la vivienda debería estar en el mercado en la forma que está” y “si se puede hacer negocio con la vivienda de la forma en la que se está haciendo”. El decreto prolonga hasta 2030 la posibilidad de suspender determinados desahucios, pero no establece una suspensión general. Cuando existe una alternativa habitacional, el lanzamiento puede llevarse a cabo y, en los casos en los que no hay, la suspensión se limita a situaciones de vulnerabilidad. El texto también contempla que la suspensión pueda levantarse cuando desaparezca la vulnerabilidad, se ofrezca una alternativa adecuada y efectiva o transcurran tres años desde su adopción. La definición y aplicación de estos supuestos genera dudas entre los acampados. “Yo considero que cualquier persona en **riesgo de desahucio** es vulnerable. No tendría que ser un grupo específico”, plantea Emma, de 20 años, que acaba de plantar su tienda de campaña y se prepara para su primera noche. Natalia cuestiona también qué se entiende por vulnerabilidad y por alternativa habitacional. “¿Qué es vulnerabilidad?”, pregunta, antes de poner como ejemplo el caso de Maricarmen. “Lo que se está defendiendo aquí es que ella pueda quedarse en la casa donde ha crecido, que **es su casa**. ¿Por qué se va a tener que ir a otra parte?”, plantea. Para Diego, la medida es **“totalmente insuficiente”**. Defiende la prohibición de los desahucios y los contratos indefinidos con renovaciones automáticas. “Todos tenemos derecho a un hogar y derecho a vivir en nuestra propia casa”, sostiene. Lucía, de 24 años, introduce otro elemento: la evolución de las condiciones del alquiler. “Si tú pagas un alquiler a un precio determinado y de repente **esas condiciones cambian** , ahí es donde hay que incidir”, afirma. A su juicio, el problema no es únicamente evitar el desahucio, sino proteger la estabilidad de quienes han construido su vida alrededor de una vivienda y un barrio. El decreto permite también a los inquilinos con contratos vigentes hasta finales de 2028 solicitar prórrogas extraordinarias de hasta dos años, por períodos anuales, manteniendo las **condiciones del contrato**. La medida contempla excepciones, entre ellas determinadas situaciones en las que el propietario necesite recuperar la vivienda. Los acampados también ven insuficiente este horizonte temporal. Leire, de 25 años, y Álvaro, de 23, que viven con su abuela en el primer caso y sus padres en el segundo, porque no pueden permitirse una vivienda, lo resumen así: “No es suficiente. Es muy poco tiempo y **al final es tu casa** ”. Diego reclama contratos indefinidos desde el primer momento. Aunque considera positiva la prórroga, advierte de que existen mecanismos que pueden permitir **incrementos del alquiler**. Otra de las medidas del decreto amplía las deducciones fiscales para propietarios que reduzcan el alquiler y contempla que **una rebaja de más del 5%** permitiría al propietario deducirse en el IRPF la totalidad de los ingresos obtenidos. Nicolás considera que la vivienda debería abaratarse “porque **es algo humano** ” y no mediante privilegios fiscales para quienes poseen varias propiedades. “No por arrendar una casa debes tener privilegios. Es bajarles los impuestos a los ricos, a los que tienen capital”, afirma. Marcos califica la medida de **“vergüenza”** y considera que una rebaja del 5% resulta irrisoria ante los precios actuales. “Una rebaja sobre un precio ya desorbitado no va a cambiar nada y encima el propietario se va a beneficiar mucho más que el propio inquilino”, sostiene. Para Diego, estas ventajas fiscales suponen **“beneficios para los caseros”** y para quienes, según su valoración, especulan con la vivienda. “No hay que hacer ninguna concesión al rentismo”, afirma. Lucía matiza que las deducciones fiscales son una herramienta habitual y que podrían tener sentido con otros porcentajes, pero considera que la fórmula planteada parece buscar “contentar a todos”. Natalia, por su parte, interpreta la medida como una forma de “**calmar las inquietudes** de los arrendatarios” y reclama abordar el problema desde el Sindicato de Inquilinas y desde las organizaciones de vivienda. Entre quienes han llegado a Sol se repite, por tanto, una misma reclamación: que las medidas no sean temporales ni se limiten a amortiguar las consecuencias de la crisis, sino que modifiquen las condiciones que, según los manifestantes, han convertido el acceso a la vivienda en un problema estructural. “Hay que coger el problema de raíz y **solucionarlo** ”, resume Emma. “Si no, va a volver en pocos años”.

La acampada en Sol en defensa de la vivienda ha sido solo el principio. Desde este sábado, el número de personas y tiendas de campaña que se aglomeran en la plaza madrileña no ha hecho más que crecer y este miércoles ya **superaba las 1.200**. Sin embargo, esta protesta no se ha quedado circunscrita a Madrid y ya son varias las ciudades españolas que se han sumado a la movilización. Diego es militante de Anticapitalistas, miembro del Sindicato de Inquilinas y lleva desde el principio participando en esta concentración. En conversación con**infoLibre** indica que la expansión por todo el territorio no es más que una señal de que el conflicto va más allá de Madrid. “Esto es un síntoma de que hay un problema real y una voluntad de cambio que va más allá de los gobiernos progresistas o de los partidos de la izquierda y que **nace desde abajo** ”, explica. En su opinión, Sol tiene ahora la responsabilidad de mantener la movilización para que las protestas que han surgido en otros puntos puedan consolidarse. “Todo empezó en Madrid, pero también **hay que descentralizarlo** ”, señala. Su objetivo es que esta extensión sirva como “acumulación de fuerzas en el ámbito estatal” y pueda desembocar en una huelga general. En **Barcelona** , la protesta comenzó el martes por la tarde-noche en la plaza de Catalunya. Más de un centenar de personas pasaron allí la primera noche, después de que la víspera se contabilizaran entre **150 y 200 participantes**. A diferencia de Madrid, la acampada no está organizada por el Sindicat de Llogateres, sino que ha surgido de grupos de barrio, colectivos antirracistas y transfeministas y personas independientes. Los participantes han decidido mantenerla porque, sostienen, **el problema seguirá existiendo** después de la aprobación del decreto. En **Sevilla** , la plaza de la Encarnación, junto a Las Setas, acoge desde la noche del lunes a más de 150 personas y el campamento supera ya las **40 tiendas** , además de dos carpas. El Sindicato de Inquilinas de Sevilla ha decidido prolongar la protesta al menos hasta el viernes, con la intención de continuar durante el fin de semana. En **Málaga** , unas 150 personas y alrededor de 70 tiendas ocupan la plaza de la Constitución. La protesta está impulsada por el Sindicato de Inquilinas de Málaga y Un Techo por Derecho, que reclaman, entre otras medidas, **contratos indefinidos** , reducción de los precios y que no haya desahucios sin alternativa habitacional. También continúa la acampada de **Cádiz** , en la plaza del Palillero. Más de 40 personas pasaron allí la última noche y la asamblea del martes reunió a entre **100 y 150 participantes**. “No nos vale, es insuficiente, necesitamos mucho más”, resume María Peñalver, del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz. Las tres acampadas andaluzas decidieron continuar después de conocerse el contenido de los decretos. **Córdoba** es la excepción. Alrededor de un centenar de personas pasó allí la noche del lunes al martes, pero el campamento se levantó el martes por la tarde. La protesta se trasladará ahora a una manifestación prevista para el domingo. En **Bilbao** , la protesta ocupa la plaza del Teatro Arriaga. Comenzó con una convocatoria difundida principalmente a través de redes sociales e impulsada por participantes independientes y ha pasado de nueve tiendas el martes a más de 30. La reivindicación se resume en una idea expresada por los participantes: **“Tiene que ser un derecho”**. **Palma** también mantiene su campamento en la plaza de España, surgido tras una movilización del Sindicat de Llogateres de Mallorca y en el que participan colectivos como Stop Desnonaments. Unas 20 personas durmieron allí la primera noche y alrededor de 150 participaron después en la asamblea. Los organizadores han anunciado su intención de continuar **al menos 20 días** y reclaman medidas específicas para Baleares. En **Murcia** , más de 50 personas pasaron la noche en la Glorieta de España tras una movilización del Sindicato de Vivienda y la PAH. Reclaman, como en otros puntos, contratos indefinidos, límites a los precios, medidas contra la compra especulativa y el fin de los desahucios sin alternativa. En **Las Palmas de Gran Canaria** , la plataforma Derecho a Techo mantiene desde la noche del martes un campamento frente a la Delegación del Gobierno. 45 personas pasaron la primera noche en **27 tiendas** , después de una asamblea que reunió a unas 200 personas. La expansión no ha sido idéntica en todas partes. En **Santiago de Compostela** , entre 300 y 400 personas participaron en una protesta nocturna en la estación intermodal, pero fueron desalojadas al amanecer. En otras ciudades se han producido concentraciones y movilizaciones sin que se haya consolidado una acampada. Para el Sindicato de Inquilinas, las acampadas son solo una primera fase de una movilización que pretende extenderse a barrios, ciudades y centros de trabajo. Por ello, ha anunciado **nuevas movilizaciones** para mantener la presión. Este jueves, a las 20:00 horas, convoca caceroladas frente a los ayuntamientos de todo el Estado para reclamar al Congreso que convalide los dos decretos de vivienda. Pero la movilización no termina con la votación. El sindicato considera que los decretos no pueden resolver por sí solos décadas de políticas que han convertido la vivienda en un negocio y llama a ir **“mucho más allá”**. Para este fin de semana, 3 y 4 de octubre, ha convocado manifestaciones en 22 ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona, Sevilla, València, Bilbao, Palma y Murcia. Todo con la mirada puesta en una huelga general por la vivienda. “Ahora hay un camino”, afirmó su portavoz Alicia del Río este martes en la Puerta del Sol.

