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El Congreso abre expediente a Ana Vázquez, la diputada del PP del bote de spray pimienta
La Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado abrir un expediente de sanción a la diputada del Partido Popular Ana Vázquez, por haber mostrado en el hemiciclo un bote de spray pimienta que terminó accionándose y causando que 12 personas fueran atendidas por los servicios médicos. Fuentes del organismo confirman que la mayoría progresista de la Mesa ha votado a favor este martes de invocar el artículo 101 del Reglamento. Este texto contempla "la suspensión temporal en la condición de diputado o diputada". Si la Mesa decide proponer suspender de empleo y sueldo a la diputada por un tiempo, será el Pleno, en sesión secreta, el que deberá aprobar la aplicación del artículo por mayoría simple. Vázquez tiene ahora diez días para presentar alegaciones antes de que se decida este extremo. Los letrados del Congreso presentaron un informe en el que avalaban abrir el expediente sancionador acordado por la Mesa este martes. Vázquez fue expulsada del Pleno del pasado miércoles por mostrar el bote de gas pimienta para señalar al ministro Marlaska por la gestión de la crisis de Ceuta. La presidenta de la Cámara, Francina Armengol, invocó el Reglamento de Armas, que da esa categoría a este tipo de artefactos, y ordenó a la popular que saliera del hemiciclo. Mientras se marchaba, Vázquez aseguró por los pasillos que el bote estaba vacío, y criticó a Armengol por no conocer la ley. "Tiene menos de 30 mililitros", alegaba. A pesar de esto, las cámaras captaron a la diputada entregando el spray a un trabajador del PP, que posteriormente lo llevó hasta un baño donde, según su versión, lo accionó sin querer mientras lo limpiaba. Según el informe de los letrados, publicado este lunes por la Cadena SER, el spray supuestamente vacío provocó una veintena de personas afectadas por su uso, doce fueron atendidas por los servicios médicos y una trabajadora sigue de baja médica porque el gas pimienta agravó una dolencia anterior. Por el momento hay tres denuncias en curso, y la contaminación provocó que se tiraran 800 euros en comida en una cafetería del Congreso, que tuvo que ser precintada.
