Demonstrators call on regional leader to resign over handling of one of Europe’s deadliest natural disasters in decades

La precariedad de las condiciones laborales, la falta de reconocimiento y las políticas públicas insuficientes configuran un escenario en el que el bienestar de las trabajadoras del sector social se v...

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha intervenido este viernes en la clausura del X Congreso de UGT País Valencià. En declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio del acto, Álvarez ha señalado, en cuanto al panorama internacional, que la ofensiva lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “no es solo una guerra comercial, sino que es una guerra profundamente ideológica”. A su juicio, “la ultraderecha, la internacional del odio, quiere terminar con esta sociedad que hemos ido construyendo y que es una sociedad de derechos”.  En este sentido, Álvarez ha tildado la respuesta del Gobierno a esta situación de “equilibrada” y considera “que va en buena dirección”. Así, ha explicado que las medidas para hacer frente a los aranceles anunciados por la Administración Trump “van a ir fundamentalmente dirigidas a intentar, en la medida de lo posible, que su impacto negativo sea mínimo”. “Creo que tenemos mecanismos para proteger el empleo, a través del mecanismo RED y de los ERTE, que tienen que ver con el soporte y la ayuda a los autónomos y a las empresas, que, en la medida en la que sea necesario, se pueden y se deben de poner en marcha”, ha explicado Álvarez, que ha recordado que el miércoles tuvo lugar un primer encuentro de la mesa de diálogo permanente con los agentes sociales para tratar esta cuestión.  En su intervención en la clausura del X Congreso de UGT País Valencià, Álvarez ha felicitado a la nueva ejecutiva de UGT País Valencià y ha agradecido “el regalo que es asistir al acto de clausura de un Congreso que se ha celebrado en estas condiciones”, ha ensalzado. “Porque necesitamos una organización sindical fuerte y con capacidad de respuesta en un momento de mucha incerteza. No solo por la DANA, sino también por las políticas arancelarias del presidente Trump”, ha añadido. “Es obvio que estamos ante un momento difícil y complejo para la sociedad valenciana y en este sentido, creo que conviene situar cuáles son los retos de futuro que tenemos, a nivel local y general. Vemos cómo, día tras día calan las políticas de la ultraderecha, que está tocando las puertas de Europa. Y nos atañe a las personas trabajadoras de todo el planeta”, ha considerado Álvarez. Así, ha resaltado que, a la ultraderecha “no le gusta la igualdad y quiere acabar con ella”: “Por eso cuestiona que los Estados puedan decidir libremente sus políticas de Igualdad. Odian la igualdad, pelean por acabar con los derechos conseguidos para las mujeres y para las personas LGTBI”, ha considerado.  “Esta guerra arancelaria pretende hacernos cambiar nuestro sistema de valores y la manera de vivir y de convivir que hemos tenido en los últimos años”, ha zanjado Álvarez, que ha pedido “un consenso político amplio” para afrontar esta situación.  Del mismo modo, Álvarez ha recordado que “el desafío defensivo en la UE es trascendental” porque “no podemos olvidar que tenemos una guerra en nuestras fronteras”: “Necesitamos un sistema defensivo autónomo que permita a la Unión Europea avanzar. Hablo de tecnología y autonomía”, ha concretado.  Álvarez ha insistido en que hoy “está en entredicho el propio sistema democrático” y por eso “necesitamos un sindicato fuerte que mire a la ciudadanía y le hable sin complejos para abordar los retos pendientes”, ha sentenciado el secretario general.  En relación con la situación en València tras la DANA, Álvarez ha tildado su gestión de “inepta y desastrosa” y ha mostrado su preocupación por la reconstrucción, que se está viendo afectada “por la falta de asunción de responsabilidades” y ha llamado a “situar las lecciones” para que nunca más se produzca una situación así.  Por otro lado, Álvarez ha reclamado “que peguen impuestos los más ricos” y ha llamado a la “corresponsabilidad fiscal” entre las Comunidades Autónomas. “Si queremos mantener nuestro sistema de bienestar tenemos que recaudar más impuestos”, ha explicado. Sin embargo, ha considerado que “hay que hablar de la tributación del SMI en el IRPF porque necesitamos que esta sea más progresiva y más justa” y ha llamado a seguir trabajando para que el SMI alcance el 60% del salario medio, como indica la Carta Social Europea.  “Tenemos un gran sindicato y cada día hay más gente que sabe que depende en buena parte de nuestra fortaleza el futuro de los derechos de las personas trabajadoras”, ha finalizado Álvarez.

El Defensor de la Audiencia recibe en el buzón las quejas y sugerencias de los telespectadores y oyentes de Radio Televisión Española y usuarios del portal de RTVE.es.