El Ministerio de Defensa remitirá a la **Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta** el informe de la ONG Amnistía Internacional, conocido este miércoles, que denuncia **torturas y vejaciones por parte de miembros de las Fuerzas Armadas** a los migrantes que permanecen en Ceuta. Fuentes del Ministerio han señalado que, además, instará al Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas a**"investigar y dilucidar posibles responsabilidades individuales"** con el objetivo de "preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas". El Ministerio que dirige Margarita Robles se ha referido así al informe elaborado por la entidad social tras una **investigación sobre el terreno entre el 10 y el 15 de septiembre**. Durante la visita, la entidad recogió**22 testimonios directos** que atribuyen a **militares que patrullan la ciudad palizas, acoso, humillaciones** y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles a los migrantes, llegando a actuar algunos de noche y encapuchados.

Los dos reales decretos ley aprobados por el Gobierno tras el desahucio de Maricarmen combinan medidas urgentes de protección para los inquilinos con reformas fiscales y judiciales. El Ejecutivo los presenta como respuesta a la movilización social por el derecho a la vivienda, pero para **Podemos, BNG y Compromís** se quedan en un “parche”. En el caso de la formación morada, además, la insuficiencia de las medidas mantiene en el aire su voto del próximo viernes. **Junts** , que tampoco ha desvelado qué hará, se ha mostrado “decepcionado y preocupado” por las medidas en materia de vivienda. El **PP** , por su parte, ya ha anunciado que votará en contra de ambos decretos. La presión de las organizaciones de inquilinos de toda España, sumada a la acampada de la Puerta del Sol y a las protestas impulsadas en otras ciudades, **ha acelerado la aprobación de un paquete de medidas que el Ejecutivo tenía pendiente**. Desde el Gobierno recuerdan, además, que parte de estas iniciativas ya se habían intentado sacar adelante anteriormente: “Ya se han intentado tomar medidas y la derecha las ha tumbado”. En una asamblea a última hora de la tarde del martes, portavoces del Sindicato de Inquilinas insistieron en que **sus peticiones son "de mínimos".** El sindicato se ha mostrado crítico anteriormente con otras medidas que recoge el decreto, como las bonificaciones fiscales a los caseros. “Ahora mismo, un casero en este país ya disfruta de bonificaciones de hasta el 90% en zonas tensionadas. Hablamos de que tenemos un sistema fiscal que en el fondo lo que está haciendo es **premiar la extracción de rentas y castigar al trabajador** ”, señalaba Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres de Cataluña, en una entrevista con infoLibre. El texto de los decretos busca que las comunidades autónomas se involucren en las alternativas habitacionales en casos de desahucio. Jon Bakaikoa, responsable federal de modelo urbano en Izquierda Unida, interpreta que la medida pretende “**atar en corto a las CCAA” para que no queden al margen de su responsabilidad residencial**. También obliga a los grandes tenedores a identificarse como tales en los procedimientos judiciales, lo que dificulta que eludan el régimen reforzado previsto cuando hay hogares vulnerables. Sin embargo, **este cambio no resuelve la carencia de viviendas públicas para realojo**. Sin parque disponible y sin financiación suficiente, la obligación de ofrecer una alternativa puede seguir chocando con la misma realidad que hasta ahora ha dejado a miles de personas entre el juzgado y los servicios sociales. El Gobierno entra de lleno con estos decretos en el **alquiler por habitaciones**. A partir de ahora, la suma de las rentas de todas las habitaciones alquiladas simultáneamente en una misma vivienda **no podrá superar el precio que tendría el alquiler del piso completo**. En las zonas de mercado residencial tensionado, además, esa renta total deberá **respetar las limitaciones de precios previstas en la Ley de Arrendamientos** **Urbanos**. El cambio afecta directamente a una modalidad que ha ganado terreno en las grandes ciudades y en la que el alquiler separado de las habitaciones permite en determinados casos obtener una renta total muy superior a la del piso completo. Los decretos contemplan también una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos de alquiler y **se limita de forma extraordinaria la actualización de las rentas** cuando el nuevo precio supere la referencia estatal de alquiler. Bakaikoa considera que esta medida puede tener un “impacto muy relevante”, aunque advierte de que las prórrogas no son una solución estructural. En el texto, el Gobierno introduce una definición económica de vivienda asequible que será aquella en la que el precio de venta o alquiler no supere el 30% de la renta mediana de la unidad de convivencia habitual del municipio donde esté situada la vivienda. En los **alquileres asequibles tampoco podrán utilizarse los gastos vinculados** a anexos para elevar el precio de la vivienda. La medida establece así un límite ligado a la capacidad económica de los hogares de cada municipio en lugar de una cifra homogénea para todo el territorio. Las **bonificaciones de IRPF de los arrendadores quedan vinculadas a la reducción de la renta**. Bakaikoa aprecia el cambio de orientación, pero considera que el Gobierno se queda corto y propone: “Si no bajas, no ‘te bonifico menos’, sino que te recargo”. La norma incorpora, además, una deducción estatal para inquilinos y una exención para particulares que vendan viviendas a administraciones públicas. En materia turística, el texto establece un **IVA del 10% para alojamientos turísticos** y permite recargos de hasta el 150% en el IBI municipal, al tiempo que extiende los recargos sobre viviendas vacías. La reforma fiscal de las socimis busca, además, condicionar sus ventajas a que ofrezcan **alquileres asequibles**. Es un avance, pero la efectividad dependerá de cómo se defina ese concepto y de la capacidad de control de las administraciones. También enfocado al turismo, uno de los cambios de mayor alcance será el del alquiler temporal. El Ejecutivo quiere cerrar una de las vías que considera que se están utilizando para evitar las obligaciones del alquiler de vivienda habitual. A partir de ahora,**** un contrato temporal deberá**responder a una causa real y acreditable que justifique el desplazamiento del inquilino**. Su duración deberá superar los 31 días y, con carácter general, no podrá exceder de doce meses, aunque se podría prolongar si está justificado. Sin justificación, y si hay renovación o sucesión de más de dos contratos, entre las mismas partes y vivienda hará que el arrendamiento pase a considerarse de vivienda habitual. La reforma más prometedora es el blindaje de la calificación permanente de las viviendas protegidas promovidas por Casa47. Para Bakaikoa, esta medida puede sentar “las **bases de la resolución del problema estructural a medio/largo plazo** ”, al impedir que el parque estatal vuelva al mercado libre. El decreto habilita, además, la cesión de inmuebles estatales —incluidos los de la Seguridad Social— a Casa47 y amplía créditos ICO para promotores públicos de vivienda social. Entre las novedades destinadas a facilitar el acceso a la propiedad aparece '**TU CASA** ', un programa que permitirá **conceder préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses,** con un periodo de carencia hasta que finalice el pago de la hipoteca o durante un máximo de 30 años. Después existirá un plazo de diez años para devolver el préstamo, también al 0%. A cambio de acogerse a esta financiación de 'TU CASA', las viviendas adquiridas quedarán sometidas permanentemente a un precio máximo de transmisión.

