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50 años después, ¿qué democracia hay en España?
50 años de democracia no han servido para que el Partido Socialista Obrero Español cambie de verdad su concepción del poder. Ésta es, al menos, mi conclusión después de contemplar lo que está sucediendo en España. Durante algunos años pudo parecer que el PSOE había asumido definitivamente las reglas de una democracia liberal, constitucional y plenamente integrada en Europa. Tal vez aquellos años fueron la excepción. Una anomalía dentro de una historia mucho más larga. De casta le viene al galgo. Y hoy tenemos al galgo de Paiporta: Pedro Sánchez. Un presidente que gobierna condicionado por sus socios nacionalistas y cuya política exterior hacia Marruecos ha suscitado también enormes interrogantes sobre la defensa de los intereses españoles. Pero no quiero detenerme ahora en esa cuestión. Lo que pretendo analizar es algo mucho más profundo: la relación del socialismo español con el poder y su concepción de la democracia. Conviene recordar algunas palabras de Francisco Largo Caballero, uno de los grandes referentes históricos del socialismo español. «No creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la libertad». Y en otro momento: «Hay que apoderarse del poder político, pero la revolución se hace violentamente». Son palabras pronunciadas hace casi un siglo y pertenecen a un contexto histórico completamente diferente. No se trata de trasladar mecánicamente aquel PSOE al actual. Pero sí resulta legítimo preguntarse hasta qué punto determinadas formas de entender el poder han desaparecido realmente o simplemente han cambiado de lenguaje. Porque una cosa es defender la democracia como un sistema de reglas que permite la alternancia en el poder y otra muy distinta concebir las instituciones como instrumentos que deben ser ocupados, controlados y utilizados para garantizar la permanencia de quien gobierna. Y ahí es donde aparece la gran pregunta de nuestro tiempo. ¿Estamos ante una democracia entendida como un sistema de alternancia o ante una democracia convertida en un instrumento para perpetuarse en el poder? La política de los últimos años obliga a formular esa pregunta. La Ley de Memoria Democrática y la llamada Ley de Nietos, la política de nacionalizaciones, la regularización de inmigrantes y otras decisiones que afectan al censo electoral han generado una enorme controversia política. No corresponde afirmar que cada una de esas medidas tenga por sí misma una finalidad electoral. Pero sí resulta legítimo preguntarse por sus consecuencias políticas y, sobre todo, por la necesidad de que cualquier modificación que afecte al cuerpo electoral esté rodeada de las máximas garantías. El Tribunal Supremo acaba de introducir cautelas precisamente en este terreno. Ha suspendido determinadas altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes vinculadas a la llamada Ley de Nietos hasta que se compruebe el cumplimiento de los requisitos exigidos, después de apreciar un riesgo para la transparencia del proceso electoral ante el extraordinario incremento del censo. No es una cuestión menor. Porque el censo electoral no puede convertirse en una herramienta política de ningún gobierno. El voto pertenece a los ciudadanos y las reglas para ejercerlo deben estar protegidas de cualquier sospecha de manipulación. Y si alguien pretende alterar esas reglas, tendrá que explicar por qué. Pero la cuestión va mucho más allá del censo. España ha vivido en los últimos años una sucesión de acontecimientos extraordinariamente graves: una DANA con centenares de víctimas, un apagón generalizado, un accidente ferroviario con numerosas víctimas y heridos, investigaciones y causas judiciales relacionadas con personas próximas a la dirección del PSOE y al Gobierno, la situación judicial de la esposa del presidente, la condena de su hermano y una cadena de investigaciones que han afectado a distintos ámbitos del poder político. Y, sin embargo, la respuesta política ha sido sorprendentemente limitada. En cualquier democracia madura, la acumulación de responsabilidades políticas suele producir consecuencias: dimisiones, explicaciones parlamentarias, pérdida de confianza o convocatoria electoral. En España, demasiadas veces parece ocurrir exactamente lo contrario. Se resiste, se aguanta, se niega, se contraataca. Y se continúa gobernando. Ese mecanismo de resistencia