Los seis marroquíes acusados de violar a una joven de 24 años en Rubí (Barcelona) la noche de San Esteban de 2022 han visto rebajadas sus condenas tras alcanzar un acuerdo de conformidad. En lugar de cumplir entre 52 y 60 años de prisión, afrontarán penas más bajas establecidas por el tribunal tras la negociación. Dos de los condenados deberán ingresar en prisión durante 10 años por un delito de agresión sexual con penetración. Otros dos cumplirán 9 años por el mismo delito, mientras que los dos restantes han sido condenados a 2 años por una agresión sexual en grado de tentativa, según recoge la sentencia judicial emitida esta semana. Además, entre los seis deberán abonar conjuntamente una indemnización de 30.000 euros a la víctima. También se les impone la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de ella ni comunicarse por ningún medio durante los próximos 10 años, a partir del cumplimiento de sus penas de cárcel. La víctima, que tiene reconocida una discapacidad psíquica del 35% y padecía un trastorno de afectividad cuando ocurrieron los hechos, fue entregada por su pareja a sus amigos para que la violaran. El tribunal ha calificado los hechos de extrema gravedad y con abuso de vulnerabilidad. El 26 de diciembre de 2022, la joven se reunió con su pareja, con quien mantenía una relación sexoafectiva. Este la recogió en su casa y la condujo hasta una nave abandonada situada en la calle de la Muntanya, en las afueras del municipio de Rubí, donde la esperaba un grupo de jóvenes. Sin conocimiento de la víctima, cinco hombres aguardaban en el lugar. Cuatro de ellos la agredieron sexualmente pese a su negativa, mientras los otros dos presenciaron los abusos sin intervenir. Los hechos ocurrieron durante varias horas en un espacio sin vigilancia ni posibilidad de pedir ayuda. Los seis condenados, de nacionalidad marroquí y edades comprendidas entre 19 y 26 años en el momento de los hechos, también han sido inhabilitados para desempeñar actividades que impliquen contacto con menores durante los próximos 20 años, según el fallo judicial. Asimismo, el tribunal ha impuesto un periodo de libertad vigilada de cinco años para cuatro de los agresores y de diez años para los dos principales condenados, quienes participaron de forma directa en la agresión sexual con penetración a la joven en la nave abandonada.

Las conversaciones grabadas por Koldo García revelan detalles sobre la presunta implicación del socialista.

"Cuando termine apuntas como que han contado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas"

Apenas el 5,4% de los madrileños considera que la limpieza es uno de los mayores problemas de la ciudad. Este porcentaje contrasta con la situación vivida en los años de gobierno de la comunista Manuela Carmena, cuando el 40% de los residentes en la Villa y Corte citaban esta cuestión como su principal preocupación. La ruinosa herencia de Carmena obligó al actual equipo de gobierno municipal a revisar muy al alza los contratos en vigor. Así, José Luis Martínez Almeida elevó el presupuesto del contrato de limpieza de la ciudad y cerró en 2022 un acuerdo a seis años cuyo principal lote recayó en FCC y tiene un valor de 505 millones de euros, siendo el segundo más importante un contrato de 484 millones adjudicado a Sacyr, Acciona y OHL y recayendo el tercero en Urbaser y Prezero a cambio de 369 millones. El crecimiento de los residuos gestionados (de 33.000 toneladas en 2016 a 75.000 en 2021) es uno de los principales motivos que obligaron al consistorio a realizar este ajuste al alza. A tenor de la fortísima caída en las quejas ciudadanas por la limpieza, la apuesta ha resultado exitosa. Sin embargo, esta mejora está ahora en entredicho debido a la huelga salvaje que han puesto en marcha los trabajadores del ramo y que ha dejado a los madrileños sin servicio de recogida de basuras por más de una semana, con los problemas de insalubridad que se derivan de semejante circunstancia. El derecho de huelga está blindado en el ordenamiento jurídico de nuestro país, pero también lo está la obligación de cumplir con unos servicios mínimos que, en el caso de la recogida de basuras, deberían haber sido del 50%. De hecho, cuando empezó la huelga se comunicaron los días en que se interrumpiría el servicio y las fechas en que la limpieza se haría con normalidad. Ante esta circunstancia, Almeida ha empezado a tomar medidas. De momento, y constatado el evidente incumplimiento de los servicios mínimos establecidos, el Ayuntamiento va a imponer una sanción de 1,6 millones de euros a las empresas encargadas del servicio de recogida de basuras. Además, en el Palacio de Correos están estudiando todas las alternativas posibles para encargarse, con medios propios o externos, de retirar las basuras de las calles de Madrid. Los sindicatos que están llevando las negociaciones son CCOO y UGT, así como RSU. Las empresas no están por la labor de tolerar más tiempo el bloqueo y han amenazado con interponer una demanda contra el comité de huelga, considerando que la huelga ya es ilegal. Según ha trascendido, los sindicalistas que están liderando este parón salvaje y sin servicios mínimos podrían enfrentar una reclamación por 2,6 millones de euros. De hecho, las compañías afectadas anuncian que irán contra los bienes personales de los líderes del parón. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento si continúa el bloqueo? Al parecer, una de las opciones sería llamar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y, de esta forma, involucrar al Ejército en el proceso de limpieza de emergencia, tal y como ya se planteó en la huelga de basuras de 2013. Aquella propuesta no sentó bien a los trabajadores de la UME, que no se mostraron por la labor.