El presidente de Ceuta, **Juan Jesús Vivas (PP)** , ha explicado tras declarar en la Audiencia Nacional que la ciudad autónoma no contaba con tanta información como el Gobierno los días previos a la entrada masiva de migrantes de finales de julio, ya que no tenía contacto con los servicios de inteligencia. En declaraciones a los medios tras **declarar como testigo ante la jueza María Tardón** , el presidente ceutí ha indicado que se trató de hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta diez veces los días previos a la entrada masiva, si bien sólo le respondieron en tres ocasiones, la última para remitirles a la Delegación del Gobierno. En los dos primeros contactos, el director de gabinete de Pedro Sánchez, **Diego Rubio, les dijo que estaba trabajando el asunto** , hablando con los ministerios competentes y que necesitaba más tiempo y en la última ocasión, el 28 de julio, transmitió que "el cauce de comunicación a partir de entonces tenía que ser la Delegación de Gobierno y no la Presidencia de Gobierno", según Vivas. El presidente ceutí ha recalcado que la ciudad de Ceuta sabía que **había un "incremento notabilísimo del número de llegadas"** los días previos y eso era una alerta que "invitaba a tomar medidas preventivas", como así solicitaron, sin que se tomaran, en base a la información de la que disponían. "Nosotros no sabíamos que se iba a producir la invasión", ha agregado al ser preguntado si su Gobierno esperaba la magnitud de lo ocurrido. Según han indicado fuentes jurídicas, ante la jueza Vivas ha explicado que **no habló con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez** , hasta el 30 de julio, el primer día de las entradas masivas a Ceuta, y le pidió que viajase a la ciudad autónoma porque los ceutíes necesitaban percibir la presencia del Estado. Además, ha relatado que habló con la ministra de Defensa, **Margarita Robles, los días 28 y 30 de julio** , esta última para tratar el despliegue del Ejército, que también conversó con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien le destacó la excelente relación con Marruecos. Llamó también Vivas al **ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska** , manteniendo contacto con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, a quien pidió reforzar los agentes, cerrar las fronteras, un estado de emergencia y un mando único. Esta le dijo, según ha declarado el presidente ceutí, que los servicios jurídicos de Interior **no consideraban que se dieran las condiciones para adoptar dichas medidas**. También llamó al titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Todos los ministros con los que contactó en los días previos a las entradas masivas apuntaron, según Vivas, a que se trataba de una crisis migratoria más, mientras que el presidente ceutí les advirtió de que se trataba de una invasión. El presidente ceutí ha recalcado que la ciudad de Ceuta sabía que había un "incremento notabilísimo del número de llegadas" los días previos -con 1.500 personas llegadas en diez días o el paso de 180 a 800 menores acogidos- y eso**era una alerta que "invitaba a tomar medidas preventivas"** , como así solicitaron en base a la información de la que disponían. Vivas transmitió estos datos a la Delegación del Gobierno en una comunicación que, según ha sostenido ante Tardón, fue siempre unidireccional, pues **nunca recibió respuesta.** A la magistrada le ha explicado también la situación que atraviesa Ceuta y el colapso vivido en la sanidad o la educación. "Pedíamos que **hubiera un mando único y no se hizo** y pedíamos que hubiera un refuerzo significativo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, puede que hubiera un refuerzo, pero desde mi modesto punto de vista no fue significativo", ha recalcado Vivas ante los periodistas. **"Nosotros no sabíamos que se iba a producir la invasión** ", ha agregado al ser preguntado si su Gobierno esperaba la magnitud de lo ocurrido, tras explicar que Ceuta no tiene comunicación con los servicios de inteligencia de España, pero el Ejecutivo sí. El presidente de Ceuta ha hecho entrega este miércoles de **transcripciones de las reuniones mantenidas por el Gobierno ceutí y la Junta de Portavoces** y se ha comprometido además a aportar un dossier con la cronología de los días previos a las entradas masivas, incluyendo las distintas llamadas que realizó y otros datos. El presidente de Iustitia Europa, que ejerce la acusación popular unificada, Luis María Pardo, ha dicho tras la declaración que "todo apunta a que según avance esta investigación, descubriremos hechos" que como a él le ha ocurrido este miércoles con la declaración de Vivas, "serán desgarradores", por la situación que atraviesa el pueblo ceutí. La declaración de Vivas **se ha alargado durante más de dos horas** y es previa a la que prestará este jueves, también como testigo, Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del ya ex delegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano, a quien escribió por WhatsApp un miembro del CNI.