permanente puede terminar convirtiendo lo excepcional en normal. A ello hay que añadir la batalla por el control de las instituciones. La Fiscalía, el Tribunal Constitucional, los órganos reguladores y otras instituciones del Estado han sido objeto de una creciente controversia política. El problema no consiste únicamente en quién ocupa cada puesto, sino en la percepción de independencia que deben transmitir esas instituciones. Una democracia no puede funcionar solamente porque existan urnas. Necesita jueces independientes, una Fiscalía independiente, unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad protegidos de la interferencia política, una prensa libre, una oposición con capacidad real de control y unas instituciones que no pertenezcan al Gobierno de turno. Porque el Estado no es propiedad de quien gobierna. Y llegamos a uno de los episodios más inquietantes de los últimos tiempos: el denominado caso Leire Díez. La ex militante socialista está siendo investigada judicialmente por unas actuaciones que, según las pesquisas conocidas, estarían relacionadas con la obtención de información comprometedora sobre miembros de la UCO, fiscales y jueces y con presuntos intentos de obstaculizar investigaciones que podían afectar al PSOE o a personas de su entorno. La gravedad aumenta todavía más por las informaciones relativas a la jueza Beatriz Biedma, magistrada que investigó la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La propia jueza ha solicitado personarse como acusación particular en la causa que investiga las actuaciones atribuidas a la trama de Leire Díez y ha denunciado actuaciones dirigidas a desacreditarla y obtener información sobre ella y su entorno. Entre las diligencias conocidas aparecen también referencias a contactos con personas vinculadas al narcotráfico para tratar de intimidarla. Si finalmente los tribunales acreditaran todos estos extremos, estaríamos ante unos hechos de una gravedad extraordinaria. Porque una cosa es combatir políticamente a un adversario. Otra muy distinta es intentar destruir la reputación de un juez porque no dicta las resoluciones que interesan al poder. Y hay una frontera que una democracia jamás debería permitir que se cruzara: la utilización de estructuras políticas, económicas o criminales para presionar a un juez. Por eso resulta imprescindible que la Justicia llegue hasta el final, determine qué ocurrió, quién participó, quién financió las actuaciones y, sobre todo, si existieron responsabilidades políticas. Sin prejuzgar a nadie, sin condenar a nadie antes que los tribunales, pero también sin mirar hacia otro lado. Y llegamos al principio. ¿De verdad estamos ante un PSOE diferente del de hace 50 años? ¿Ha cambiado su concepción del poder? ¿Ha asumido definitivamente que gobernar significa aceptar que mañana puede gobernar otro? Porque ésa es la verdadera esencia de la democracia. No ganar unas elecciones. Saber perderlas. Saber que el poder pertenece temporalmente a quien obtiene la confianza de los ciudadanos y que ninguna mayoría parlamentaria, ningún pacto de investidura y ninguna ingeniería institucional puede convertir ese poder en propiedad privada. España ha soportado demasiadas cosas en los últimos años. Ha soportado escándalos, ha soportado corrupción, ha soportado ataques entre instituciones, ha soportado el deterioro de la confianza en la Justicia, ha soportado la utilización partidista de organismos del Estado. Y ha soportado también una política basada cada vez más en la división entre españoles. Pero quizá lo más peligroso no sea ninguno de esos hechos por separado. Lo verdaderamente peligroso sería que acabáramos acostumbrándonos a ellos. Porque una democracia no muere necesariamente cuando desaparecen las urnas. Puede empezar a morir cuando las instituciones dejan de ser neutrales, cuando el poder considera legítimo todo aquello que le permite conservarlo y cuando una parte de la sociedad acepta cualquier cosa de los suyos mientras condena exactamente lo mismo cuando lo hacen los demás. Eso sí sería una anomalía. Y una anomalía democrática de primer orden. 50 años después de recuperar las libertades, España no necesita menos democracia. Necesita más democracia, más independencia institucional, más separación de poderes y, sobre todo, una regla elemental que ningún gobernante debería olvidar jamás: el poder no pertenece al que lo ocupa, pertenece a los españoles.