El diario francés Le Point publica este sábado una escandalizada noticia sobre las maniobras del Gobierno español para hacerse con el control de Prisa, la empresa que posee El País y la Ser y que está inmersa en una batalla por el poder cuyo último capítulo fue la negativa de su máximo accionista, Joseph Oughourlian, a crear una televisión al dictado de Moncloa y de los hombres muy cercanos al Ejecutivo que trabajaban en la compañía hasta finales del pasado mes de febrero, cuando fueron expulsados de los órganos directivos. Según Le Point, el pasado 12 de febrero y en el marco de la Cumbre sobre la Acción en Inteligencia Artificial en París, el ministro Oscar López y Marc Murtra, el presidente de Telefónica recientemente nombrado por el ejecutivo que ha adquirido un 10% de la compañía de telecomunicaciones, se reunieron con Arnaud de Puyfontaine, presidente del comité ejecutivo del grupo Vivendi, controlado por la familia Bolloré. La reunión tuvo un mensaje claro para la compañía francesa: o vendía su participación en Prisa a un gripo de accionistas cercanos al Gobierno 'o de lo contrario pueden despedirse del presupuesto publicitario de Telefónica gestionado por su filial Havas', una amenaza a la que la presencia de Murtra en el encuentro daba absoluta credibilidad. 'La presión ejercida por Madrid revela mucho sobre los métodos del gobierno socialista de Pedro Sánchez para expandir su influencia sobre los medios españoles y apartar a aquellos que considera hostiles', escribe con evidente escándalo el periodista Olivier Ubertalli. El periódico francés identifica a estos accionista como 'un trío formado por el holding Global Alconaba (con un 7,6% del capital de Prisa), presidido por el empresario de medios Andrés Varela Entrecanales y en el que estaría asociado el exjefe del gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente de la naviera Balearia, Adolfo Utor (un 5%); y Diego Prieto (un 3,5%)', que fue dueño de una empresa de ambulancias. Este grupo, que estaría representado por José Miguel Contreras ya posee el 17% de las acciones de Prisa y según otras fuentes contaría también con el 2,5% que tiene el también accionista de Indra Ángel Escribano, por lo que con el 11,9% en manos de Vivendi lograrín superar la participación que en estos momentos posee Joseph Oughourlian a través de Amber Capital: un 29,8%. La participación de Vivendi en Prisa tiene un valor de mercado de unos 40 millones, mientras que la agencia Havas, la filial de la compañía amenazada por López y Murtra, tiene unos ingresos de unos 80 millones gracias a sus acuerdos con Telefónica. La fuentes que cita Le Point aseguran que la empresa francesa no ve con malos ojos desinvertir en el conglomerado de medios español. Se da la circunstancia de que fue el propio Gobierno de Pedro Sánchez el que en abril de 2022 no permitió a Vivendi aumentar su participación en Prisa hasta un 29,9%, tal y como le pidió la empresa francesa.

OKDIARIO publica hoy el documento que demuestra que el periodo de prueba de Jésica Rodríguez, la estudiante de Odontología que fue pareja de José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, en la empresa pública Tragsatec fue de tres meses. Un lapso de tiempo que la joven superó pese a que, como ella misma confesó ante el Tribunal Supremo, no cumplía con sus obligaciones laborales, es decir, que no iba a su puesto de trabajo. El documento que hoy desvela en exclusiva este medio es el «contrato de trabajo de duración determinada», en la categoría de «eventual por circunstancias de la producción», que le vinculó a la mencionada Tragsatec por un periodo de seis meses para que desempeñara los servicios de «oficial 1ª administrativo» entre «el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021». Tragsatec es una empresa pública de ingeniería que forma parte del grupo Tragsa. En el contrato que muestra OKDIARIO, se especifica que la actividad económica de la empresa es la de «servicios técnicos de ingeniería». En el contrato realizado a Jésica Rodríguez García figura que se la contrata para que preste sus servicios como «oficial 1ª administrativo» a tiempo completo, con una jornada de trabajo no explicitada («s/c horas semanales») comprendiendo semanalmente de lunes a viernes. El contrato tendría validez por un periodo de seis meses, del 2 de marzo de 2021 al 1 de septiembre de 2021. Extracto del contrato de Jésica Rodríguez en Tragsatec. La que fuera amante de Ábalos, Jésica Rodríguez, fue asignada al «refuerzo y apoyo del equipo en tareas administrativas de análisis, control y tramitación de documentación administrativa: manejo de aplicaciones de gestión documental y gestión contable», dentro del denominado «Servicio de asistencia para el apoyo a la gestión presupuestaria, control sistemático de expedientes administrativos y soporte técnico en ADIF (Alta Velocidad para el periodo 2019-2021)», según se recoge en el contrato. Como encargados de Tragsatec que suscribieron la contratación de Jésica, se cuentan Álvaro Aznar Forniés, en calidad de director de Recursos Humanos y Organización, y Alfredo Recalde Urbina, gerente de Contratación de personal. El máximo responsable de Tragasatec era el aún hoy presidente del Grupo Tragsa, Jesús Casas Grande, cercano al PSOE y ex alto cargo el Gobierno de Asturias que presidió Javier Fernández.