“Me pusieron bridas y me metieron en el maletero. Cuando me sacaron, me amordazaron la boca y me pegaron la cara contra un árbol, y así me pegaron porrazos y puñetazos. Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”. Este es el testimonio de un jóven migrante que denuncia las **agresiones y los malos tratos por parte de militares en Ceuta** en un informe elaborado por la ONG Amnistía Internacional. La organización acusa a miembros de las **Fuerzas Armadas españolas,** en particular a militares Regulares y de la Legión, de **infligir tortura y tratos crueles, inhumanos** y degradantes a personas migrantes y solicitantes de asilo en la ciudad autónoma. Amnistía Internacional se ha **dirigido tanto al Gobierno de España** como al ceutí para denunciar el grave riesgo que corren los migrantes y exigir un plan de acción humanitaria urgente. Asimismo, emplaza a las **comunidades a colaborar para la reubicación de menores** y otros colectivos vulnerables. Durante cinco días, miembros de la organización desplegados sobre el terreno entrevistaron a más de 65 personas en los principales emplazamientos. Una ventana de estos testimonios**atribuyen a militares palizas, acoso, humillaciones** y el robo de dinero o la confiscación y rotura de teléfonos móviles. Además, tras entrevistar a 26 mujeres, dos de ellas embarazadas, la organización puso de relieve los riesgos a los que se exponen. La ONG ha documentado gráfica y audiovisualmente lesiones sufridas por personas migrantes que, según sus testimonios, fueron causadas por militares. Se recogen agresiones compatibles con golpes de porra, como en el caso de dos jóvenes que presentan lesiones en la cabeza. Otro joven marrquí narró a la organización que llevaba**25 días sin poder andar tras el empujón desde una altura elevada** por parte de un militar durante la noche. Asimismo, Amnistía Internacional recogió el testimonio de un hombre en silla de ruedas con **lesiones severas en tobillos, brazos y torso** tras haber sido empujado por militares desde más de seis metros de altura Los soldados habrían acudido en algunos casos encapuchados por la noche para **privar del sueño a los migrantes** en las calles e incluso agredirles físicamente propinándole golpes o **rociándoles gases irritantes.** El informe recoge también amenazas constantes para que abandonen Ceuta. Los militares recurren a prácticas propias de la Inquisición al obligar a las personas migrantes musulmanas a arrodillarse para besar una cruz cristiana. Además, se cita la información recabada por el colectivo **Border Resistance** que documenta de forma exhaustiva cómo la**Policía Nacional y la Guardia Civil también han hecho un uso excesivo de la violencia contra los migrantes**. Las grabaciones muestran cómo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado propinan patadas a las personas que cruzaron a la ciudad autónoma tendidas en el suelo. Unas **800 mujeres** , algunas de ellas con sus hijos, siguen viviendo en las calles expuestas a una mayor desprotección. Amnistía Internacional pone el foco en la **desatención de estas familias monomarentales** a las que no se les está dando una respuesta adecuada y se ven obligadas a pernoctar en la calle o en asentamientos. Según el informe, esto ocurre porque se está **dando prioridad a los hombres frente a otros colectivos vulnerables** en el alojamiento para evitar que estos deambulen por las calles. Además, atendiendo a los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),**existen 37 investigaciones iniciadas por violencia sexual**(28 abiertas y ocho archivadas provisionalmente) por parte de militares a mujeres migrantes. Se contabilizan 39 víctimas, 38 de ellas son mujeres y un hombre, de las cuales 14 son menores de edad. Las mujeres migrantes también declaran sufrir por parte de militares insultos, humillaciones y vejaciones de índole sexual. Se recoge el caso de un militar que **se burló de una joven marroquí embarazada** con el comentario vejatorio sobre “cómo había podido abrir las piernas”. Las dificultades de las mujeres se extienden también a la hora de **recibir alimentos o atención sanitaria,** así como al acceso de productos de higiene femenina. Para obtener la única ración diaria de comida fría entregada por Cruz Roja en la playa del Trampolín, las mujeres deben caminar durante horas con sus hijos ya que tienen la obligación de acudir con ellos para que puedan obtener su ración. De igual manera, se reportaron casos en los que las Fuerzas Armadas aplican **perfilamiento racial** e impiden el paso al centro urbano, comercios o supermercados a mujeres identificadas arbitrariamente por llevar hiyab. La organización denuncia que **no se están realizando los triajes para identificar a las personas solicitantes de asilo,** que incluyen controles de salud y seguridad y un control preliminar de vulnerabilidad. 12 solicitantes de asilo, provenientes de Marruecos, Argelia, Somalia y Yemen, declaran que no se les ha realizado la entrevista para evaluar su situación de vulnerabilidad ni se les ha informado de los procesos. La expulsión de un solicitante de asilo yemení de 34 años seis días después de su entrada en Ceuta es un ejemplo de estas irregularidades recogidas en el documento. El informe recoge datos de monitorización del observatorio **OBERAXE** que confirman un **incremento del 76% de los mensajes de odio en redes sociales** durante el mes de agosto tras la crisis migratoria. Estos contenidos se emplearon para reforzar narrativas que **presentan a los migrantes como una amenaza para la seguridad y la convivencia**. Los mensajes de odio fueron amplificados por personalidades políticas de derecha o ultraderecha como **José María Figaredo,** quien llegó a afirmar públicamente que había que "cazar uno por uno" a las personas migrantes. Además, el clima de tensión **y** hostigamiento también se extiende a periodistas**y personal humanitario**. Trabajadores de La Sexta, RTVE o _elDiario.es_ , entre otros, denunciaron obtáculos para desarrollar libremente su labor profesional. Por otro lado, miembros de ONG o activistas denuncian que**los militares** dificultan las labores humanitarias, como en el acoso sufrido por miembros de la Luna Blanca para impedir la atención a los migrantes o el caso de la la agresión sufrida por Rafa Borrego, activista, Sofía Cánovas, abogada internacional de derechos humanos, y la diputada ceutí Julia Ferrera el 20 de septiembre. El texto concluye con una serie de **recomendaciones** para abordar la grave situación de los derechos humanos en Ceuta. Amnistía Internacional pide a las autoridades que aseguren de forma inmediata la **asistencia humanitaria y condiciones de acogida**. Se reclama la pronta identificación de las vulnerabilidades de las personas migrantes, así como **identificar, proteger y acoger a todos los menores migrantes no acompañados, solicitantes de asilo y colectivos vulnerables,** procediendo a su traslado a la Península. Asimismo, se exige**investigar de manera pronta, imparcial, independiente y exhaustiva las denuncias de abusos** cometidos contra personas migrantes, incluidos aquellos actos que puedan constituir tortura u otros tratos inhumanos. Finalmente, se exige que se respete de “manera absoluta” el **principio de no devolución de personas a países donde puedan correr riesgo** , al igual que se pueda garantizar que se ejerza de forma libre el trabajo de los periodistas, personal de organizaciones humanitarias y activistas.

Cada vez es más difícil acceder a una vivienda en Galicia, sea a través del alquiler, sea a través de su adquisición. En paralelo al encarecimiento de los alquileres, el precio de compraventa de los inmuebles no deja de subir, en un contexto agravado en los últimos meses por el aumento de los tipos de interés de las hipotecas. A pesar de esto, el número de hipotecas de vivienda firmadas en Galicia no deja de crecer y en 2025 alcanzó su máximo en 15 años. **El pasado año se firmaron casi 19.000 hipotecas de vivienda en nuestro país, un 21% más que en 2024.** Es la cifra más elevada desde 2011, todavía con la resaca del estallido de la burbuja inmobiliaria. El INE publicó este lunes los datos definitivos de la estadística de hipotecas correspondiente al año 2025. En los últimos meses el precio de compraventa de vivienda en Galicia superó el nivel máximo alcanzado durante la burbuja inmobiliaria. También se vienen endureciendo las condiciones para acceder a un préstamo hipotecario, con tipos de interés crecientes, derivados del aumento del euríbor y de los tipos de interés establecidos por el Banco Central Europeo. **El tipo de interés medio de las hipotecas de vivienda firmadas en Galicia vuelve a superar el 3% —3,01% en julio—,** después de cerrar 2025 algo por debajo de ese nivel —2,89%—. El tipo de interés es algo más elevado en el caso de las hipotecas a tipo fijo —3,03%— que en las de tipo variable —2,97%—. Las hipotecas a tipo fijo son mayoría en el Estado —63% en 2025—. **El tipo de interés medio, de nuevo por encima del 3%, está en su nivel más alto desde enero de 2025** y se espera que siga subiendo. A comienzos de 2024 llegó a alcanzar el 3,44%, la cifra más alta en una década. En cualquier caso, el número de hipotecas firmadas en Galicia no deja de aumentar. El encarecimiento de los precios del alquiler hizo que desde hace más de un año el coste del arrendamiento en los nuevos contratos supere ya las cuotas medias de las hipotecas en Galicia. Para quien se pueda permitir solicitar una hipoteca. **Al final del pasado año el 15,8% de los hogares gallegos arrastraban una hipoteca.** Se trata de un porcentaje que ha venido descendiendo en las últimas décadas a medida que se van cancelando una parte significativa de los préstamos hipotecarios firmados durante la burbuja inmobiliaria. En el año 2010, un 21,8% de los hogares familiares gallegos estaban sujetos a algún tipo de hipoteca, un porcentaje que cayó hasta el 15,7% en 2022. Desde entonces, la cifra se mantiene estable. **En este tiempo, lo que fue aumentando fue el porcentaje de población gallega que vive de alquiler, que pasó de representar el 8% en 2025 a rozar en la actualidad el 17%** , exactamente el doble, y superando por primera vez en este siglo al porcentaje de personas que siguen pagando una hipoteca.