Las personas y sus derechos no pueden ser rehenes de la lucha partidista ni de los intereses inmediatos de algunos partidos políticos. Por delante de la clase trabajadora, los pensionistas y los colectivos más vulnerables no pueden estar las estrategias políticas. Nos ha costado mucho conseguir un sistema de pensiones público y sostenible, y no vamos a permitir que ahora sea amenazado por disputas cortoplacistas que buscan debilitarlo en favor de su privatización. Por qué nos movilizamos Nos manifestamos porque el Parlamento debe estar al servicio de la gente, no de estrategias de vuelo corto que solo consiguen desprestigiar a quienes las realizan y tienen efectos negativos sobre las instituciones democráticas que deben defender. La no convalidación del Real Decreto-Ley 9/2024 puso en riesgo medidas sociales fundamentales que afectan a millones de personas: Más de 10 millones de pensionistas veían amenazada la revalorización de sus pensiones. 2 millones de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) quedaban en la incertidumbre sobre su protección. El incremento de las pensiones mínimas entre un 6% y un 9% estaba en peligro. Las ayudas para las víctimas de la DANA y el volcán de La Palma quedaban bloqueadas. La moratoria de desahucios para familias vulnerables se veía paralizada. El apoyo al transporte público se ponía en cuestión para más de 20 millones de personas usuarias.   No podemos permitir que estos derechos sean moneda de cambio en una disputa estéril y artificial con el falso argumento de si "las medidas deben presentarse juntas o separadas" en distintos decretos, cuando es notorio que el propósito e intención era aprovechar la ocasión para castigar a un Gobierno, por distintos motivos, pero sobre la espalda de más de la mitad de población del país. Lo importante no es cómo se tramitan, sino que se aprueben y entren en vigor. Garantizar las pensiones y reforzar la Seguridad Social Queremos la revalorización de las pensiones, pero también su sostenibilidad. Por eso exigimos que se respeten las medidas destinadas a robustecer el sistema público de pensiones y que forman parte de los acuerdos alcanzados en el diálogo social; aumento de la base máxima de cotización y cuota de solidaridad de los salarios muy altos, que contribuyan más los que más ganan, y que se siga incrementando la hucha de las pensiones con el refuerzo del MEI. No se puede defender la subida de las pensiones sin garantizar los recursos para financiarlas. Algunos partidos apoyan la revalorización, pero rechazan los ingresos que la hacen posible. Eso es poner en riesgo el sistema y abrir la puerta a su privatización. Un paso adelante, pero seguimos en la calle El Gobierno ha aprobado este martes un nuevo Real Decreto-Ley 1/2025 con el paquete de medidas sociales que habían sido bloqueadas. Ahora la responsabilidad está en los grupos parlamentarios. Han anunciado que, esta vez sí, respaldarán: El transporte público asequible. La paralización de desahucios. El incremento de las pensiones contributivas, no contributivas y mínimas. El refuerzo del Ingreso Mínimo Vital. Las ayudas a los afectados por la DANA y el volcán de La Palma.   Pero esto no ha sido gratis. Se ha conseguido porque la ciudadanía, los sindicatos y los colectivos sociales hemos alzado la voz. Y por eso seguimos en la calle. Porque los derechos de la gente, especialmente de los más vulnerables, no pueden ser rehenes de intereses partidistas que solo buscan su beneficio inmediato.   No son estas las únicas cuestiones que estaban y están en juego.  En los meses inmediatos tiene que tramitarse en las Cortes la reducción de Jornada a 37,5 horas que hemos acordado con el Gobierno. La ausencia de presupuestos generales del Estado para 2025 y la situación de prórroga presupuestaria en la que nos encontramos desde 2023, afecta directamente a un gran número de políticas públicas que se ven en serias dificultades para concretarse. Llamamiento a la movilización El anuncio de movilizaciones y la indignación social han producido sus primeros resultados con la aprobación de este Real Decreto-Ley 1/2025. Nos congratulamos de ello y mantenemos la iniciativa movilizadora, en confluencia con un relevante número de organizaciones, plataformas y movimientos sociales, para exigir responsabilidad y compromiso. Que los grupos parlamentarios cumplan con su palabra y aprueben el nuevo Real Decreto Ley sin más dilaciones. Que se ocupen de las necesidades de la gente y no vuelvan a utilizar sus derechos como moneda de cambio. Que nunca más se ponga en riesgo la protección social de la mayoría social de este país. Que no se bloquee el funcionamiento de las instituciones de forma oportunista, provocando elevados costes a la ciudadanía, evitando poner en marcha medidas necesarias que necesitan de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Entre otras: Implementar en toda su extensión los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia. Ello debe incluir la reforma fiscal comprometida, necesaria para implementar políticas públicas e inversiones imprescindibles en el tejido productivo, infraestructuras, redes de protección, … También debe facilitar la comprometida renovación del sistema de financiación autonómica. Incrementar la financiación y calidad del empleo y de los servicios de atención a la dependencia Desarrollar una estrategia de cuidados que mejore la calidad de los mismos para la población dependiente (infancia, vejez, personas dependientes…), reforzando las infraestructuras necesarias y eliminando el enorme impacto de género que tiene para las personas cuidadas y para las personas cuidadoras, muy mayoritariamente mujeres. Que se cumplan los compromisos adquiridos con las personas trabajadoras en materia de reducción de la jornada legal máxima a 37,5 horas.   El 2 de febrero, llenemos las calles para defender nuestros derechos.Porque con los derechos de la gente no se juega. >> Descárgate aquí el documento: Manifiesto conjunto UGT y CCOO para las movilizaciones del 2 de febrero del 2025 >> Descárgate aquí el documento: ACTOS CONVOCADOS

UGT Servicios Públicos y el Área Pública de CCOO valoran que se haga efectiva la subida salarial pendiente del 0,5% adicional para el año 2024 comprometida en el Acuerdo Marco para una Administración ...