La Comisión Europea advirtió este martes de que los precios de la energía van a seguir subiendo en los próximos meses, poniendo en riesgo a decenas de millones de europeos. En un mensaje poco usual, el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, aseguró que se aproxima un invierno "muy duro" en el que familias de todo el continente no podrán permitirse encender la calefacción o repostar su vehículo debido a la crisis energética que afrontan los 27 países. Sí dejó muy claro, tras reunirse con los ministros europeos de su rama, que **no habrá desabastecimiento de combustibles** , pero que esa seguridad de suministro habrá que pagarla. La cumbre europea de energía de este martes tuvo lugar tras la amenaza de la semana pasada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cesar las exportaciones de diésel a Europa y otras regiones, un paso que por ahora no ha dado y que dispararía todavía más los precios. En este momento,**el litro de diésel está en su nivel más caro desde 2005**(tanto en España como en la Unión Europea y sin contar impuestos) y el litro de gasolina está en su segundo momento más caro, solo superado por el pico de 2022. Por el lado del gas natural, Catar sigue sin exportar prácticamente nada debido a los bombardeos que sufrió durante las primeras semanas de la guerra de Irán, **dejando al planeta sin una quinta parte del suministro de gas natural licuado**(GNL), el que se transporta en metaneros. Sumado a que la Unión Europea tiene prohibido comprar más gas ruso a partir del 1 de enero, el gas natural TTF, de referencia en Europa, cotiza en su nivel más alto desde finales de 2022. Sumando gas y petróleo, desde que comenzó la guerra de Irán, **los consumidores de la Unión Europea han pagado más de 100.000 millones de euros extra en combustibles fósiles** frente al año 2025, consumiendo la misma energía, según los últimos datos de la Comisión. Jørgensen dijo este martes desde Dublín, donde tuvo lugar la reunión ministerial, que "la situación es seria" y que Europa debe apostar por las energías renovables y la eficiencia energética "lo más rápido posible".**"En un invierno normal [desde el punto de vista de los precios] hay más de 50 millones de europeos que no pueden permitirse calentar su casa. Este invierno podría ser incluso peor"** , aseguró el encargado de la política energética europea. A su lado compareció Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), que repitió que Europa se enfrenta a unos meses "muy difíciles". Pese a la urgencia de la situación dibujada, **no han salido medidas concretas de esas reuniones** , más allá de seguir promoviendo el desarrollo de energías limpias producidas en el interior del continente para reducir la dependencia de terceros países, así como la flexibilidad y la eficiencia energética. Nada se ha concretado sobre la propuesta que hizo hace unos días el propio comisario de reducir la demanda de gas y electricidad de manera forzosa en los Estados miembros. Tampoco se ha acordado por ahora entre los países miembros**liberar reservas de petróleo y de productos refinados** –entre ellos, diésel– para aliviar los precios en las gasolineras, con el argumento de que "podrían ser necesarios si la situación va a peor", declaró Jørgensen. Europa ha sacado hasta ahora de sus reservas el 20% de sus productos petrolíferos para suavizar el impacto de la crisis en Oriente Medio. **Un grupo de seis países, entre ellos España** , había planteado también en los días previos a la cumbre irlandesa implantar un impuesto europeo sobre los beneficios récord que registran estos meses las petroleras y las gasistas. "Seguimos esperando a que la Comisión tome medidas. Europa necesita tomar medidas de adaptación y resiliencia al cambio climático y**nos gustaría ver un impuesto permanente a las petroleras y gasistas [para financiar estos gastos]"** , dijo este martes la ministra española de Transición Ecológica, Sara Aagesen. Horas después, sin embargo, Bruselas cerró la puerta a esa idea. "Un impuesto sobre los beneficios caídos del cielo es algo que pueden implementar los países miembros si quieren, pero no lo planeamos a nivel europeo", contestó el comisario. Lo que sí ha planteado la Comisión este martes es **posponer un año el endurecimiento de sus exigencias sobre las emisiones de metano** para las importaciones de petróleo y gas para facilitar que los Estados miembros puedan seguir adquiriendo sin trabas combustibles a países como Estados Unidos, Arabia Saudí o Nigeria. La normativa, enfocada a reducir las emisiones del diésel y la gasolina, obliga en este momento a que, a partir de enero de 2027, los exportadores tengan que reportar sus emisiones de metano, y a limitar ese contaminante a partir de 2030. Coincidiendo con la reunión informal de ministros de Energía, el Gobierno español aprobó este martes en Consejo de Ministros una prórroga del decreto anticrisis **para rebajar en 20 céntimos el litro tanto de gasolina como de gasóleo en el mes de octubre** , cifra que se reducirá a 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre, con una cláusula de regreso a los 20 céntimos si se supera una inflación del 15% en alguno de los próximos meses. Entre otras medidas, también se reformulará el cálculo de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas para que no suba más del 15% en octubre, frente al 45% que iba a encarecerse sin este cambio. La Comisión Europea ya ha advertido en varias ocasiones desde que estalló el conflicto de Irán, como ocurrió tras el estallido de la guerra en Ucrania, de que estas subvenciones nacionales a los combustibles fósiles no pueden ser una herramienta de apoyo a largo plazo porque pueden llegar a ser contraproducentes. Este martes, el comisario de Energía volvió a recalcarlo. "De la crisis de 2022 hemos aprendido que hay cosas que no debemos repetir. La gran mayoría de los Estados miembros han subsidiado los combustibles fósiles, y lo entiendo porque se enfrentan a un gran desafío, pero esperamos que esas ayudas sean acotadas y tan limitadas en el tiempo como sea posible", declaró. Los expertos llevan advirtiendo desde hace meses de que el continente estaba recargando sus almacenes de gas a un ritmo demasiado lento durante la primavera y el verano, y que eso terminaría comprometiendo las reservas de cara al otoño y el invierno. El resultado es que, a día de hoy, los depósitos subterráneos de los 27 países están al 71,2% de capacidad, **la cifra más baja** desde que Europa comenzó a coordinar su abastecimiento de gas en 2010. Alemania, el mayor consumidor de gas de Europa, es la economía que más preocupa porque apenas ha rellenado el 56,6% de sus reservas. En este aspecto, **España es uno de los países mejor preparados** porque sus almacenes se encuentran en este momento al 73% de capacidad y cuenta con la mayor red de regasificadoras costeras de Europa, de manera que puede adquirir el combustible a vendedores de todo el mundo, si bien es cierto, el país está tan afectado por los precios altos como cualquier otro porque estos se fijan internacionalmente. La ministra Aagesen también sacó pecho este martes de que España está mejor preparada que otros países para enfrentarse a los problemas de abastecimiento de diésel porque cuenta con ocho refinerías y la dependencia exterior es inferior al 20%.

Los problemas de suministro comenzaron en marzo. En el origen del problema se encontraba el spray hormonal Lenzetto, un medicamento específico para tratar algunos de los **síntomas** que transitan las mujeres en etapa postmenopáusica y utilizado también por mujeres trans como**terapia hormonal**. "En marzo informaron de problemas con el dispositivo", explican fuentes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Hoy, son miles las mujeres afectadas. A día de hoy se ha constatado también escasez de Bijuva, una**terapia hormonal** sustitutiva combinada continua en mujeres postmenopáusicas, debido a la "suspensión de todas las actividades de fabricación, envasado y comercialización durante varios meses". El problema está ya resuelto y la producción es estable, pero "la acumulación de pedidos está provocando restricciones de suministros". Climodien, por su parte, se ha dejado de comercializar a nivel mundial a petición de la empresa. El Ministerio de Sanidad dice ser "consciente del problema generado" y asegura llevar "meses trabajando para restablecer el suministro", tal y como señala un portavoz autorizado a este diario. Las mismas voces confirman que "**a partir de noviembre** volverá a abrirse el suministro por parte de las compañías comercializadoras". Precisamente este lunes el Instituto de las Mujeres requirió al departamento de Mónica García que abordara de forma "prioritaria y urgente" la escasez de medicamentos. El problema puntual relacionado con el funcionamiento del spray sí se ha solucionado, pero actualmente "la oferta no es suficiente, debido al aumento de la demanda", señalan las fuentes consultadas. En los últimos meses, se han buscado alternativas en otros dos frentes: parches transdérmicos y geles comercializados con los mismos fines. Pero solo dos tipos de parches están financiados por la Seguridad Social y varias empresas han **rechazado incorporarse a la financiación pública**. "Venderían más, pero a un precio fijado, así que no les interesa". La Agencia Española del Medicamento asegura estar en contacto directo con todas las compañías para intentar reducir el impacto y la duración del desabastecimiento. No obstante, la colaboración del laboratorio farmacéutico**Gedeon Richter** , al frente de Lenzetto, está siendo "**escasa** y poco fiable", sostienen fuentes próximas al conflicto, por lo que las autoridades mantienen la voluntad de continuar hablando con otros distribuidores y fortalecer la relación con asociaciones de pacientes. La alarma se activó casi al mismo tiempo que se conocía la publicación de un estudio sobre la menopausia confeccionado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) a partir de **datos de hombres**. A mediados de septiembre, poco después de que el informe trascendiera, la agencia estatal decidió retirar la investigación y encargar a su comité científico una nueva. Ambos acontecimientos son en realidad síntoma del desprecio estructural a todo aquello que afecte directamente a la vida de las mujeres. La expresión de cómo**edadismo y machismo se dan la mano**. Lo explica **Anna Freixas** en su ensayo _Nuestra menopausia. Una versión no oficial_(Capitán Swing, 2024). "Las mujeres tenemos un problema con la menopausia", escribe la autora, "no tanto con el cese de la regla en sí mismo como con el **significado social y cultural** que nuestra sociedad le ha asignado". Mientras los hombres "transitan por los procesos andropáusicos con gran reconocimiento y jaleamiento social", las mujeres asumen toda una serie de amenazas que advierten sobre "las **catástrofes** que se avecinan en su cuerpo y en su vida", incluso desde "mucho antes de que llegue el momento menopáusico", sostiene la escritora. "Todo ello con el fin de asegurarse de que se cumpla el**mandato patriarcal** de la desaparición de las mujeres postmenopáusicas de la vista social y del mercado sexual, una vez han sido convenientemente desanimadas, silenciadas y apartadas de la vista". La médica **Carme Valls** completa la panorámica en su libro _Mujeres invisibles para la medicina_ (Capitán Swing, 2020), donde ahonda en cómo la investigación en torno a la menopausia ha permanecido "ausente o sus**resultados invisibles** o desconocidos para la mayoría de los profesionales". Los síntomas clínicos han transitado del silencio a la minusvaloración. En la década de los ochenta, la respuesta habitual en las consultas médicas era la de **restar importancia** a la sintomatología y asegurar a las mujeres que, sencillamente, debían "aguantarse porque ya pasarían", relata la profesional. A pesar de esa indiferencia generalizada, con los años se va haciendo fuerte una idea: la **menopausia como enfermedad**. Valls escarba en esa deriva y en sus incoherencias: si la sintomatología asociada a la menopausia no merece mayor atención, "¿por qué entonces se introdujo en la práctica médica la creencia de que todos los males del envejecimiento**específicos de las mujeres** se debían a la presencia de la menopausia?". A partir de los noventa se produce un cambio de rumbo. Al silencio y al estigma le sigue una nueva ventana de oportunidad: el**rédito económico**. Y en este punto, surgen las voces críticas. Algunos laboratorios lanzan entonces un producto novedoso, basado en tratamientos hormonales destinados a las mismas mujeres a quienes durante años se les había dicho que "se resignaran y que no albergaran actitudes positivas respecto a los años venideros", en palabras de Valls. "La estrategia publicitaria se diseñó basándose, más o menos, en esta idea: ‘Tenemos que asociar la palabra menopausia a**dolor y envejecimiento** ; tenemos que hacer creer que todos los males que vayan a venir tras la menopausia serán debidos a la pérdida de la menstruación", expone la médica en su libro. Una campaña que "no fue objeto de batalla ideológica alguna". Freixas se muestra especialmente crítica con este enfoque, rechaza los tratamientos hormonales y carga contra el "súbito interés de la clase médica y de la industria farmacéutica por la salud de las mujeres a partir de la mediana edad", el cual tilda de "cuando menos**sospechoso** si tenemos en cuenta que históricamente la menopausia careció de interés médico". Hoy no son pocas las expertas y feministas que en este contexto advierten de una **contradicción** : la falta de investigación sobre los efectos de la medicalización de las mujeres con menopausia, frente a la prescripción generalizada de este tipo de terapias.

Cuarta jornada de acampada en la Puerta del Sol y, desde por la mañana, ya nada apuntaba a que **fuera a acabar pronto**. Tras una noche de frío, el martes amaneció con más tiendas de campaña que los días anteriores, en una jornada a clave en la que el Gobierno tenía que aprobar el real decreto de vivienda. Una negociación realizada _in extremis_ y que retrasó el Consejo de Ministros de las 9.30 hasta pasadas las 10.30. “Tenemos poca esperanza en el real decreto”, declara Iker, de 22 años, en conversación con **infoLibre** horas antes de la aprobación. Es estudiante y actualmente vive con dos compañeras de piso, dependiendo de las becas educativas que recibe para poder permitirse un alquiler, ya que su casero no para de subirles el precio. “Agradecemos que las ministras de Sumar estén presionando, pero **llegan tarde** y este decreto se pide porque necesitamos alguna medida concreta, pero sabemos que no es suficiente”, relata y añade que no cree que vaya a salir adelante. Natalia, de 23 años, y Sofía, de 22, viven en un piso compartido, porque “actualmente **es imposible vivir en un piso solas** , a no ser que tengas mucho dinero”, explica la primera. “Nosotras tenemos el privilegio de que nuestros padres se lo puedan permitir, pero es muy triste”, añade. “Aunque tengamos este privilegio, es importante estar aquí, porque hay gente que, incluso trabajando, no se lo puede permitir”, agrega Sofía. Ambas coinciden en que el real decreto tendría que ser un compromiso real del Gobierno, porque “es algo que se había prometido”, y piden que las medidas no sean solo temporales y que aborden el problema estructural de la vivienda. “Esto es solo la punta del iceberg de **un sistema que no funciona** ”, declara Natalia. Y es que la acampada de Sol, aunque está centrada en la vivienda, aglutina cada vez más luchas sociales y colectivos diferentes. Este martes, los últimos en presentarse han sido la **“Plataforma de Bomberxs contra los Desahucios”,** que han querido mostrar su apoyo a esta lucha. “También hemos venido por una causa nuestra que tiene mucho que ver”, explica Diego Blanco, bombero del Ayuntamiento de Madrid. “Más de una vez nos han activado para **desahucios programados** y, tras consultar con abogadas y abogados, nos hemos dado cuenta que no es una atribución nuestra. Somos servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento en emergencias”, relata. Por eso, quieren exigir no tener que participar en este tipo de actuaciones. Además, piden a los**agentes de Policía** que se unan a su lucha. “La Policía es un cuerpo jerarquizado, igual que nosotros, y sí tiene competencias atribuidas en ese campo, pero ellos son muchos más y, si se unieran, podrían hacer mucha más fuerza, aunque no parece que se transmita esa imagen”, denuncia. Pasadas las 12.00 horas comenzaron a llegar las primeras noticias sobre cómo se había planteado el real decreto, con un cambio que no convence a todos. En vez de uno, son dos decretos. El primero incluye medidas como la protección frente a los desahucios hasta 2030; regulación del alquiler de temporada y por habitaciones; la prohibición de la compra por parte de fondos buitres hasta 2028; y la prórroga de dos años de los contratos en vigor. En el segundo se recoge la renovación automática de los alquileres**, principal motor de la convocatoria de esta acampada**. “Es insuficiente”, declara María, portavoz del Proceso de Unión de Colectivos de Vivienda de Madrid, una iniciativa que busca aglutinar a las diferentes asambleas vecinales de los barrios madrileños, porque **“hasta que la vivienda no deje de ser un negocio, vamos a seguir, no nos vamos a levantar”**. “Las realidades que vivimos en nuestras asambleas son muy diferentes y muy vulnerables y no se solucionan haciendo leyes o decretos que salven a algunas personas”, añade. Por su parte, no tienen ningún planteamiento de abandonar la Puerta del Sol. “Vamos a seguir acampando porque hay mucha rabia acumulada y la gente se ha organizado”, argumenta. Y es que, antes de las 18.30, cuando el Sindicato de Inquilinas ha hecho el anuncio oficial en la asamblea informativa de que la acampada se alargaría hasta al menos el fin de semana, cuando hay manifestaciones por la vivienda convocadas por todo el país, el ambiente ya apuntaba en esa dirección. Desde el Sindicato de Inquilinas defendieron en esta asamblea que **tienen que esperar a poder leer el texto íntegro** de los decretos para opinar sobre ellos, pero que solo les vale “si no se ha cambiado ni una coma” de su texto. Adrián, de 29 años, ha estado pasándose todos estos días por la acampada, pero la noche de este martes es la primera que pasa en su tienda de campaña, por lo que no tiene ninguna intención de abandonar. “Tenemos que aprovechar la organización que está surgiendo. Sería una pena que con todo lo que ha movilizado esto, dijéramos: ‘Qué bien, ya está el real decreto. Hasta luego’. Pues no. Cuesta mucho socialmente organizarse y que estemos todas con esta rabia, por lo que **hay que aprovecharlo** ”, relata. Con esta idea coinciden Marta, de 22 años, y Aitana, de 28 años, ambas compañeras de piso en una vivienda del barrio de Lavapiés. “Maricarmen no deja de ser un caso más que por suerte ha tenido esa fuerza de unir a tantas personas, pero igual que salimos por Maricarmen, este movimiento no es solo por ella, ya que cada día hay desahucios”, defiende Marta. Este martes también es la primera noche de Paula, de 25 años, y su pareja, que han llegado ese mismo día desde Málaga. En un principio venían sólo para comprarse una furgoneta en la que poder vivir, pero han coincidido con la movilización y han visto que es la oportunidad perfecta para denunciar su situación. “¿Para qué vamos a estar pagando un hospedaje pudiendo venir aquí y, sobre todo, cuando nuestro problema es precisamente la vivienda?”, relata. **Han elegido vivir en una furgoneta porque, haciendo los cálculos, les sale más rentable** pagar 2.000 euros una vez que gastarse 500 cada mes. Sobre el hecho de separar los decretos en dos, Paula lo considera “poner una tirita”, ya que los contratos indefinidos son lo principal y lo que “solventaría mucho la situación”. “Lo otro es un poco para quitar el descontento general que hay, pero lo otro es más importante”, añade. Ante la pregunta de si van a seguir en la acampada, responden con un sí rotundo: seguirán mientras continúe activa. El día también se ha visto marcado por una concentración que, desde las 13.00 hasta pasadas las 18.00, ha congregado a cientos de personas, primero frente al edificio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y más tarde en la calle del Carmen, bajo un grito conjunto de “no nos vamos, nos quedamos” y con una idea sobre cómo debe continuar la lucha en el futuro: **“Ni un paso atrás, huelga general”.**

El Gobierno consiguió este martes cerrar el acuerdo **que llevaba días buscando dentro del Consejo de Ministros, si bien el texto todavía no ha visto la luz.** Otra cosa será lograrlo en el Congreso. PSOE y Sumar han transformado el llamado ‘decreto Maricarmen’ en dos iniciativas y han aprobado algunas de las medidas sobre vivienda más ambiciosas planteadas por el Ejecutivo en los últimos meses. Pero la operación tiene una segunda fase: conseguir que las fuerzas que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez acepten unos textos sobre los que Junts y Podemos continúan presionando desde posiciones prácticamente opuestas. El Ejecutivo ha pedido un pleno extraordinario este viernes para someter los decretos a votación. “**El** **desahucio [de Maricarmen] ha sido un fracaso colectivo** pero el Congreso tiene una oportunidad única para decirle que su sufrimiento ha merecido la pena y que va a servir para que no lo vivan otras personas”, admitió la ministra de Vivienda, **Isabel Rodríguez** , que reclamó “altura de miras” y “responsabilidad” de los socios de la investidura para convalidarlo en apenas 72 horas. Sobre la decisión de dividirlo en dos, fuentes de Moncloa argumentan que algunas medidas llevaban meses negociándose y que el Gobierno conocía ya el grado de apoyo parlamentario que podían suscitar. La separación busca, según estas fuentes, garantizar la aprobación de aquellas iniciativas consideradas fundamentales. Admiten que ha habido **discrepancias sobre los tiempos y que las conversaciones no han sido únicamente bilaterales** , sino también a tres bandas, pero aseguran que no existe una preocupación especial ni por Junts ni por Podemos y se muestran convencidos de que el principal paquete saldrá adelante. Esa partición permitará entender mejor el estado de la mayoría parlamentaria. En el primer decreto, el Gobierno **ha colocado buena parte de las medidas** que llevan semanas negociándose con los grupos: la extensión hasta 2030 de la protección frente a determinados desahucios de hogares vulnerables; la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones; restricciones a la compra especulativa de viviendas por fondos de inversión hasta 2028; bonificaciones fiscales vinculadas al alquiler; financiación pública al 0% para facilitar la entrada de la primera vivienda; y nuevos incentivos para ampliar el parque público, incluido un IVA reducido del 4% para vivienda pública y protegida. En el segundo ha quedado la renovación automática de los contratos de alquiler, con excepciones como aquellos casos en que el propietario necesite recuperar la vivienda para sí mismo o para un familiar. Es la medida menos negociada con los grupos y una de las que más resistencia suscita en Junts y el PNV. La propia ministra del ramo reconoció este martes que es la cuestión que menos se ha trabajado con las fuerzas parlamentarias y en Moncloa **ven más complicado que salga adelante el viernes** , si bien destacan que ese es su objetivo. La posición de Junts ha cambiado respecto a la de los últimos meses, pero este martes no aseguraba su apoyo a ninguno de los dos decretos. La portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, sostuvo por la mañana en una tensa entrevista en TVE que su partido “**sigue con la puerta abierta** ” pero exigió a cambio una mayor protección a **los “pequeños propietarios” a los que, a su juicio, Sumar “quiere dejar a la intemperie** ”. También mantuvo que si la Administración decide impedir temporalmente un desahucio porque existe una situación de vulnerabilidad, el partido reclama que sean los poderes públicos quienes asuman las consecuencias económicas y garanticen el cobro al propietario. Entre las medidas defendidas por la formación independentista están las desgravaciones fiscales vinculadas al alquiler y a la compra de vivienda, beneficios para propietarios afectados por determinadas prórrogas de contratos, cuentas de ahorro para jóvenes y ventajas vinculadas a las hipotecas. También plantea rebajas fiscales destinadas a aumentar la oferta. Nogueras ha defendido su posición como una forma de **actuar simultáneamente sobre propietarios, compradores e inquilinos**. Pero Junts ha combinado esa orientación con medidas muy duras contra los grandes fondos, un discurso que no habían explicitado tanto como hasta ahora. Ha reclamado impedir que los llamados fondos buitre puedan adquirir viviendas y suspender determinados desahucios cuando el inmueble pertenezca a ese tipo de operadores. Esa posición permite a la formación catalana diferenciar entre los grandes tenedores —sobre los que acepta una intervención mucho más contundente— y los **pequeños propietarios,** que Nogueras no ha sabido definir en TVE, a los que considera que el Estado debe proteger frente a impagos o cargas derivadas de las políticas sociales. El lunes por la mañana, Junts consideraba que una propuesta del Gobierno se aproximaba en buena medida a lo negociado. Por la noche, después de que avanzaran las conversaciones entre PSOE y Sumar, fuentes de la formación avisaron de que el Ejecutivo se estaba “alejando del acuerdo” y que de esa manera ponía en peligro el entendimiento alcanzado durante los días anteriores. La renovación automática introducida en el segundo decreto es, asimismo, una línea roja para los de Carles Puigdemont. Sumar sostiene que la medida proporciona estabilidad a quienes viven de alquiler y evita que el vencimiento del contrato se convierta periódicamente en una amenaza de expulsión o en una oportunidad para aumentar notablemente el precio. Junts teme, en cambio, que se vulneren los derechos del “pequeño propietario” y, previsiblemente, votará en contra. Para las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE, es precisamente la capacidad del propietario para recuperar la vivienda o renegociar periódicamente el contrato**la que coloca al inquilino en una posición estructuralmente débil.** Si Junts reclama garantías adicionales para los propietarios, Podemos presiona exactamente desde la dirección contraria. La número dos de la formación morada, Irene Montero, calificó el hecho de que haya dos decretos como una “trampa” urdida por el Gobierno porque sabe que “los alquileres indefinidos van a caer”. Podemos considera que las negociaciones con Junts y el PNV han rebajado algunas de las medidas que figuraban en versiones anteriores y acusa al Ejecutivo de tratar de encontrar primero un acuerdo con esas formaciones para plantear después al resto de la izquierda **una disyuntiva entre aceptar el resultado o cargar con la responsabilidad de tumbarlo.** El argumento de los morados consiste en que la urgencia parlamentaria no debería utilizarse para justificar un acuerdo de mínimos y que ambos decretos deben ir en uno solo. La líder de la formación, Ione Belarra, aseguró que “el divide y vencerás no va a funcionar” y exigió intervenir sobre los precios y sobre la propiedad de los grandes operadores. Belarra planteó la expropiación **de alrededor de 650.000 viviendas propiedad de bancos y fondos** de inversión para incorporarlas a un parque de alquiler social. La líder de Podemos había fijado además otra condición concreta durante los días anteriores: **sacar del paquete** la reforma de la ley del suelo. Una norma que interesa especialmente al PNV, pero Podemos advertía de que no respaldaría un decreto de vivienda que incorporase esa reforma. Finalmente, el Gobierno la ha dejado fuera, eliminando uno de los principales vetos cruzados que habían bloqueado la negociación. La paradoja es que algunas demandas de Podemos sí han acabado incorporadas, al menos parcialmente, en los textos aprobados. El decreto incluye una protección frente a los desahucios de hogares vulnerables que se prolonga hasta 2030, cuatro años más de lo contemplado en la prórroga aprobada por el Gobierno el pasado febrero. También regula el alquiler de temporada y de habitaciones y establece límites a las operaciones de fondos de inversión. Pero para Podemos, el mercado necesita una **transformación de fondo y las medidas fiscales o compensatorias** dirigidas a propietarios pueden terminar consolidando el sistema actual en lugar de alterarlo. La estrategia elegida por PSOE y Sumar consiste finalmente en asumir el riesgo: aprobar los decretos y obligar a todos los partidos a retratarse después sobre medidas concretas aprovechando el contexto actual con las propuestas. La votación mostrará hasta qué punto el Gobierno logra rearticular el bloque de investidura tras la ruptura escenificada por Junts hace solo unos meses. Las dos partes del Ejecutivo están convencidas de que saldrá adelante y ninguna quiere anticipar qué ocurriría si finalmente no se aprueba **más allá de que supondría un golpe absoluto para ambos**. Por ese motivo buscan tratar de ‘contentar’ a Junts y PNV, particularmente sensibles a las garantías de los pequeños propietarios, los incentivos a la oferta y, en el caso de las formaciones territoriales, al respeto competencial. Y también a Podemos y buena parte de la izquierda parlamentaria como ERC y EH Bildu, que reclaman aumentar la intervención sobre el mercado, reforzar la protección de los inquilinos y limitar el poder de grandes propietarios y fondos. **Los catalanes han sido especialmente críticos con la influencia de Junts en la negociación**. Su portavoz, Gabriel Rufián, ha advertido de que la formación de Carles Puigdemont no debería ser quien fije los límites de la política de vivienda, pero el Gobierno los necesita también a ellos. Todas las partes implicadas asumen que nada de esto se habría producido en estos plazos sin el desahucio de Maricarmen. El caso desencadenó protestas y una acampada en la Puerta del Sol que continúa a día de hoy y transformó una negociación técnica que llevaba meses bloqueada por la falta de acuerdo. Ese caso también ha **permitido cambiar el foco sobre Ceuta**. La de este martes ha sido la primera rueda de prensa en dos meses en la que la entrada masiva del pasado julio apenas se ha mencionado en las preguntas de los periodistas. Rodríguez vinculó expresamente una parte del decreto con el desahucio. El objetivo, dijo, es que no vuelva a producirse una situación como la de Maricarmen y frenar la actuación especulativa de determinados grandes propietarios. En Sumar también sostienen que **ninguna de las medidas acordadas con el ala socialista hubiera sido posible hace un mes** , después de que el PSOE se abstuviera en su iniciativa para prohibir la compra especulativa de vivienda a manos de fondos buitre. La propia situación personal de Maricarmen ha cambiado entretanto. Su entorno y la empresa propietaria han alcanzado, con mediación municipal y participación del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, **un acuerdo para que pueda regresar a la vivienda** del barrio de Retiro mediante un nuevo contrato de ocho años y un alquiler adaptado a sus ingresos. Para el Gobierno, más allá de esa victoria particular, Maricarmen ha sido el símbolo que necesitaban para dar impulso a una serie de medidas que muchos creían que nunca se aprobarían en esta legislatura.